AUTONOMÍA SIN AUTONOMISTAS

Asturias encara la reforma del Estatuto de Autonomía con la constitución de la ponencia que habrá de revisar el actual texto para introducir modificaciones o, incluso, redactarlo de nuevo desde el principio hasta el final. La alteración del texto original, aprobado en diciembre de 1981, ya tuvo lugar en tres ocasiones anteriores, en 1991, 1994 y 1999, siendo esta última la de mayor relevancia. Ahora se reabre el debate sobre el contenido de la norma reguladora de nuestras instituciones de autogobierno y sus competencias, pero en esta ocasión las circunstancias del entorno político autonómico y las características del proceso de reforma son bien distintas.
La nota predominante en las modificaciones anteriores era que éstas se incardinaban en pactos de carácter estatal entre las dos principales fuerzas políticas, PSOE y PP, que desencadenaban una serie de reformas acompasadas para los diferentes estatutos, marcando claramente las líneas generales de los cambios, sobre todo para las Comunidades Autónomas denominadas de vía lenta, es decir todas excepto Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía. Este cauce y limitaciones no fueron impedimento para que, sobre todo a partir de 1999, el desarrollo autonómico experimentase un impulso muy notable, con la atribución de importantes competencias en materias que afectan cotidianamente a los ciudadanos (servicios sanitarios, educación, etc.) y con el perfeccionamiento del sistema institucional de autogobierno.
Sin embargo, a partir de 2004 se ha abierto con fuerza un nuevo proceso de reformas estatutarias, reforzando la descentralización, permitiendo a las Comunidades Autónomas disponer de un margen competencial más amplio, acentuando el protagonismo político del espacio público autonómico, e incluso destacando las señas identitarias de cada Comunidad. Pero en esta ocasión la iniciativa ha partido exclusivamente de las propias Comunidades Autónomas, que no han tenido que esperar a ninguna clase de acuerdo político estatal, sino que, por voluntad de sus respectivas Asambleas Legislativas, han planteado la reforma y sus contenidos sin pautas impuestas directa o indirectamente. El resultado es desigual y quizá contradictorio. Hay Comunidades Autónomas que ya han aprobado su reforma (Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares o Aragón) y otras que ni se lo han planteado aún o que comienzan ahora a darle vueltas al asunto. El contenido de las reformas claro que ha generado distorsiones importantes y su resultado no es por sí mismo benéfico ni gratuito. Uno de los ejemplos más significativos es la confrontación generalizada entre Comunidades Autónomas por la gestión de los recursos hídricos o por condicionar la inversión del Estado en cada territorio, pero habría muchos más, sin olvidar el importante desgaste político que ha significado la aprobación de estatutos como el de Cataluña. No obstante, lo que es indudable es que este proceso de reforma ha puesto a prueba la capacidad de iniciativa y reacción a los acontecimientos de los representantes de cada Comunidad, y, por extensión, el dinamismo político a la hora de buscar nuevas metas en su desarrollo autonómico.
Asturias se incorpora finalmente a este proceso. Al contrario que en el origen del estado autonómico (el Estatuto de 1981 fue el primero de las Comunidades Autónomas de vía lenta), esta vez llegamos sin entusiasmo y a remolque de la dinámica del concierto autonómico. Si la Junta General del Principado de Asturias ha comenzado a estudiar la reforma del Estatuto lo hace más por emulación y para evitar el riesgo de quedar descolgados –sobre todo en materia de financiación autonómica e inversiones del Estado- que por convicción en las virtudes demostradas del autogobierno y en el refuerzo de la entidad e identidad política de nuestra Comunidad. Esa vez en Asturias no abriremos camino en el desarrollo autonómico, sino que nos sumaremos por inercia, sin mucha esperanza ni convencimiento. El tono del debate político así lo muestra: no se desprende nada parecido a un, por así decirlo, optimismo autonómico; poco se dice sobre qué competencias se plantea asumir y por qué; sobre qué modificaciones se introducirán en nuestras instituciones para que éstas permitan expresar de forma más fiel, cercana y plenamente democrática la voluntad de los asturianos; y, en definitiva, sobre qué papel queremos jugar en un mapa autonómico en el que hemos perdido peso progresivamente. Quizá no seamos aún conscientes de que, fruto del grado actual de desarrollo autonómico, de nuestra confianza en el autogobierno dependerá nuestra posición futura; y que, en consecuencia, será cada vez más difícil crecer como Comunidad Autónoma sin autonomistas.

Publicado en Fusión Asturias. Noviembre de 2007.