LA RESPUESTA DEBIDA

Es una simplificación corriente afirmar que el electorado siempre acierta cuando emite su voto mayoritariamente en un determinado sentido, frase muy al uso del lenguaje postelectoral políticamente correcto. Cada resultado electoral es fruto del momento, de las circunstancias en las que vive la ciudadanía, del orden de prioridades que selecciona, de la fortaleza de las opciones concurrentes o de la capacidad de influencia que tengan los diferentes estímulos a los que estamos sometidos a la hora de decidir. Digamos que el sentido del voto mayoritario es perfectamente comprensible, tiene sus explicaciones políticas y sociológicas y, ante todo, tiene que ser inmediatamente acatado por las opciones derrotadas, a las que, en el sistema democrático, les resulta exigible un grado singular de responsabilidad cuando les corresponde retirarse del poder institucional porque así lo ha decidido la mayoría. Pero afirmar el acierto de la mayoría sencillamente porque lo es, significa paralelamente (lo que sin embargo no se dice) calificar de error el sentido del voto de las minorías y no es en términos de corrección o incorrección como se debe analizar la orientación de cada voto con los resultados definitivos en la mano.

Yo que estoy entre el 55% de votantes que no apoyé al PP, no creo que mi voto haya sido desacertado porque no confluya con el de los 10,8 millones que sí lo hicieron y que, traducido en escaños, le han otorgado la legítima mayoría absoluta en las Cortes Generales. Tampoco creo que haya que situarse en la resignación y agachar las orejas, como si, a resultas del varapalo, no hubiese cosas que reivindicar, alto y claro, de la gestión y de las aportaciones más positivas de los gobiernos del PSOE en España en este último periodo: la extensión de derechos civiles, las políticas de igualdad, la defensa de los servicios públicos, el incremento de las pensiones mínimas, la subida del Salario Mínimo Interprofesional, la radical regeneración de RTVE, la Ley de Atención a la Dependencia, la actitud dialogante y respetuosa con la discrepancia, el intento de tender puentes entre las diferentes posiciones sobre el modelo de Estado, el rechazo a tentaciones populistas tan en boga en materia de seguridad o inmigración, etc. Avances que sería imperdonable no reclamar como conquistas conjuntas que no conviene perder y que aquellos que dieron su apoyo a los socialistas en 2004 y 2008 pueden considerar como consecuencia de su respaldo.

Otra cosa bien diferente es que, se mire como se mire, cuando un resultado electoral es tan concluyente como el de las elecciones del pasado 20 de noviembre, entre las causas del vuelco en las preferencias de los ciudadanos sin duda se encuentra el distanciamiento con la opción que ha perdido el respaldo y la desconfianza con el Gobierno que sustentaba. Por supuesto que el contexto de crisis tiene mucho que ver en el desenlace y el Gobierno de España no ha sido el primero (ni será el último, vistas las perspectivas) al que los acontecimientos han superado. Pero lo que toca es no minimizar las dimensiones del correctivo aplicado por los 4,3 millones de votantes que han retirado su apoyo al PSOE y, en consecuencia, no instalarse en la retórica vacua que apela al cambio cuando aparentemente sólo muestra disposición a aplicar modificaciones superficiales y temerosas. Con menos del 30% del apoyo, sin responsabilidades institucionales significativas, con la credibilidad bajo mínimos y sin la seguridad de que haya tocado fondo, para demostrar que el PSOE es un partido con vocación de alternativa y capacidad de respuesta ante las circunstancias, en el proceso que ahora se abre no servirán los paños calientes. No se trata de romper amarras con el pasado ni de poner patas arriba todo porque sí. Pero o se capta el mensaje del electorado o se corre el riesgo de que la desconexión con la mayoría social a la que se pretende representar se agrave aún más.

Publicado en Oviedo Diario, 3 de diciembre de 2011.

