¿QUÉ LLEGARÍAN A HACER SI PUDIESEN?

No sé dónde sacan algunas personas el descaro necesario para pedir la disolución a la brava -ni más ni menos- de una asociación ciudadana. No estamos hablando de un pronunciamiento venido de la Bielorrusia de Lukashenko ni originario de la refractaria Junta Militar egipcia. No se trata de la fatwa o la condena por anatema a la que acostumbran bastante líderes religiosos contra todo lo que consideren ajeno a su código. La consigna no procede de un país políticamente subdesarrollado en el que el derecho de asociación esté en peligro. Es Oviedo la ciudad que tiene el dudoso honor de contar con un miembro del gobierno local con larga trayectoria parlamentaria que se atreve a proclamar qué asociaciones deben o no existir, requiriendo que desaparezca una de las que por su solvencia y combatividad le resulta incómoda, en este caso la Unión de Consumidores de Asturias (UCE).

En los países de tradición democrática más asentada una exigencia tan improcedente, desabrida, autoritaria y esencialmente reaccionaria motivaría la inmediata descalificación del responsable para todo cometido público. En Oviedo, sin embargo, parecen salir gratis esta clase de invectivas contra los colectivos ciudadanos que no pasan por el aro; tanto que en el equipo de Gobierno han dividido los papeles para que algunos de sus integrantes tengan entre sus quehaceres principales otorgar certificados de afección al régimen, insultando periódicamente a personas o entidades que se destaquen por su independencia o que cuestionen abiertamente la dirección municipal. Ya son unos cuantos los que se suman a la lista negra local, en la que parecen rotar periódicamente los nombres y en la que, incluso, de vez en cuando aparecen antiguos aliados del Gobierno local.

En el caso de la UCE es sencillamente rastrero someter a una entidad acreditada por su rigor al vilipendio gratuito. Por un lado, significa desconocer que la UCE ha estado ya en mil batallas en todos estos años, confrontando con intereses políticos y económicos de todo tipo y orientación, tratando de conseguir que los derechos de los ciudadanos en el mercado, en su faceta de consumidores y usuarios, fuesen tenidos en cuenta. Supone, además, despreciar el hecho de que es la entidad que en Asturias –y con diferencia- más activamente defiende los intereses individuales de numerosas personas en asuntos particulares en los que, en muchas ocasiones, se encuentran desprotegidos ante empresas de envergadura a veces nada concienciadas acerca del respeto a los derechos de los consumidores y usuarios. Y, lo más importante, por mucho que uno pueda discrepar de las decisiones que una entidad como ésta adopte o las estrategias que emprenda frente al desbarajuste municipal en el área de consumo, en ningún caso cabe pedir poco menos que la muerte civil de esta asociación o describir ensoñaciones conspiranoicas en las que la UCE aparecía perversamente aliada ¡con la Fiscalía! para dar un escarmiento a una antigua concejala… Pero hasta ahí han llegado con su maniobra de castigo por tener la osadía de dar la cara.

Por suerte, no le corresponde al gobierno local autorizar o legalizar a una asociación y además este derecho constitucional cuenta, todavía, con garantías suficientes en España. Pero inquieta que la fea táctica de separar entre buenos y malos ciudadanos o colectivos, a la que acostumbran, salga indemne una vez más, pese a que este estilo político cada vez aflora con mayor agresividad.

Publicado en Oviedo Diario, 7 de enero de 2011