CIUDADES ABIERTAS E INTEGRADORAS

Los municipios de gran población han arrancado el a?o 2004 bajo una novedad sustancial en su regulación legal. La Ley 57/2003, de medidas para la modernización del gobierno local, conocida popularmente como “Ley de Grandes Ciudades” introduce nuevas perspectivas para el funcionamiento de los principales ayuntamientos espa?oles. Esta norma pretende, entre cosas, un doble objetivo: impulsar la agilidad, cercanía y eficacia del gobierno municipal e imponer un estándar mínimo en lo relativo a participación vecinal y defensa de los derechos de los ciudadanos.
Aún así, no es una Ley que invente precisamente la rueda, porque algunas de sus modificaciones ya son lugares comunes para los municipios que llevan a?os trabajando rigurosamente en la modernización de la administración local y en estrategias para incorporar activamente a los ciudadanos en la vida pública. Pero en todo caso sí representa una oportunidad importante para establecer unos patrones básicos que obliguen a los grandes municipios que han venido siendo refractarios a toda clase de instrumentos de transparencia y participación ciudadana, como por desgracia ha sido el caso de Oviedo en estos a?os de monolítico y opaco mandato de Gabino de Lorenzo. A nuestro Alcalde, aunque no le guste ni un pelo, no le quedará más remedio que poner en marcha un Consejo Social de la ciudad, un reglamento de participación ciudadana, una Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, y tendrá que crear distritos a través de los que se desconcentre la administración local y se haga más cercana a las inquietudes cotidianas de los ciudadanos. En el reverso de la moneda, la Ley refuerza el, por así llamarlo, poder ejecutivo local, de forma que aumentan las capacidades de actuación del gobierno de las grandes ciudades. Convenientemente ponderada, esta ventaja para la gestión local podría suponer un paso positivo para hacer más eficaz la actuación de la administración municipal, pero sin lugar a dudas estos mecanismos se convierten en un potencial peligro para la transparencia de la actuación municipal cuando se ponen en manos de aquellos que hacen caso omiso de las obligaciones más elementales del buen gestor público: la dación de cuentas, la libre circulación de toda la información, la búsqueda del consenso político y social, el respeto a la discrepancia, la lealtad representativa, etc.
Atendiendo a esta situación, es un buen momento para coger la ola del impulso democrático que vive nuestro país desde el 14 de marzo, e iniciar una verdadera ofensiva a favor de la construcción de ayuntamientos abiertos, democráticos, eficaces e integradores, en particular para atender a la realidad de una sociedad urbana en la que las grandes ciudades, particularmente, deben ser espacios para la igualdad, la cohesión, los valores cívicos y la participación horizontal. Y ello porque es en la ciudad donde se pueden expresar más claramente las políticas sociales y el ámbito en que el ciudadano puede sentirse verdaderamente partícipe de la “cosa pública”, estrechando la relación entre representantes y representados. Pero también, no lo olvidemos, la ciudad es lugar donde la discriminación, la exclusión social y la marginalidad pueden encontrar terreno especialmente abonado si los gobernantes locales atienden a otros intereses distintos de los de la mayoría. Al mismo tiempo, los sistemas de poder local están igualmente bajo el riesgo de deslegitimación material inherente a la democracia de baja intensidad que algunas fuerzas políticas –el PP de Oviedo entre ellas, desde luego- prefieren como modelo. Amenazas de descomposición social y desestructuración política que, en todo caso, es imprescindible evitar.
Para ello, la aplicación de la Ley 57/2003 debe realizarse potenciando sus aspectos más positivos, sacando el máximo partido de los instrumentos antes citados para hacer más cercana y permeable la administración local. Por otro lado, merece la pena profundizar en una reforma de raíz de la administración municipal en Espa?a, pasando del conformismo con la garantía de un mínimo común denominador –propio de la Ley 57/2003- a un modelo de democracia local radical, cívica, representativa, participativa y deliberativa, haciendo de las ciudades laboratorios de innovación democrática. Y, por descontado, garantizando que el ámbito competencial de la ciudad alcance verdaderamente al corazón de las políticas sociales y de integración, contando además para ello con los medios financieros suficientes, cuestión en la que en los últimos a?os la deslealtad fiscal del Gobierno de Espa?a con municipios y comunidades autónomas ha creado un abismo entre necesidades que atender y recursos con los que se cuenta para ello; si a esto le unimos que en ciudades como Oviedo las prioridades de gasto benefician a los que más tienen y no favorecen la redistribución del ingreso, el problema se hace doblemente grave.
Estamos, por lo tanto, en la hora del gobierno local, el momento para poner a la administración plenamente al servicio de los ciudadanos y bajo sus propios designios. La altura de miras de gobernantes, colectivos sociales y fuerzas políticas ante este reto determinará si conseguimos que el barco de la gobernanza local arribe a buen puerto o quede a merced de la deriva.

Publicado en Revista Fusión, junio 2004