EL TORBELLINO DE LA VERDAD

Una de las primeras decisiones del Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha sido desclasificar y permitir el acceso público a los documentos preparados por el Gobierno de su predecesor, George W. Bush, en los que se detallaban los procedimientos de presión física y psíquica extrema diseñados para aplicación en los interrogatorios a los presos bajo custodia de las autoridades norteamericanas en Afganistán, Irak y Guantánamo. Los memorandos e instrucciones del Departamento de Justicia y de la CIA que ahora son de conocimiento generalizado eran supervisados por la Oficina del Consejo Legal del citado Departamento, y aparecen firmados por tres juristas cuyo nombre queda ya ligado a la negra historia de la justificación de los abusos y perversiones del poder: John Yoo, Jay Bybee y Steven Bradbury. Estos documentos recogían con precisión la clase de técnicas que se podían emplear y los procedimientos establecidos para infligir angustia o pánico en los interrogatorios, todo ello revestido de la frialdad burocrática, pretendidamente aséptica, de quién aparentemente pretende describir, meramente, el contexto legal y las circunstancias que supuestamente ofrecían fundamento jurídico a tales prácticas.
Efectivamente, desde la declaración de la llamada “guerra contra el terror” realizada por el anterior Presidente norteamericano, su Gobierno comenzó a desplegar un esfuerzo teórico –por así llamarlo- justificativo del empleo sistemático y generalizado de medidas constitutivas de tratos crueles, inhumanos y degradantes, cuando no de torturas propiamente dichas, frente a aquellas personas bajo el control de las fuerzas armadas y los servicios secretos en el marco de operaciones contra las redes globales de terrorismo islamista. El paso inicial fue la definición de la figura de “combatiente enemigo”, ajena totalmente a los principios de derecho internacional humanitario que definen las reglas mínimas a observar en circunstancias de conflicto armado, rechazando aplicar a los incluidos en dicha categoría el estatus de prisioneros de guerra y buena parte de los derechos básicos que de él se derivan. Este sistema de burla de los estándares mínimos del derecho internacional y de las propias normas internas de Estados Unidos, quedó completado con la creación de una red de prisiones secretas en terceros países, fuera de controles y limitaciones legales; la colaboración de numerosos Estados facilitando o al menos tolerando traslados de “combatientes enemigos” ajenos a todo cauce de legalidad en los llamados “vuelos de la CIA”; y la puesta en marcha y mantenimiento de la prisión de Guantánamo, en la base militar norteamericana sobre suelo cubano, convertida, junto con la prisión de Abu Ghraib en Irak, en epicentro y manifestación de la desvergüenza y el horror a que conduce la distorsión de principios y la creación de una maquinaria paralela de represión global: detenidos sin cargos ni juicio por tiempo indefinido, sin acceso a defensa jurídica apropiada, encerrados sobre pruebas endebles o inexistentes en no pocos casos, en situación de aislamiento y sometidos a las terribles prácticas ahora reveladas por el propio Gobierno de Estados Unidos.
Las monstruosas derivaciones de la llamada “guerra contra el terror” han supuesto un desafío de primer orden a nuestra escala de valores, puesto que no sólo han concernido a Estados Unidos sino a todo el mundo. Por un lado, mientras los anteriores gobernantes de la superpotencia construían este sistema y lo legitimaban con argumentos utilitaristas sobre sus supuestos resultados, cuestionando la extensión de derechos humanos elementales, la contestación del resto de líderes internacionales, salvo honrosas excepciones, fue tibia o directamente inexistente. Por otro lado, apenas ha habido un proceso serio de reflexión y actuaciones de alcance jurídico o político sobre la actitud pasiva o incluso colaboracionista en otros países, incluidos los de Europa, pese a que en un primer momento el informe expuesto por el relator Claudio Fava, aprobado por el Parlamento de la Unión Europea, subrayaba las responsabilidades de los Estados. Mientras tanto, el propio Gobierno norteamericano rectifica, planifica el cierre de la prisión de Guantánamo, renuncia a mantener cárceles secretas en terceros países, anula todas las órdenes anteriores justificativas de esas conductas, e incluso debate –con enorme desgarro interno- las posibles responsabilidades políticas y penales que pudieran depurarse.
Los críticos de Obama destacan que la revelación de los documentos citados, y el proceso que impulsa de regeneración moral y vuelta a los principios básicos del derecho internacional, es fruto de su inexperiencia y representa un peligro para los intereses y la seguridad de Estados Unidos. Es cierto que el infierno está empedrado de buenas intenciones, pero, vista su valentía y determinación, el aire de libertad que provocan sus decisiones, y la demostración de sus fuertes convicciones en defensa de los valores elementales de la dignidad humana, sólo cabe decir que bendita sea su ingenuidad.

Publicado en Oviedo Diario, 2 de mayo de 2009.