COSTE ESTÁNDAR
Me
encantaría conocer a la cabeza pensante que ha inspirado la propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de establecer un coste estándar homogéneo a la prestación de servicios públicos por parte de los
municipios, sin importar sus circunstancias ni el territorio que le corresponde
gestionar. Tamaña genialidad o es fruto de una consultora de repeinados dispuesta
a llevar los abstractos conceptos de la contabilidad hasta su último término,
emulando a cualquier aprendiz de brujo; o es producto de un laboratorio de fanatismo neoliberal presto a desproveer cualquier materia de su sustancia
política o social. Para el analista, da igual que la población esté dispersa o
concentrada; que el territorio sea abrupto, extenso, urbanizado o agreste; que
la pirámide de población sea la de una comunidad envejecida o renovada; que
haya flujos de inmigración o de emigración; que sea un municipio dinámico en la
actividad económica e industrial o particularmente afectado por la crisis que vivimos.
Les basta con tomar en su pipeta muestras de un número predeterminado de
individuos robotizados, sobre un plano imaginario en un territorio que no
existe; unas cuantas fórmulas matemáticas, una pizca de análisis y literatura
de costes y ¡voilà!, ya está en condiciones de esculpir las nuevas tablas de la
ley local, fijando como verdad única que prestar el servicio de abastecimiento
de agua debe costar x, el de transporte urbano y, o el de recogida de basuras
Z. Porque de servicios sociales, culturales, sanitarios o educativos ya ni
hablamos, dado que la pretensión indisimulada es borrarlos de golpe y plumazo
de cualquier catálogo de actuaciones municipales. Tal planteamiento sólo puede
provenir de alguien que no conoce las tripas de la gestión local, que desprecia
el pulso vital de cualquier municipio y para el que conceptos como autonomía local, democracia de proximidad o participación ciudadana no tienen significado
alguno porque no les puede atribuir un valor numérico asociado que agregar.
El problema no es que el Ministerio
esté dispuesto a transmutar un elemento de análisis, con mayor o menor interés,
en dogma de fe. Lo terrible es que tiene bazas suficientes para dar con él en
la cabeza a los ayuntamientos, previendo la doblemente ingeniosa consecuencia de
arrebatarles las competencias que se ejerzan con costes que superen el
estándar, ¡para entregárselas a las Diputaciones Provinciales! Es decir, se
desea desproveer al poder estrictamente local –aunque las provincias sean
también “entidades locales” en terminología iusadministrativista- de su
capacidad de actuación, de por sí mermada, sin considerar que es en el ámbito
municipal donde la implicación de la ciudadanía y el conocimiento de la
realidad pueden permitir círculos virtuosos de compromiso en los asuntos
públicos y buenas prácticas de esfuerzo comunitario en la solución de los
problemas. Y como ocurrente consecuencia, se propone que sea la Diputación
Provincial, ajena al ejercicio democrático directo, no pocas veces modelo de
ineficiencia y caciquismo (Baltares y Fabras encontraron en éllas su hábitat
natural), pasto de los aparatos provinciales partidarios y con una vida
institucional y política sustancialmente más tenue, donde acabe residiendo la
ejecución de esas competencias. Un negocio redondo.
En lugar de enredar con debates
falsamente economicistas, tratando de deslegitimar a los poderes locales y encanallando
el ambiente, desearíamos que el Gobierno de España enunciase de forma más
sincera sus verdaderos objetivos con la reforma local en gestación. Que dijese
en consecuencia que se toma a chufla la autonomía local y que cualquier
proclama municipalista le parece palabrería. Que lo que desea es que a los
concejales los elija el responsable de Recursos Humanos de la Coca-Cola. Que va
a establecer el premio de Alcalde del año al que dar palmaditas en el hombro
por respetar el coste estándar sin debatir de prioridades políticas,
inquietudes de los ciudadanos, necesidades del territorio y cualquier otra
quimera. Que confesase de una vez por todas su objetivo último y de más alcance:
horadar desde la base –la vida política y democrática local- cualquier
experiencia activa de democracia participativa. Para tenernos a todos no ya
como ciudadanos, sino, en el mejor de los casos, como consumidores de servicios,
aunque sean pocos, malos, privatizados y a precio de oro.
Publicado en Oviedo Diario, 25 de mayo de 2013.
Etiquetas: autonomía local, ayuntamientos, diputaciones provinciales, entidades locales, Estado, Gobierno de España, PP, reforma local, servicios públicos
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