LA OCUPACIÓN COMPLETA DEL PODER
Por
experiencia particular y por convicción personal, creo que la participación activa
en los asuntos públicos, la asunción de responsabilidades ejecutivas e incluso
la militancia partidaria no tienen por qué estar reñidas con la suficiencia de
criterio necesario para, en un momento posterior, desempeñar funciones en
órganos institucionales en los que la ecuanimidad y la autonomía en la toma de
decisiones es determinante. Que una persona haya optado, en un determinado
momento, por colaborar comprometidamente con un gobierno o un partido político
no tiene por qué inhabilitarle necesariamente para responsabilidades para las
que demuestre su valía y en las que, por su trayectoria, se presume que
desempeñará sus funciones de manera adecuada a la altura del cometido
conferido.
El
problema surge cuando el procedimiento de selección de las personas llamadas a
ocupar responsabilidades en órganos institucionales de la máxima entidad, de
relevancia constitucional o estatutaria, o que resultan esenciales para la
regulación de sectores económicos, viene fuertemente condicionado por una
cultura partidaria fuertemente expansiva. En este tipo de situaciones es
fundamental que los detentadores del poder político demuestren una vocación de
respeto por el sistema de equilibrios propio de la arquitectura institucional
democrática, en especial cuando la decisión afecta al núcleo del funcionamiento
del sistema, que es la división de poderes. Y, evidentemente, a ese anhelado
modelo de responsabilidad institucional debe sumarse una regulación legal
suficientemente completa en materia de requisitos del designado,
incompatibilidades, causas de inelegibilidad, prevención del conflicto de
intereses, etc.; normas que, aunque nunca asegurarán el acierto del
nombramiento, al menos contribuirán a evitar situaciones indeseadas.
No
siempre las precauciones citadas funcionan. A veces puede más la voluntad de poseer
el mayor número de resortes de mando posibles o de atenuar todos los
contrapesos contemplados en la estructura del sistema. E iniciada la dinámica
de sometimiento de las instituciones, la espiral avasalladora se retroalimenta
hasta oxidar el engranaje interno de limitación del poder. En los casos
patológicos, una democracia representativa relativamente sana es arrastrada a
las aguas turbias del autoritarismo y acaba por resultar irreconocible, porque
uno a uno los procedimientos de supervisión son desvirtuados, desconectados y
puestos al servicio de un objetivo –el del Ejecutivo y sus sostenedores- distinto
del previsto. La misma corrosión opera en las instituciones reguladoras del
mercado cuando pasan a ser trofeo de caza, dando paso a lo que Stiglitz bautizó
como el “capitalismo de amiguetes”, que, precisamente, es el mayor enemigo del
correcto y limpio funcionamiento del libre mercado.
Para que eso
suceda, hay un primer estadio de deterioro en el que un grupo de poder reduce drásticamente
el elenco de personas que pueden ser llamadas al ejercicio de una
responsabilidad de esta categoría a aquellos profesionales que considera de su
entorno y afinidad, sin considerar de antemano otros posibles perfiles y sin
perseguir la fortaleza y vitalidad de los órganos de control de los que se
trata. En España en esa fase primigenia estamos, con escaso debate público -más
allá de la polémica inicial- sobre la degradación que puede conllevar, porque
el partido gobernante ha promovido, de forma escasamente disimulada, la
promoción de un militante suyo a la Presidencia del Tribunal Constitucional; de
un ex alto cargo en el Ministerio de Justicia a la Presidencia del Consejo
General del Poder Judicial; de un afiliado del PP, ex Diputado, ex Ministro de
Sanidad y ex Consejero de la Xunta de Galicia, como Presidente del Consejo de
Estado; de una dirigente del PP y ex Ministra de Medio Ambiente como Presidenta
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores; y de un ex alto cargo del
Ministerio de Ciencia y Tecnología a la Presidencia de RTVE (en todos los casos
hablamos de pertenencia o dependencia de gobiernos del mismo signo, claro). La
enumeración se efectúa por citar órganos en los que no sólo la solvencia
profesional que concurre en las personas citadas es necesaria, sino que también
se precisa una particular independencia y la ausencia de toda duda de
parcialidad; cautela que en estos casos no parece totalmente garantizada, sobre
todo porque los nombramientos responden a una misma estrategia dirigida a copar
descaradamente todos los espacios del poder público.
El prestigio
de las instituciones y su correcto funcionamiento es también una cuestión de
actitudes, estilos y autocontroles. El partido gobernante se ha decidido a
prescindir de miramientos y la pelota pasa desde ese momento a otros tejados:
el de aquellos que deben demostrar su cuestionada independencia; y el de la
ciudadanía en cuya conciencia y capacidad de acción está repeler cualquier
desvío hacia el despotismo.
Publicado en Fusión Asturias, junio de 2014.
Etiquetas: CNMV, Consejo de Estado, democracia, Gobierno de España, instituciones, partidos políticos, PP, rtve, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo
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