COMPARACIONES ODIOSAS

Como con tantas otras cosas, Juan Cueto da en el clavo con su análisis de la deriva que la política cultural ha adquirido en Asturias tras el cambio de Gobierno motivado por los resultados de las elecciones autonómicas del 22 de mayo. En la entrevista que el magazine AS-7 de La Voz de Asturias publicaba el pasado domingo, el escritor y periodista resumía a la perfección y con pocas palabras el error estratégico que representa comparar y contraponer, como si resultasen incompatibles, la política de protección del patrimonio cultural con la apuesta por las nuevas formas de expresión cultural, híbridas por naturaleza –en formatos y tradiciones- y con los polos de dinamización cultural que ofrecen posibilidades de desarrollo, también en el ámbito socioeconómico. El riesgo que se advierte respecto al futuro de proyectos tan significativos para la actividad cultural en Asturias como el Centro Niemeyer o la RTPA, unido a las sombras que se ciernen sobre otras iniciativas –Juan Cueto menciona LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, la Semana Negra y el Festival de Cine de Gijón- no son especulaciones sino temores fundados que a corto plazo se pueden hacer realidad si las respuestas ciudadanas que se articulen no lo remedian

La argumentación utilizada desde la Consejería de Cultura aludiendo a los problemas de conservación del patrimonio cultural y la prioridad que éste tiene en la esencia identitaria de Asturias, en contraste con los nuevos proyectos culturales resultado de los últimos años, no es, precisamente, novedosa. Al contrario, es, básicamente, el hilo argumental que antes empleó el PP para tratar de deslucir la consecución –uno tras otro- de importantes logros en materia de nuevos centros culturales o para cuestionar la política dirigida a hacer de las iniciativas culturales motores de crecimiento. Además, no deja de ser un razonamiento cuestionable, porque reservar ciertos recursos para la promoción cultural y generar un marco institucional favorable a los emprendedores culturales, no significa necesariamente condenar al olvido al patrimonio histórico con el que contamos. Al contrario, las dos facetas de la política cultural están llamadas a ser complementarias, ya que concentrar el esfuerzo público exclusivamente en la conservación de aquello que se califique de histórico o autóctono y minusvalorar lo que las generaciones actuales o futuras de creadores tengan que aportar, no deja de ser una visión parcial sobre el papel de las Administraciones en esta materia

Aunque se pueda desmontar -como hace Juan Cueto- la falacia que comporta esa infeliz comparación, sí procede preguntarse por qué ha alcanzado un nivel nada despreciable de extensión en la opinión pública. Es verdad que los proyectos emprendidos en la década pasada en materia de promoción cultural necesitan un margen mayor –que es posible que ya no se les otorgue- para consolidarse y florecer. También es cierto que una parte de las continuas reclamaciones sobre el estado de elementos muy destacados de nuestro patrimonio monumental, etnográfico, arqueológico, etc. tiene una indudable justificación y hay ejemplos especialmente dolorosos. Pero conviene combatir algunos lugares comunes aceptados acríticamente en Asturias sobre esta cuestión en la refriega política: ni en los últimos años se ha abandonado el patrimonio histórico –ni mucho menos el Prerrománico, por más que haya situaciones deficientes- ni los proyectos más novedosos en materia de creación cultural han sido derrochadores o dirigidos a una minoría selecta. Otra cosa será el debate, mucho más razonable y útil, sobre el grado de desarrollo y aplicación de la Ley de Patrimonio Cultural de Asturias; sobre la utilización de las posibilidades que esta norma permite para conseguir que los titulares de los bienes de interés cultural o que forman parte del inventario de patrimonio cultural (muchos de ellos en manos privadas o de la Iglesia) cumplan con sus obligaciones en materia de conservación; sobre las posibilidades que ofrece nuestro rico patrimonio en materia de divulgación cultural y fomento del turismo; o sobre la inevitable limitación de las aportaciones públicas a las diferentes iniciativas culturales en tiempos de restricciones presupuestarias.

El problema, en definitiva, es que el debate parte viciado desde su origen, porque comparar –y oponer- la protección del patrimonio con los nuevos proyectos de creación cultural no es una posición que se formula gratuitamente, sino a la defensiva y con segundas intenciones, como demuestran los hechos. Y esto hay que decirlo así aunque la teoría provenga del muy respetable Consejero de Cultura, al que nadie deja de reconocerle que su preocupación por el patrimonio asturiano sea sentida y sincera, pero al que, en su campo, le está tocando ejercer de brazo ejecutor de una involución política en toda regla.

