LA MIOPÍA DEL GOBIERNO ANTE EL RETO DE LA INTERCULTURALIDAD
Parece que el Gobierno del Partido Popular pretende hacer efectiva su promesa electoral y ya se ha puesto manos a la obra. El objetivo es modificar sustancialmente la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y deberes de los extranjeros en Espa?a y su inserción social, popularmente conocida con el triste nombre de Ley de Extranjería, y cuya redacción actual pasará a mejor vida con una fugaz trayectoria.
Más en concreto, a juzgar por los datos que se van conociendo al respecto, el proyecto de ley que el Presidente Aznar quiere llevar a las Cámaras Legislativas plantea una serie de cambios en una tónica claramente restrictiva. Así, si se confirman las expectativas que se dan por casi seguras y que proceden de los borradores previos, la regularización permanente que el actual artículo 29.3 prevé (permite a los inmigrantes irregulares acceder a la situación regular si demuestran dos a?os de residencia efectiva y continuada en Espa?a) será fulminada del ordenamiento jurídico; y con ella se reducirán los supuestos de asistencia jurídica gratuita del actual artículo 20.1., así como se reservará la motivación de la denegación de visados a los supuestos en que esté relacionada con el reagrupamiento familiar y el trabajo por cuenta ajena. Más aún, la normativa que el Gobierno Aznar sacará adelante con casi total seguridad merced a la mayoría absoluta del Partido Popular en el Congreso y el Senado, mengua considerablemente una serie de derechos sociales que la Ley vigente reconoce con una tendencia universalista. Hablamos nada más y nada menos que del acceso a la sanidad, a la educación y a la vivienda, pasando del requisito básico del empadronamiento (independientemente de la situación administrativa) a la restrictiva criba de la residencia y la situación regular.
Por lo tanto se trata, sin lugar a dudas, de un proyecto claramente restrictivo, que nos devuelve a la perspectiva de la anterior y ominosa Ley de 1985. La futura Ley de Extranjería va a suponer un paso atrás en el reconocimiento de derechos, girando la tendencia y recortando garantías básicas. Cuando nos referimos a motivación de visados o asistencia jurídica gratuita hablamos de evitar la indefensión y de valores tan básicos como la protección jurídica de los derechos de las personas. Cuando se se?ala la regularización permanente estamos indicando uno de los mecanismos que evita la creación constante de bolsas de personas que no pueden estar en situación administrativa regular, lo cuál dificulta su inserción social sobremanera, facilitando la exclusión y la marginalidad. Si hablamos de reagrupamiento familiar o no expulsión forzosa colectiva hablamos de compromisos internacionales en materia de derechos humanos no ratificados por Espa?a (como, entre otros textos, los Protocolos 4 y 7 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, o la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias). Y, también, cuando se indica la reducción de derechos sociales elementales se advierte sobre la manifestación de una política de ciudadanos de primera y segunda clase en virtud de su nacionalidad.
Todo esto revela una actitud que se califica por sí misma. En el Informe a las Cortes Generales correspondiente a 1997, el Defensor del Pueblo apuntó una circunstancia digna de ser tenida en cuenta: “El hilo conductor de muchas actitudes racistas y xenófobas consiste, fundamentalmente, en una práctica diaria condicionada por las decisiones que la Administración adopta en materia de extranjería y asilo, y ante las que el nacional reacciona y adopta una determinada postura, que suele repercutir en la situación del extranjero”. Estamos, por tanto, ante un recorte de libertades que no sólo afecta a los extranjeros, sino al conjunto de la sociedad espa?ola, y que disminuye su nivel de desarrollo democrático y social.
Se revela de forma clara una reiterada sospecha. El Gobierno del Partido Popular se ha empe?ado en considerar al fenómeno migratorio como un problema, y, de una forma irresponsable, lo califica como la preocupación en materia de seguridad del día de ma?ana. Esto se une a una continuada y ya larga campa?a de “sensibilización” social hacia sus posturas, que incluye una llamada poco sibilina a la alarma social, a la consideración negativa del inmigrante y del extranjero, incluso de su cultura, y que pretende abonar el terreno para este y futuros atropellos. Cuando se se?ala como perspectiva de futuro la necesidad de incluir a más inmigrantes en nuestro mercado laboral, se hace más como importación de contingentes de mano de obra barata, poco cualificada, susceptible de sumisión, y a la que se quiere hacer creer que le están haciendo un favor. Esto no se lo cree nadie con un mínimo de capacidad reflexiva.
Pero voy más allá; el problema de mentalidad de este Gobierno se reduce a que pretende seguir con el centenario juego de tirar la piedra y esconder la mano. O sea que los países enriquecidos permiten que sus multinacionales se lucren de un sistema de relaciones económicas y comerciales manifiestamente injusto, y cuando, fruto de esto y de los desequilibrios históricos, de la colonización, la descolonización y la neocolonización, se produce un creciente flujo migratorio del sur al norte y del este al oeste, los primeros esconden la cara, rechazan su responsabilidad, miran a otro lado e instalan barreras legales, mentales y militares.
