SERVICIOS PÚBLICOS: LO QUE NOS ESTAMOS JUGANDO

Cuando hablamos de servicios públicos no sólo hablamos de que el Estado facilite, de forma directa o indirecta, determinados bienes o prestaciones a los ciudadanos. Hablamos también de que el acceso a los mismos tenga un carácter universal o por lo menos de amplio alcance, permitiendo a quienes disfrutan de ellos contar con un mínimo de garantías para el desarrollo de su proyecto personal de vida, sin tener que fiar exclusivamente a sus rentas sus propias posibilidades de supervivencia, éxito y, si me apuran, felicidad. La cohesión social –y la paz social, por lo tanto- tienen mucho que ver con la solidaridad institucionalizada y la redistribución de la riqueza organizada por el Estado (en sentido amplio) mediante la transferencia, en especie, de bienes y servicios para que todos cuenten con un soporte mínimo vital.
Claro que es difícil que esta sea la idea que nos pasa por la cabeza cuando pagamos nuestros impuestos, aguantamos al funcionario malencarado de turno o utilizamos un equipamiento público que presenta deficiencias. Y, aunque las cosas funcionen bien (la mayor parte de las veces), no siempre estamos de humor para apreciar que tener una carretera asfaltada, alumbrado público, un colegio en el barrio, una decisión judicial que nos reconozca un derecho o un centro salud al que acudir es el resultado de décadas de esfuerzo, organización productiva, reivindicación social, y en definitiva el fruto del trabajo de muchas otras personas. Además, en algunas otras ocasiones hay quienes tienen la humana tentación de desear un recorte de tales servicios, para aminorar los gastos públicos y reducir la carga fiscal que soportan, si es que éllos pueden permitirse acudir a la oferta privada. Ya se sabe que en los tiempos que corren es el aparentemente más fuerte quien desea librarse de los que (también aparentemente) son más débiles.
Por suerte, hasta la fecha en Asturias se ha desarrollado un modelo propio de servicios públicos a la par que se cubrían fases de nuestro desarrollo autonómico. Hemos utilizado las competencias recibidas para apuntalar los servicios esenciales, principalmente la sanidad y la educación, y para profundizar en otras políticas dirigidas en un mismo sentido, como las de vivienda, los servicios sociales, etc. Es cierto que ello ha sido posible en buena medida gracias a la ventajosa relación financiera con el resto de España, a la solidaridad interterritorial y a los fondos procedentes de la Unión Europea. Pero no es menos cierto que se podrían haber tomado otras decisiones dirigidas a minar o devaluar los servicios públicos con otras intenciones. Algunas Comunidades Autónomas así lo han hecho, convirtiendo, por ejemplo, la red sanitaria y educativa de titularidad pública en un instrumento subsidiario, de ínfima calidad, del que hacen uso principalmente quienes no pueden pagarse una alternativa privada, ante el desinterés de las clases medias. En Asturias, por fortuna, lo colectivo sigue gozando de prestigio, y los servicios públicos son sostenidos y utilizados por las familias de renta media como algo propio que defender, y no como una carga.
Ahora bien, los riesgos no son pocos. A la tendencia disgregadora derivada del neoliberalismo más voraz, que pretende convertir en objeto de mercado todo cuanto pueda ser materia de transacción económica, se suman los propios defectos que a veces parecen inherentes a la cosa pública (sin que debamos conformarnos con tal conclusión). Por ejemplo, cuando no se ajusta y prioriza adecuadamente el gasto público, o cuando directamente se despilfarra, lo que tiembla es la propia estructura del servicio público. Y cuando los propios protagonistas de tales servicios, que son aquellos a quienes se ha encomendado su prestación en la práctica, no muestran suficiente compromiso con aquello que se traen entre manos, lo que están es abriendo la puerta a un peligroso deterioro del propio servicio, de incalculables consecuencias.
Viene esto a cuento de la situación que parece vivirse entre los empleados públicos de determinados sectores en nuestra Comunidad Autónoma, principalmente en casos como el de los servicios sanitarios, en el que valientemente se ha puesto sobre el tapete por parte del Gobierno Autonómico una situación que comienza a ser preocupante sobre el riesgo de la insostenibilidad económica del sistema, haciendo un especial llamamiento a los profesionales sanitarios para mejorar su rendimiento. Nada que objetar frente a las reclamaciones que éstos tengan que realizar en su respectivo ámbito de prestación de servicios o laboral, ya que muchas de éllas serán justas. Pero deben también tener en cuenta que lo está en juego es la viabilidad de un modelo de cohesión social basado en buena medida en los servicios públicos y que, de su entrega, responsabilidad y eficacia dependerá que el día de mañana siga persistiendo dicho servicio público como tal.

Publicado en Fusión Asturias, abril de 2008.