Publicado en La Voz de Asturias, 25 de octubre de 2011.

OBLIGADOS A ENTENDERSE Y A TOMAR DECISIONES

Estos días estamos asistiendo a una prueba de fuego para los grupos municipales en el Ayuntamiento de Oviedo, en el nuevo marco político surgido de las elecciones del pasado 22 de mayo, sin mayorías absolutas y con un gobierno local que no cuenta con apoyos suficientes en el Pleno para imponer su criterio. La disyuntiva para los concejales viene de la mano del proceso de aprobación de las Ordenanzas Fiscales para el próximo año, cuyo contenido es determinante para presupuestar los ingresos del ejercicio y, por lo tanto, para conocer los recursos con los que podrá contar la administración municipal para desarrollar sus políticas y costear los servicios públicos locales. La certeza de que el proyecto presentado por la Junta de Gobierno local puede ser sustancialmente modificado, introduce una dinámica desconocida en todos estos años de mandato del actual Alcalde, porque obliga al grupo mayoritario a negociar si quiere garantizarse la aprobación de las Ordenanzas y permite a los grupos de la oposición formular sus enmiendas con verdaderas opciones de que sean introducidas en el texto definitivo

Hasta ahora, el debate sobre las Ordenanzas Fiscales (y sobre tantas otras cosas) tenía únicamente el valor –que tampoco es desdeñable- de representar las diferentes posiciones en liza, desplegando un mayor o menor grado de destreza en la exposición de los argumentos y en la recolección de apoyo ciudadano, a sabiendas de cuál iba a ser el resultado final y el sentido del voto de cada uno. Ahora la cosa va mucho más en serio, porque de la decisión que cada grupo adopte dependerá la política fiscal local y, dentro del margen de decisión municipal, la exigencia de esfuerzo fiscal a los ciudadanos y el modo en el que se reparte esta carga. Todo éllo en un contexto endiabladamente difícil, en el que las administraciones públicas hacen frente a enormes dificultades para reducir su deuda –o al menos para no engordarla más-, en el que la precariedad de las políticas públicas está teniendo su efecto en las débiles expectativas de recuperación económica y en el que la gran mayoría de los ciudadanos encontrarían impedimentos significativos para aportar más recursos a través de los tributos.

Así las cosas, en este escenario lo que sobran son posiciones sostenidas en un contexto político y económico que no es el que vive ahora el Ayuntamiento de Oviedo. De nada servirá a los ciudadanos que los grupos municipales funcionen con el piloto automático y reproduzcan la dinámica de confrontación si el resultado es la imposibilidad de aprobar las Ordenanzas Fiscales para el próximo ejercicio, opción que incluso se ha dejado caer y que preludiaría una etapa de parálisis institucional municipal, con mayor sensación de desgobierno, si cabe. Al PP, como grupo mayoritario, no puede pasársele por cabeza la posibilidad de retirar el proyecto si éste sufre alteraciones de fondo en su trámite y, a la par, debería pensar seriamente en ofrecer posibilidades de acuerdo para introducir en lo posible las principales propuestas que le formulan los grupos de la oposición. En este frente, a su vez, debe primar la responsabilidad y no el oportunismo, porque por primera vez en mucho tiempo tienen la sartén por el mango y no es momento para la teatralidad o el vértigo, sino para demostrar responsabilidad y solvencia política. En este sentido, es alentadora la sólida posición que viene adoptando el Grupo Municipal Socialista, admitiendo –frente a las tentaciones demagógicas que otros manejan- que una política de congelación de tributos locales no resultaría seria y depararía importantes aprietos para la sostenibilidad de los servicios locales, planteando al mismo tiempo que cualquier incremento impositivo no debe superar por lo general el IPC y poniendo a su vez encima de la mesa objetivos prioritarios en el programa que el PSOE ha venido defendiendo en el Ayuntamiento desde mucho tiempo atrás: el control de los servicios privatizados y su coste, la utilización de la política fiscal local para incentivar la actividad económica y la distribución de la carga fiscal con criterios de justicia social.

El nuevo tiempo que se ha abierto en la vida política local es ciertamente interesante, pero también viene cargado de riesgos. De la capacidad de todos los representantes de los ovetenses para estar a la altura tendremos pruebas, en un sentido o en otro, en las semanas venideras.

Publicado en Oviedo Diario, 22 de octubre de 2011.

