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11.3.12

EL MINISTRO SE DESTAPA


Qué calladas tenía Alberto Ruiz Gallardón algunas de las que parecen sus verdaderas y profundas convicciones. En sólo unas semanas al frente del Ministerio de Justicia ha echado por tierra años de equilibrios en los que trató de ofrecer –con cierto éxito- una imagen de moderación, alejada de los exabruptos reaccionarios que predominan en las declaraciones de destacados dirigentes del PP. Al abrigo de la mayoría absoluta de su Partido y de la hegemonía que el discurso conservador viene alcanzando en todos los ámbitos, parece que se ha liberado de ciertas ataduras tácticas que hasta entonces debía de considerar inevitables. De momento, entre otras conquistas, va camino de convertirse en el Ministro que promoverá el establecimiento de la cadena perpetua, la reimplantación de la democracia orgánica en el sistema de gobierno judicial y el retorno a la tipificación como delito de la interrupción voluntaria del embarazo fuera de ciertos supuestos tasados.

El Ministro se ha lucido, esta semana, aludiendo a la presión que supuestamente reciben las mujeres en estado para abortar, calificándola como violencia estructural de género, distorsionando términos y jugando al despiste con cosas muy serias. Todo ello para justificar su proyectada vuelta a la legislación anterior a la Ley 2/2010, de Salud Sexual y Reproductiva, que estableció un sistema de plazos para la interrupción voluntaria del embarazo y superó la visión anterior, heredera del tratamiento penal de esta realidad. Por otra parte, la apelación del Ministro a la Sentencia del Tribunal Constitucional 53/1985, en aquel momento sobre el proyecto de despenalización parcial del aborto, es sumamente tendenciosa y tiene por objeto endosar a otras instancias lo que es exclusivamente decisión de su Partido. Primero, porque la interpretación de las normas se ha de realizar de acuerdo con la realidad social del tiempo en el que han de ser aplicadas y aquel cambio legislativo fue producto de un momento y unas circunstancias sustancialmente distintas de las actuales; y, lo más importante, porque, en este aspecto, el Tribunal Constitucional, contrariamente a lo que parece pretender el Ministro, no indica cómo debe ser la ley en el futuro predeterminando la voluntad del poder legislativo, simplemente se limita a la función de legislador negativo para expulsar del ordenamiento las normas que considere contrarias a la Carta Magna.

La confusión deliberada de ideas es, en definitiva, tremendamente maliciosa, porque una cosa es fomentar en lo posible que la mujer gestante encuentre un entorno personal social y económico favorable (lo que, por cierto, no se conseguirá erosionando los servicios públicos y caminando hacia relaciones laborales deshumanizadas) para que, si lo desea, lleve a término su embarazo; y otra bien diferente es que el legislador suplante la voluntad de la mujer encinta para decidir por élla si debe o no seguir hasta el final, impidiéndole tomar la decisión de interrumpir el embarazo, suprimiendo la capacidad de disponer sobre su cuerpo. Posición ésta, la que parece defender el PP, que significa asumir íntegramente el discurso de los grupos autodenominados provida y la jerarquía de la Iglesia Católica, y que sitúa al Ministro en esta materia al nivel de Rick Santorum o Daniel Ortega.

En un debate moral complejo y enormemente emotivo como es el del aborto la mayoría gobernante debería decir sin ambages adónde quiere llegar. Porque a la postre, con propuestas como el retorno a la prohibición del aborto salvo en ciertos supuestos, de lo que se trata es de admitir la posibilidad de forzar a las mujeres con un embarazo no deseado a llevarlo hasta el final, so pena de sufrir las consecuencias penales si decide lo contrario. O de asumir, al regresar a la situación previa a la última reforma citada, la hipocresía generalizada –tan propia del conservadurismo- de que el supuesto de interrupción legal por afectación a la salud psicológica de la madre tuviese una interpretación abierta. O, peor aún, de retornar a situaciones anteriores de viajes relámpago al extranjero para las pudientes y abortos clandestinos para las humildes, al estilo de la España que narra Tiempo de Silencio, a la que parece que regresamos velozmente.

Publicado en Oviedo Diario, 10 de marzo de 2012.

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