Más en concreto, a juzgar por los datos que se van conociendo al respecto, el proyecto de ley que el Presidente Aznar quiere llevar a las Cámaras Legislativas plantea una serie de cambios en una tónica claramente restrictiva. Así, si se confirman las expectativas que se dan por casi seguras y que proceden de los borradores previos, la regularización permanente que el actual artículo 29.3 prevé (permite a los inmigrantes irregulares acceder a la situación regular si demuestran dos a?os de residencia efectiva y continuada en Espa?a) será fulminada del ordenamiento jurídico; y con ella se reducirán los supuestos de asistencia jurídica gratuita del actual artículo 20.1., así como se reservará la motivación de la denegación de visados a los supuestos en que esté relacionada con el reagrupamiento familiar y el trabajo por cuenta ajena. Más aún, la normativa que el Gobierno Aznar sacará adelante con casi total seguridad merced a la mayoría absoluta del Partido Popular en el Congreso y el Senado, mengua considerablemente una serie de derechos sociales que la Ley vigente reconoce con una tendencia universalista. Hablamos nada más y nada menos que del acceso a la sanidad, a la educación y a la vivienda, pasando del requisito básico del empadronamiento (independientemente de la situación administrativa) a la restrictiva criba de la residencia y la situación regular.
Por lo tanto se trata, sin lugar a dudas, de un proyecto claramente restrictivo, que nos devuelve a la perspectiva de la anterior y ominosa Ley de 1985. La futura Ley de Extranjería va a suponer un paso atrás en el reconocimiento de derechos, girando la tendencia y recortando garantías básicas. Cuando nos referimos a motivación de visados o asistencia jurídica gratuita hablamos de evitar la indefensión y de valores tan básicos como la protección jurídica de los derechos de las personas. Cuando se se?ala la regularización permanente estamos indicando uno de los mecanismos que evita la creación constante de bolsas de personas que no pueden estar en situación administrativa regular, lo cuál dificulta su inserción social sobremanera, facilitando la exclusión y la marginalidad. Si hablamos de reagrupamiento familiar o no expulsión forzosa colectiva hablamos de compromisos internacionales en materia de derechos humanos no ratificados por Espa?a (como, entre otros textos, los Protocolos 4 y 7 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, o la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familias). Y, también, cuando se indica la reducción de derechos sociales elementales se advierte sobre la manifestación de una política de ciudadanos de primera y segunda clase en virtud de su nacionalidad.
Todo esto revela una actitud que se califica por sí misma. En el Informe a las Cortes Generales correspondiente a 1997, el Defensor del Pueblo apuntó una circunstancia digna de ser tenida en cuenta: “El hilo conductor de muchas actitudes racistas y xenófobas consiste, fundamentalmente, en una práctica diaria condicionada por las decisiones que la Administración adopta en materia de extranjería y asilo, y ante las que el nacional reacciona y adopta una determinada postura, que suele repercutir en la situación del extranjero”. Estamos, por tanto, ante un recorte de libertades que no sólo afecta a los extranjeros, sino al conjunto de la sociedad espa?ola, y que disminuye su nivel de desarrollo democrático y social.
Se revela de forma clara una reiterada sospecha. El Gobierno del Partido Popular se ha empe?ado en considerar al fenómeno migratorio como un problema, y, de una forma irresponsable, lo califica como la preocupación en materia de seguridad del día de ma?ana. Esto se une a una continuada y ya larga campa?a de “sensibilización” social hacia sus posturas, que incluye una llamada poco sibilina a la alarma social, a la consideración negativa del inmigrante y del extranjero, incluso de su cultura, y que pretende abonar el terreno para este y futuros atropellos. Cuando se se?ala como perspectiva de futuro la necesidad de incluir a más inmigrantes en nuestro mercado laboral, se hace más como importación de contingentes de mano de obra barata, poco cualificada, susceptible de sumisión, y a la que se quiere hacer creer que le están haciendo un favor. Esto no se lo cree nadie con un mínimo de capacidad reflexiva.
Pero voy más allá; el problema de mentalidad de este Gobierno se reduce a que pretende seguir con el centenario juego de tirar la piedra y esconder la mano. O sea que los países enriquecidos permiten que sus multinacionales se lucren de un sistema de relaciones económicas y comerciales manifiestamente injusto, y cuando, fruto de esto y de los desequilibrios históricos, de la colonización, la descolonización y la neocolonización, se produce un creciente flujo migratorio del sur al norte y del este al oeste, los primeros esconden la cara, rechazan su responsabilidad, miran a otro lado e instalan barreras legales, mentales y militares.
La inmigración se enmarca dentro de procesos muy complejos y viene caracterizada también por ser un fenómeno propio de la revolución globalizadora. Se configura como un reto, un salto hacia delante, una fuente de riqueza humana y social destinada a la creación de sociedades abiertas, plurales, solidarias y en definitiva interculturales. Ante esta realidad los países receptores tienen dos posibles utopías, por lo dificultoso de su objetivo. Una es pensar que pueden controlarlo. Otra es tratar de sacar el máximo provecho a esta oportunidad y promover, al mismo tiempo, el establecimiento de relaciones de igualdad entre los pueblos de la tierra.
Publicado en el diario La Nueva Espa?a, junio de 2000.
posted by Gonzalo Olmos at 18:29
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