EL RESCATE DE SEDES

Ahora toca hacer astillas del árbol caído y hacer recuento de las decisiones erradas que han llevado a la constructora y promotora de capital público SEDES, bajo el dominio efectivo del Principado de Asturias, a su difícil situación actual. Es cierto que desde la empresa pública no se han ayudado mucho a sí mismos en los últimos tiempos; basta recordar su empecinamiento –frustrado por una acertada decisión judicial- en cepillarse por vía de medida cautelar el Centro Social “La Madreña”, como si tuviesen comprador inmediato para la parcela o planes realizables a corto plazo, más allá del abandono del edificio que resultaría del desalojo que persiguen (y que, ojo, a la larga conseguirán, si no hay decisiones políticas que condicionen a SEDES). Y, evidentemente, la sociedad asturiana, que es en último término la principal accionista de SEDES a través de la Administración del Principado de Asturias y de la Sociedad Regional de Promoción, tiene perfecto derecho a saber en toda su extensión por qué la empresa tiene su viabilidad futura tan fuertemente comprometida. Pero, frustrado el primer intento de venta de los títulos de la Sociedad, con la empresa de ERE en ERE y en riesgo severo de irse al traste, habrá que pensar no sólo en cargar las tintas sobre los antecedentes del problema o en cómo deshacerse de él, cosa que igual ni siquiera resulta posible.

La Ley del Principado de Asturias 1/2013, de Medidas de Reestructuración del Sector Público, contempla la venta de las acciones de SEDES, por vía de autorización al Consejo de Gobierno para que proceda, de modo que la suerte está, a priori, echada. Está claro que ha pesado en el legislador asturiano la política de reducción de entidades bajo su control –en este caso esta empresa pública-, aunque en nuestra Comunidad resulte más atemperada esta vocación liquidatoria (igual que más moderada, por mucho que diga, fue su crecimiento en el pasado). Y que a esto se sumaron las críticas sobre la desviación del objeto y fines sociales de SEDES, la competencia con el resto de promotoras y constructoras de capital privado y las achacadas discordancias con los estándares de contratación y funcionamiento exigibles a una entidad del sector público.

            Ahora bien, ¿qué sucederá si no se encuentra comprador para SEDES, incluso aunque se reduzca nuevamente su personal o se le ayude institucionalmente a refinanciar su deuda? Llegados a un punto cercano al bloqueo, con el clima laboral en la empresa de mal en peor y visto el escaso interés que, al menos hasta ahora, SEDES despierta para potenciales adquirentes, quizá haya que repensar lo decidido. Posiblemente sirva de algo recordar que SEDES fue un instrumento útil en el mercado de vivienda de protección, en la obra civil o en la construcción de equipamientos sociales, educativos, medioambientales y culturales; que, con los controles necesarios y la orientación adecuada, no tiene por qué ser objeto de abuso o estar sometida a decisiones ajenas a su interés social; y que, lo más importante, seguiremos necesitando en el futuro empresas públicas que permitan intervenir en la realidad socioeconómica de nuestra Comunidad, en beneficio de todos si actúan conforme a lo que debe esperarse del sector público y si con su participación se consigue eficiencia y ahorro en costes. Desde luego, prefiero cien veces que el saneamiento y reestructuración de SEDES al que, probablemente, se vea abocada la Administración del Principado de Asturias, se haga para mantener a la empresa bajo el control público y para fines de interés general que para endosarle los restos, ya aligerada la carga, a quien se le acabe convenciendo para que haga una puja.

Publicado en Asturias24, 1 de abril de 2014.