NO JUEGUEN CON LAS INSTITUCIONES

Cuando en normas de la trascendencia política del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias se recogen una serie de órganos en los que materializa la fisonomía del autogobierno y a los que se les encomiendan funciones determinantes para el buen desarrollo institucional de la Comunidad Autónoma, todos los que intervienen en la vida pública deberían guardar un cierto respeto a esas reglas comunes mientras permanezcan vigentes, se proponga o no su cambio para el futuro. Este imperativo de decencia y lógica política, exigible en los sistemas democráticos, va acompañado de una adicional demanda de coherencia a las personas que representan o aspiran a representar a las fuerzas políticas que han resultado decisivas en la conformación de esas reglas de juego

En la reforma estatutaria aprobada en 1999 se introdujo en la arquitectura institucional del Principado de Asturias la figura de la Sindicatura de Cuentas, con la pretensión de mejorar la eficacia y la dación de cuentas en la gestión económico-financiera de la Administración autonómica, los ayuntamientos, la Universidad y del sector público dependiente de dichas administraciones. El desarrollo legislativo de esta previsión, la puesta en marcha de este órgano auxiliar y los avatares vividos en los años en que ha venido funcionando, es indudable que hacen necesaria una reflexión sobre cómo mejorar el procedimiento de toma de decisiones y el funcionamiento de la Sindicatura, para que cumpla mejor sus objetivos. Sin duda, en las dificultades que se han hallado para esta tarea la carga de responsabilidad de los protagonistas, fuerzas políticas autonómicas y administraciones y entes fiscalizados es dispar, porque hay quien ha entendido desde el principio que el papel de la Sindicatura exige rigor, compromiso, transparencia, serenidad y normalidad en la relación institucional, y, por el contrario, tenemos en fechas recientes sobrados ejemplos (siendo el más significativo el ocurrido en torno a las posibles responsabilidades derivadas de la expropiación de Villa Magdalena) de desprecio a las pautas más elementales de lealtad institucional e incluso verdaderas campañas de acoso y derribo.

Una de las personas que integró el Consejo de la Sindicatura desde su constitución ahora pretende, sin haber finalizado su cometido en dicho órgano, acceder a la condición de Diputada en el Congreso, encabezando la lista del PP por Asturias en las próximas elecciones generales. A resultas de la forma en que en su momento se le propuso para la responsabilidad de Síndica, pese a las dudas razonables sobre su competencia en la materia que ocupa el trabajo de este órgano; y a resultas de lo que se ha podido conocer de su proceder en el seno de la Sindicatura en estos años (con aspavientos en las comparecencias parlamentarias del Síndico Mayor incluidos), este colofón a su desempeño en el órgano auxiliar es perfectamente adecuado a su trayectoria, así que desprevenidos no nos pilla. El problema es que, como han corroborado los servicios de la Junta General del Principado de Asturias (de la que depende la Sindicatura), aunque haya presentado un escrito de dimisión la Síndica en cuestión lo sigue siendo en funciones hasta que el Pleno de la Junta elija a los nuevos miembros de la Sindicatura, lo que es cierto que debería hacer cuanto antes, pero que requiere sus procedimientos y el apoyo de una mayoría cualificada que, en el actual escenario, no parece que fragüe fácilmente. Así las cosas, de ser elegida Diputada incurriría en un supuesto de incompatibilidad flagrante si quisiese tomar posesión de su acta mientras no se haya producido su relevo en la Sindicatura.

Paradojas procedimentales aparte, el problema reside en actitud inconsecuente e irrespetuosa que la candidata y su partido tienen hacia sus compromisos institucionales. No pueden desembarazarse así como así de las responsabilidades que han asumido, ni colocar a un órgano auxiliar de la relevancia de la Sindicatura de Cuentas en la circunstancia de excepción en la que, en perjuicio del interés general, la situarán. Así parecen entender el funcionamiento de nuestras instituciones, convirtiéndolas en rehenes de sus intereses.

Publicado en Oviedo Diario, 15 de octubre de 2011.

