NO JUEGUEN CON LAS INSTITUCIONES

Cuando en normas de la trascendencia política del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias se recogen una serie de órganos en los que materializa la fisonomía del autogobierno y a los que se les encomiendan funciones determinantes para el buen desarrollo institucional de la Comunidad Autónoma, todos los que intervienen en la vida pública deberían guardar un cierto respeto a esas reglas comunes mientras permanezcan vigentes, se proponga o no su cambio para el futuro. Este imperativo de decencia y lógica política, exigible en los sistemas democráticos, va acompañado de una adicional demanda de coherencia a las personas que representan o aspiran a representar a las fuerzas políticas que han resultado decisivas en la conformación de esas reglas de juego

En la reforma estatutaria aprobada en 1999 se introdujo en la arquitectura institucional del Principado de Asturias la figura de la Sindicatura de Cuentas, con la pretensión de mejorar la eficacia y la dación de cuentas en la gestión económico-financiera de la Administración autonómica, los ayuntamientos, la Universidad y del sector público dependiente de dichas administraciones. El desarrollo legislativo de esta previsión, la puesta en marcha de este órgano auxiliar y los avatares vividos en los años en que ha venido funcionando, es indudable que hacen necesaria una reflexión sobre cómo mejorar el procedimiento de toma de decisiones y el funcionamiento de la Sindicatura, para que cumpla mejor sus objetivos. Sin duda, en las dificultades que se han hallado para esta tarea la carga de responsabilidad de los protagonistas, fuerzas políticas autonómicas y administraciones y entes fiscalizados es dispar, porque hay quien ha entendido desde el principio que el papel de la Sindicatura exige rigor, compromiso, transparencia, serenidad y normalidad en la relación institucional, y, por el contrario, tenemos en fechas recientes sobrados ejemplos (siendo el más significativo el ocurrido en torno a las posibles responsabilidades derivadas de la expropiación de Villa Magdalena) de desprecio a las pautas más elementales de lealtad institucional e incluso verdaderas campañas de acoso y derribo.

Una de las personas que integró el Consejo de la Sindicatura desde su constitución ahora pretende, sin haber finalizado su cometido en dicho órgano, acceder a la condición de Diputada en el Congreso, encabezando la lista del PP por Asturias en las próximas elecciones generales. A resultas de la forma en que en su momento se le propuso para la responsabilidad de Síndica, pese a las dudas razonables sobre su competencia en la materia que ocupa el trabajo de este órgano; y a resultas de lo que se ha podido conocer de su proceder en el seno de la Sindicatura en estos años (con aspavientos en las comparecencias parlamentarias del Síndico Mayor incluidos), este colofón a su desempeño en el órgano auxiliar es perfectamente adecuado a su trayectoria, así que desprevenidos no nos pilla. El problema es que, como han corroborado los servicios de la Junta General del Principado de Asturias (de la que depende la Sindicatura), aunque haya presentado un escrito de dimisión la Síndica en cuestión lo sigue siendo en funciones hasta que el Pleno de la Junta elija a los nuevos miembros de la Sindicatura, lo que es cierto que debería hacer cuanto antes, pero que requiere sus procedimientos y el apoyo de una mayoría cualificada que, en el actual escenario, no parece que fragüe fácilmente. Así las cosas, de ser elegida Diputada incurriría en un supuesto de incompatibilidad flagrante si quisiese tomar posesión de su acta mientras no se haya producido su relevo en la Sindicatura.

Paradojas procedimentales aparte, el problema reside en actitud inconsecuente e irrespetuosa que la candidata y su partido tienen hacia sus compromisos institucionales. No pueden desembarazarse así como así de las responsabilidades que han asumido, ni colocar a un órgano auxiliar de la relevancia de la Sindicatura de Cuentas en la circunstancia de excepción en la que, en perjuicio del interés general, la situarán. Así parecen entender el funcionamiento de nuestras instituciones, convirtiéndolas en rehenes de sus intereses.

Publicado en Oviedo Diario, 15 de octubre de 2011.