RENOVARSE O MORIR

Después de la derrota electoral del 20 de noviembre en el PSOE es tiempo de análisis pero también de respuesta rápida, porque las circunstancias actuales, en una crisis económica aguda a la que se ha añadido un cuestionamiento directo de las atribuciones y facultades de los poderes públicos, hacen necesario que los partidos políticos que aspiren a ser representativos de la mayoría tengan capacidad de reacción inmediata. Anteuna realidad repleta de incertidumbres, con cambios sustanciales de perspectivas en cuestión de semanas, con previsiones sobre la prolongación e intensidad de la crisis que resultan prematuramente fallidas y, sobre todo, con un impacto social cada vez más fuerte que condiciona decisivamente la vida de la mayor parte de los ciudadanos, o se demuestra aptitud para tener un discurso sólido y coherencia en su defensa o se corre el riesgo de ser arrastrado por el torrente.

La crisis se está llevando por delante muchas cosas que dábamos por seguras y si las fuerzas políticas y sociales progresistas no demuestran disposición y competencia para recuperarse, los valores que defienden pueden ser arrinconados en el orden de prioridades que día a día los ciudadanos eligen con sus decisiones. Sin partidos políticos de izquierda con posibilidades de constituir alternativas, sin sindicatos representativos con opciones de incidir positivamente en la dinámica de las relaciones laborales y sin movimientos sociales con influencia sobre la agenda de las instituciones, no será posible ni la reivindicación de lo público, ni la garantía de unos estándares de igualdad real elemental, ni el respeto a las minorías, ni el control de las corrientes del mercado, ni la primacía de las decisiones democráticas sobre las urgencias financieras.

Por eso es imprescindible que el PSOE sea consciente del titánico reto que afronta para digerir la pérdida masiva de confianza que ha padecido. El riesgo de instalarse en el declive existe si a las razonables apelaciones a la calma y la necesaria responsabilidad no se acompaña una profunda revisión de planteamientos, actitudes y formas de hacer política. Aunque es verdad que el escenario de volatilidad no sólo se da en los mercados y que el otorgamiento y retirada de confianza también se produce con rapidez en la relación de los ciudadanos con sus representantes, no se puede aguardar a que el efecto de la prolongada crisis y la impopularidad de las medidas que vaya a adoptar el PP permitan un futuro cambio de tendencia. Por un lado, porque significaría renunciar a desentrañar las causas de la pérdida de credibilidad experimentada por el PSOE y no sería leal con los votantes actuales y potenciales que desean un partido vivo y despierto. Por otro lado, porque el PP acumula tal magnitud de resortes de poder –no sólo institucional- que puede asumir un coste mucho más elevado en su gestión. Y, finalmente, porque sería una posición cicatera confiar en la tendencia (por otra parte no siempre segura) a la alternancia bipartidista del sistema electoral, aguardando pacientemente el turno a tiempos electorales más propicios, si es que vienen.

Al contrario, habrá que preguntarse por qué el PSOE tiene importantes dificultades para conectar con los sectores a los que sus políticas pretenden beneficiar y que constituyen la mayoría social de este país: los jóvenes que desconfían del sistema de representación conducidos al escepticismo por la falta de oportunidades; los trabajadores que hacen frente a la precariedad, pero que no pierden su deseo de progresar profesionalmente y están dispuestos a la movilidad y al esfuerzo; los desempleados que prefieren una oportunidad laboral antes que una prestación (aunque defender la protección social sea imprescindible); las personas mayores que reclaman seguridad pero que sobre todo desean que sus descendientes no pasen penalidades; los funcionarios que pierden su confianza en el propio sistema de servicios públicos al que sirven; los autónomos y pequeños empresarios que quieren que la dinámica de la responsabilidad –la que asumen emprendiendo y arriesgando- no vaya a contracorriente de la extendida resignación. Y habrá que advertir, además, que la pérdida de influencia social y de afiliación tiene que ver, sin duda, con las insuficientes facultades de decisión y los limitados espacios de participación que se reservan para aquellos que conforman las bases del PSOE, un partido cuyos militantes desean legítimamente que su opinión cuente y que se recupere el dinamismo político.

Publicado en La Voz de Asturias, 22 de noviembre de 2011.

¿ADÓNDE VA LA POLÍTICA PENAL DEL PP?