DESTRUYEN TODO LO QUE NO CONTROLAN

Si pese a las muestras dadas durante los primeros meses de mandato alguien albergaba aún alguna duda sobre cuál será el estilo de gobierno bajo la presidencia de Álvarez-Cascos, encontrará respuesta al interrogante analizando con un mínimo de detalle cuanto rodea a la decisión de cortar de raíz toda transferencia de recursos al Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias y provocar, por la vía de los hechos, el estrangulamiento de la RTPA. Con este Gobierno de nada sirve advertir que los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para este año, plenamente vigentes, contemplan la partida pendiente con la que el Ente habrá hecho sus previsiones de gasto para el ejercicio. Cae en saco roto toda invocación de los compromisos legítimamente asumidos con cargo a esas cantidades y de las responsabilidades que se pueden derivar de los incumplimientos contractuales a los que conducirá esta decisión. Tampoco parecen importar los planteamientos hechos por el resto de fuerzas políticas y por los propios órganos del Ente, que, tratando de evitar consecuencias indeseadas, han mostrado su disposición a ajustar de forma razonable las características de la RTPA a las circunstancias actuales de las cuentas públicas. La determinación de asfixiar a la RTPA hasta hacerla fenecer o hasta deteriorarla irreversiblemente parece estar tomada, sean las que sean las repercusiones para el empleo, para el tejido productivo audiovisual, para las propias empresas públicas dependientes de Ente (Radio, Televisión y Productora de Programas) y, en última instancia, para la propia Administración autonómica de la que depende. Que este proceder se lleve a cabo sin medir las consecuencias jurídicas, económicas y sociales y sin proponer las reformas necesarias en la Ley de Medios de Comunicación Social para poner encima de la mesa sus propósitos en la materia, son muestra de una irresponsabilidad desconocida en el actuar de un gobierno autonómico en Asturias.

La discusión de fondo sobre si Asturias necesita o no una radio y una televisión pública de titularidad autonómica ya tuvo lugar durante largos años y estaba completamente superada. La relativa demora de nuestra Comunidad en la incorporación al proceso de creación de medios de comunicación públicos permitió, como ventajosa contrapartida, que en el diseño del modelo institucional se remarcase la necesidad de acuerdos amplios en los que el parlamento asturiano tuviese un papel central (requiriéndose mayorías cualificadas para la elección del Consejo de Administración y del Director General del Ente), o que se aprendiese de los errores cometidos en otras Comunidades en cuanto a gestión, gasto y contenidos. En este sentido, la RTPA tiene poco que ver con los ejemplos más negativos de televisiones y radios de otras Comunidades Autónomas, tanto en el consumo de recursos públicos como en la programación y, en definitiva, en el cumplimiento de su función de servicio público. El hecho de que en los últimos años el funcionamiento de la RTPA estuviese fuera de la controversia política tiene mucho que ver con las sólidas bases sobre las que se puso en marcha este proyecto y con el buen hacer general de directivos y profesionales. Como resultado, la RTPA ha tenido una favorable acogida por la audiencia, ha contribuido a que los asturianos conozcan mejor su Comunidad, ha favorecido notablemente la divulgación y el tratamiento de nuestras inquietudes y problemas colectivos, ha permitido un mayor acercamiento de los ciudadanos a la vida política y social de su tierra y ha mejorado sustancialmente la consideración de la lengua asturiana y la cultura tradicional. Y lo ha hecho sin representar -ni mucho menos- una sangría económica, ganándose prestigio social y respeto institucional, incentivando el crecimiento de la industria audiovisual asturiana, compensando la devastadora crisis de las televisiones locales y generando centenares de puestos de trabajo –la mayor parte para jóvenes profesionales- que ahora están en severo riesgo.

Por otra parte, cuando del debate sobre medios de comunicación públicos se trata, conviene hacer un poco de memoria y recordar que Álvarez-Cascos tiene en su hoja de servicios como Vicepresidente de España entre 1996 y 2000 el dudoso honor de haber impulsado decisivamente el deterioro vivido por RTVE en ese periodo, lanzándola por la pendiente del descrédito y la utilización partidista desde los tiempos en que puso en la Dirección del Ente estatal al Diputado del PP (que lo sigue siendo) Fernando López-Amor. El final de aquel nefasto modelo de gestión lo tuvimos bien representado con Alfredo Urdaci y su gloriosa referencia a C-C-O-O y, en lo económico, con la multimillonaria deuda que el Gobierno del PSOE tuvo que enjugar a partir de 2004 a la par que rescataba a RTVE de la indignidad en que, tanto en contenidos como en uso sectario, se encontraba postergada. Esas son las credenciales de nuestro Presidente autonómico en la materia.

Para ahogar económicamente a la RTPA el Gobierno asturiano se escuda en el necesario establecimiento de un orden de prioridades, sobre el que habría mucho que decir a tenor de las falacias a las que recurren en su defensa, empezando por la sesgada contraposición con el gasto sanitario. No obstante, sí cabe reconocer que el Gobierno sigue su prelación de objetivos, porque en la parte superior de su agenda oculta se encuentra, desde el primer momento, destruir todo aquello que, por las circunstancias que sea o el marco legal aplicable, no puede manipular a su antojo y para sus propios intereses partidarios.

