LA OCUPACIÓN COMPLETA DEL PODER

            Por experiencia particular y por convicción personal, creo que la participación activa en los asuntos públicos, la asunción de responsabilidades ejecutivas e incluso la militancia partidaria no tienen por qué estar reñidas con la suficiencia de criterio necesario para, en un momento posterior, desempeñar funciones en órganos institucionales en los que la ecuanimidad y la autonomía en la toma de decisiones es determinante. Que una persona haya optado, en un determinado momento, por colaborar comprometidamente con un gobierno o un partido político no tiene por qué inhabilitarle necesariamente para responsabilidades para las que demuestre su valía y en las que, por su trayectoria, se presume que desempeñará sus funciones de manera adecuada a la altura del cometido conferido.

            El problema surge cuando el procedimiento de selección de las personas llamadas a ocupar responsabilidades en órganos institucionales de la máxima entidad, de relevancia constitucional o estatutaria, o que resultan esenciales para la regulación de sectores económicos, viene fuertemente condicionado por una cultura partidaria fuertemente expansiva. En este tipo de situaciones es fundamental que los detentadores del poder político demuestren una vocación de respeto por el sistema de equilibrios propio de la arquitectura institucional democrática, en especial cuando la decisión afecta al núcleo del funcionamiento del sistema, que es la división de poderes. Y, evidentemente, a ese anhelado modelo de responsabilidad institucional debe sumarse una regulación legal suficientemente completa en materia de requisitos del designado, incompatibilidades, causas de inelegibilidad, prevención del conflicto de intereses, etc.; normas que, aunque nunca asegurarán el acierto del nombramiento, al menos contribuirán a evitar situaciones indeseadas.

            No siempre las precauciones citadas funcionan. A veces puede más la voluntad de poseer el mayor número de resortes de mando posibles o de atenuar todos los contrapesos contemplados en la estructura del sistema. E iniciada la dinámica de sometimiento de las instituciones, la espiral avasalladora se retroalimenta hasta oxidar el engranaje interno de limitación del poder. En los casos patológicos, una democracia representativa relativamente sana es arrastrada a las aguas turbias del autoritarismo y acaba por resultar irreconocible, porque uno a uno los procedimientos de supervisión son desvirtuados, desconectados y puestos al servicio de un objetivo –el del Ejecutivo y sus sostenedores- distinto del previsto. La misma corrosión opera en las instituciones reguladoras del mercado cuando pasan a ser trofeo de caza, dando paso a lo que Stiglitz bautizó como el “capitalismo de amiguetes”, que, precisamente, es el mayor enemigo del correcto y limpio funcionamiento del libre mercado.

Para que eso suceda, hay un primer estadio de deterioro en el que un grupo de poder reduce drásticamente el elenco de personas que pueden ser llamadas al ejercicio de una responsabilidad de esta categoría a aquellos profesionales que considera de su entorno y afinidad, sin considerar de antemano otros posibles perfiles y sin perseguir la fortaleza y vitalidad de los órganos de control de los que se trata. En España en esa fase primigenia estamos, con escaso debate público -más allá de la polémica inicial- sobre la degradación que puede conllevar, porque el partido gobernante ha promovido, de forma escasamente disimulada, la promoción de un militante suyo a la Presidencia del Tribunal Constitucional; de un ex alto cargo en el Ministerio de Justicia a la Presidencia del Consejo General del Poder Judicial; de un afiliado del PP, ex Diputado, ex Ministro de Sanidad y ex Consejero de la Xunta de Galicia, como Presidente del Consejo de Estado; de una dirigente del PP y ex Ministra de Medio Ambiente como Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores; y de un ex alto cargo del Ministerio de Ciencia y Tecnología a la Presidencia de RTVE (en todos los casos hablamos de pertenencia o dependencia de gobiernos del mismo signo, claro). La enumeración se efectúa por citar órganos en los que no sólo la solvencia profesional que concurre en las personas citadas es necesaria, sino que también se precisa una particular independencia y la ausencia de toda duda de parcialidad; cautela que en estos casos no parece totalmente garantizada, sobre todo porque los nombramientos responden a una misma estrategia dirigida a copar descaradamente todos los espacios del poder público.

El prestigio de las instituciones y su correcto funcionamiento es también una cuestión de actitudes, estilos y autocontroles. El partido gobernante se ha decidido a prescindir de miramientos y la pelota pasa desde ese momento a otros tejados: el de aquellos que deben demostrar su cuestionada independencia; y el de la ciudadanía en cuya conciencia y capacidad de acción está repeler cualquier desvío hacia el despotismo.

Publicado en Fusión Asturias, junio de 2014.

