LEY DE EXTRANJERÍA Y SEGREGACIÓN SOCIAL

Acaba de entrar en vigor el 23 de enero la reforma de la Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en Espa?a y su Integración Social, conocida con el no tan halagüe?o nombre de Ley de Extranjería. Se trata de una reforma profunda de una norma sumamente reciente, como es la Ley 4 / 2000, y son muchos los aspectos sociales, jurídicos, etc. que esta reforma entra?a. Conviene analizarlos detenidamente, y en estas líneas trataré de aportar algún comentario para el debate.
Por un lado, nos hemos encontrado ante el resultado, predecible por la mayoría absoluta del Partido Popular en las Cámaras Legislativas, de una inusitada y recientemente convulsa trayectoria en el abordaje legal del fenómeno de la inmigración. En febrero de 2000 entraba en vigor la Ley 4 / 2000, que reemplazaba a la restrictiva Ley de 1985. La Ley 4 / 2000, en su primera redacción, ampliaba de forma general los derechos de las personas inmigrantes, entre ellos derechos políticos, sociales, garantías jurídicas, etc. E, introducía una serie de mejoras dirigidas a la integración social de este colectivo. No era una Ley, ni mucho menos, de máximos; tampoco difería de una óptica restrictiva ante el fenómeno migratorio, pero era un avance social evidente respecto a la anterior Ley. Fue aprobada fruto de una intensa labor parlamentaria y de un consenso largamente trabajado y roto finalmente, en los últimos momentos del trámite parlamentario, por el Partido Popular. El PP y sus dirigentes emprendieron desde entonces una campa?a, desde el propio Gobierno del Estado –lo cuál es tan escalofriante como poco presentable-, dirigida a maldecir la citada normativa bajo augurios de “avalancha”, “indefensión ante la inmigración”, etc. Hemos asistido a una tosca pero influyente y abrumadora campa?a de intoxicación informativa en torno a la inmigración. Desde el supuesto “efecto llamada” de la Ley, a la criminalización de la inmigración irregular, pasando por la utilización hasta la saciedad de las mafias como algo alentado por la propia Ley. En todo este proceso, el Delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, Enrique Fernández Miranda, ha jugado el papel más duro mostrando la cara menos amable, por decirlo decorosamente, de un Gobierno empe?ado en considerar este asunto como cruzada política y arma propagandística.

Resultado de todo ello, nos encontramos ante una motorización legislativa en lo referido a la inmigración y a los derechos de los extranjeros en Espa?a, con una reforma como la que acaba de entrar en vigor. Las leyes no pueden elaborarse sin una prudencia y sensatez necesarias, de las que en este caso el Partido Popular ha mostrado carecer. La reforma de la Ley ha producido y va a producir peligrosas consecuencias, jurídicas, políticas y sociológicas. Agrava la separación entre personas en situación administrativa regular y aquellos que no lo están; a éstas personas, no sólo se les niegan derechos básicos como los derechos de reunión, manifestación, asociación o huelga (posiblemente contraviniendo el carácter universal de los mismos que la Constitución Espa?ola –tan defendida por el Presidente Aznar- reconoce en sus artículos 21, 22 y 28), sino que las sitúa en un régimen de clandestinidad y una inseguridad permanente, puesto que además de que pueden estar sometidos a rápidos trámites de expulsión, se les coloca, en definitiva, como personas de segunda categoría, con lo que ello implica de riesgos de exclusión y marginalidad. Al mismo tiempo, y azuzado esto por el propio Gobierno con Fernández Miranda como protagonista, se introduce en el conjunto de la sociedad espa?ola un peligroso sentimiento que se resume en hacer sentir la necesidad de articular mecanismos de defensa ante el fenómeno inmigratorio, así como en alimentar el rechazo general al irregular, considerado ilegal y que –palabras eufemísticas del Delegado- “no debe permanecer entre nosotros”.