Publicado en La Voz de Asturias, 11 de octubre de 2011.

EL SUICIDIO DE LA CLASE MEDIA

Es un lugar común la teoría de que la existencia de una clase media sólida y numerosa contribuye a la estabilidad social y a la moderación política. La frase, tan del gusto conservador y habitualmente repetida, no deja de ser una verdad a medias, empezando por la utilización de un término ambiguo como el de “clase media”, basado sólo en la capacidad de disponer de cierto nivel de renta o riqueza –sin escrutar su origen- y categoría en el que casi todos se encuadran a sí mismos, unos pocos por falsa modestia y otros muchos para no considerarse –por contraposición, dadas las connotaciones- clase baja. Además, conviene constatar que no siempre las posiciones del sector al que así se etiqueta tienden a la centralidad y que, por otra parte, la supuesta reticencia a los cambios intensos no es necesariamente positiva en toda circunstancia.
No obstante, si concedemos una parte de razón a la premisa que atribuye a la llamada clase media una particular prudencia y a su predominancia un efecto vertebrador, algunas de las tendencias sociales ascendentes en los últimos tiempos y que se reflejan en las posiciones políticas mayoritarias en su seno merecerían un análisis profundo sobre su origen y sobre el contraproducente efecto que tienen para muchas de las personas encuadradas en este sector. Ya antes de estos años de crisis económica muchos de los que cuentan o contaban con un trabajo y cuyas aspiraciones se alineaban con la aurea mediocritas del bienestar material medio, ni siquiera podían alcanzarlo o mantenerse en él sin acudir al letal sobreendeudamiento. Más aún, como resultado de la precariedad laboral y del incremento del coste de algunos bienes y servicios primordiales, algunas personas se encontraban con riesgos económicos y sociales serios incluso teniendo trabajo, además de hallarse con la frustración de sentir bien lejos El Dorado del deseado hiperconsumismo. Ni qué decir tiene que la crisis económica en curso ha agravado esta dinámica, primero porque son muchos menos los que tienen un empleo; segundo, porque muchos de los que lo tienen ven ahora como un objetivo razonable el mileurismo antes denostado; y tercero, porque, pese a alguna reflexión aislada sobre los artificios del materialismo, inevitablemente el patrón que sigue imperando es el que equipara la realización humana con el sueño de tener casa, coche y toda suerte de gadgets tecnológicos.

Así las cosas, es curioso que una parte muy significativa de las clases medias, arrastradas por las corrientes dominantes, se estén dejando convencer de que no va con ellas la defensa de los servicios públicos, la reclamación de una fiscalidad progresiva o la existencia de poderes estatales con alguna posibilidad de intervención sustancial en la realidad económica. Mientras muchas personas que se consideran en el estrato medio de la sociedad empiezan a tener dificultades graves para mantener su actual nivel, a la vez saludan los planteamientos en boga dirigidos a arrinconar lo público y a sacar de toda agenda política asuntos elementales como la redistribución de la riqueza. Como si contar con un sistema educativo, sanitario y de servicios sociales con un estándar de calidad solvente y que no queden arrinconados a un papel subsidiario (reservado para quien no pueda proveerse de estos bienes en el mercado) no resultase de interés capital para la clase media llamada a beneficiarse de ellos. Como si fuese inocuo para sus bolsillos y para sus proyectos vitales tender a un futuro en el que garantizar la formación, la salud o la protección exija multiplicar gastos que en muchos casos esos mismos ciudadanos con un nivel económico medio no podrán sufragar. Como si tragarse una doctrina contraria a una fiscalidad más justa (véanse algunas reacciones recientes a la recuperación práctica del Impuesto sobre el Patrimonio) no significase a la larga un perjuicio para su propia posición, si el sistema tributario sigue cargando las espaldas en las rentas del trabajo y en los impuestos indirectos.

Estos tiempos de crisis nos deparan numerosas paradojas que no son precisamente inocentes casualidades. Porque en toda crisis, con su correlato político, hay ganadores y perdedores. Y en ocasiones estos últimos ponen las cosas más fáciles para resultar damnificados.

Publicado en Fusión Asturias, octubre de 2011.

