OLVIDOS DEL ALAKRANA

Ahora que el secuestro del Alakrana ha finalizado parece que, de sopetón, y enredados algunos en la reprobación despiadada al Gobierno, se nos hayan olvidado algunas de las controversias vividas durante los 47 días del secuestro. Quizá incomode ahora recordarlo, pero la opinión mayoritaria en los momentos más delicados de este suceso requería incesantemente actuaciones dirigidas ante todo a la liberación de los marineros sin poner en riesgo su vida o su integridad física, admitiendo que otras consideraciones de legalidad quedasen en un segundo plano. Tras el desenlace, no sería honesto esconder que, durante días, se pidió, por no pocas voces y de forma casi abierta, que se pagase el rescate –o se facilitase su pago- y se liberase a los dos detenidos actualmente procesados ante la Audiencia Nacional. El apremio de los familiares de los marineros, humanamente comprensible y movido por la evidente angustia que un drama de esta magnitud provoca, y el tratamiento mediático efectista de los hechos tuvo un fuerte impacto social, que provocó, nada más y nada menos, la conciencia casi generalizada de que acceder al chantaje era, simple y llanamente, la única salida. Como resultado, la sensación provocada era que la demanda popular justificaría que todo el armazón jurídico que rige la convivencia y el orden social, el del Estado de derecho, el de la legitimidad democrática de las leyes y de los instrumentos dirigidos a hacerlas cumplir, podía colocarse entre paréntesis en casos como éste, permitiendo que, a través de rendijas del sistema, éste acabase desvirtuado o, cuando menos, aparcado, ante la necesidad de salvar a los secuestrados. En la posición más extrema se situaron quienes (algunos aún lo hacen) descalificaban gruesamente la detención y procesamiento de los dos piratas detenidos, como ocurrencia o inoportunidad, proponiendo incluso modificar la ley o firmar tratados con un Estado fallido –Somalia- para buscar una rocambolesca solución ad hoc que permitiese desembarazarnos de lo que aparentemente era un problema irresoluble. No se puede negar que, indirectamente, se estaba pidiendo ésto, porque, a la vista de los similares secuestros precedentes, ¿qué otra cosa se reclamaba cuando se pedía a toda costa y de forma exasperada la rápida liberación sin peligro para los secuestrados? Desde luego, este acontecimiento permite interrogarnos sinceramente sobre la verdadera convicción que, en momentos de zozobra, atesora nuestra sociedad sobre el valor superior de la ley en la que, según se predica, sostenemos nuestro sistema de valores y convivencia. Por cierto que a esta dinámica dirigida a justificar socialmente la inaplicación –aunque fuese puntual- de la norma y la aceptación de las condiciones de los secuestradores, en buena medida contribuyó la posición inicial del PP incrementando irresponsablemente la presión hacia el Gobierno de forma difícilmente soportable por éste.
De esas semanas en las que transigir con las exigencias de los piratas casi se había convertido en exigencia, se ha pasado, una vez que se ha producido la liberación, a los aspavientos por el modo en que ésta ha tenido lugar. Efectivamente a cualquiera le puede parecer motivo de vergüenza, e incluso humillación, que el pago de rescates alimente una floreciente industria del secuestro marino ante la impotencia de la comunidad internacional. La sensación de que los autores quedan impunes (con algunas excepciones, entre ellas los dos detenidos) se ha extendido de tal modo que, como única solución temporal, se ha admitido la inusual dotación de seguridad privada en los pesqueros que faenan en esa zona del Índico y el mantenimiento de una costosa operación militar para tratar de impedir la repetición de estos crímenes. La legalidad y el orden internacional es posible que, objetivamente, hayan salido malparados de éste y otros secuestros que están afectando a numerosas embarcaciones en aquellas latitudes. Sin embargo, contrastando lo que ahora se recrimina con el clamor popular precedente, ¿es legítimo que quién alentó la presión al Gobierno ahora reproche la solución? ¿Es justo defender sólo a posteriori que hubiera sido una mejor opción el uso de la fuerza? ¿Habría aceptado la sociedad española –y los familiares de los afectados- una intervención militar para poner fin al secuestro? Si derivada de ésta, como parece altamente probable, se hubiera producido alguna víctima mortal o heridos graves entre la tripulación, ¿se habría asumido ese coste humano o ello hubiese sido a su vez fuente de censura? ¿Algún Gobierno sería capaz de asumir en su debe –no sólo político sino a nivel estrictamente personal- la vida de los marineros secuestrados ante una opinión pública que pedía cualquier cosa menos una solución armada de incalculables consecuencias? Y, ante la posibilidad de que se haya dado cobertura, del modo que sea, al pago del rescate, ¿realmente queremos saber toda la verdad y con todas las repercusiones?
No deja de sorprender la aparente seguridad –burdo artificio- con la que algunos representantes del PP parecen tener todas las respuestas y poseer todos los remedios, incluso ante avatares excepcionales como los vividos. En esta tesitura, nadie verdaderamente sincero consigo mismo y mínimamente comprensivo con las dificilísimas circunstancias protagonizaría un juicio inquisitorial como el que desea alentar la oposición a Zapatero. Las críticas exacerbadas que se oyen estos días no dejan de ser un ejercicio de oportunismo de la peor especie.

Publicado en Oviedo Diario, 28 de noviembre de 2009.