TRACA FINAL EN LA OPERACIÓN DE LOS PALACIOS

¿Servirá de algo la comisión de investigación creada en el Ayuntamiento de Oviedo para revisar la llamada “Operación de los Palacios”? Seguramente aportará algo de pimienta a la vida política municipal, poblará de declaraciones acusatorias las páginas de la sección local durante los próximos meses y, sobre todo, pondrá a prueba este particular mecanismo de control hasta ahora inédito en la historia local. Me parece legítimo y positivo que se ponga en marcha esta comisión, sin duda muestra de la singularidad de este mandato en el que la pérdida de la mayoría absoluta del PP ha ayudado bastante a regenerar la actividad institucional, aunque siga lejos del estándar de transparencia y participación que sería deseable. Y además hay materia suficiente que analizar, si se trata de desentrañar la deriva y los errores políticos e institucionales que motivaron que el interés público quedase reiteradamente subordinado a las ambiciones y la megalomanía de los protagonistas: el Alcalde-Ingeniero -decíase-, el Arquitecto estrella hoy caído en desgracia, los empresarios con poca mesura y otros actores secundarios. 

No obstante soy tremendamente escéptico porque partimos de varios condicionantes, me temo que determinantes. Por un lado, la tradición española en materia de comisiones de investigación no es precisamente edificante, reduciéndose a crear un escenario de mayor atención sobre un tema polémico en el que básicamente se reproducen los planteamientos ya conocidos, obteniendo apenas algunos datos o perspectivas adicionales de los comparecientes; muy lejos, en definitiva, del espíritu constructivo, de búsqueda de conclusiones útiles y de identificación de los fallos cometidos que debería presidir esta clase de iniciativas. Incesablemente se confunde, además, el trabajo de una comisión de esta naturaleza con una suerte de tribunal popular, con acusación y defensa y sobrerrepresentación gestual y retórica; a veces con excesos verdaderamente penosos, como llamar a sede parlamentaria (lo vimos en las comisiones del Niemeyer y del Caso Marea en la Junta General) a empleados sin responsabilidades significativas o hacer pasar por un remedo de pena de banquillo al adversario político. De ahí la lamentable pérdida de formas y de respeto de algunos comparecientes que encuentra el terreno abonado por el exceso de oportunismo ajeno. 

Por otro lado, en el caso que nos ocupa la comisión llega cuando lo que queda de la “Operación de los Palacios” es, como quien dice, las sobras de la fiesta, cuyo pastel se le ha atragantado a los patrocinadores de la genialidad. No diré los escombros porque el edificio de Buenavista de momento sigue entero, aunque envejecido prematuramente (¡y sucio!), con su terrible falta de funcionalidad a flor de piel. Pero era otro el momento de cuestionar a fondo el tipo de contratación administrativa y sus cambios, el urbanismo a la carta, los apoyos públicos irreflexivamente otorgados, la idoneidad del diseño, la propia necesidad de los equipamientos, la protección del patrimonio público y, sobre todo, el destino de dos parcelas públicas que eran importantísimas para el futuro de la ciudad y que en buena medida se han malogrado. Ahora es aparentemente fácil hacer astillas del árbol caído cuando el grado de responsabilidad nos alcanza a todos o casi todos –ciudadanía incluida-, por acción, por omisión y quizá por reparo a criticar abiertamente cuando el aplauso era casi unánime. 

El triste destino de esta aventura es el de un Palacio de Congresos pretencioso, infrautilizado y con visera inmóvil; un centro comercial medio vacío; unos pisos de lujo sin comprador ni remate; una empresa promotora en liquidación cuyos impulsores maldecirán el día que aspiraron a la grandeza urbanística; unos poderes públicos que posibilitaron o toleraron el descalabro. Y, como función final, una comisión de investigación municipal. Ojalá sirva para hacer examen de conciencia y autocrítica colectiva: mucho pido.

Publicado en Asturias Diario, 1 de marzo de 2014.