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16.2.09

JURISDICCIÓN UNIVERSAL Y DERECHOS HUMANOS


Algunas estampas han reflejado singularmente en los últimos años los importantes avances en la persecución de los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad que la comunidad internacional, después del horror de la II Guerra Mundial, dijo querer proscribir para siempre. Será difícil de borrar de la memora colectiva la alegría de los familiares de las víctimas de Pinochet, parcialmente saciados en su sed de justicia tras años de desesperanza, al confirmarse el procesamiento del ex dictador por la justicia española –primero- y por el juez Guzmán en su propio país (sólo su longevidad y estado de demencia impidieron la continuación del proceso). Cómo no compartir la satisfacción de las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo al poder honrar a sus desaparecidos con la anulación de los indultos, puntos finales y obediencias debidas, y la reactivación de la exigencia de responsabilidades penales en Argentina a la Junta Militar que acabó con miles de opositores entre 1976 y 1983; proceso que tuvo también su aldabonazo en el previo sumario seguido en la Audiencia Nacional. Queda también para la historia la honorable sonrisa de Rigoberta Menchú al obtener la enorme victoria jurídica que representó que nuestro Tribunal Constitucional ratificase, en la memorable Sentencia 237/2005, la competencia de los tribunales españoles para investigar y enjuiciar delitos de lesa humanidad, como el genocidio perpetrado en Guatemala entre 1978 y 1986, fuesen o no de nacionalidad española las víctimas. Y, por pura responsabilidad histórica española en el conflicto, uno no puede evitar saludar la reparación que decenas de saharauis ya han sentido con sólo prestar su testimonio para que el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional pueda conocer, en el sumario en el que están imputados diferentes oficiales y responsables de las fuerzas armadas y de seguridad marroquíes, las torturas y desapariciones perpetradas en el Sahara Occidental ocupado.
Nuestro sistema judicial, principalmente a través de la Audiencia Nacional -por las competencias que la ley le ha otorgado- ha sido clave en el impulso de procesos penales dirigidos a reducir los espacios globales de impunidad cuando de crímenes horrendos como el genocidio, las desapariciones o las torturas sistemáticas se trata. Los jueces que han asumido su responsabilidad y han impulsado y dirigido la instrucción de estos procedimientos; los órganos judiciales que han fallado a favor de la competencia para el enjuiciamiento bajo los principios de justicia universal en estos supuestos atroces; y los colectivos de víctimas que han acudido a buscar la restitución moral que la justicia ofrece, no han hecho sino aplicar o invocar las normas internas y, sobre todo, los diferentes tratados relativos al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que España ha ratificado.
Conviene recordar ésto para analizar el reciente Auto del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional que ha admitido a trámite la querella interpuesta frente al ex ministro israelí de Defensa y otros seis cargos militares, por una acción militar en la que resultaron muertos 14 civiles palestinos y que podría constituir un crimen de guerra. La resolución ha resultado polémica, y sobre todo incómoda, pero se enmarca en la legítima y reglada actuación del poder judicial para dar respuesta a una aspiración justificada de la sociedad civil internacional que, hasta el momento, España ha hecho propia, como es la búsqueda de la justicia frente a las violaciones graves de los derechos humanos, independientemente de dónde se cometan. Un anhelo que debe prevalecer y encontrar amparo y cauce también en este procedimiento judicial, sin permitir que se antepongan pretendidos intereses geoestratégicos de terceros, y sin admitir, en ningún caso, cambios legales ad hoc que signifiquen un retroceso en los importantes pasos dados en el compromiso a favor de la jurisdicción universal para la protección de los derechos humanos más básicos.

Publicado en Oviedo Diario, 7 de febrero de 2009.