INDOLENCIA ANTE LA CRUELDAD REPETIDA

Las personas que nos dedicamos a cualquier profesión jurídica sabemos que, detrás de la inevitable terminología y la abundante profusión de trámites y procedimientos se esconde una realidad, en ocasiones dramática, en la que están en juego derechos que pueden ser vulnerados si no se obtiene la debida protección otorgada por juzgados y tribunales. Efectivamente, una de las características determinantes que definen el grado de desarrollo de una sociedad es la capacidad de articular un sistema de justicia avanzado que permita restaurar a los ciudadanos en sus derechos, que posibilite la impartición de justica sobre bases racionales y que preserve en su acción unos estándares y garantías elementales. En materia penal, probablemente el ámbito llamado a suscitar debates públicos más intensos, si observamos en perspectiva parece sencillo contrastar las características elementales de nuestro sistema actual –por muchas deficiencias que legítimamente se detecten- con un pasado relativamente reciente en el que la impiedad del tratamiento, la indefensión del justiciable y la desproporción de las penas eran norma común. Sin necesidad de acudir a sesudos estudios, se puede comprobar esta afirmación con una visita a los espacios conservados de la antigua cárcel modelo de Oviedo, en el edificio felizmente recuperado como Archivo Histórico de Asturias.

Esta evolución, al igual que otros aspectos del progreso, cuenta, no obstante, con fuertes detractores, episodios de regresión y obstáculos que no son sólo producto de atavismos, sino también fruto indeseado de nuestra propia condición. Así sucede, entre otras situaciones, cuando el afán de justicia se transmuta en deseo de venganza, cuando el encargado de impartir justicia o dirigir el proceso se erige en imprudente justiciero, o cuando ante la conmoción y el repudio que causa la violencia se responde desde el populismo punitivo y el aprovechamiento partidario del dolor ajeno. También se produce cuando no se reacciona con suficiente contundencia ante el recurso por algunos Estados a medidas brutales y degradantes en esencia, la más extrema de las cuales es la aplicación de la pena de muerte.

El pasado 21 de septiembre se produjo en la cárcel de Jackson, en el Estado de Georgia, un terrible ejemplo que atestigua las dificultades que encuentran concepciones humanitarias de la justicia para abrirse paso en países tan destacados como EEUU. La ejecución de Troy Davis, de 42 años, al que se le aplicó la inyección letal tras una última suspensión de la ejecución de la condena de apenas unas horas, y en cuyo proceso de nada ha servido evidenciar la endeblez de las pruebas en su contra (ninguna prueba física, ni el arma empleada y sólo testimonios de dudosa obtención, con numerosas retractaciones), tuvo lugar entre numerosos llamamientos a la clemencia, la continúa defensa de su inocencia por su parte (incluyendo sus últimas palabras) y –no sobra recordarlo- la encolerizada satisfacción de los familiares del agente por cuyo asesinato fue condenado. Nuevamente ha caído en saco roto la demostración de la inhumanidad del castigo y su fatídica irreversibilidad; tampoco ha servido subrayar que ya van 1.269 ejecuciones en EEUU desde el restablecimiento de la pena capital en 1976 o destacar que la utilización de este castigo deslegitima cualquier pretensión de liderazgo de EEUU y lo sitúa en consonancia con países en los que el respeto a los Derechos Humanos brilla por su ausencia, como China, Irán o Arabia Saudí. Apenas parece impactar en la opinión pública norteamericana la constatación de la aplicación discriminatoria de la pena frente a minorías y personas sin recursos; o la reiterada detección de casos de condenados cuya culpabilidad se pone en duda, como recuerda la ONG Testigos para la Inocencia –fundada por la monja Helen Prejean- al recordar que desde la restauración de la pena capital se ha acreditado que al menos 8 de los ejecutados eran inocentes. Pese a todo, y aún con algún esperanzador retroceso en los últimos años, la pena de muerte sigue vigente en 35 de 50 Estados, con un apoyo popular del 65% y con algunos de sus adalides políticos entre los aspirantes republicanos con mayores posibilidades de obtener la candidatura a la Presidencia de EEUU, como es el caso del gobernador tejano Rick Perry. Es igualmente significativo, cuando de analizar la confianza en el sistema judicial se trata, que en torno a un 10% de las ejecuciones llevadas a cabo desde la restauración del castigo se produjeron tras desistir los condenados a las vías de recurso disponibles, aunque el resultado de tal decisión fuese, con mayor o menor dilación, la ejecución.

