ENREDADOS EN SU PROPIA TRAMPA

Desde la revolución conservadora de los 80, la pretensión declarada y favorita de los herederos políticos de Reagan y Thatcher ha sido la reducción del ámbito de influencia del poder público y la restricción de las facultades que al Estado proporciona la política fiscal. Aprendiendo de los éxitos políticos cosechados y tomando el pulso al ritmo de los tiempos, la derecha europea y americana ha identificado certeramente ese objetivo neurálgico, constatando que favorece más a sus intereses y a la conquista de la hegemonía política la ausencia de cortapisas para la actuación del poder económico que la propia fortaleza del poder público instrumentalizado en su beneficio. En otras palabras, nada mejor para la involución social y la prevalencia del más fuerte que la ausencia de controles y limitaciones externas que constriñan al poderoso. Tras el victorioso eslogan de la bajada de impuestos, que apela a nuestro instinto de propiedad más elemental, situaron esta materia entre las prioridades del debate, provocando que otros actores –empezando por los partidos políticos socialdemócratas- evidenciaran sus titubeos y dejaran escurrir parte de su credibilidad.

Con la determinación de los tributos y el establecimiento de medios eficaces para su recaudación se deciden, a su vez, muchas cosas, entre otras el grado de progresividad y de justicia social de nuestro sistema, los recursos de los que dispondrá el poder público en beneficio del interés general y la posibilidad de orientar la actividad económica, considerando el importante efecto que en las decisiones de inversión y gasto de empresas y particulares tiene el marco fiscal. En los últimos años, sin embargo, estas premisas, hasta entonces extendidas, fueron sometidas a un activo y drástico cuestionamiento desde diversos frentes, situando a los tributos como fuente de arbitrariedad, raíz de perjuicios superiores al provecho común perseguido y origen de ineficientes distorsiones en el juego de los factores productivos. Empujados por la corriente, las decisiones de gran parte los Estados no se dirigieron a una reestructuración sustancial de la política fiscal, sino, básicamente, al incremento del peso de los impuestos indirectos sobre el consumo, la eliminación práctica de impuestos de fuerte carácter redistribuidor (patrimonio o sucesiones), la reducción de las cargas a la actividad empresarial, la concentración del esfuerzo fiscal sobre las rentas del trabajo y la insuficiente reacción ante situaciones lacerantes como las prácticas de ingeniería fiscal, la ausencia de gravámenes suficientes sobre los movimientos de capitales o los paraísos fiscales. Como consecuencia, la recaudación ha acabado descansando principalmente en las rentas del trabajo y en el consumo, de modo que los potencialmente perjudicados sobre los incrementos tributarios son las clases medias y el círculo vicioso afronta un giro acelerado: a mayor desafecto de la mayoría social respecto a los tributos, más abonado está al campo para que las posiciones dirigidas a disminuirlos continúen avanzando en su agenda, profundizando en los resultados ya vistos y beneficiando a una minoría privilegiada.

El problema es que, en el contexto actual de prolongada crisis y riesgo de colapso, la rápida dinámica que hasta ahora había sido alimentada por los planteamientos conservadores amenaza con generar, para su propio estupor, un descontrol de incalculable desenlace, incluso para la supervivencia del sistema. Con la contención del déficit como prioridad número uno y a cualquier coste, a los gobiernos de toda Europa no les queda más remedio que renegar de sus promesas y aplicar subidas tributarias tan significativas como, en el caso de España, las impulsadas por el nuevo Gobierno sobre el IRPF al poco de iniciar su andadura, que probablemente vendrán seguidas de otras sobre el IVA. Después de sostener durante años el demagógico discurso contrario por principio a los tributos, y aún a riesgo de perder de una tacada una parte significativa de su radicalizada base, la alternativa por la que han optado a las primeras de cambio es la subida de impuestos, que, eso sí que tienen claro, no tendrá su acompañamiento en el necesario replanteamiento global de nuestro sistema fiscal para hacerlo más justo.

Publicado en La Voz de Asturias, 23 de enero de 2012.

