CONTRA EL POPULISMO PUNITIVO

El debate social sobre las respuestas del Estado frente a los hechos delictivos tiene periódicamente momentos de efervescencia, a raíz de la repercusión pública de determinados crímenes particularmente atroces o especialmente divulgados por los medios de comunicación, o a causa del incremento de la sensación de inseguridad, ya sea esta percepción justificada o fruto de la sugestión. Entra dentro de lo razonable que algunos sectores sociales, y en particular el entorno familiar de las víctimas de los delitos graves, expongan públicamente el dolor generado por el crimen, y, especialmente, la frustración que, en bastantes circunstancias, padece todo aquel que persigue una satisfacción de sus derechos acudiendo al sistema judicial. Efectivamente, aunque se contase -en una situación ideal- con un procedimiento penal rápido, eficaz y que no sólo materializase el ejercicio del ius puniendi estatal sino que también permitiese la reparación en la medida de lo posible a la víctima y sus familiares, aún así la herida causada por el acto delictivo, tanto en la sociedad como en los directamente afectados, no cicatrizaría fácilmente. De hecho, cuando la consecuencia del delito es la pérdida de la vida o el menoscabo físico o moral, no es posible, en cualquier sistema de justicia por muy perfeccionado que sea, por razones fáciles de entender, hallar la respuesta jurídica que subsane suficientemente el daño.
Carece de sentido un debate en el mismo plano entre quienes reclaman legítimamente justicia como agraviados por el delito y quienes tienen la obligación de reflexionar, desde una perspectiva amplia, sobre la aplicación de las leyes y la respuesta integral ante la criminalidad. A los perjudicados se les debe el esfuerzo en mejorar los procedimientos y los medios necesarios para que el sistema funcione adecuadamente; son acreedores de apoyo y reconocimiento social y merecen comprensión cuando, fruto de su desconsuelo, lanzan algunas propuestas dirigidas, sin un mayor análisis, al endurecimiento de las penas. Ahora bien, desde una posición intelectualmente honesta no es recomendable otorgar la razón automáticamente, como resultado de la compasión, al agraviado que reclama modificaciones legales y castigos más severos, porque cualquier sistema penal democrático que se quiera construir sobre bases sólidas, eficaces y valores humanitarios debe responder a criterios estrictamente racionales y meditados en su concepción. Escuchar al ofendido y comprender el origen de sus peticiones no puede significar asentir necesariamente a sus propuestas.
Por otra parte, y contrariamente a la percepción que desde posiciones irresponsables se pretende extender, lo cierto es que la tendencia de nuestro derecho penal no se encamina precisamente, de hace ya tiempo a esta parte, a una cándida benevolencia. Al contrario, el vector predominante en la política de respuesta ante el delito viene siendo el endurecimiento de penas y su cumplimiento, la restricción de los beneficios penitenciarios, la extensión de las medidas de seguridad, la tipificación de nuevas conductas, etc. Pesa más la necesidad del castigo y la pronta respuesta punitiva que la valoración amplia de la realidad del hecho criminal. Este planteamiento, por otra parte, no en todo caso es efectivo para reducir la criminalidad y erradicar las conductas que se reputan intolerables. En una sociedad compleja y conflictiva, no siempre una mayor gravedad del castigo trae de la mano una menor comisión del delito que se persigue sancionar.
El problema adicional surge, como es el caso a tenor de los últimos acontecimientos, cuando la inevitable desafección en el agraviado -que deja tras de sí el propio crimen- se alienta desde una concreta perspectiva política que pretende alimentar y beneficiarse de una tendencia estrictamente retribucionista y justiciera (en el sentido más tosco del término), porque, aunque no se reconozca, tal inclinación emparenta con su visión de la política y la sociedad. Así, no es casual que, por lo común, sean los sistemas autoritarios los que opten por los castigos más severos, ni que sean los movimientos conservadores los que rechacen todo planteamiento dirigido a combinar en la respuesta penal el castigo al delincuente con la apuesta por la reinserción y por el análisis de la multiplicidad de causas –en ocasiones menos sencillas de lo aparente- del fenómeno delictivo.

Publicado en Oviedo Diario, 6 de febrero de 2010.