Casi tan revelador como la persistencia de este atroz anacronismo en EEUU es, sin embargo, la tenue reacción del resto del mundo, gobiernos incluidos, acostumbrados a lo que aparentemente consideran meros excesos, cuando no dejan de ser asesinatos con cobertura legal. Aunque resulte incómodo en esta clase de circunstancias, el carácter y la energía de nuestras respuestas también nos define.

Publicado en La Voz de Asturias, 27 de septiembre de 2011.

DESENLACE PREVISIBLE EN LA “OPERACIÓN DE LOS PALACIOS”

No era necesario ser Nostradamus para anticipar que la llamada operación de los Palacios, que ejemplifica un modelo de gestión local fracasado y que marcó buena parte del debate político municipal en la pasada década, iba a acabar como el rosario de la aurora. Un repaso a la hemeroteca nos permite analizar el cúmulo de despropósitos, incapacidades, apaños, compadreos indecorosos y desprecios al interés público que han jalonado este largo proceso desde que se anunció la utilización de un contrato de concesión de obra pública para la construcción de un Palacio de Congresos y Exposiciones en Buenavista y un Palacio de las Artes en el Vasco, hasta el momento actual, en el que nos aproximamos al punto de destino de esta pequeña historia local plagada de miserias.

Aunque trate de mirarse con indulgencia, el balance de la operación es desolador. En la parcela del antiguo estadio Carlos Tartiere la ciudad cuenta con un edificio envejecido prematuramente y que no goza precisamente del favor popular. Para el común de los mortales y para los entendidos –salvo para algunos iluminados o interesados- todo lo imponente del complejo se diluye al chocar brutalmente con el entorno y al perder la originalidad, porque contar con un edificio firmado por Calatrava ya no es rasgo exclusivo de ciudades selectas. Por si fuera poco, contemplamos como el proceso de construcción ha deparado un mar de pleitos que, al menos, nos permiten conocer la temeridad generalizada en el proceder de muchos de los implicados en este proyecto. El resultado global no ha quedado marcado por el fulgor del blanco Calatrava sino por el velo de desatinos que lo rodea, por un una visera inmóvil, un sistema hidráulico para erguirla que hasta ahora es inútil, un diseño flagrantemente antifuncional, unos elementos decorativos exteriores que no pasaron del dibujo, unos edificios administrativos anexos que desagradan a funcionarios y usuarios, un centro comercial con un buen número de locales vacíos y, en suma, por una desdichada aventura que nos ha legado un recinto de congresos privatizado pero incapaz de funcionar sin la respiración asistida de las –cada vez más insostenibles- subvenciones públicas y unas oficinas laterales que sólo pudieron salir adelante con su adquisición por la Administración.

En la parcela del Vasco nos encontramos con una versión corregida y aumentada del asalto al interés público que ha predominado en la operación. Cualquier ciudadano informado y consciente no podrá evitar rechinar los dientes al pasar por la acera de la calle Víctor Chavarri (la única que no lleva años ocupada por la obra) y comprobar como en un suelo que era de titularidad pública y que estaba destinado a dar servicio a todos los ciudadanos con nuevos equipamientos acaba convertido en suelo residencial privado en el que se están construyendo, a buen ritmo, lo único que algunos son capaces de hacer con rapidez: pisos (que en este caso no serán viviendas protegidas, precisamente). Ahí está el valor añadido aportado a la mejor parcela disponible del centro de la ciudad, que se escurrió del patrimonio municipal sin contraprestación equivalente por su enajenación y sin que ya nadie se acuerde de hacer valer los compromisos de la relación contractual entre el Ayuntamiento y empresa beneficiaria.

Es cierto que los ciudadanos estábamos avisados y que no fuimos capaces de generar, colectivamente, la presión adecuada para revertir la peligrosa tendencia. Desde el primer momento algunas voces advirtieron de los riesgos que comportaba el modelo de gestión que concentraba en un mismo contrato las actuaciones del Vasco y Buenavista. Cuando todo eran parabienes al espíritu emprendedor de quien asumía este reto desde el sector privado, una minoría política y social de esta ciudad nos empeñamos en resaltar los peligros para el interés público que acechaban y que se fueron confirmando con las modificaciones del contrato –hasta hacerlo irreconocible-, la disminución de los bienes que quedarían bajo titularidad municipal, la engañosa enajenación de la parcela del Vasco y el fracaso de los sucesivos proyectos para ésta.

