AYUNTAMIENTOS EN EL PUNTO DE MIRA
Al
calor de la crisis económica, algunos debates se reavivan y asuntos que
llevaban tiempo bajo escrutinio se someten a decisiones rápidas, a veces
insuficientemente meditadas y no precisamente en el sentido esperable por la
orientación de las discusiones previas. En la España de la década pasada era
recurrente el análisis sobre la imperfecta construcción institucional y los
problemas en la distribución de poder territorial que comportaba la relativa
fragilidad de las administraciones locales. Al menos hasta el arranque de esta etapa
convulsa, existía un cierto consenso político sobre la necesidad de mejorar la
definición de las competencias municipales, ampliando su ámbito de actuación y
reconociendo a los ayuntamientos potestades para actuar en materias –las
llamadas competencias impropias- en las que llevaban tiempo desarrollando
iniciativas. Y, a la par, se valoraba la posibilidad de mejorar sus formas de
financiación, principalmente permitiendo una mayor autonomía fiscal y asegurando
su participación en los tributos de las Comunidades Autónomas.
Poco o nada de esto, sin embargo,
parece que se vaya a concretar en el futuro cercano. Al contrario, una de las primeras
consecuencias del debilitamiento de los poderes públicos y de la ofensiva
contra las administraciones territoriales es la reducción de las políticas
municipales y el deterioro del papel de los ayuntamientos, no digamos ya de las
asociaciones formadas por éstos y de las mancomunidades. De hecho, es
previsible que si se introducen ahora modificaciones normativas éstas no vayan
dirigidas a ampliar el haz de competencias municipales sino a reducirlo respecto
a las ejercidas en la práctica actual; y no a darle facilidades para una
gestión y organización más autónoma sino a constreñir los límites en los que
debe desarrollar su actividad institucional. Al mismo tiempo, la propia autonomía
local, principio inspirador del modelo municipal español en época democrática,
se encuentra más que nunca bajo cuestión, porque la estrecha supervisión
económico-financiera y las obligaciones adicionales que se les están imponiendo
recortan sobremanera sus propias facultades de decisión. Algunas medidas de
indudable relevancia, como el plan de pago a proveedores conlleva que las 4.623
entidades locales que han pedido acogerse a este programa, mayoritariamente
ayuntamientos, asumen el sometimiento a rígidos planes de ajuste y en el futuro
inmediato –pasados los dos años de carencia previstos- deberán afrontar la
devolución de las cantidades prestadas, en diez años y a un interés de,
prácticamente, el 6%; en conclusión, o a corto plazo se produce una mejora
sensible e inesperada de los ingresos de los ayuntamientos, o muchos
experimentarán en los años venideros dificultades insalvables para atender sus
compromisos con las entidades financieras participantes en el plan.
Es cierto que entre los debates
pendientes había cuestiones cuyo abordaje era, y sigue siendo, más que
razonable, empezando por las formas de colaboración entre municipios y la
racionalización del mapa municipal (más en otras Comunidades Autónomas que en
Asturias); y que algunas prácticas propias de la vida pública local habían
derivado en casos concretos hacia gestiones poco transparentes, populistas y
carentes de toda visión estratégica. Ahora bien, sería un error mayúsculo
admitir una crítica global e indiscriminada al funcionamiento de los ayuntamientos,
desconociendo las enormes dificultades financieras y de gestión que han debido
afrontar por la insuficiencia de medios ante las necesidades a cubrir. Y, sobre
todo, resultaría contraproducente para el interés público erosionar el papel de
los ayuntamientos, suprimiendo multitud de servicios sociales y culturales,
iniciativas de promoción económica, actividades de fomento del empleo o
proyectos que hacen más habitable el espacio común y mejoran la calidad de vida
de los ciudadanos. Concluir que, en lugar de facilitar a los ayuntamientos un
marco legal y financiero estable y apropiado para que puedan cumplir mejor sus
cometidos, lo que procede es disminuir sus funciones al mínimo y desproveerlos
de capacidad real de intervención, significaría un retroceso de 30 años en
política municipal y, sobre todo, una victoria más de quien quiere reducir lo
público a la categoría de anecdótico.
Publicado en Fusión Asturias, julio de 2012.
Etiquetas: administración, ayuntamientos, crisis, Gobierno de España, régimen local
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