A VUELTAS CON LA FINANCIACIÓN UNIVERSITARIA

La primera reunión entre el nuevo Rector, Juan Vázquez, y el Presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces ha tenido como uno de los principales temas la financiación universitaria ?Otra vez? Desgraciadamente es un asunto de tratamiento parece que infinito y de resolución siempre complicada. Aunque hay puntos que diferencian las reivindicaciones pasadas de las presentes, en línea con la nueva dinámica que se ha de establecer con el relevo en el Rectorado.
Lo que más o menos está claro es que si el Principado de Asturias quiere tener una Universidad de calidad, flexible, dinámica, motor de recuperación, etc. tiene que hacer frente al coste económico que ello supone. Dejando de un lado las posibles deficiencias del traspaso competencial de la ense?anza superior, ya debatidas una y cien veces, lo que parece evidente es que la administración autonómica tiene que asegurar un marco estable y suficiente de financiación para la institución académica. Estar todos los a?os a expensas de aportaciones extraordinarias para cuadrar, más o menos, presupuestos universitarios no conduce a ningún lado.
Pero el Gobierno del Principado, y no sólo él sino el propio Consejo Social y gran parte de movimientos sociales y políticos asturianos exigen, con razón, una relación de tú a tú. Se ha dicho y se ha repetido que es imprescindible que nuestra Universidad adopte patrones de actuación más serios, ordene su alocada trayectoria presupuestaria (llevamos a?os con prórrogas y prórrogas sobre prórrogas), defina claramente en qué se gasta las pesetas, por qué y para qué (el cómo debe estar claro: con eficiencia, equidad y contención), y, por supuesto, aclare de dónde vienen los déficits, sean estos históricos o contemporáneos, estructurales o coyunturales. Ahí ha de entrar en juego ese criterio casi olvidado ya, que no es otro que la transparencia, y en ello va incluido el control del Consejo Social, la Auditoría con garantías, etc.
Parece, afortunadamente, que se trata la cuestión en otros términos. Si se instala el mecanismo del contrato – programa, si se apuesta decididamente por un intercambio justo entre financiación y resultados (sociales, se entiende), estaremos avanzando. Y aquí hay que comprometerse todos, no sirve andar con remilgos puesto que la disyuntiva se nos presenta como insoslayable: o una Universidad de calidad y que no pierda su carácter público (con lo que implica de financiación pública), o continuar abonando el terreno para la pérdida de credibilidad y de oportunidades.
Cuando hablamos de gasto público, siempre se trata de elegir entre una opción y otra, valorando la oportunidad del gasto, los rendimientos de todo tipo, el coste de oportunidad del mismo, etc. Si verdaderamente en Espa?a, y en Asturias, queremos un sistema universitario público y de calidad, hay que asumir costes y garantizar dotación presupuestaria. Pero estamos lejos y, mientras en los países de la Unión Europea el gasto universitario es del 1,5% del PIB, en nuestro Estado éste es del 0,9% (últimos de la fila, exceptuando Grecia). Y, no lo olvidemos, que también viene al caso, el hijo de un trabajador con rentas más o menos limitadas paga lo mismo por sus créditos que el que vive en una familia con renta alta. Hablamos en definitiva, de justicia social, qué es sinónimo de progreso colectivo.

Publicado en el Informativo Universitario "Aulas", julio de 2000