EL DESARROLLO DE LA LEY DE GRANDES CIUDADES: MEJOR ENTRE TODOS

Como es sabido, el pasado 1 de enero entró en vigor la Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, conocida popularmente como Ley de Grandes Ciudades (aunque su regulación alcanza más allá del régimen especial para municipios de gran población). La nueva norma prevé un periodo transitorio de 6 meses para que los ayuntamientos a los que se aplica directamente la nueva norma se adapten a sus prescripciones y desarrollen la nueva estructura orgánica y funcional prevista en la Ley.
Por lo tanto, en los próximos meses el Ayuntamiento de Oviedo debe perge?ar una nueva red de órganos y aprobar un buen número de reglamentos cuyo contenido determinará, para el futuro, el proceso de toma de decisiones, los mecanismos de control o los instrumentos para promover la participación ciudadana en la vida política local. Para hacernos una idea: en estos meses mucho habrá que trabajar, cotejar, comparar y analizar para aprobar el reglamento del Ayuntamiento y del Pleno, el reglamento de participación ciudadana, el reglamento que regule el Consejo Social de la ciudad, el reglamento del nuevo órgano de resolución de las reclamaciones económico-administrativas y la normativa que regule la división del municipio en distritos y la determinación del porcentaje mínimo presupuestario que gestionarán.
Mucho se lleva diciendo y escribiendo sobre esta Ley, y casi todas las opiniones tienen su porción de verdad. La crítica principal, y la más atinada, es que la norma no introduce novedades sustanciales en materia de competencias municipales ni asegura la suficiencia financiera de los ayuntamientos, verdadero talón de Aquiles de esta administración. Por otro lado, es cierto que se fortalece el poder ejecutivo en el ámbito municipal, concentrado especialmente en la nueva Junta de Gobierno; esto puede ser positivo en términos de eficacia y rapidez en la gestión, en un momento en que los ayuntamientos gestionan cada vez más servicios y se van convirtiendo en la administración de referencia para los ciudadanos. También es cierto que una aplicación interesada de la Ley puede provocar una erosión considerable de la transparencia, el control y el alcance general de la labor de la oposición, que previsiblemente encontrará nuevas trabas para acceder a la información. Obviamente, este efecto negativo de la Ley hay que evitarlo, porque en los contrapesos, la disparidad de visiones y la supervisión de la actividad pública está la esencia del sistema democrático, que no puede quedar herido en el ámbito local bajo ningún concepto.
El marco que establece la Ley deja, por lo tanto, amplias facultades para que el Ayuntamiento complete su propia estructura orgánica y funcional, en un ejercicio del poder de autoorganización inherente a la autonomía local. Caben, a grandes rasgos, dos opciones contrapuestas. Se puede optar por un modelo cerrado, en el que se cubra el expediente en lo relativo a la aprobación de los reglamentos antes citados, pero que, a la hora de la verdad, consagre un poder casi omnímodo del ejecutivo local, con menos controles y con un sistema de participación ciudadana situado en un discreto segundo plano. Pero también es posible elegir un modelo abierto, donde se arbitren nuevos mecanismos para que los grupos municipales de la oposición puedan desarrollar su labor, fundamental en la vida local, con todas las garantías; un modelo en el que, además, se aproveche al máximo la oportunidad de acercar la administración al ciudadano y se profundice en verdaderos mecanismos que impliquen al ovetense y a sus entidades asociativas en el discurrir de la vida política municipal.
Por ello, desde el Grupo Municipal Socialista hemos planteado la creación de una comisión de seguimiento de la aplicación de la nueva Ley, con amplias capacidades para orientar el desarrollo normativo de la misma. Además, es el momento preciso para comenzar a recibir opiniones del conjunto de la ciudadanía y el tejido asociativo local sobre cómo quieren que funcione y se organice nuestro Ayuntamiento. Queremos que las reglas del juego que regirán el funcionamiento del Ayuntamiento sean compartidas y respaldadas por todos, para asegurar que todos se sienten representados en ellas.

Publicado en el diario La Nueva Espa?a, febrero de 2004.