LO QUE A TODOS ATA?E
La Ley 57/2003, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, conocida como “Ley de Grandes Ciudades”, obliga a todos los municipios a aprobar reglamentos que establezcan órganos y procedimientos para la efectiva participación ciudadana. Se trata de uno de los aspectos positivos de esta norma, que pretende en esta materia establecer un mínimo exigible –en este caso a todos los ayuntamientos- para conseguir un modelo de gobierno local comprometido con las inquietudes de los ciudadanos y abierto a todos los cauces de participación cívica en los asuntos locales.
El Ayuntamiento de Oviedo llega a esta exigencia de la Ley 57/2003 como el último de la clase. El Partido Popular confunde mayoría absoluta con razón absoluta y la aritmética del Pleno con la dictadura cuatrienal. Ni escucha ni se molesta en atender las peticiones vecinales (lo podemos ver estos días en la reforma del PGOU), o como mucho, las pretende instrumentalizar (véase el caso del debate sobre el emplazamiento de la escultura de Alba). Por el contrario, muchos municipios –desde luego es el caso de aquellos gobernados por los socialistas- llevan a?os poniendo en marcha reglamentos de participación ciudadana avanzados, conscientes de que los ciudadanos no sólo deciden una vez cada cuatro a?os, sino que tienen derecho a ser oídos y dar su opinión todos los días sobre todos aquellos asuntos que les afectan cotidianamente. Se trata de complementar la democracia representativa –deciden los elegidos en los comicios locales- con la democracia participativa o deliberativa, en la que los ciudadanos y sus asociaciones pueden estar al tanto de los proyectos y acontecimientos municipales, tienen instrumentos para trasladar su opinión y contribuyen de esta manera a influir, día a día, en el devenir de la vida pública municipal, de acuerdo con la vieja fórmula, tan propia del sentido común, que reza : lo que a todos ata?e, por todos debe ser tratado.
Por ello desde el Grupo Socialista hemos planteado recientemente 30 propuestas concretas para conseguir un modelo de administración local permeable a la participación ciudadana. Planteamos garantizar el derecho de información de los ciudadanos sobre los asuntos locales; la puesta en marcha de servicios y equipamientos para promover la participación ciudadana; estrategias eficaces de promoción asociativa; la creación de órganos para esta efectiva participación, como el Consejo Social, los consejos de distrito o los consejos sectoriales; facilitar la iniciativa ciudadana, con medidas innovadoras como el derecho de audiencia pública; posibilitar que las comisiones y plenos del Ayuntamiento puedan tener turnos de ruegos y preguntas presentados por los vecinos; y establecer, en definitiva, una Carta de Ciudadanía que regule una serie de derechos subjetivos para la participación ciudadana, que deberían venir acompa?ados de una Carta de Compromisos que asuma el Ayuntamiento de Oviedo en esta materia.
La Ley 57/2003 permite, por lo tanto, abrir un debate público sobre el modelo de gobernanza local en relación con los ciudadanos. En este debate, cada uno tendrá que definir cuál es su concepción del papel que pueden y deben jugar los ovetenses. Las medidas que hemos presentado los socialistas pretenden, en definitiva, situar a los ciudadanos en el papel que les corresponde: protagonistas de los asuntos públicos.
El Ayuntamiento de Oviedo llega a esta exigencia de la Ley 57/2003 como el último de la clase. El Partido Popular confunde mayoría absoluta con razón absoluta y la aritmética del Pleno con la dictadura cuatrienal. Ni escucha ni se molesta en atender las peticiones vecinales (lo podemos ver estos días en la reforma del PGOU), o como mucho, las pretende instrumentalizar (véase el caso del debate sobre el emplazamiento de la escultura de Alba). Por el contrario, muchos municipios –desde luego es el caso de aquellos gobernados por los socialistas- llevan a?os poniendo en marcha reglamentos de participación ciudadana avanzados, conscientes de que los ciudadanos no sólo deciden una vez cada cuatro a?os, sino que tienen derecho a ser oídos y dar su opinión todos los días sobre todos aquellos asuntos que les afectan cotidianamente. Se trata de complementar la democracia representativa –deciden los elegidos en los comicios locales- con la democracia participativa o deliberativa, en la que los ciudadanos y sus asociaciones pueden estar al tanto de los proyectos y acontecimientos municipales, tienen instrumentos para trasladar su opinión y contribuyen de esta manera a influir, día a día, en el devenir de la vida pública municipal, de acuerdo con la vieja fórmula, tan propia del sentido común, que reza : lo que a todos ata?e, por todos debe ser tratado.
Por ello desde el Grupo Socialista hemos planteado recientemente 30 propuestas concretas para conseguir un modelo de administración local permeable a la participación ciudadana. Planteamos garantizar el derecho de información de los ciudadanos sobre los asuntos locales; la puesta en marcha de servicios y equipamientos para promover la participación ciudadana; estrategias eficaces de promoción asociativa; la creación de órganos para esta efectiva participación, como el Consejo Social, los consejos de distrito o los consejos sectoriales; facilitar la iniciativa ciudadana, con medidas innovadoras como el derecho de audiencia pública; posibilitar que las comisiones y plenos del Ayuntamiento puedan tener turnos de ruegos y preguntas presentados por los vecinos; y establecer, en definitiva, una Carta de Ciudadanía que regule una serie de derechos subjetivos para la participación ciudadana, que deberían venir acompa?ados de una Carta de Compromisos que asuma el Ayuntamiento de Oviedo en esta materia.
La Ley 57/2003 permite, por lo tanto, abrir un debate público sobre el modelo de gobernanza local en relación con los ciudadanos. En este debate, cada uno tendrá que definir cuál es su concepción del papel que pueden y deben jugar los ovetenses. Las medidas que hemos presentado los socialistas pretenden, en definitiva, situar a los ciudadanos en el papel que les corresponde: protagonistas de los asuntos públicos.
Publicado en La Nueva Espa?a, julio 2004
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