REFORMA CONSTITUCIONAL Y CRISIS PERMANENTE

No debe extrañarnos que de la reforma constitucional que aceleradamente se tramita en las Cortes Generales se discuta más sobre el modo en que se plantea y el espíritu que la impregna que sobre la concreta redacción que se pretende introducir en el artículo 135 de la Carta Magna. Una vez cerrado el texto que PSOE y PP han recogido en su Proposición y acordada la tramitación urgente para culminar la modificación en apenas dos semanas, poco o nada se puede incidir en sus términos, pese a las invocaciones aparentemente generosas al consenso. Por otra parte, el contenido estricto de la Proposición ha quedado sustancialmente aligerado sobre las previsiones iniciales y desprovisto por lo tanto de la mayor carga conflictiva, con la remisión a una posterior ley orgánica para la fijación de los límites de déficit estructural, la definición detallada de este criterio y la distribución del déficit entre Estado y Comunidades Autónomas, junto con la previsión de supuestos excepcionales -entre ellos las recesiones- en los que se pueda rebasar esa frontera impuesta. En resumen, el plato de la reforma está cocinado y sólo queda analizarlo, pronunciarse y situarse en el momento posterior a su aprobación para determinar sus efectos.

Establecer pautas constitucionales de estabilidad presupuestaria, restricciones sobre el déficit y controles sobre la magnitud y las autorizaciones de deuda pública no es ningún disparate y entronca con una preocupación legítima: la solidez de las cuentas de las Administraciones Públicas, aspecto del que no es posible desentenderse si se quiere actuar responsablemente. Aunque la modificación constitucional no es ideológicamente neutra y efectivamente revela un planteamiento restrictivo sobre el gasto público, no hay base justificativa suficiente para llevarse las manos a la cabeza aludiendo a la ruptura del principio del Estado Social o a supuestos riesgos insoportables para los servicios públicos y para las medidas de ayuda a las personas en situación más desfavorecida. La política fiscal progresiva -campo de batalla en buena parte abandonado en los últimos años-, las medidas de redistribución de la riqueza o la capacidad de iniciativa económica por el Estado son alternativas a disposición de los poderes públicos que no quedan amputadas porque se establezca que el recurso al déficit y a la emisión de deuda deban evitar poner en riesgo las cuentas de las Administraciones. Del contenido estricto de la reforma lo peor que puede decirse es que la posible deficiencia de controles o la ausencia de consecuencias ante eventuales incumplimientos la deje en un ejercicio de voluntarismo y artificiosidad, rebajando la eficacia jurídica real de la medida.

Por el contrario, lo inquietante en este caso es la sensación de apremio y teatralidad que arrastra consigo esta reforma y las urgencias que revelan el esfuerzo político de los partidos mayoritarios para sacarla adelante. Llevamos años de debates e informes de la más diversa procedencia sobre la necesaria adaptación de nuestra Constitución tras 33 años de vigencia, sobre la importancia de introducir reglas que mejoren el funcionamiento del Estado de las Autonomías preservando el espíritu descentralizador, sobre la imprescindible reforma del Senado para que cumpla su papel de Cámara de representación territorial, sobre el desfase del modelo provincial, sobre los retoques en el sistema electoral, sobre la prevalencia masculina en la sucesión en la Jefatura del Estado, sobre la cesión efectiva de poder que significa el proceso de integración europea, etc. Años de tentativas de reforma que terminaban en vía muerta, encargando indirectamente, como solución inevitable, remiendos interpretativos -cada vez de más difícil factura- a un Tribunal Constitucional sobrepasado. En éstas estábamos cuando las tensiones especulativas en los mercados financieros de deuda pública, las advertencias del Banco Central Europeo sobre los condicionantes para la compra de nuestros títulos y las exigencias del directorio franco-alemán nos sitúan abruptamente ante una reforma inesperada y quizá no suficientemente meditada. A modo de significativo ejemplo, las únicas menciones que a partir de ahora figurarán en nuestra Constitución a la Unión Europea serán las introducidas al mencionar los límites de déficit y deuda pública. Las importantes carencias subsistentes en nuestra Constitución seguirán, entre tanto, sin ser abordadas. La sensación de crisis permanente y la inevitable percepción de que se llevará muchas cosas por delante han cambiado también, de golpe y porrazo, las prioridades de la agenda constitucional.

Publicado en Oviedo Diario, 3 de septiembre de 2011.