LA EXCEPCIÓN DE OVIEDO

Suele ponerse en duda el interés que puede despertar el debate sobre la calidad democrática de las instituciones y el respeto a los procedimientos reglados, como si tal asunto fuese materia de disquisiciones meramente teóricas, ajenas a las necesidades cotidianas. Es frecuente encontrar cierta incomprensión, en particular en el ámbito local, cuando, en las circunstancias en que se produce una situación anómala, se pretende denunciar el abuso de poder, la falta de controles y el deterioro de los estándares básicos de respeto a las normas que disciplinan el funcionamiento del poder público. En algunos momentos, y en los casos más preocupantes, incluso amenaza instalarse una actitud de indiferencia o tácita aceptación ante una dinámica constatada de transgresión de los límites elementales que constituyen parte fundamental del sistema democrático, que no se reduce a la elección periódica de representantes públicos entre las diferentes candidaturas, sino que requiere que las personas investidas de la confianza de los votantes respeten unos cauces esenciales en el ejercicio del poder.
Parece ser éste el estado de las cosas en Oviedo al advertir que, durante un periodo temporal prolongado, se viene produciendo una degradación continuada en el funcionamiento de los órganos municipales sin que, aparentemente, haya una reacción ciudadana suficientemente intensa que ponga freno a esta perniciosa involución. Estos días, precisamente, los grupos municipales de PSOE y ASCIZ hacían legítimo recuento de los agravios, que no son pocos, protagonizados por el gobierno local frente a las normas básicas de actuación, cuya observancia está fuera de toda duda en la mayoría de ayuntamientos. El dato más significativo, revelador por sí mismo, es que el Alcalde lleva meses sin acudir al Pleno (ha faltado a más de la mitad de los celebrados este mandato) y que incluso, con toda desfachatez, argumenta abiertamente –y sin razón jurídica que le apoye- que no está obligado a rendir cuentas de su gestión en el máximo órgano del Ayuntamiento, confundiendo interesadamente su obligación de asistir a las sesiones con la posibilidad que tiene de delegar la presidencia de dicho órgano. A ésto se suma su ausencia de muchas de las sesiones de la Junta de Gobierno, el constante desprecio a las funciones y derechos que asisten a los concejales de la oposición para el ejercicio de sus funciones de control o el flagrante incumplimiento de las previsiones sobre participación ciudadana requeridas para los municipios de gran población, como la inexistencia del Consejo Social de la ciudad y los Consejos de Distrito o la inaplicación de las medidas de fomento de la implicación de vecinos y asociaciones en la vida pública local. Todo éllo sin entrar de forma pormenorizada a describir el estilo político inconfundiblemente autoritario del Alcalde que ha acabado impregnando y distorsionando el discurrir de la vida política local, con efectos negativos más allá de sus responsabilidades, por ejemplo, con el persistente enfrentamiento institucional que protagoniza con otras administraciones, con las entidades representativas del municipalismo o incluso con entidades sociales de lo más diverso.
Es posible que muchos ovetenses consideren que no tienen medios, ni información, ni tiempo (ni, quizá, ganas) para conocer con detenimiento las interioridades y la aguda crisis que afecta al funcionamiento de su Ayuntamiento. Sin embargo, no sólo está en juego el grado de calidad democrática en la ciudad, sino también el rigor y la eficacia de su actuación –que inmediatamente se resiente cuando reina la arbitrariedad del poder ilimitado- y, a la postre, los derechos de todos en nuestra condición de vecinos, circunstancia esencial para la construcción de una sociedad avanzada desde la base de la realidad local. Sólo se conseguirá el pleno respeto a esta cualidad si entendemos la ciudadanía desde una perspectiva activa, comprometida con lo colectivo y dispuesta a defender enérgicamente que el ejercicio del poder, en todos los ámbitos, debe estar sometido al interés general y a las reglas de juego democrático.


Publicado en Oviedo Diario, 15 de enero de 2011.