25 A?OS DE CONSTITUCIÓN, Y UNA LLAMADA DE ALERTA

En este a?o se cumplirán, en diciembre, 25 a?os de la aprobación en referéndum de la Constitución Espa?ola de 1978. Desde luego es una fecha que concitará diversas opiniones, y cuya celebración probablemente tratará de reforzar un espíritu de unidad en torno a estas reglas de juego comunes, y este nexo común que para Espa?a es la Carta Magna.
Vaya por delante que, desde luego, creo que la Constitución ha representando un avance muy sustancial para alcanzar un régimen de libertades y de estabilidad beneficioso para todos. Pero creo que este cumplea?os debe servir para introducir nuevos elementos de reflexión sobre la situación de los derechos fundamentales y garantías sociales que también se establecen en su texto, así como sobre los sistemas y calidad de la participación política en nuestro Estado.
Y es que al sistema democrático espa?ol algo le falta, y en los últimos a?os creo que se ha venido acentuando la sensación de que estamos a medio camino. Sobre todo falta ambición para progresar en el reconocimiento efectivo de los derechos que se proclaman en la Constitución, y en la configuración de un sistema político que represente una verdadera profundización en la implicación de los ciudadanos en la “cosa pública”. En definitiva, en ocasiones parece que estamos anclados en la democracia representativa, que como bien sabemos es la hermana peque?a de la democracia participativa. Y otras muchas veces la división de poderes y el sistema de control y equilibrio mutuo queda diluido merced a imposiciones de intereses poco transparentes.
Pongamos ejemplos, para verlo más claro. El papel que está desempe?ando la figura del Fiscal General debe llamarnos la atención. La actuación de Jesús Cardenal muchas veces parece dirigida por los intereses específicos del Partido Popular, demostrando que la igualdad ante la ley, principio constitucional elemental, no es tal cuando hay otras “razones” de por medio. Ahora, incluso, el Fiscal General promueve una investigación sobre la plataforma Nunca Máis, y es indudable que detrás de estas pesquisas está el objetivo de desacreditar a quien más levanta la voz se?alando la ineficacia, oscurantismo y manipulación informativa del Gobierno de Aznar ante la catástrofe del Prestige. Sólo en los regímenes autoritarios se ataca desde el poder y las instituciones a los movimientos sociales, y en este caso al PP demuestra que le falta mucho para ese supuesto giro al centro.
Por otro lado, otro fenómeno que debe activar muchas alertas es la creación de una suerte de sector privado gubernamental, que es algo supuestamente contradictorio pero lamentablemente cierto. En torno al Gobierno del PP se mueven intereses empresariales alimentados con el proceso de privatizaciones –que algún día habrá que revisar a fondo- que han creado una estructura de poder no democrático (nadie les ha escogido para decidir por todos) más influyente en ocasiones que la voluntad de la ciudadanía. Además, como estructura de poder que son, estos capitales utilizan a los medios de comunicación para apuntalar su propia situación de dominación. Nunca antes en democracia ha habido tanta subyugación de los medios al poder, y nunca antes se habían puesto menos cortapisas a esta depredación de los medios informativos. En relación con todo esto, hemos comprobado como la tergiversación de la información es además práctica habitual alimentada por el Gobierno, y consentida por esos medios afines. Otro paso más, por tanto, hacia la berlusconización.
Pero aún hay más, y sólo paso por encima de ello. Se fomenta, en el marco del imparable avance hacia un turbocapitalismo neoliberal, un sistema de darwinismo social en el que individuos y colectivos compiten unos frente a otros, para evitar la pérdida de derechos: nacionales vs inmigrantes extranjeros; trabajadores en activo vs desempleados; jóvenes vs adultos, etc. Se encumbra a la represión y la actuación policial (a posteriori) como soluciones frente a la inseguridad ciudadana, sin analizar y tratar de poner freno (a priori, antes de que haya víctimas y agresores) a sus múltiples causas, entre las cuáles sin duda está la desigualdad creciente. Se desincentiva la participación ciudadana y se criminaliza a quien se muestra disidente, como sucedió con las movilizaciones estudiantiles, o con el llamado movimiento antiglobalización. Se imponen conceptos que pensábamos ya superados sobre un patriotismo rancio y excluyente, sobre las relaciones entre Estado e Iglesia Católica, etc. Se mengua lo público, lo común, el instrumento de cohesión social que ha de ser el Estado Social, y se da carta blanca a los intereses económicos privados, el individualismo más allá de lo razonable, implantando una nueva ley de la selva. Y así una ya demasiado larga lista de retrocesos en libertades y derechos. Lo peor es que se ha instalado un conformismo ramplón en muchos de los dirigentes políticos, que quizá se esté contagiando al conjunto de la ciudadanía. La Constitución, que tanto se menciona como referencia necesaria e inamovible, es también el reconocimiento de un conjunto de derechos de las personas que deben respetarse, y un programa amplio de justicia y equilibrio social que debe ser llevado a la práctica. Para ello hemos de trabajar.

Publicado en Revista Fusión, febrero de 2003.