LA JAURÍA

Por muy curado de espantos que pueda uno estar, es difícil no sorprenderse al contemplar el tenebroso espectáculo que ha constituido la brutal catarata de descalificaciones que le han caído al Presidente del Gobierno tras el anuncio de que no concurrirá en las elecciones generales de 2012. En tromba y con una enorme virulencia han salido a la palestra representantes del PP de lo más variopinto, desde Mariano Rajoy hasta el último concejal de turno, a exigir el adelanto electoral y a denostar, en un campeonato de gruesos adjetivos, a José Luis Rodríguez Zapatero. En especial, algunos medios de comunicación que han encabezado la prolongada estrategia de acoso y derribo han sido más pródigos que nunca en agresividad verbal, titulares denigrantes y barra libre para comentaristas difamadores. Aunque no es una dinámica nueva –comenzó desde el minuto cero de las responsabilidades de gobierno de Zapatero- la escalada en la diatriba ha superado los registros anteriores, situándose fuera de toda escala razonable.

A tenor del protagonismo que en la avalancha de invectivas juega la derecha más zafia, que tiene acogotado a todo lo que se parezca a un mínimo de moderación, a lo que asistimos no es sólo a una expresión de desahogo, frustraciones y cabreos que vienen de lejos. Es mucho más porque su objetivo –confeso en muchos casos- es, en un primer momento, negar legitimidad al Gobierno para ejercer el mandato conferido por las Cortes Generales durante el año que resta de esta Legislatura. Envalentonados, en su particular pensamiento de vencedores y vencidos, por creerse decisivos para haber cobrado la pieza, de nada servirá recordarles que en el sistema parlamentario de gobierno no rige la falible demoscopia ni la ley de quien más grita, sino que la responsabilidad recae en quien, se presente o no a la siguiente convocatoria, tiene el apoyo mayoritario de los representantes elegidos democráticamente por el electorado. En un segundo momento, la pretensión de esta espiral que zarandea al Presidente es conseguir extender la descalificación al conjunto de su periodo de gobierno, sin excepción, con la evidente intención de preparar el terreno para revertir muchas de las medidas sociales adoptadas, por venir de la misma fuente. Y, finalmente, para sembrar de sal las bases políticas progresistas, la meta es conseguir que el amplio apoyo ciudadano que en las dos últimas elecciones generales permitió la victoria del PSOE prácticamente se acoquine por el sentido de su voto reciente. Es decir, no sólo se quiere allanar el camino a la involución conservadora que asoma las orejas, sino, a ser posible, fulminar del panorama político cualquier opción que se autodefina de izquierdas, socialista o socialdemócrata, abrumando con aspavientos a aquellos sectores que puedan ser más proclives a respaldar estas alternativas, para que molesten poco el día de mañana en el que pueda desplegarse en todo su alcance la agenda neocon con la que viene el PP. La convicción que late en el fondo es, directamente, la patrimonialización del poder por la derecha, que considera toda etapa de gobierno que no sea el suyo como un accidente o anomalía a olvidar o extinguir.

Independientemente de la opinión que cada uno pueda tener de la gestión del Presidente del Gobierno, de las críticas razonadas que se puedan esgrimir y del necesario debate sobre las respuestas a dar ante un escenario en el que el pensamiento único económico amenaza seriamente con consolidar su hegemonía, lo que la mayoría social de este país no debería aceptar, por su propio interés, es que la portavocía del descontento ante las dificultades de la crisis se la arrogue la mezcla de oportunistas y reaccionarios de verbo afilado que estos días se ufanan de haber motivado el relevo en el cartel del PSOE de las próximas elecciones generales.

Publicado en Oviedo Diario, 9 de abril de 2011.