TÍTERES CON CABEZA

            A pocos puede sorprender la orientación general del informe que la Comisión de Expertos para la Reforma Tributaria ha presentado el 13 de marzo al Gobierno, que pidió su opinión y les designó para tal cometido. No es problema de la independencia de criterio ni de la reputada capacidad profesional de sus integrantes, sino de concepto, planteamiento y sentido de esta clase de informes de entendidos ad hoc, pensados no tanto para enriquecer el debate público e incorporar perspectivas diferentes como para allanar el terreno al Gobierno en la ejecución de su programa.

Evidentemente, no se ha querido contar con otras voces, igualmente autorizadas, que ponen el énfasis en elementos más trascendentes que en reparos técnicos, ineficiencias del sistema fiscal y aspectos que, analizado el tema en conjunto, son secundarios, que es lo que parece que ha hecho la Comisión, limitada por el mandato conferido. Lo que se quería por el Gobierno, por lo tanto, se ha conseguido, formulando variaciones sobre el mismo tema; lo que, con matices, significa profundizar en la dirección ya conocida: aumentar la relevancia de la imposición indirecta en detrimento de la directa, analizar el sistema tributario pensando más en la capacidad de recaudación y su incidencia en las decisiones de los actores económicos que en los efectos redistributivos, reducir su progresividad y recentralizar las decisiones fiscales en detrimento de la capacidad tributaria de Comunidades Autónomas y Entidades Locales.

No interesa, en el debate sobre los ingresos públicos, entrar a fondo en las cuestiones que más desconfianza provocan en el contribuyente estándar, que generan una aversión creciente a la propia conciencia fiscal de la ciudadanía, y que paradójicamente, en lugar de un replanteamiento que venga desde enfoques progresistas dejan el campo abonado para propuestas rupturistas -al estilo Tea Party- contrarias por principio a lo público y por extensión a la solidaridad fiscal. Con la reforma que se avecina, está claro que el peso del sistema continuarán soportándolo las rentas del trabajo, los asalariados, los consumidores y, si los resultados empresariales mejoran algo, las PYMES que hayan sobrevivido a la sangría de estos años en el tejido productivo español. Es verdad que se sugiere un cierto reequilibrio en el Impuesto de Sociedades –que es mucho menos importante en términos recaudatorios que el IVA o el IRPF-, proponiendo una moderada rebaja y unificación de tipos a cambio de la desaparición de múltiples beneficios fiscales. Pero la capacidad de las grandes compañías para planificar su política corporativa y fiscal les continuará dando una posición enormemente ventajosa sobre las PYMES. A esta continuidad de las características del sistema percibidas como netamente injustas se suman algunas provocaciones ciertamente dolorosas para el común de los mortales, como suprimir con carácter retroactivo la deducción por adquisición de vivienda en el IRPF, disminuir las entregas de bienes y servicios que tributan al 10% en el IVA para que pasen a hacerlo al tipo general del 21%, extender la tributación en el IRPF de las indemnizaciones por despido improcedente, etc.

Tampoco interesa, y ni siquiera parecen estar sobre la mesa, algunos de los problemas más determinantes en materia de política tributaria. La multitud de actividades económicas que se mueven ajenas al cumplimiento de obligaciones fiscales va mucho más allá de la economía sumergida “tradicional” -lamentablemente con cierto grado de tolerancia social, más en tiempos de crisis- para alcanzar dimensiones mucho más relevantes cuando se trata de transacciones financieras especulativas y operaciones a escala transnacional. A esto se suma la pervivencia, aparentemente irreductible, de paraísos fiscales abonados a alimentar el deterioro de terceros países atrayendo ahorro, operaciones y tributación de empresas y particulares que se puedan permitir acceder a esa esfera. Años de crisis, de invocaciones a la refundación del capitalismo, al multilateralismo y a la integración económica global han servido, de momento, de poco en esta materia, perjudicando en última instancia a quienes acaban contribuyendo a escala micro con sensación perenne de engaño.

Los títeres con cabeza que, según el Presidente de la Comisión de Expertos, no habían quedado tras la revisión del sistema tributario emprendido, no han sido desde luego, convenientemente seleccionados. Y lo esencial de las pretensiones gubernamentales, ahora con el escudo del informe, sigue quedando claro. Con la tramoya repetida de acudir a la opinión precocinada de los expertos, éstos ya pueden intuir –espero que a su pesar- a quienes utilizan como títeres en esta historia.

Publicado en Asturias24, 18 de marzo de 2014.

