LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES EN EL MERCADO DE VIVIENDA

Para la inmensa mayoría de las familias ovetenses, y, principalmente, para los jóvenes que acaban de emanciparse, el principal gasto fijo al que deben hacer frente es el pago de su vivienda, ya sea como compradores o como arrendatarios. Facilitar el acceso a la vivienda se ha convertido en una prioridad política, ya que el desarrollo del mercado inmobiliario no ha contribuido a hacer este bien más asequible, sino al contrario. El precio de una vivienda media de 100 m2 es más de 8 veces el salario anual íntegro medio de los jóvenes entre 18 y 34 a?os. Sólo el 26% de los jóvenes entre 18 y 34 a?os ha conseguido emanciparse.
El problema es que además de asumir importantes costes o cargar con hipotecas interminables, al alquilar o comprar respectivamente una vivienda, muchas personas se encuentran en una situación de indefensión como consumidores de este bien. El mercado de vivienda ha sido en los últimos a?os caldo de cultivo para prácticas abusivas, a causa del desequilibrio, y por lo tanto el desigual poder de negociación que por lo general se produce entre los contratantes. Se han multiplicado las situaciones en las que el consumidor ve erosionados sus derechos frente a entidades inmobiliarias, constructoras, etc.
Esta situación es particularmente preocupante en nuestro municipio, lo que seguramente se corresponde con la fiebre del ladrillo y la expansión urbanística de Oviedo. Así lo indican los datos la Oficina Municipal de Información al Consumidor que recibió 507 consultas en el a?o 2004 en relación con el sector inmobiliario y el mercado de vivienda, situándose este sector el segundo en número de consultas de entre el total de las atendidas. Por su parte, los datos del Observatorio Permanente de Consultas y Reclamaciones que la Unión de Consumidores (UCE) tiene en Oviedo indican que en 2004 este servicio, en relación con la construcción y la promoción de viviendas, atendió 104 consultas (la segunda categoría en número), y 173 denuncias y quejas (igualmente la segunda categoría en número de las recibidas) sobre cuestiones muy diversas como defectos en la edificación, en los acabados y remates de la vivienda, en los aislamientos (térmico, acústico, etc.), cláusulas abusivas en los contratos de compraventa o arrendamiento, retraso en la entrega de vivienda, diferencia entre la vivienda y los planos, problemas de humedad, incumplimiento de calidades ofertadas, publicidad enga?osa, etc.
Los poderes públicos públicas pueden y deben actuar para tratar de salvaguardar los derechos de los ciudadanos en el mercado de vivienda. En particular el Ayuntamiento de Oviedo debería implicarse en esta tarea como administración más cercana a los ciudadanos, en un momento de especial intensidad de transacciones en este mercado en nuestro municipio. Por ejemplo, el Ayuntamiento podría poner en marcha una campa?a exhaustiva para que los ciudadanos conozcan sus derechos como compradores o arrendatarios de vivienda, dando a conocer los servicios de asesoramiento de que disponen (por ejemplo, la propia OMIC o la Oficina de Vivienda Joven del Ayuntamiento de Oviedo), así como las asociaciones de defensa de los consumidores que pueden realizar labores de apoyo y representación para la presentación de reclamaciones. El Ayuntamiento podría además proponer a las diferentes empresas del sector inmobiliario la asunción de una serie de compromisos públicos y buenas prácticas que favorezcan el respeto escrupuloso a los derechos de los compradores y arrendatarios en este mercado. Uno de estos compromisos debería ser en todo caso la erradicación de la repercusión generalizada a los compradores de la cuota del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, práctica que, por otra parte, se considerará abusiva en todo caso en virtud de la reforma en curso de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios.Las políticas públicas, por lo tanto, no sólo deben ir dirigidas a poner en el mercado más viviendas para su compra o alquiler, a precios asequibles. También deben garantizar que las reglas de juego que operen en el mercado de vivienda sean equitativas y respetuosas con los derechos de todos los ciudadanos en su faceta de consumidores y usuarios.

Publicado en La Nueva Espa?a, octubre 2005