A QUIÉN AGRAVIAN ES A TODOS

Mientras crece exponencialmente la ola de rechazo al convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Oviedo y COMAMSA, al tiempo que se conocen con más detalle sus pormenores y se aportan análisis más detenidos sobre sus repercusiones e inconsistencias, a la par se incrementa el nerviosismo y las reacciones destempladas del poder local. De todo este proceso, plagado de negligencias municipales, negociaciones opacas y mercadeo de intereses particulares en perjuicio del interés general, lo que más ha llamado la atención en los últimos días –por repulsivo y sintomático- es el furibundo ataque lanzado desde el gobierno municipal hacia las personas que han aportado su voz independiente y autorizada a la riada de críticas contra la heterodoxa y arriesgada alternativa ideada para evitar el pago en metálico del justiprecio retasado de Villa Magdalena. Cuando los subordinados del Alcalde, para hacer méritos, exhiben su acreditada falta de escrúpulos vilipendiando a profesionales ajenos a la influencia del poder local que han expuesto sus fundadas reticencias, lo que consiguen es demostrar de qué pasta está hecho el gobierno que rige los destinos del Ayuntamiento.
Esta vez les ha tocado padecer los insultos a personas muy destacadas y justamente apreciadas, como, entre otros, Alfonso Toribio, arquitecto y presidente de Tribuna Ciudadana, o Paz Andrés, Catedrática de Derecho Internacional Público, que siempre se ha destacado por su compromiso social y político. El crédito intelectual y humano de las víctimas de las diatribas, es, por otra parte, reconocidamente superior al de los insultadores oficiales del gabinismo; y sus aportaciones a la actividad académica, social y económica de la ciudad, mucho más destacadas.
No es, sin embargo, la primera vez que se utiliza esta táctica defensiva desde la Alcaldía, inmersa en la dialéctica amigo/enemigo en su relación con la sociedad civil. A lo largo de la eternidad que viene durando el mandato de este Alcalde, han sido varios los episodios en que se ha atacado frontalmente, por la vía de la descalificación intimidatoria, a personas y entidades que se han mostrado abiertamente disconformes con el proceder del gobierno local. ¿Cuántos suman ya los receptores de sus infamias? Se pierde la enumeración, pero cabe recordar, por aquello de ser mínimamente justos, como se ha tratado a los presidentes de entidades respetables como la Unión de Consumidores, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Oviedo o la Asociación de Vecinos de Las Campas, por poner un caso, o las barbaridades que dijeron sobre la Plataforma contra las Privatizaciones y sus responsables en fechas no tan lejanas.
El problema es que tales invectivas no son inocuas, porque el gabinismo ha acumulado múltiples resortes de poder y control social en casi dos décadas de imperio, y, efectivamente, mucha gente prefiere no destacar en la crítica para no aguantar lo que –justamente- consideran que no tienen por qué soportar; lo que no deja de ser un comportamiento humanamente comprensible, aunque de efectos perniciosos para el conjunto, porque alimenta la espiral de silencio que refuerza a los que pretenden cortar de raíz todo debate legítimo. Cuando un poder local tan asentado como éste, provisto de potentes cauces de expresión y dispuesto a adoptar medidas de retorsión al disidente, despliega su gama de exabruptos, lamentablemente consigue que muchos se lo piensen dos veces antes de participar en la discusión pública. Esta dinámica sólo cambia si, como ha sucedido ocasionalmente en episodios pasados, la capacidad de respuesta de la sociedad es suficientemente robusta como para repeler estas tentativas; en éllo, el papel de los medios de comunicación y la pluralidad informativa es determinante. Al mismo tiempo, arropar al ciudadano sometido a las vejaciones del concejal de turno, es, prácticamente, una obligación de todo el que aprecie en lo esencial los valores democráticos, esté de acuerdo o no con las opiniones de quién, a causa de éstas, recibe el embate del poder.

Publicado en Oviedo Diario, 22 de mayo de 2010.