Que ahora, tanto el interés público local como el de la empresa que acometió este proyecto se resientan severamente por una operación que está resultando económica y socialmente ruinosa, no es ninguna sorpresa y no cabe sólo imputarlo al contexto de crisis. Que el tiempo nos esté dando la razón a los escépticos con esta operación tampoco es ningún consuelo.

Publicado en Oviedo Diario, 1 de octubre de 2011.

REDUCCIÓN DE ÓRGANOS PÚBLICOS Y SEGUNDAS INTENCIONES

Las elecciones autonómicas del pasado 22 de mayo han dado paso, en las 13 comunidades en las se celebraron, a la constitución de nuevos gobiernos y la reestructuración en la organización de éstos y, por extensión, de la propia administración que dirigirán. Es frecuente que, ante el nuevo mandato, cada gobierno, se adscriba o no al mismo signo político que el anterior y tenga o no el mismo presidente, introduzca diferentes cambios de carácter organizativo. La particularidad en este caso es la significativa tendencia general, iniciada hace unos años al calor de las medidas de minoración del gasto público, orientada a la reducción de su estructura y del número de los diferentes departamentos, tanto en lo que se refiere a las propias consejerías como a otros órganos de segundo nivel ejecutivo. A esto se unen diferentes propuestas destinadas a adelgazar la administración institucional y el sector público dependiente de cada comunidad, suprimiendo o fusionando entes de diversa tipología. En este proceso, la posición más destacada en los últimos tiempos ha sido la de la nueva Presidenta de Castilla-La Mancha que, pese a haber defendido meses atrás un fallido proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía en el que se elevaba de categoría a determinados órganos complementarios, ahora quiere –según anunció en su discurso de investidura- fulminar por la vía rápida algunos que, además, tienen un cometido de control del poder ejecutivo o de protección de derechos de los ciudadanos.

El debate no ha sido ajeno al Principado de Asturias, si bien con la destacable singularidad de nuestra Comunidad, en la que las dimensiones de la Administración y su sector público no han alcanzado el volumen de otras comunidades, con lo que cualquier formulación que quiera hacerse al respecto, si aspira a ser mínimamente rigurosa, tendrá que partir de la consideración de esta realidad. Claro que puede haber margen para analizar, con el detalle necesario, si es posible simplificar o racionalizar las características de nuestra Administración autonómica y si cabe, en términos de funcionalidad y eficiencia, introducir modificaciones organizativas. Pero cifrar cualquier cambio exclusivamente en clave de reducción –por sistema- de órganos administrativos y entes públicos puede acabar convirtiéndose en un argumento falaz e interesado. Por un lado, porque las competencias que corresponden al Principado de Asturias, desde la reforma estatutaria de 1999 y el intenso desarrollo de ésta durante la década pasada, sitúan a los poderes autonómicos ante la obligación de facilitar, a través de los instrumentos adecuados, numerosos servicios de excepcional importancia para los ciudadanos, con importantes márgenes para la toma de decisiones. Por otro lado, porque es perfectamente razonable que, de forma pareja a la profundización en el autogobierno, se haya hecho más amplia y compleja la realidad institucional autonómica, en la que los órganos auxiliares (Consejo Consultivo, Sindicatura de Cuentas, y en otro nivel, la Procuradoría General) y los órganos asesores de diversa naturaleza (empezando por el Consejo Económico y Social) tienen importantes responsabilidades para mejorar el funcionamiento del conjunto de nuestras instituciones. Y, finalmente, porque detrás de la propensión a reivindicar permanentemente la reducción de los órganos públicos –como si esta posibilidad de rebaja fuese infinita- se encuentra muchas veces la intención de mermar la capacidad de incidencia de las propias políticas públicas, que ya cuentan en la actualidad con enormes dificultades para subsistir ante la oleada neoliberal en la que los espacios, valores y bienes colectivos también se ven disminuidos.

Quizá, antes de continuar esta llamativa competición de propuestas destinadas a llevar a la insignificancia a los poderes públicos o, peor aún, a reducir a lo anecdótico los instrumentos de participación ciudadana y control en la arquitectura de las comunidades autónomas, convenga comenzar el escrutinio sobre las características de las instituciones empezando por analizar sus cometidos, constatando la necesidad de perfeccionamiento de un sistema descentralizado pendiente de consolidación en muchos aspectos y, sobre todo, subrayando la importancia que, precisamente en este momento, tiene salvaguardar los bienes y servicios cuya provisión es responsabilidad de los poderes públicos autonómicos.

Publicado en Fusión Asturias, agosto de 2011.