De las pocas cosas que lleva planteando el PP con claridad desde las semanas previas a la campaña electoral en curso, una de ellas es su propuesta de endurecimiento del Código Penal, de introducción de la cadena perpetua entre los castigos aplicables en España y de supresión de las penas alternativas a la prisión, que quedaría reducida, junto a la multa, a las sanciones penales a imponer.

Nadie discute que el sistema penal necesita someterse a permanente análisis para acomodarse a la cambiante realidad de la criminalidad y de los conflictos que tienen reflejo en hechos delictivos. Es verdad que, inevitablemente, muchas de las decisiones que el legislador adopte y los jueces apliquen resultarán insatisfactorias para una parte de la sociedad. En particular, es evidente que, históricamente, existen importantes carencias en la reparación a la víctima y a la sociedad que resulta perjudicada por la comisión de un delito o una falta. Pero a la hora de poner en cuestión el sistema de penas que se contempla en nuestra legislación y, en general, la respuesta que se da a la criminalidad, conviene actuar con prudencia y moderación.

Una de las aportaciones que proviene de la Ilustración e impregna la justicia democrática es la necesidad de humanizar el tratamiento al reo, perseguir la reinserción como objetivo, tomar en cuenta las consideraciones sociales que inciden en las conductas delictivas y evitar que el Estado aplique castigos que renuncien a estos principios. En un sentido opuesto en lo sustancial van las propuestas que el PP pone encima de la mesa. La cadena perpetua, aunque sea revisable, significa admitir la posibilidad del encarcelamiento vitalicio a una persona, lleva en su esencia el deseo de anular en su totalidad la posibilidad de recuperarla para la vida social, genera dudas sobre la discriminación en su aplicación y, lo que es peor, contiene la semilla de un derecho penal cuya orientación poco tiene que ver con el modelo que nuestra Constitución invoca, partidaria de la reeducación y la reinserción. Al mismo tiempo, renunciar al desarrollo y aplicación de otras penas distintas a la prisión significaría acrecentar inexplicablemente la disparidad ya existente en España, que, con un índice de criminalidad menor que otros países de nuestro entorno, tiene una población penitenciaria más elevada en términos relativos, cuando, a pesar de los avances sustanciales conseguidos en los últimos años en medidas educativas en el sistema penitenciario (con ejemplos virtuosos como el de las Unidades Terapéuticas y Educativas), continúa existiendo un fundado escepticismo sobre el efecto de las medidas de prisión en el proceso de reinserción.

Subidos a la ola del populismo punitivo y tratando de aprovechar la conmoción generada por algunos casos concretos que todos tenemos en mente, el PP lleva en los últimos años atizando las pasiones que –como es comprensible- vienen asociadas a los episodios de la crónica negra. Ahora da un paso más, pasa del globo sonda al compromiso escrito e incluye en su programa electoral la inclusión de la pena de prisión permanente revisable, bajo el perceptible impulso de Federico Trillo, responsable del PP en materia de justicia y potencial ministrable. Se trata del mismo que lleva erigiéndose en defensor de castigos penales más severos frente a lo que el PP suele denominar “delitos que crean un particular clima de inseguridad” (caracterización sobre la que habría mucho hablar), al tiempo que se ha destacado por urdir estrategias destinadas a exonerar a los representantes del PP implicados en la trama Gürtel, con inaceptables presiones a la judicatura incluidas; el mismo que demostró su incapacidad para asumir responsabilidades en asuntos tan sensibles y dolorosos como el derivado del accidente del YAK 42, la cafetera volante en la que hallaron la muerte 62 militares españoles el 26 de mayo de 2003; y el mismo que descalificó a los familiares de las víctimas por exigir que se investigase el accidente y el posterior desastre de las apresuradas y erróneas identificaciones de los cuerpos de los fallecidos. Con esa autoridad moral y esa hoja de servicios, lidera la orientación de la política penal del PP, que lleva camino de adquirir el mismo tono sensacionalista y retrógrado que acompaña a su inspirador.