Al mismo tiempo, y esto es importante se?alarlo, la reforma de la Ley no sólo es peligrosa por las consecuencias sociales de la misma, sino también por la falta de realismo en la que se inspira. Y eso cuando, supuestamente, trata de poner freno a una, evidentemente también supuesta, desmedida y utópica generosidad del anterior texto. El fenómeno inmigratorio existe y existirá, puesto que el verdadero efecto llamada es el subdesarrollo económico, el sistema comercial y productivo injusto y la legítima búsqueda de un nivel de vida digno por la población inmigrante, que además es esencial para el sostenimiento de su familia en su tierra natal. Son los Estados receptores, y por extensión las sociedades de tales países, los que pretenden marcar la línea que se?ala a un lado la inmigración legal y a otro la ilegal; y en función de esa demarcación evidencian sus objetivos comunitarios, su asunción de la interculturalidad o su inoperante intento de repliegue ante los efectos de la globalización de la que se benefician, y, en definitiva, su visión de la solidaridad humana. Esa demarcación, en nuestro caso, dejará a decenas de miles, 130.000 personas calcula en la actualidad ATIME (Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes), en los márgenes de la exclusión, estableciendo una segregación social consagrada legalmente, lo cual parece propio de otros tiempos. A esto se une que, endureciendo los requisitos para acceder a la regularización permanente, se generarán bolsas de inmigración irregular más numerosas. Esta demarcación propiciará, al contrario de lo supuestamente pretendido, la contratación sin derechos de trabajadores inmigrantes, considerando que persiste el circulo vicioso que vincula permiso de residencia y permiso de trabajo e incluso los irregulares que pretendan defender sus derechos no podrán ni reunirse, ni manifestarse, ni asociarse, etc. Tampoco esta reforma contribuirá a combatir a las propias mafias de tráfico de inmigrantes, puesto que el mismo número de personas o más en el futuro tratará de llegar a Espa?a y será más difícil hacerlo por vías legales, teniendo que recurrir a otra serie de métodos, que pasan por las mafias, el peligroso viaje por el Estrecho de Gibraltar y la ominosa fosa común en la hemos convertido a estre brazo de mar.

Pero todo esto tiene sus repercusiones, como vemos, y algunas se manifiestan ya de forma a veces esperpéntica. ?Pretende el Gobierno proceder a expulsar a todas las personas en situación irregular susceptibles de serlo según la reforma de la Ley? ?No son los traslados masivos y forzosos de personas, con haloperidol o sin él, cosa de otras etapas de la historia de Europa? En el caso de que aún así hubiese esa intención, ?tiene el Gobierno infraestructura para ello? ?De verdad cree Fernández Miranda que personas que han invertido gran cantidad de sus ahorros, o que incluso se han endeudado para poder venir a Espa?a, van a regresar a sus países para luego tramitar sus papeles y, en el caso de qué obtengan un permiso de residencia, regresar de nuevo a Espa?a? ?No es más o menos demostrable que hay una estrecha vinculación entre los flujos migratorios y la evolución demográfica de Espa?a, así como entre los primeros y las necesidades del mercado laboral de la tierra de acogida? Por cierto, sobre esta última cuestión es relevante apuntar que algunos expertos sobre la materia, como por ejemplo Ubaldo Martínez, Sociólogo de la Universidad Autónoma de Madrid, plantean que históricamente ha sido así y que por tanto, es factible la “liberalización” del fenómeno migratorio, pareja a estas otras liberalizaciones de hoy en día.
En definitiva, la torpeza, el oportunismo y la insolidaria política del Gobierno ha transformado un fenómeno, aún mucho menos relevante cuantitativamente que el que experimentan otros países europeos, en un problema de primera magnitud, y así es percibido socialmente por la sociedad espa?ola. Hemos superado esa barrera que nos conduce desde la miopía hacia la ceguera.

Publicado en el diario La Nueva Espa?a, febrero de 2001.