UN PROBLEMA Y UNA OPORTUNIDAD

La llamada operación de los Palacios, que quedó en Palacio de dudoso gusto en Buenavista y viviendas en El Vasco, está dejando un indeseable herencia a los ovetenses. No es por casualidad ni resulta inesperado; ni únicamente se debe al contexto de crisis que pone las cosas más difíciles para los actores públicos y privados responsables del desaguisado. También se debe a una inadecuada planificación urbanística y jurídica, a la abrumadora falta de transparencia y, en lo que nos concierne a todos los ovetenses, a la carencia de rigor en la defensa de los intereses generales.

Ahora, con el concurso de por medio, toca no precipitarse porque no se entendería un rescate de la concesión que pudiese facultar al concesionario a reclamar cualquier clase de indemnización. Es mucho más probable que, por incumplimiento de las obligaciones de Jovellanos XXI ante el Ayuntamiento, haya posibilidades reales de declarar la extinción de la concesión pisando sobre suelo seguro y sin contraprestación, por ejemplo si el concesionario no es capaz de explotar efectivamente la concesión, lo que posiblemente sucederá si no cuenta con la respiración asistida de las subvenciones encubiertas. Extinguida la concesión, se extingue el derecho real -la hipoteca- que lo grava. Lo que habrá que evitar, administrador concursal y el Juez del concurso mediante, es que el acreedor hipotecario, titular de un crédito con privilegio especial, quiera hacer valer en ejecución separada su garantía, lo que en determinadas circunstancias la Ley Concursal admite y que podría significar la transmisión de la concesión a resultas de la ejecución hipotecaria, cosa que irresponsablemente el Ayuntamiento admitió de forma indirecta al autorizar la hipoteca. Por eso, en cuanto se produzca la causa de caducidad anticipada o de extinción de la concesión, tocará declararla y redimir, quizá está vez sí, al interés público, huérfano de un Ayuntamiento que vele por él.

 

Publicado en El Comercio, 7 de octubre de 2012.