BANKIANISTÁN

Tenemos todo el derecho del mundo a sentirnos aturdidos y alarmados por lo que estápasando con BFA-Bankia. Después de adornar su creación con operaciones de imagen dirigidas a ensalzar la llamada bancarización de las cajas de ahorro, de reiteradas apelaciones a la profesionalización de la gestión y de poner al frente de la entidad a todo un ex Ministro de Economía y ex Director-Gerente del FMI, al final el resultado ha sido el surgimiento de una entidad de riesgo sistémico, una bomba de relojería cuya precariedad era un secreto a voces y el mayor desafío capaz de hacer zozobrar cualquier plan de recuperación de la estabilidad financiera en España. Lo preocupante, sin embargo, no es que los ciudadanos contemplemos asombrados el rápido devenir de los acontecimientos, sino la creciente sensación de que el Gobierno, pese a su mayoría absoluta y la arrogancia exhibida hasta hace unas semanas, se encuentra completamente sobrepasado por la situación y perdiendo credibilidad a chorros. No hay más que ver al actual Ministro de Economía (¡y Competitividad!) dando cifras del aporte público para el saneamiento de BFA-Bankia corregidas al alza prácticamente un minuto después, en una escalada que lleva las magnitudes a proporciones estratosféricas que por ahora alcanzan 23.000 millones de euros. O a la Vicepresidenta del Gobierno desmentida por el nuevo Presidente de la entidad financiera al poner éste en duda que BFA-Bankia tenga que devolver las cantidades facilitadas ya que, a la postre, el banco va a ser mayoritariamente público; aunque, por cierto, no tendrá tal condición para suplir las carencias del sector financiero privado a la hora de facilitar crédito a particulares y empresas, sino simplemente para agarrarse al flotador de los fondos públicos –casi pinchado ya- para subsistir.

Las consecuencias del desastre están todavía por definir y podemos ponernos en lo peor cuando los responsables de la calamidad hacen repetidos llamamientos a la calma. El caso de Irlanda, abocada a la intervención no por la situación de su tejido económico sino por el déficit provocado por los rescates de sus entidades financieras, es paradigmático. En España este escenario se produciría sobre una crisis precedente que ha disminuido la actividad, ha menguado el número de empresas, ha destrozado la confianza de los consumidores, ha deteriorado enormemente a los poderes públicos -cada vez con más dificultades para cumplir sus funciones elementales- y, sobre todo ha inoculado masivamente un miedo insuperable a un sombrío porvenir. Sobre este panorama y metidos de lleno en un nuevo ciclo recesivo, es difícil aventurar de dónde saldrán los recursos públicos para el rescate de BFA-Bankia: queda poco que privatizar (y ya veremos las penosas consecuencias que comportarán algunas ventas), recurrir al endeudamiento parece inviable con los costes financieros actuales, el margen para recortar el gasto público se achica por momentos y de los contribuyentes poco más se puede exigir, a menos que, por utilizar el lenguaje en boga, se considere una muestra de duplicidades e ineficiencia disponer de dos riñones (al fin y al cabo con uno se puede sobrevivir) y se nos reclame el esfuerzo patriótico de entregar uno al floreciente comercio de órganos.

Súmese a todo esto la renuencia a dar explicaciones por parte de los responsables gubernamentales y los gestores de BFA-Bankia; añádase el negro historial que el PP atesora en sus manejos y el intestino combate a muerte que han desarrollado durante años por el control de Bancaja y Caja Madrid (imposible olvidar la feroz inquina de Aguirre y Gallardón en la disputa por el juguete); y combínese con los inevitables impedimentos para depurar responsabilidades. El producto final es terrorífico, muestra del estado de cosas y, a la par, un motivo más que suficiente para comenzar a cuestionarse –en serio y hasta el final- muchas de las asunciones preconcebidas que hasta ahora parecían intocables en nuestro sistema político y económico.