EXPERTOS Y POLÍTICA

En los últimos tiempos nos hemos acostumbrado a que una parte significativa del programa legislativo que plantea un gobierno venga precedido de un informe producto del trabajo de varios expertos, cuyas conclusiones anticipan en buena medida las propuestas que se transformarán generalmente en el correlativo proyecto de ley. A priori, la práctica parece saludable, porque al menos en apariencia refleja el interés en conocer al detalle el estado de la cuestión sobre la materia objeto de escrutinio para detectar las necesidades y alternativas y, en definitiva, para formarse un juicio completo antes de promover cualquier cambio de calado. Ahora bien, en la práctica, son varios los síntomas que nos advierten de un uso perverso y en ocasiones casi fraudulento del recurso a esta clase de consultoría externa, antes excepcional y hoy parte del paisaje de la actualidad.

Por una parte, desde el punto de vista institucional, no deja de esconder la traslación de una fase de carácter deliberativo a un momento anterior al trámite legislativo, vaciando éste de parte de su contenido. De la discusión parlamentaria, concebida para que en élla tuviese lugar, con un ritmo adecuado pero con la profundidad necesaria, el contraste entre pareceres y la evaluación de las opciones de política legislativa, se sustrae en la práctica esta tarea analítica, para que el parlamento sea como mucho caja de resonancia de los principales motivos de discrepancia. Consiguientemente, en época de mayorías absolutas como la actualmente imperante en las Cortes Generales, se sitúa al legislativo en una posición subsidiaria y básicamente de mero refrendo de los proyectos de ley o de convalidación de decretos-leyes a los que, además, se acude con evidente abuso. Si al trabajo de los expertos siguiese un recorrido parlamentario rico y reflexivo, el escenario sería bien distinto; pero lamentablemente lo que se persigue es un aval cualificado a un proyecto legislativo con evidente deseo de que sufra los menores avatares parlamentarios posibles.

A esta disfunción se une, igualmente, el inevitable menoscabo que el recurso a los grupos informales de expertos provoca en la funcionalidad de los numerosos órganos de carácter consultivo constituidos, que teóricamente son los que están regulados en nuestro ordenamiento jurídico no sólo para cubrir el trámite de emitir un dictamen y, como mucho, alertar del carácter temerario de algunas propuestas (el último ejemplo lo tendríamos con el informe del Consejo de Estado sobre el Anteproyecto de Ley de Reforma Local), sino también para intervenir facultativamente y en todo caso para enriquecer cualitativamente la fase de elaboración de un proyecto de ley o de una norma reglamentaria.

Por otra parte, la labor de los expertos está, como hemos visto en múltiples ejemplos, fuerte e intencionadamente condicionada por múltiples factores. Lo está por el gobierno que delimita –y no de forma gratuita- el objeto de su estudio y que por lo común selecciona quien formará parte de dicha comisión; por la discutible pluralidad en su composición, con la que habitualmente pretende sentirse suficientemente cómodo el titular de la cartera que promueve el estudio; por el legítimo cuestionamiento de la representatividad que, pese a las generalmente brillantes hojas de servicios y nutridos currículums de los componentes, tengan éstos a la hora de reflejar las diferentes corrientes de los potenciales expertos de la profesión predominante (economistas, juristas, pedagogos, etc.); y, sobre todo, lo está por la poco disimulada intención de que sus conclusiones sostengan en lo esencial lo que ya ha dejado caer que desea el gobierno que les invoca, con la esperanza adicional de que lancen algún globo sonda para testar la reacción de la opinión pública a las medidas más polémicas (generalmente, en los tiempos que tocan, por la pérdida objetiva de derechos que suelen comportar).

En este contexto, sin quitar un ápice de interés, mérito y buena voluntad –que se presupone- a los que ponen su esfuerzo en integrar esta clase de comisiones de estudio, procede tomar una cautelosa prevención respecto al sentido de esta frecuentada práctica. La experiencia de los últimos meses, en casos como los grupos de expertos sobre la reforma de las pensiones, de la demarcación y planta de la justicia o de la educación superior (y lo que se teme que suceda respecto a la comisión a la que se ha encomendado el estudio de la reforma tributaria), no ha sido particularmente edificante, porque en muchos aspectos han sido utilizados, a veces con escaso decoro o con evidentes lecturas sesgadas, para revestir de carácter técnico, aparentemente más elevado que el sello de la denostada política, decisiones que en gran medida ya se han gestado, al menos en sus elementos principales. Al final, cabe recordar lo que parecería obvio: no puede reducirse a un debate que se presenta como supuestamente técnico y neutral lo que tiene que ser, por su propia naturaleza, objeto de decisiones esencialmente políticas que conciernen a toda la sociedad y que, por lo tanto, jamás serán asépticas ni mero material de estudio teórico.

Publicado en Fusión Asturias, septiembre de 2013.