ESTATUTO DE AUTONOMÍA: ALGO MÁS QUE CORTAR Y PEGAR

En estas últimas semanas por fin ha comenzado sus trabajos la ponencia que en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) se encargará de cocinar el texto del nuevo Estatuto de Autonomía. En el momento de redactar estas líneas aún no está claro si el planteamiento de los diputados que la integran será elaborar un nuevo Estatuto de principio a fin, o únicamente retocar el actual, aunque, por el ritmo, orientación y contenido del resto de reformas estatutarias, ya culminadas o en curso, parece que resultará inevitable una nueva redacción en su totalidad, o, como poco, una profunda revisión de la mayoría de preceptos del vigente.
Nos jugamos mucho en este viaje, y los diputados que forman la citada ponencia tienen que ser perfectamente conscientes de tal responsabilidad. Previamente han tenido como base los informes recabados por el Gobierno Autonómico de diferentes especialistas, el dictamen del Consejo Consultivo y la ingente labor documental de los letrados de la JGPA. Trascendiendo del ámbito más estrictamente técnico, la referencia del resto de reformas estatutarias es ineludible, y seguramente influirá en la definitiva redacción que lleguen a acordar.
Pero una cosa es la natural incidencia de los procedimientos de reforma estatutaria, y la necesidad de sumarse a la evolución y el –al menos pretendido- perfeccionamiento de nuestro sistema autonómico; y otra bien diferente es reducir nuestro proceso de reforma a un picoteo desigual en los diferentes textos de otras Comunidades Autónomas, a modo de emulación total o parcial de lo aprobado en otros lares, sólo por el hecho de que algo que hay que cambiar para participar en este baile autonómico. Mal harían nuestros representantes si llegan a esta reforma pensando en solventarla como un trámite más, esperando que el trago pase con la forma más insípida y anodina posible, sin analizar qué aspectos de nuestra arquitectura institucional y bagaje competencial merecen ser revisados convenientemente. Existe la sensación, bastante extendida, de que en Asturias se abre la reforma estatutaria más por inercia que por reafirmación de nuestro autogobierno y depuración de los instrumentos que los poderes públicos tienen para actuar sobre la realidad. Ciertamente el debate social no es particularmente intenso al respecto, salvando cuestiones como el estatus de la llingua asturiana, que, siendo un asunto de importancia, ni mucho menos agota el contenido de la reforma estatutaria.
Por ejemplo, poco se ha dicho acerca de qué nuevas competencias se pretenden recoger entre aquéllas que corresponden a nuestra Comunidad Autónoma. Y va siendo hora de que asumamos la gestión integral del agua y ríos asturianos; de que los trenes de cercanías puedan coordinarse plenamente desde Asturias con el resto de la red de transportes; de que participemos en la gestión del aeropuerto de Asturias; de que el tráfico por las vías autonómicas sea nuestra responsabilidad; de que las instituciones penitenciarias sean competencia autonómica (entre otras cosas una gestión cercana ayudaría a mejorar sustancialmente la situación rayana en el hacinamiento que vive el centro penitenciario de Villabona); de que contemos con una policía autonómica cuando menos para ejercer funciones de policía administrativa; o de que tengamos instrumentos administrativos autonómicos con capacidad para actuar en materia de inspección de trabajo. Todo ello sin hablar del margen competencial que nuestro actual Estatuto permite y que no se ha desarrollado plenamente, empezando por la asunción de las competencias en materia de personal de Justicia, lo que posiblemente nos hubiera evitado la pasada y traumática huelga de los funcionarios del sector.
Tampoco se ha hablado mucho de las cosas que podemos cambiar en nuestro modelo institucional. Por ejemplo, convendría suprimir la limitación temporal establecida para la disolución y convocatoria de elecciones a la JGPA, totalmente ajena a los tiempos políticos y realidad de una Comunidad Autónoma que ya tiene suficiente recorrido. Y resultaría oportuno dotar de un mayor protagonismo en todos los órdenes a la propia JGPA. También es el momento de otorgar en el Estatuto un papel mucho más relevante a los Ayuntamientos, a las mancomunidades que éstos conforman y a la propia Federación Asturiana de Concejos, previendo además la necesaria financiación y la futura descentralización competencial a las entidades locales.
En definitiva, al afrontar esta reforma estatutaria, se trata de ajustar nuestra norma de referencia a las necesidades y aspiraciones de incremento del autogobierno y de afinamiento de nuestro marco institucional. Y no porque haya que hacerlo para no perder comba, sino por convicción en que la profundización en el desarrollo autonómico permite mejorar la capacidad de ser más eficientes en la gestión de los recursos públicos, en la atención a los ciudadanos, y en la respuesta democrática a las inquietudes de los asturianos.

Publicado en Fusión Asturias, mayo de 2008.