A DÓNDE VAN LAS QUEJAS

El pasado 6 de julio, el Pleno del Ayuntamiento aprobó el reglamento que regulará la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones. Se trata de una Comisión Especial, formada por concejales de los tres grupos municipales, cuyo objeto será analizar sugerencias y reclamaciones que presenten ciudadanos y asociaciones sobre la actuación del Ayuntamiento. La creación de esta Comisión es una de las prescripciones de la Ley 57/2003, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, conocida como “Ley de Grandes Ciudades”, y supone una interesante novedad para municipios como Oviedo, en los que en no pocas ocasiones el Ayuntamiento ha pretendido ser indiferente a las inquietudes de sus ciudadanos sobre el funcionamiento de algunos servicios públicos o sobre cuestiones locales elementales (véase, durante los últimos a?os, el caso de transporte urbano, cementerio, grúa, tráfico, saneamiento, etc.).
Hasta ahí la buena noticia. El problema es que el PP, en su estrategia de limitar al máximo todo instrumento de control o de participación ciudadana, ha aprobado en solitario un reglamento que reducirá a la mínima expresión la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones. Su modelo se basa en un procedimiento burocrático lo más alejado posible de la ciudadanía. Pretenden que sea la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) –que ya de por sí cuenta con exiguos medios- la que tramite las sugerencias y reclamaciones, restando visibilidad a este instrumento de defensa de los derechos de los ovetenses. Se elimina cualquier tratamiento directo y personalizado de las sugerencias y reclamaciones, de forma que el ciudadano se encontrará con más ventanillas, buzones y formularios, propios de la administración decimonónica del vuelva usted ma?ana. Además, las facultades de esta Comisión Especial estarán atribuidas casi en exclusiva a su Presidente, que será un Concejal del propio Equipo de Gobierno. O sea que será el PP quien se controle a sí mismo –los resultados de ese control están cantados- y además estrangula la recepción de sugerencias y reclamaciones.
Por eso desde el Grupo Socialista seguimos planteando que se ponga en marcha un verdadero sistema de calidad de los servicios públicos y garantía de los derechos de los ciudadanos ante la administración. En nuestra propuesta, la Oficina que tramite sugerencias y reclamaciones tiene singularidad suficiente y es una puerta de entrada al Ayuntamiento también para la atención general al ciudadano. Proponemos que sea una figura independiente e imparcial –un Defensor del Ciudadano elegido por mayoría cualificada del Pleno- quien actúe como gestor de quejas, atendiendo directamente a la ciudadanía e impulsando que cada sugerencia o reclamación encuentre respuesta efectiva. La Comisión Especial, en nuesto modelo, tendrá carácter decisorio pero un funcionamiento más dinámico, abierto y democrático, empezando por contar con una presidencia rotatoria entre los grupos municipales. Además, planteamos que se elabore una Carta de Servicios y Compromisos del Ayuntamiento ante el ciudadano, y que se pongan en marcha estrategias de auditoría de calidad de los servicios públicos atendiendo al grado de satisfacción que ante los mismos expresan los ciudadanos.
En definitiva, mientras el PP entiende que los ovetenses son consumidores de servicios, nosotros creemos que son titulares de derechos que deben ser garantizados en su relación con el Ayuntamiento. Para el PP los ovetenses son administrados que cuanto más silenciosos estén, mejor. Para los socialistas, los ovetenses son ciudadanos cuyas necesidades y preocupaciones deben ser el motor de la actuación municipal.

Publicado en La Nueva Espa?a, julio 2004