PUNTO Y SEGUIDO EN EL CULEBRÓN DE VILLA MAGDALENA

Con la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 que anula el Convenio con el que el Ayuntamiento de Oviedo pretendía enjugar la deuda derivada de la expropiación de Villa Magdalena, no se cierra, ni mucho menos, este larga historia, plagada de desafueros. En el mejor de los casos la decisión judicial aleja los riesgos para la integridad del Campo San Francisco –lo que no es poco-; constituye un rapapolvo a la forma de proceder que ha marcado la actuación del Alcalde, carente de la más elemental prudencia; y deja en palabrería las declaraciones altisonantes realizadas por el Gobierno local en todos estos meses en defensa del Convenio, que contrastan con la rapidez que ahora le ha llevado a no recurrir la Sentencia y a proponer allanarse en el resto de contenciosos pendientes (tarea para la que, por cierto, se hubiera bastado y sobrado la Abogacía Consistorial, haciendo innecesario recurrir a profesionales externos).
En el minuto cero de esta segunda parte nos encontramos con una cruda realidad que no es posible obviar, si se quiere actuar con diligencia, ya que la deuda (aún indeterminada) que se derive de la retasación de Villa Magdalena instada en marzo de 2007 sigue pendiendo amenazante sobre los intereses municipales. No sobra recordarlo, porque la empresa expropiada, aunque haya perdido las oportunidades de negocio y enriquecimiento que comportaba el Convenio, sigue teniendo, en buena medida, la sartén por el mango: persiste su derecho a la retasación, hasta ahora avalado judicialmente; las circunstancias a considerar en la nueva valoración son las del momento en que ésta se instó; y, aunque se entendiese (lo que es discutible) que la empresa ya no puede invocar su valoración de 63 millones de euros y ha quedado vinculada por la valoración acordada en el Convenio anulado, ésta asciende a la considerable cifra de 29,5 millones de euros, es decir, una cantidad 12 millones de euros superior a la ya pagada por el justiprecio inicial y los intereses abonados. Para echarse a temblar.
Así las cosas, no tiene mucho sentido aferrarse únicamente a una genérica invocación –la que hacen FAC e IU- de las responsabilidades de los causantes del desaguisado, sin plantear nada más. Claro que el Ayuntamiento tendrá que ejercer acciones para desentrañar quién es el causante de que no se consignase en 1998 (y en lo sucesivo hasta el momento en que se instó la retasación) el justiprecio expropiatorio que se recurrió judicialmente; y claro que todo apunta a los sucesivos responsables de Economía y al propio Alcalde que desoyeron los informes de diferentes funcionarios y los llamamientos de PSOE e IU. Además los tres grupos municipales de la oposición podrán instar esta vía en el propio Pleno de la Corporación. Pero, entre tanto, la empresa expropiada puede ejercer sus pretensiones frente al Ayuntamiento de Oviedo, y esto nos afecta a todos porque está en juego, y de qué manera, el interés público. Por eso, no sólo toca reclamar responsabilidades sino, como ha planteado la concejala socialista Margarita Vega, ponerse manos a la obra para intentar evitar que se cause un nuevo quebranto a las arcas y al patrimonio municipal y para impedir que se legue a las generaciones venideras este grave problema, que venimos arrastrando penosamente desde hace varios lustros.

Publicado en Oviedo Diario, 9 de julio de 2011.