NACIONALIDAD, CIUDADANÍA Y SUFRAGIO

En las próximas elecciones municipales, que se celebrarán en mayo de 2011, tendrá lugar una circunstancia novedosa, que aporta valiosas pistas sobre el futuro de la relación entre la nacionalidad, la ciudadanía y los derechos políticos derivados de ambas condiciones. Por primera vez, un grupo nutrido de residentes nacionales de terceros Estados no pertenecientes a la Unión Europea tendrán derecho de sufragio activo en estos comicios y, por ello, podrán participar en la elección de los concejales de los ayuntamientos en cuyos términos municipales habitan. En virtud de los diferentes acuerdos internacionales alcanzados en los últimos años con los respectivos Estados y, de acuerdo con el principio de reciprocidad que exige la Constitución Española (en beneficio, a su vez, de los españoles residentes en esos terceros países), los que podrán acogerse a esta posibilidad son, al menos, los nacionales de Ecuador, Colombia, Chile y Nueva Zelanda que hayan residido en situación regular en España durante los últimos 5 años. Se suman así a los nacionales de los otros 26 Estados de la UE, que ya gozaban de este derecho en las elecciones municipales –y del adicional derecho de sufragio pasivo, que permite ser elegible- en virtud del estatus de ciudadanía de la Unión, surgido del Tratado de la UE firmado en Maastricht en 1992, preservado y enriquecido en sus versiones posteriores.
Hasta ahora sólo se mantenía un acuerdo bilateral de estas características con Noruega, que no forma parte de la UE pero sí del Espacio Económico Europeo, compartiendo muchas de las políticas comunitarias. Se extiende así a nacionales de Estados no europeos esta facultad, estimándose que en torno a 500.000 personas más podrán inscribirse en el censo electoral de extranjeros residentes en España para poder ejercer este derecho ahora reconocido. Por otra parte, en diversas fases de tramitación se encuentran acuerdos similares con Uruguay, Bolivia, Islandia, Paraguay, Cabo Verde, Trinidad y Tobago, Perú, Argentina, Corea del Sur, Burkina Faso y Venezuela, de modo que el proceso continúa, dentro de una clara tendencia dirigida a reconocer la condición de votantes en las elecciones municipales a un mayor número de personas de diferentes procedencias. El salto cualitativo es, por lo tanto, notable, y puede tener cierta incidencia en algunos municipios concretos con mayor presencia de población inmigrante. En el caso de Asturias, aunque la población extranjera sea de menor número en comparación con la media estatal, la relevancia de la comunidad ecuatoriana y colombiana (además de, entre las de procedencia europea, la rumana y portuguesa) puede tener algún efecto en la realidad política de los municipios más poblados, al introducir, con su acceso a la condición de votantes, un nuevo factor a considerar, lo que se afianzaría en una futura extensión de este derecho a vecinos inmigrantes de otras nacionalidades.
Históricamente, el ejercicio de los principales derechos políticos, y en especial el voto –el más relevante en el sistema democrático- se ha supeditado a la condición de ser nacional del Estado correspondiente, entendiendo que este vínculo era el único que otorgaba todas las facultades propias de la ciudadanía e, indisolublemente a ésta, la posibilidad de ser elector y elegible en los correspondientes procesos. El resto de personas que, por el motivo que fuese, residiesen en el territorio del Estado, podrían tener reconocidos una serie de derechos de contenido político, pero con limitaciones de distinto rigor, excluyendo en todo el caso el sufragio, dejando como único camino para la plenitud de derechos la nacionalización si se cumplían las circunstancias legales requeridas (a veces muy exigentes y bajo el sometimiento a un cierto grado de discrecionalidad en la resolución de las solicitudes). La intensificación de los flujos migratorios y la necesidad de conferir derechos a quien efectivamente forma parte de la comunidad -compartiendo aspiraciones y problemas aunque no tenga la nacionalidad del Estado- ha acabado convirtiendo en una consecuencia lógica que la residencia, con cierta prolongación en el tiempo, se considere requisito suficiente, como así sucede en los casos citados, para poder participar, al menos en calidad de votante en las elecciones municipales, en algunas decisiones colectivas.
La superación de esa barrera es un feliz acontecimiento, de acento fuertemente democratizador, de vocación integradora y adaptada a la realidad de los tiempos de globalización, interdependencia y movilidad de la población. Supone extender derechos propios de la condición de ciudadano y sujeto político más allá de la rígida limitación basada en la nacionalidad, modificando patrones clásicos cuya correspondencia con las nuevas necesidades y relaciones políticas presenta desajustes. Abre, además, una vía interesante que tendrá que ser seguida, primeramente, de una progresiva ampliación de las nacionalidades a las cuáles alcance esta posibilidad; y, en un segundo momento, de un debate más profundo –por cuánto conlleva cambios jurídicos y políticos de más alcance- sobre la posible extensión a otros procesos electorales en los que la vecindad administrativa es determinante para acceder a la condición de elector.

