NO NOS GUSTAN LOS TRIBUTOS, PERO...
No descubro nada si digo que a ningún ciudadano le gusta pagar cualquiera de los tributos que afectan a muchas de nuestras actividades cotidianas. Cuando compramos cualquier bien o recibimos un servicio, cuando llenamos el depósito del coche, vendemos una casa porque nos mudamos de ciudad o recibimos una herencia de un familiar, pagamos el correspondiente impuesto. Y de los rendimientos que obtenemos por nuestro trabajo o inversiones, de los cuáles estos días recopilamos datos para la declaración anual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), también tenemos que dar cuenta al Estado y soportar la correspondiente retención. Todo ello por no hablar de las innumerables tasas que se pagan habitualmente por los servicios más diversos de la Administración.
Hasta aquí llega el lugar común que nos resulta familiar. Profundizando un poco en el análisis advertimos que en los últimos tiempos viene creciendo una corriente de opinión, con su correspondiente reflejo en los medios de comunicación, que cuestiona muchas de las figuras tributarias vigentes y pugna, como poco, por aligerar la carga de quienes se ven obligados a pagar. En Asturias, por ejemplo, asistimos a un duro debate político sobre la conveniencia del recargo de la gasolina, los beneficios fiscales que a la Comunidad Autónoma corresponde determinar en el tramo del 33% del IRPF o las deducciones en los impuestos de transmisiones patrimoniales, sucesiones y donaciones, por ejemplo. Procede subrayar que quien alienta este debate y cuestiona algunas figuras tributarias las más de las veces tiene un interés directo –y no siempre bienintencionado- en el asunto.
Es cierto que en Asturias se ha optado por un modelo fiscal poco proclive a utilizar nuestros márgenes competenciales para disminuir la presión fiscal. Al mismo tiempo que este signo distintivo se ha mantenido –a grandes rasgos-, algunos sectores empresariales y el Partido Popular han puesto en la picota este modelo y poco a poco van ganando terreno en esta batalla, sobre todo en el terreno mediático y en una parte de la opinión pública. Como resultado, quizá por un relativo repliegue de la izquierda, o por la incapacidad de explicar adecuadamente la fundamentación social del modelo tributario, en los últimos meses comienzan a anunciarse y ponerse en marcha rebajas fiscales que no siempre tienen una justificación suficiente; la más reciente ha sido la aprobación de importantes deducciones, en vigor desde este año 2007, en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
Conviene recordar que en una economía de mercado donde el Estado ha autolimitado notablemente su intervención, la política fiscal y los servicios públicos se han convertido en el principal instrumento que tienen los poderes públicos para incidir sobre las desigualdades sociales. Cuando se legisla sobre los impuestos sin analizar las repercusiones de tales decisiones pueden pasar dos cosas, a grandes rasgos: que se distorsione y lastre gravemente el funcionamiento del mercado (por exceso de cargas tributarias), o que se abandone el objetivo de redistribución de la riqueza (por defecto). Al mismo tiempo, si el Estado central y las Comunidades Autónomas no son capaces de sostener un sistema tributario que les permita recaudar lo suficiente, la consecuencia inmediata será el deterioro de los servicios públicos y el consiguiente perjuicio para las familias de rentas medias y bajas que dependen en mayor medida de éstos.
Hasta aquí llega el lugar común que nos resulta familiar. Profundizando un poco en el análisis advertimos que en los últimos tiempos viene creciendo una corriente de opinión, con su correspondiente reflejo en los medios de comunicación, que cuestiona muchas de las figuras tributarias vigentes y pugna, como poco, por aligerar la carga de quienes se ven obligados a pagar. En Asturias, por ejemplo, asistimos a un duro debate político sobre la conveniencia del recargo de la gasolina, los beneficios fiscales que a la Comunidad Autónoma corresponde determinar en el tramo del 33% del IRPF o las deducciones en los impuestos de transmisiones patrimoniales, sucesiones y donaciones, por ejemplo. Procede subrayar que quien alienta este debate y cuestiona algunas figuras tributarias las más de las veces tiene un interés directo –y no siempre bienintencionado- en el asunto.
Es cierto que en Asturias se ha optado por un modelo fiscal poco proclive a utilizar nuestros márgenes competenciales para disminuir la presión fiscal. Al mismo tiempo que este signo distintivo se ha mantenido –a grandes rasgos-, algunos sectores empresariales y el Partido Popular han puesto en la picota este modelo y poco a poco van ganando terreno en esta batalla, sobre todo en el terreno mediático y en una parte de la opinión pública. Como resultado, quizá por un relativo repliegue de la izquierda, o por la incapacidad de explicar adecuadamente la fundamentación social del modelo tributario, en los últimos meses comienzan a anunciarse y ponerse en marcha rebajas fiscales que no siempre tienen una justificación suficiente; la más reciente ha sido la aprobación de importantes deducciones, en vigor desde este año 2007, en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
Conviene recordar que en una economía de mercado donde el Estado ha autolimitado notablemente su intervención, la política fiscal y los servicios públicos se han convertido en el principal instrumento que tienen los poderes públicos para incidir sobre las desigualdades sociales. Cuando se legisla sobre los impuestos sin analizar las repercusiones de tales decisiones pueden pasar dos cosas, a grandes rasgos: que se distorsione y lastre gravemente el funcionamiento del mercado (por exceso de cargas tributarias), o que se abandone el objetivo de redistribución de la riqueza (por defecto). Al mismo tiempo, si el Estado central y las Comunidades Autónomas no son capaces de sostener un sistema tributario que les permita recaudar lo suficiente, la consecuencia inmediata será el deterioro de los servicios públicos y el consiguiente perjuicio para las familias de rentas medias y bajas que dependen en mayor medida de éstos.
La paradoja la encontramos al observar que muchos ciudadanos dispuestos a dejarse llevar por esa “revolución de los notables” contra el sistema tributario, son los mismos que no renunciarían –y hacen bien- a que en Asturias tengamos un sistema de salud modélico, una red educativa pública de calidad, un consorcio de transportes en el área central con billete único, o una red de infraestructuras de transporte que en nada se parece a de hace 20 años. Urge, por lo tanto, un doble compromiso consciente y voluntario; por un lado, y el más importante, el de los ciudadanos con la colectividad, a través de su aportación económica mediante los tributos; por otro lado, e de los representantes públicos de izquierda con sus repetidamente enunciados deseos de justicia social: no caminaremos hacia élla sin un sistema tributario sólido, equitativo y redistributivo.
Publicado en Fusión Asturias, junio de 2007.
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