Publicado en La Voz de Asturias, 8 de noviembre de 2011.

NO JUEGUEN CON LAS INSTITUCIONES

Cuando en normas de la trascendencia política del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias se recogen una serie de órganos en los que materializa la fisonomía del autogobierno y a los que se les encomiendan funciones determinantes para el buen desarrollo institucional de la Comunidad Autónoma, todos los que intervienen en la vida pública deberían guardar un cierto respeto a esas reglas comunes mientras permanezcan vigentes, se proponga o no su cambio para el futuro. Este imperativo de decencia y lógica política, exigible en los sistemas democráticos, va acompañado de una adicional demanda de coherencia a las personas que representan o aspiran a representar a las fuerzas políticas que han resultado decisivas en la conformación de esas reglas de juego

En la reforma estatutaria aprobada en 1999 se introdujo en la arquitectura institucional del Principado de Asturias la figura de la Sindicatura de Cuentas, con la pretensión de mejorar la eficacia y la dación de cuentas en la gestión económico-financiera de la Administración autonómica, los ayuntamientos, la Universidad y del sector público dependiente de dichas administraciones. El desarrollo legislativo de esta previsión, la puesta en marcha de este órgano auxiliar y los avatares vividos en los años en que ha venido funcionando, es indudable que hacen necesaria una reflexión sobre cómo mejorar el procedimiento de toma de decisiones y el funcionamiento de la Sindicatura, para que cumpla mejor sus objetivos. Sin duda, en las dificultades que se han hallado para esta tarea la carga de responsabilidad de los protagonistas, fuerzas políticas autonómicas y administraciones y entes fiscalizados es dispar, porque hay quien ha entendido desde el principio que el papel de la Sindicatura exige rigor, compromiso, transparencia, serenidad y normalidad en la relación institucional, y, por el contrario, tenemos en fechas recientes sobrados ejemplos (siendo el más significativo el ocurrido en torno a las posibles responsabilidades derivadas de la expropiación de Villa Magdalena) de desprecio a las pautas más elementales de lealtad institucional e incluso verdaderas campañas de acoso y derribo.

Una de las personas que integró el Consejo de la Sindicatura desde su constitución ahora pretende, sin haber finalizado su cometido en dicho órgano, acceder a la condición de Diputada en el Congreso, encabezando la lista del PP por Asturias en las próximas elecciones generales. A resultas de la forma en que en su momento se le propuso para la responsabilidad de Síndica, pese a las dudas razonables sobre su competencia en la materia que ocupa el trabajo de este órgano; y a resultas de lo que se ha podido conocer de su proceder en el seno de la Sindicatura en estos años (con aspavientos en las comparecencias parlamentarias del Síndico Mayor incluidos), este colofón a su desempeño en el órgano auxiliar es perfectamente adecuado a su trayectoria, así que desprevenidos no nos pilla. El problema es que, como han corroborado los servicios de la Junta General del Principado de Asturias (de la que depende la Sindicatura), aunque haya presentado un escrito de dimisión la Síndica en cuestión lo sigue siendo en funciones hasta que el Pleno de la Junta elija a los nuevos miembros de la Sindicatura, lo que es cierto que debería hacer cuanto antes, pero que requiere sus procedimientos y el apoyo de una mayoría cualificada que, en el actual escenario, no parece que fragüe fácilmente. Así las cosas, de ser elegida Diputada incurriría en un supuesto de incompatibilidad flagrante si quisiese tomar posesión de su acta mientras no se haya producido su relevo en la Sindicatura.

Paradojas procedimentales aparte, el problema reside en actitud inconsecuente e irrespetuosa que la candidata y su partido tienen hacia sus compromisos institucionales. No pueden desembarazarse así como así de las responsabilidades que han asumido, ni colocar a un órgano auxiliar de la relevancia de la Sindicatura de Cuentas en la circunstancia de excepción en la que, en perjuicio del interés general, la situarán. Así parecen entender el funcionamiento de nuestras instituciones, convirtiéndolas en rehenes de sus intereses.

Publicado en Oviedo Diario, 15 de octubre de 2011.