ALUMNOS AVENTAJADOS

Es significativa la forma en que se ha instalado rápida y mayoritariamente la convicción sobre el carácter inevitable y necesario de los recortes sociales y los programas de reducción del gasto público. A día de hoy, agitar argumentos que hace una o dos décadas eran patrimonio exclusivo de los adalides de la llamada revolución conservadora, se ha convertido en práctica común entre responsables políticos de diferente procedencia, domina abrumadoramente entre los mensajes académicos de los economistas e impregna a buena parte de la opinión pública, incluso entre los sectores sociales que probablemente vayan a sufrir de forma más descarnada los efectos de esas medidas. Entre las claves del éxito en los países occidentales de este nuevo pensamiento único se encuentra la falta de alternativas consistentes, la debilidad de las resistencias provenientes de los movimientos sociales y la desautorización de las opciones socialdemócratas y de tercera vía, a las que el electorado ha considerado carentes de credibilidad o incluso deslegitimadas por su incapacidad para dar respuestas sustancialmente diferentes a las del neoliberalismo.

Sin embargo, los estragos de las políticas de ajuste estructural duro los tenemos ya sobre la mesa y en nuestra realidad cotidiana. En la Unión Europea, situada a la vanguardia de las políticas de disminución del papel económico del Estado y de estrangulamiento de la inversión y el gasto público, de la leve recuperación de inicios de 2011 se ha pasado velozmente a un escenario de recaída en la recesión, destrucción del tejido productivo, cifras de desempleo insoportables y creciente deterioro social, arrojando a países de primera fila al círculo vicioso en que la pérdida de riqueza conlleva la disminución de ingresos públicos y ésta a su vez acelera la retirada de las políticas públicas de intervención, reactivación y sostenimiento de rentas, retroalimentando la tendencia de empobrecimiento.

Apenas queda nada de la respuesta inicial a la crisis financiera en 2008, aquella que abogaba –un tanto cínicamente- por refundaciones o paréntesis en la economía de mercado. Está fuera de la agenda cualquier planteamiento que pretenda introducir controles verdaderamente efectivos a las transacciones financieras, que sugiera ciertas modulaciones a la globalización económica, que plantee recuperar un cierto papel del Estado en la generación de actividad económica, que permita recobrar la importancia redistributiva de los impuestos o que aspire a que la fuerza del trabajo tenga garantizados unos mínimos derechos laborales y sociales. Han servido de poco las reiteradas advertencias de algunas voces particularmente acreditadas, como las de los Premios Nobel Krugman y Stiglitz, cuya recomendación de combinar la estabilidad de las cuentas públicas con los programas de estímulo económico ha quedado postergada ante la artillería de think tanks y medios divulgativos del pensamiento hegemónico.

El tratamiento de choque del Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo viene acompañado del aprovechamiento de la excepcional oportunidad que se abre para determinados intereses económicos, dispuestos a demoler en un breve espacio de tiempo algunas conquistas sociales cuya edificación costó décadas. A la política de recorte de gastos se suma la demonización de la gestión pública, la profundización en la privatización de bienes y empresas públicas, la pérdida acelerada de peso de las rentas del trabajo en la riqueza del país, la disminución de la cobertura de los servicios públicos, la renuncia al efecto requilibrador de las políticas fiscales y el cuestionamiento integral del modelo de relaciones laborales. En España, a su vez, hemos tomado colectivamente como prioridad –y los resultados electorales van en ese sentido- convertirnos en poco más que alumnos aventajados de estas recetas, sin pararnos a pensar dos veces adónde nos pueden llevar.

Publicado en Oviedo Diario, 17 de diciembre de 2011.