¿ADÓNDE VA LA POLÍTICA PENAL DEL PP?

De las pocas cosas que lleva planteando el PP con claridad desde las semanas previas a la campaña electoral en curso, una de ellas es su propuesta de endurecimiento del Código Penal, de introducción de la cadena perpetua entre los castigos aplicables en España y de supresión de las penas alternativas a la prisión, que quedaría reducida, junto a la multa, a las sanciones penales a imponer.

Nadie discute que el sistema penal necesita someterse a permanente análisis para acomodarse a la cambiante realidad de la criminalidad y de los conflictos que tienen reflejo en hechos delictivos. Es verdad que, inevitablemente, muchas de las decisiones que el legislador adopte y los jueces apliquen resultarán insatisfactorias para una parte de la sociedad. En particular, es evidente que, históricamente, existen importantes carencias en la reparación a la víctima y a la sociedad que resulta perjudicada por la comisión de un delito o una falta. Pero a la hora de poner en cuestión el sistema de penas que se contempla en nuestra legislación y, en general, la respuesta que se da a la criminalidad, conviene actuar con prudencia y moderación.

Una de las aportaciones que proviene de la Ilustración e impregna la justicia democrática es la necesidad de humanizar el tratamiento al reo, perseguir la reinserción como objetivo, tomar en cuenta las consideraciones sociales que inciden en las conductas delictivas y evitar que el Estado aplique castigos que renuncien a estos principios. En un sentido opuesto en lo sustancial van las propuestas que el PP pone encima de la mesa. La cadena perpetua, aunque sea revisable, significa admitir la posibilidad del encarcelamiento vitalicio a una persona, lleva en su esencia el deseo de anular en su totalidad la posibilidad de recuperarla para la vida social, genera dudas sobre la discriminación en su aplicación y, lo que es peor, contiene la semilla de un derecho penal cuya orientación poco tiene que ver con el modelo que nuestra Constitución invoca, partidaria de la reeducación y la reinserción. Al mismo tiempo, renunciar al desarrollo y aplicación de otras penas distintas a la prisión significaría acrecentar inexplicablemente la disparidad ya existente en España, que, con un índice de criminalidad menor que otros países de nuestro entorno, tiene una población penitenciaria más elevada en términos relativos, cuando, a pesar de los avances sustanciales conseguidos en los últimos años en medidas educativas en el sistema penitenciario (con ejemplos virtuosos como el de las Unidades Terapéuticas y Educativas), continúa existiendo un fundado escepticismo sobre el efecto de las medidas de prisión en el proceso de reinserción.

Subidos a la ola del populismo punitivo y tratando de aprovechar la conmoción generada por algunos casos concretos que todos tenemos en mente, el PP lleva en los últimos años atizando las pasiones que –como es comprensible- vienen asociadas a los episodios de la crónica negra. Ahora da un paso más, pasa del globo sonda al compromiso escrito e incluye en su programa electoral la inclusión de la pena de prisión permanente revisable, bajo el perceptible impulso de Federico Trillo, responsable del PP en materia de justicia y potencial ministrable. Se trata del mismo que lleva erigiéndose en defensor de castigos penales más severos frente a lo que el PP suele denominar “delitos que crean un particular clima de inseguridad” (caracterización sobre la que habría mucho hablar), al tiempo que se ha destacado por urdir estrategias destinadas a exonerar a los representantes del PP implicados en la trama Gürtel, con inaceptables presiones a la judicatura incluidas; el mismo que demostró su incapacidad para asumir responsabilidades en asuntos tan sensibles y dolorosos como el derivado del accidente del YAK 42, la cafetera volante en la que hallaron la muerte 62 militares españoles el 26 de mayo de 2003; y el mismo que descalificó a los familiares de las víctimas por exigir que se investigase el accidente y el posterior desastre de las apresuradas y erróneas identificaciones de los cuerpos de los fallecidos. Con esa autoridad moral y esa hoja de servicios, lidera la orientación de la política penal del PP, que lleva camino de adquirir el mismo tono sensacionalista y retrógrado que acompaña a su inspirador.

Publicado en La Voz de Asturias, 8 de noviembre de 2011.