TÍTERES CON CABEZA

            A pocos puede sorprender la orientación general del informe que la Comisión de Expertos para la Reforma Tributaria ha presentado el 13 de marzo al Gobierno, que pidió su opinión y les designó para tal cometido. No es problema de la independencia de criterio ni de la reputada capacidad profesional de sus integrantes, sino de concepto, planteamiento y sentido de esta clase de informes de entendidos ad hoc, pensados no tanto para enriquecer el debate público e incorporar perspectivas diferentes como para allanar el terreno al Gobierno en la ejecución de su programa.

Evidentemente, no se ha querido contar con otras voces, igualmente autorizadas, que ponen el énfasis en elementos más trascendentes que en reparos técnicos, ineficiencias del sistema fiscal y aspectos que, analizado el tema en conjunto, son secundarios, que es lo que parece que ha hecho la Comisión, limitada por el mandato conferido. Lo que se quería por el Gobierno, por lo tanto, se ha conseguido, formulando variaciones sobre el mismo tema; lo que, con matices, significa profundizar en la dirección ya conocida: aumentar la relevancia de la imposición indirecta en detrimento de la directa, analizar el sistema tributario pensando más en la capacidad de recaudación y su incidencia en las decisiones de los actores económicos que en los efectos redistributivos, reducir su progresividad y recentralizar las decisiones fiscales en detrimento de la capacidad tributaria de Comunidades Autónomas y Entidades Locales.

No interesa, en el debate sobre los ingresos públicos, entrar a fondo en las cuestiones que más desconfianza provocan en el contribuyente estándar, que generan una aversión creciente a la propia conciencia fiscal de la ciudadanía, y que paradójicamente, en lugar de un replanteamiento que venga desde enfoques progresistas dejan el campo abonado para propuestas rupturistas -al estilo Tea Party- contrarias por principio a lo público y por extensión a la solidaridad fiscal. Con la reforma que se avecina, está claro que el peso del sistema continuarán soportándolo las rentas del trabajo, los asalariados, los consumidores y, si los resultados empresariales mejoran algo, las PYMES que hayan sobrevivido a la sangría de estos años en el tejido productivo español. Es verdad que se sugiere un cierto reequilibrio en el Impuesto de Sociedades –que es mucho menos importante en términos recaudatorios que el IVA o el IRPF-, proponiendo una moderada rebaja y unificación de tipos a cambio de la desaparición de múltiples beneficios fiscales. Pero la capacidad de las grandes compañías para planificar su política corporativa y fiscal les continuará dando una posición enormemente ventajosa sobre las PYMES. A esta continuidad de las características del sistema percibidas como netamente injustas se suman algunas provocaciones ciertamente dolorosas para el común de los mortales, como suprimir con carácter retroactivo la deducción por adquisición de vivienda en el IRPF, disminuir las entregas de bienes y servicios que tributan al 10% en el IVA para que pasen a hacerlo al tipo general del 21%, extender la tributación en el IRPF de las indemnizaciones por despido improcedente, etc.

Tampoco interesa, y ni siquiera parecen estar sobre la mesa, algunos de los problemas más determinantes en materia de política tributaria. La multitud de actividades económicas que se mueven ajenas al cumplimiento de obligaciones fiscales va mucho más allá de la economía sumergida “tradicional” -lamentablemente con cierto grado de tolerancia social, más en tiempos de crisis- para alcanzar dimensiones mucho más relevantes cuando se trata de transacciones financieras especulativas y operaciones a escala transnacional. A esto se suma la pervivencia, aparentemente irreductible, de paraísos fiscales abonados a alimentar el deterioro de terceros países atrayendo ahorro, operaciones y tributación de empresas y particulares que se puedan permitir acceder a esa esfera. Años de crisis, de invocaciones a la refundación del capitalismo, al multilateralismo y a la integración económica global han servido, de momento, de poco en esta materia, perjudicando en última instancia a quienes acaban contribuyendo a escala micro con sensación perenne de engaño.

Los títeres con cabeza que, según el Presidente de la Comisión de Expertos, no habían quedado tras la revisión del sistema tributario emprendido, no han sido desde luego, convenientemente seleccionados. Y lo esencial de las pretensiones gubernamentales, ahora con el escudo del informe, sigue quedando claro. Con la tramoya repetida de acudir a la opinión precocinada de los expertos, éstos ya pueden intuir –espero que a su pesar- a quienes utilizan como títeres en esta historia.

