ENREDADOS EN SU PROPIA TRAMPA

Desde la revolución conservadora de los 80, la pretensión declarada y favorita de los herederos políticos de Reagan y Thatcher ha sido la reducción del ámbito de influencia del poder público y la restricción de las facultades que al Estado proporciona la política fiscal. Aprendiendo de los éxitos políticos cosechados y tomando el pulso al ritmo de los tiempos, la derecha europea y americana ha identificado certeramente ese objetivo neurálgico, constatando que favorece más a sus intereses y a la conquista de la hegemonía política la ausencia de cortapisas para la actuación del poder económico que la propia fortaleza del poder público instrumentalizado en su beneficio. En otras palabras, nada mejor para la involución social y la prevalencia del más fuerte que la ausencia de controles y limitaciones externas que constriñan al poderoso. Tras el victorioso eslogan de la bajada de impuestos, que apela a nuestro instinto de propiedad más elemental, situaron esta materia entre las prioridades del debate, provocando que otros actores –empezando por los partidos políticos socialdemócratas- evidenciaran sus titubeos y dejaran escurrir parte de su credibilidad.

Con la determinación de los tributos y el establecimiento de medios eficaces para su recaudación se deciden, a su vez, muchas cosas, entre otras el grado de progresividad y de justicia social de nuestro sistema, los recursos de los que dispondrá el poder público en beneficio del interés general y la posibilidad de orientar la actividad económica, considerando el importante efecto que en las decisiones de inversión y gasto de empresas y particulares tiene el marco fiscal. En los últimos años, sin embargo, estas premisas, hasta entonces extendidas, fueron sometidas a un activo y drástico cuestionamiento desde diversos frentes, situando a los tributos como fuente de arbitrariedad, raíz de perjuicios superiores al provecho común perseguido y origen de ineficientes distorsiones en el juego de los factores productivos. Empujados por la corriente, las decisiones de gran parte los Estados no se dirigieron a una reestructuración sustancial de la política fiscal, sino, básicamente, al incremento del peso de los impuestos indirectos sobre el consumo, la eliminación práctica de impuestos de fuerte carácter redistribuidor (patrimonio o sucesiones), la reducción de las cargas a la actividad empresarial, la concentración del esfuerzo fiscal sobre las rentas del trabajo y la insuficiente reacción ante situaciones lacerantes como las prácticas de ingeniería fiscal, la ausencia de gravámenes suficientes sobre los movimientos de capitales o los paraísos fiscales. Como consecuencia, la recaudación ha acabado descansando principalmente en las rentas del trabajo y en el consumo, de modo que los potencialmente perjudicados sobre los incrementos tributarios son las clases medias y el círculo vicioso afronta un giro acelerado: a mayor desafecto de la mayoría social respecto a los tributos, más abonado está al campo para que las posiciones dirigidas a disminuirlos continúen avanzando en su agenda, profundizando en los resultados ya vistos y beneficiando a una minoría privilegiada.

El problema es que, en el contexto actual de prolongada crisis y riesgo de colapso, la rápida dinámica que hasta ahora había sido alimentada por los planteamientos conservadores amenaza con generar, para su propio estupor, un descontrol de incalculable desenlace, incluso para la supervivencia del sistema. Con la contención del déficit como prioridad número uno y a cualquier coste, a los gobiernos de toda Europa no les queda más remedio que renegar de sus promesas y aplicar subidas tributarias tan significativas como, en el caso de España, las impulsadas por el nuevo Gobierno sobre el IRPF al poco de iniciar su andadura, que probablemente vendrán seguidas de otras sobre el IVA. Después de sostener durante años el demagógico discurso contrario por principio a los tributos, y aún a riesgo de perder de una tacada una parte significativa de su radicalizada base, la alternativa por la que han optado a las primeras de cambio es la subida de impuestos, que, eso sí que tienen claro, no tendrá su acompañamiento en el necesario replanteamiento global de nuestro sistema fiscal para hacerlo más justo.

Publicado en La Voz de Asturias, 23 de enero de 2012.