Publicado en Fusión Asturias, mayo de 2010.

INDEFENSOS ANTE EL FANTASMA

Cuando en septiembre de 2008 la crisis de las hipotecas subprime llevó a la quiebra al banco de negocios Lehman Brothers e hizo que el conjunto del sistema financiero internacional se tambalease, la seguridad de que más temprano que tarde se produciría un fuerte impacto en la economía real (la producción e intercambio de bienes y servicios) y la necesidad de recuperar la intervención pública para amortiguar los efectos de la recesión generaron un nuevo consenso global que otorgaba a los Estados un papel renovadamente activo en la regulación de los mercados y en la orientación de la actividad económica. Las apelaciones a la reforma o incluso refundación de un nuevo orden económico, donde las instituciones multilaterales y la actuación concertada entre Estados permitirían embridar los flujos del mercado financiero poniéndolos al servicio de las necesidades del tejido productivo, hicieron albergar esperanzas sobre los derroteros del sistema económico mundial. Se cultivó entonces la sensación de que los poderes públicos, a nivel incluso internacional, recuperarían autoridad para preservar los intereses generales, espoleados por las reclamaciones sociales ante el desaguisado creado por el desmesurado crecimiento de las transacciones financieras globales sustentadas en el afán puramente especulativo, caracterizadas por una cultura del riesgo desenfrenado y totalmente desconectadas de las concretas necesidades de la economía productiva.
Menos de dos años después, pese a las perspectivas iniciales, parece que pocas cosas han cambiado en este aspecto, con el añadido de que los Estados se encuentran con las dificultades derivadas de su fuerte endeudamiento. En efecto, el rescate de las entidades financieras, el sostenimiento de sectores estratégicos de actividad económica y las medidas dirigidas a mitigar los efectos sociales de la crisis, han motivado desembolsos enormes que numerosos Estados deben afrontar, en un momento de disminución de sus ingresos fiscales, acudiendo precisamente a los mercados para negociar sus títulos de deuda y, llegado al caso, activando mecanismos de auxilio de las instituciones financieras internacionales.
Entre tanto, diluido el empuje reformista inicial y atenuados los impulsos dirigidos a ordenar racionalmente la actividad financiera, la agenda de gobiernos y organizaciones internacionales, a fuerza de sus penurias y atenazados por el endeudamiento, vuelve a retomar entre sus prioridades el fiel seguimiento de prescripciones no precisamente desconocidas entre el recetario al uso, desde la reducción severa de la Administración a los recortes de los servicios públicos y las políticas sociales, pasando por la flexibilización del mercado laboral y el sacrificio de derechos de la mayoría. Cuando se pregunta sobre la justificación de esta radical depuración, los ritmos, las alternativas y las contrapartidas, la respuesta no se hace esperar: los mercados lo demandan, y lo requieren ya mismo.
Paradójicamente, el fantasma que en esta ocasión recorre Europa es el de los mercados, porque se apela genéricamente a sus inquietudes y dictados, de difuso origen pero enorme predicamento y fervorosa feligresía entre los –por así llamarlos- influyentes, sin que haya a dónde dirigirse para pedir explicaciones. Es realmente penosa la impresión que producen los gobiernos europeos buscando puertas a las que picar para transmitir confianza y dar explicaciones, mientras especuladores a los que nadie amonesta sacan tajada apostando a la caída de la Bolsa o sobre los precios de artefactos financieros basados en los seguros sobre los riegos de impago de la deuda pública. El nuevo consenso, al final del trayecto, se parece sospechosamente al paradigma previo a la crisis financiera, porque a ningún biempensante se le ocurre proponer que, de forma seria y efectiva, se graven adecuadamente las transacciones financieras internacionales o se impongan controles administrativos rigurosos y restricciones legales creíbles –con sus correspondientes prohibiciones y sanciones- a según qué operaciones financieras. En el casino global se sigue haciendo el juego mientras los poderes públicos democráticos apenas se limitan a pedir –siempre por favor- un poco de compasión.

Publicado en Oviedo Diario, 8 de mayo de 2010.