Publicado en Oviedo Diario, 2 de junio de 2012

EDUCACIÓN PÚBLICA: RIESGOS INMINENTES Y OPORTUNIDADES PERDIDAS

Cuando se utiliza con cierta frivolidad la afirmación de que toda crisis permite nuevas oportunidades, conviene mirar con cierto escepticismo el sentido y el origen de tales palabras. En no pocas circunstancias o bien proceden de la peligrosa ingenuidad del porfiado optimista –el pensamiento positivo no se contagia si sólo se sostiene en meras conjeturas personales- o bien provienen de quien afila el colmillo ante los réditos que puede obtener para su beneficio, mientras crece la terrible sensación de que muchas cosas que ayer parecían seguras hoy están en grave peligro.

En el campo de los servicios públicos básicos estamos asistiendo, precisamente, a la materialización de las intenciones –ya conocidas desde hace tiempo- de grupos de interés que, siguiendo la teoría de buscar en esta crisis grandes oportunidades, ven al alcance de la mano la ocasión para convertir tales servicios en objeto de mercado, ampliando de forma muy sustancial los límites de lo que puede ser objeto de compraventa. La extensión de la crisis financiera a la crisis de las Administraciones Públicas y la repercusión en el deterioro de los servicios y prestaciones que éstas ofrecen, abre una oportunidad histórica para hacer irreversible el actual proceso de desgaste y retirada de lo público.

En el caso del sistema educativo, además de conseguir introducir la lógica mercantil en todos los resquicios, lo que se está jugando es la posibilidad de incidir decisivamente en los valores sociales comunes. El avance de los centros privados y concertados frente al menoscabo forzado de la red educativa pública no sólo significa convertir la formación en un bien al que se le pone precio y de cuyo acceso dependerá en buena medida el futuro del alumno. También implica que el ideario de los centros privados y concertados (credo no siempre favorable a los intereses de la mayoría social y en ocasiones directamente retrógrado) tenga una audiencia potencial más amplia, especialmente entre las clases medias, cada vez más dispuestas a esforzarse económicamente –y a endeudarse más, si es necesario- para enviar a sus hijos a la red privada-concertada si perciben que los centros públicos disponibles se deslizan hacia una función subsidiaria en la oferta educativa. Por eso son cruciales las decisiones adoptadas en el inicio de este curso por los gobiernos autonómicos del PP, cuyo objetivo –casi declarado en algunos casos- es reducir significativamente el profesorado en la escuela pública, escamotearle recursos económicos, arrojarla a la dinámica de conflictividad y, a la par, favorecer que la red privada-concertada amplíe su alcance, con cesiones de suelo público, ampliación de conciertos, facilidades fiscales, relajación en la supervisión y todo el aliento institucional en su cometido. Veremos hasta dónde llega esta tendencia, a la que acaba de imprimirse un acelerón determinante, con –y esto es lo preocupante- una reacción adversa más bien tenue y centrada casi exclusivamente en los trabajadores de la enseñanza pública.

Por otra parte, se lamentará ahora no haber adoptado en el pasado reciente algunas decisiones en un contexto diferente, en el que la coyuntura política y económica lo permitía. Pese a que estaba ampliamente extendida la percepción de que el sistema de conciertos debía ser superado, no concurriendo las mismas necesidades acuciantes de escolarización que cuando se reguló este modelo; pese a que era perfectamente defendible desactivar el sistema de conciertos preservando la garantía constitucional del derecho de los padres a que la enseñanza religiosa y moral de sus hijos siga sus convicciones; pese a que -como reconocía recientemente el ex Ministro de Educación José María Maravall- se había fracasado en garantizar que los centros concertados se aviniesen a respetar consecuentemente las limitaciones legales en materia de gratuidad y selección del alumnado; pese a que eran conocidas las pretensiones de ciertos sectores de privar a la educación pública de su carácter de vertebración social; pese a todo ello, se dejaron pasar oportunidades históricas de plantear seriamente y con ambición la puesta en marcha de un modelo educativo en el que se otorgase al sistema público una posición claramente predominante; estatus al que, de consolidarse la involución actual, difícilmente podrá aspirar en el futuro.

Publicado en Fusión Asturias, noviembre de 2011.