LA POLÍTICA DE INMIGRACIÓN DEL PP

El Sr. Suárez Bocero expone en un artículo publicado por LA NUEVA ESPA?A su obtuso análisis del fenómeno inmigratorio y lanza una serie de demagógicas invectivas contra el Gobierno de Espa?a y las propuestas formuladas sobre este asunto por el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo. En una materia tan delicada como las políticas públicas ante la realidad de la inmigración, resulta imprescindible contraponer a su romo discurso otra forma de enfocar la actuación de las administraciones públicas.
La inmigración es ante todo un fenómeno constante en la historia, que se ha agudizado en los últimos a?os conforme a los cambios operados por la globalización. Mientras aumenta el diferencial de riqueza entre los países económicamente desarrollados y los empobrecidos –especialmente los del continente africano-, las distancias entre ambas realidades se hacen más cortas, merced al progreso en materia de transportes, comunicación, etc., y debido igualmente al creciente deseo de miles de personas de mejorar su vida y la de los suyos a través del proyecto migratorio. Nadie emigra por capricho ni por gusto, sino por necesidad, como consecuencia de una legítima voluntad emprendedora a la búsqueda de mejores expectativas. Obviamente, esta realidad trasciende al momento político actual, y desde luego achacar la intensificación del flujo migratorio a las iniciativas de uno u otro gobierno –en este caso el presidido por Zapatero- es una burda simplificación propia de la vacuidad intelectual de una mente provinciana.
La inmigración no es en sí misma un problema, pero, evidentemente introduce importantísimos cambios, dilemas y controversias en la realidad social afectada por este fenómeno. No es acertado ni justo calificar automáticamente la realidad migratoria como una fuente de problemas, tal y como hace el Sr. Suárez Bocero en su artículo. En primer lugar, porque proyecta una idea discriminatoria y prejuiciosa que ningún representante público debería alentar. Y en segundo lugar, porque, de la mano de los nuevos retos que plantea el fenómeno inmigratorio, vienen también las oportunidades y los resultados beneficiosos, empezando por el aumento de la natalidad, el sostenimiento del sistema de protección social, el incremento de la tasa de actividad, la superación de barreras y estereotipos negativos sobre otras realidades culturales, etc.
El impacto del fenómeno inmigratorio exige que los poderes públicos estén a la altura de la importancia de este asunto. En el ámbito local, además, es donde se desarrollarán, en la vida cotidiana, los procesos de integración o las dificultades que desembocan en la exclusión. Este motivo requiere que os ayuntamientos desarrollen políticas de alcance en torno a la inmigración y la promoción de la convivencia intercultural. Sin embargo, el Concejal de Inmigración se niega a toda planificación, análisis exhaustivo y evaluación de las exiguas iniciativas que el Ayuntamiento de Oviedo desarrolla en la materia. Más aún, rechaza sistemáticamente cualquier propuesta que venga del resto de grupos municipales. Y por si esto fuera poco, a pesar de las múltiples peticiones y de que el propio Alcalde se comprometió públicamente a ello, aún no se ha puesto en marcha un Consejo Sectorial de Inmigración en el que analizar con detenimiento las políticas municipales al respecto, con la participación de los grupos políticos y las asociaciones formadas por inmigrantes o que defienden sus derechos. Cabe conectar esta actitud pasiva con los datos irrefutables que marcan la actuación municipal. La Concejalía de Inmigración cuenta con un raquítico presupuesto en 2006 de 162.548,05 €, es decir el 0,08% del gasto municipal. De hecho, la aportación que recibe nuestro Ayuntamiento procedente del Estado es bastante superior al esfuerzo municipal, ya que esta transferencia asciende a 235.000 €, a cargo del Fondo de apoyo a la acogida e integración de inmigrantes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Por otra parte, la mediocre política del PP local en Oviedo en materia de inmigración se corresponde con los planteamientos de este partido a nivel estatal. Las propuestas de Mariano Rajoy sobe este asunto son profundamente injustas, además de delirantes en algunos casos. Impedir el empadronamiento de los inmigrantes irregulares sólo conduce a excluir a estas personas de toda relación con la administración. Pedir que se modifique ahora la llamada Ley de Extranjería que el PP aprobó en 2003 es una muestra de oportunismo. Plantear la prohibición por ley de cualquier proceso de regularización es un ejercicio de hipocresía, en primer lugar porque en determinados momentos es necesario sacar a flote el volumen de la economía sumergida asociada a la inmigración irregular; y en segundo lugar porque entre 1996 y 2001 (gobernaba el PP) tuvieron lugar cinco regularizaciones con 479.484 beneficiados. Además, la bolsa de inmigración irregular que se benefició de la regularización realizada en 2005 (577.923 personas), entró en Espa?a durante el mandato de José María Aznar, de forma que sobre el control de fronteras el PP no tiene legitimidad de ninguna clase para pontificar
En definitiva, sería deseable que el Concejal Suárez Bocero saliese del anonimato por dise?ar y ejecutar una política local de integración de la población inmigrante digna de tal nombre, en lugar de pretender convertirse en una penosa “oposición de la oposición” para ganar puntos en las quinielas que maneja el Alcalde para la próxima lista electoral.

Publicado en el diario La Nueva Espa?a, 20 de octubre de 2006. (Réplica a artículo previamente aparecido en el mismo diario, con fecha 13 de octubre de 2006).