IGUALDADES

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha emprendido una tarea reformadora de gran calado en el ámbito de las libertades individuales y la promoción de la igualdad en la sociedad espa?ola. En poco más de dos a?os de acción de gobierno, se ha impulsado un abanico de reformas, algunas ya culminadas y otras en marcha, que tienen gran impacto sobre la realidad cotidiana de millones de espa?oles, y que tienen un eje común: garantizar los derechos de los ciudadanos y fomentar la igualdad entre estos. Cabe citar, por ejemplo, la erradicación de toda discriminación –en nuestro ordenamiento jurídico- motivada por la orientación sexual; la futura ley de identidad de género que facilitará a las personas transexuales acomodar su situación legal a su identidad; la acción positiva para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres; la actividad institucional y del sistema judicial frente a la violencia contra las mujeres; la regularización de la bolsa de cientos de miles de inmigrantes en situación administrativa irregular, etc. También es posible subrayar iniciativas decisivas para avanzar en cotas de equidad social y robustecer el sistema de protección pública, como por ejemplo la puesta en marcha del sistema de atención a las personas dependientes, la dignificación del Salario Mínimo Interprofesional, etc.
Efectivamente el punto de inflexión con la situación anterior es notorio. En la década comprendida entre 1994 y 2004, se produjo un descenso continuado del gasto social y un debilitamiento generalizado de las redes públicas de protección, en el marco de un progresivo adelgazamiento del Estado. La agenda de los poderes públicos ha cambiado con la modificación de las mayorías políticas, y las acciones gubernamentales tienen como vector principal avanzar en la cohesión social y la igualdad. No obstante, conviene subrayar que frente al incisivo y ambicioso programa de reformas en materia de derechos civiles, antes detallado, aún se perciben demasiadas precauciones en lo que se refiere a atajar las causas de la importante desigualdad económica que persiste en nuestro país. Se ha priorizado el reconocimiento de derechos y, felizmente, se ha comenzado a avanzar con determinación para garantizar la igualdad independientemente de consideraciones como el género o la orientación sexual. Pero todavía quedan asignaturas pendientes en la superación del abismo establecido entre los sectores sociales con mayor poder adquisitivo y los menos favorecidos económicamente.
No conviene olvidar que la desigualdad social motivada por las diferencias de renta es la principal de las desigualdades, que agrava sobremanera cualquier otra fuente de desigualdad, que afecta a todos los ámbitos vitales, y que limita la capacidad de los ciudadanos para desarrollar sus proyectos personales. De hecho, se podría afirmar que sin equidad y redistribución, es decir, sin derechos sociales, muchos derechos civiles no son sino filfa, en la práctica.
Tampoco debemos desde?ar que la desigualdad económica afecta sobre todo al sector juvenil, que padece especiales dificultades para la emancipación personal. Según el informe relativo al cuarto cuatrimestre de 2005 del Observatorio Joven de Vivienda del Consejo de la Juventud de Espa?a (CJE), a los jóvenes entre 18 y 34 a?os les cuesta acceder a una vivienda el 55% de sus ingresos; sólo el 42,1% de está emancipado; únicamente el 32% tiene contrato indefinido y el desempleo en este sector de población alcanza el 11,6%. Si las vías principales de acceso al bienestar más elemental (el que proveen vivienda y empleo) son demasiado estrechas para los jóvenes, la desigualdad cada vez más será una cuestión generacional, llamada a abrir brecha entre sectores de edad. En los casos más extremos de desigualdad, precisamente, nos encontramos con datos inquietantes, ya que según el informe “La exclusión social: una realidad a superar” (también del CJE), la media de edad de la población en situación de pobreza es de 32 a?os; media que se rebaja a 25 a?os cuando hablamos de las personas en situación de pobreza extrema.

El presidente Rodríguez Zapatero parece ser consciente de esta carencia, ya que en el último debate sobre el estado de la nación planteó un programa prioritario de 12 medidas básicas para favorecer el acceso de los jóvenes al empleo y a la vivienda. Quizá no sea suficiente, porque es preciso involucrar además a comunidades autónomas y gobiernos locales en la tarea, y porque faltan acciones más contundentes en materia de política fiscal, servicios públicos y redes estatales de protección social. Pero es cuanto menos denota que el presidente conoce las inquietudes de la ciudadanía, y que la orientación de sus políticas es la adecuada.

Publicado en Revista Fusión, agosto 2006.