DESTRUYEN TODO LO QUE NO CONTROLAN

Si pese a las muestras dadas durante los primeros meses de mandato alguien albergaba aún alguna duda sobre cuál será el estilo de gobierno bajo la presidencia de Álvarez-Cascos, encontrará respuesta al interrogante analizando con un mínimo de detalle cuanto rodea a la decisión de cortar de raíz toda transferencia de recursos al Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias y provocar, por la vía de los hechos, el estrangulamiento de la RTPA. Con este Gobierno de nada sirve advertir que los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para este año, plenamente vigentes, contemplan la partida pendiente con la que el Ente habrá hecho sus previsiones de gasto para el ejercicio. Cae en saco roto toda invocación de los compromisos legítimamente asumidos con cargo a esas cantidades y de las responsabilidades que se pueden derivar de los incumplimientos contractuales a los que conducirá esta decisión. Tampoco parecen importar los planteamientos hechos por el resto de fuerzas políticas y por los propios órganos del Ente, que, tratando de evitar consecuencias indeseadas, han mostrado su disposición a ajustar de forma razonable las características de la RTPA a las circunstancias actuales de las cuentas públicas. La determinación de asfixiar a la RTPA hasta hacerla fenecer o hasta deteriorarla irreversiblemente parece estar tomada, sean las que sean las repercusiones para el empleo, para el tejido productivo audiovisual, para las propias empresas públicas dependientes de Ente (Radio, Televisión y Productora de Programas) y, en última instancia, para la propia Administración autonómica de la que depende. Que este proceder se lleve a cabo sin medir las consecuencias jurídicas, económicas y sociales y sin proponer las reformas necesarias en la Ley de Medios de Comunicación Social para poner encima de la mesa sus propósitos en la materia, son muestra de una irresponsabilidad desconocida en el actuar de un gobierno autonómico en Asturias.

La discusión de fondo sobre si Asturias necesita o no una radio y una televisión pública de titularidad autonómica ya tuvo lugar durante largos años y estaba completamente superada. La relativa demora de nuestra Comunidad en la incorporación al proceso de creación de medios de comunicación públicos permitió, como ventajosa contrapartida, que en el diseño del modelo institucional se remarcase la necesidad de acuerdos amplios en los que el parlamento asturiano tuviese un papel central (requiriéndose mayorías cualificadas para la elección del Consejo de Administración y del Director General del Ente), o que se aprendiese de los errores cometidos en otras Comunidades en cuanto a gestión, gasto y contenidos. En este sentido, la RTPA tiene poco que ver con los ejemplos más negativos de televisiones y radios de otras Comunidades Autónomas, tanto en el consumo de recursos públicos como en la programación y, en definitiva, en el cumplimiento de su función de servicio público. El hecho de que en los últimos años el funcionamiento de la RTPA estuviese fuera de la controversia política tiene mucho que ver con las sólidas bases sobre las que se puso en marcha este proyecto y con el buen hacer general de directivos y profesionales. Como resultado, la RTPA ha tenido una favorable acogida por la audiencia, ha contribuido a que los asturianos conozcan mejor su Comunidad, ha favorecido notablemente la divulgación y el tratamiento de nuestras inquietudes y problemas colectivos, ha permitido un mayor acercamiento de los ciudadanos a la vida política y social de su tierra y ha mejorado sustancialmente la consideración de la lengua asturiana y la cultura tradicional. Y lo ha hecho sin representar -ni mucho menos- una sangría económica, ganándose prestigio social y respeto institucional, incentivando el crecimiento de la industria audiovisual asturiana, compensando la devastadora crisis de las televisiones locales y generando centenares de puestos de trabajo –la mayor parte para jóvenes profesionales- que ahora están en severo riesgo.

Por otra parte, cuando del debate sobre medios de comunicación públicos se trata, conviene hacer un poco de memoria y recordar que Álvarez-Cascos tiene en su hoja de servicios como Vicepresidente de España entre 1996 y 2000 el dudoso honor de haber impulsado decisivamente el deterioro vivido por RTVE en ese periodo, lanzándola por la pendiente del descrédito y la utilización partidista desde los tiempos en que puso en la Dirección del Ente estatal al Diputado del PP (que lo sigue siendo) Fernando López-Amor. El final de aquel nefasto modelo de gestión lo tuvimos bien representado con Alfredo Urdaci y su gloriosa referencia a C-C-O-O y, en lo económico, con la multimillonaria deuda que el Gobierno del PSOE tuvo que enjugar a partir de 2004 a la par que rescataba a RTVE de la indignidad en que, tanto en contenidos como en uso sectario, se encontraba postergada. Esas son las credenciales de nuestro Presidente autonómico en la materia.

Para ahogar económicamente a la RTPA el Gobierno asturiano se escuda en el necesario establecimiento de un orden de prioridades, sobre el que habría mucho que decir a tenor de las falacias a las que recurren en su defensa, empezando por la sesgada contraposición con el gasto sanitario. No obstante, sí cabe reconocer que el Gobierno sigue su prelación de objetivos, porque en la parte superior de su agenda oculta se encuentra, desde el primer momento, destruir todo aquello que, por las circunstancias que sea o el marco legal aplicable, no puede manipular a su antojo y para sus propios intereses partidarios.

Publicado en La Voz de Asturias, 11 de octubre de 2011.