Publicado en Asturias24, 18 de marzo de 2014.

ENREDADOS EN SU PROPIA TRAMPA

Desde la revolución conservadora de los 80, la pretensión declarada y favorita de los herederos políticos de Reagan y Thatcher ha sido la reducción del ámbito de influencia del poder público y la restricción de las facultades que al Estado proporciona la política fiscal. Aprendiendo de los éxitos políticos cosechados y tomando el pulso al ritmo de los tiempos, la derecha europea y americana ha identificado certeramente ese objetivo neurálgico, constatando que favorece más a sus intereses y a la conquista de la hegemonía política la ausencia de cortapisas para la actuación del poder económico que la propia fortaleza del poder público instrumentalizado en su beneficio. En otras palabras, nada mejor para la involución social y la prevalencia del más fuerte que la ausencia de controles y limitaciones externas que constriñan al poderoso. Tras el victorioso eslogan de la bajada de impuestos, que apela a nuestro instinto de propiedad más elemental, situaron esta materia entre las prioridades del debate, provocando que otros actores –empezando por los partidos políticos socialdemócratas- evidenciaran sus titubeos y dejaran escurrir parte de su credibilidad.

Con la determinación de los tributos y el establecimiento de medios eficaces para su recaudación se deciden, a su vez, muchas cosas, entre otras el grado de progresividad y de justicia social de nuestro sistema, los recursos de los que dispondrá el poder público en beneficio del interés general y la posibilidad de orientar la actividad económica, considerando el importante efecto que en las decisiones de inversión y gasto de empresas y particulares tiene el marco fiscal. En los últimos años, sin embargo, estas premisas, hasta entonces extendidas, fueron sometidas a un activo y drástico cuestionamiento desde diversos frentes, situando a los tributos como fuente de arbitrariedad, raíz de perjuicios superiores al provecho común perseguido y origen de ineficientes distorsiones en el juego de los factores productivos. Empujados por la corriente, las decisiones de gran parte los Estados no se dirigieron a una reestructuración sustancial de la política fiscal, sino, básicamente, al incremento del peso de los impuestos indirectos sobre el consumo, la eliminación práctica de impuestos de fuerte carácter redistribuidor (patrimonio o sucesiones), la reducción de las cargas a la actividad empresarial, la concentración del esfuerzo fiscal sobre las rentas del trabajo y la insuficiente reacción ante situaciones lacerantes como las prácticas de ingeniería fiscal, la ausencia de gravámenes suficientes sobre los movimientos de capitales o los paraísos fiscales. Como consecuencia, la recaudación ha acabado descansando principalmente en las rentas del trabajo y en el consumo, de modo que los potencialmente perjudicados sobre los incrementos tributarios son las clases medias y el círculo vicioso afronta un giro acelerado: a mayor desafecto de la mayoría social respecto a los tributos, más abonado está al campo para que las posiciones dirigidas a disminuirlos continúen avanzando en su agenda, profundizando en los resultados ya vistos y beneficiando a una minoría privilegiada.

El problema es que, en el contexto actual de prolongada crisis y riesgo de colapso, la rápida dinámica que hasta ahora había sido alimentada por los planteamientos conservadores amenaza con generar, para su propio estupor, un descontrol de incalculable desenlace, incluso para la supervivencia del sistema. Con la contención del déficit como prioridad número uno y a cualquier coste, a los gobiernos de toda Europa no les queda más remedio que renegar de sus promesas y aplicar subidas tributarias tan significativas como, en el caso de España, las impulsadas por el nuevo Gobierno sobre el IRPF al poco de iniciar su andadura, que probablemente vendrán seguidas de otras sobre el IVA. Después de sostener durante años el demagógico discurso contrario por principio a los tributos, y aún a riesgo de perder de una tacada una parte significativa de su radicalizada base, la alternativa por la que han optado a las primeras de cambio es la subida de impuestos, que, eso sí que tienen claro, no tendrá su acompañamiento en el necesario replanteamiento global de nuestro sistema fiscal para hacerlo más justo.

Publicado en La Voz de Asturias, 23 de enero de 2012.