Blog de artículos y escritos de Gonzalo Olmos

DIFERENTES, PERO ¿TAN DISTINTOS?

2012-01-26T18:23:00.005+01:00

Un espectáculo asombroso como pocos ha sido contemplar a las masas de norcoreanos en los interminables funerales de Kim-Jong-il, bien en rigurosa y solemne formación o en mareas de cuerpos retorcidos por los lamentos. Ni la fecunda imaginación orwelliana hubiera ideado una escenificación más terrorífica y alucinante para mostrar la degradación de un sistema que dice inspirarse en los nobles ideales de la justicia y la igualdad. Para cualquier persona interesada en nuestra especie por razones políticas, sociológicas o antropológicas, resulta inevitable rebuscar en todas las fuentes posibles más imágenes del acontecimiento -aunque todas provengan de la televisión oficial del régimen- a las que pegar fascinados nuestra nariz para ver aparentemente convertido a todo un pueblo en una colonia de obedientes hormigas, supuestamente desgarradas por el dolor de la pérdida de un padre cuando deberían estar bailando sobre su tumba (ojo, quién sabe si algunos se atreven a brindar en la intimidad con soju de estraperlo para celebrar el fin del tirano).

Parece comprensible que nuestra mirada hacia las exequias teatralizadas sea la de la extrañeza, al creer tan distante nuestra escala de valores, nuestras aspiraciones y nuestra forma de organización política y social. Es evidente que, por imperfecto que resulte, cualquier sistema que siga las pautas básicas de la división de poderes, respeto a los derechos elementales del individuo y elección democrática de los representantes de la ciudadanía -por poner algunos de los principios primarios- permitirá ser calificado de forma más benévola que la dictadura paleocomunista de Pyongyang. Pero eso no nos otorga la facultad de regodearnos en nuestros avances al compararnos con otros lugares del mundo más desafortunados, precisamente porque la fragilidad de las conquistas alcanzadas es enorme y porque su mantenimiento depende de que se refuercen, generación tras generación, principios e ideales que no pasan por su mejor momento.

Cabe recordar que multitud de países que hoy creemos democracias consolidadas y respetables abrigaron en décadas no tan lejanas la semilla de la barbarie y el totalitarismo. En algunos casos, no fueron levantamientos populares ni repentinas tomas de conciencia las que hicieron voltear el estado de cosas, en un arrebato de dignidad de quienes comenzaron a reclamarse como ciudadanos. Multitud de tiranías simplemente fenecieron por devenir inservibles para los intereses predominantes, incluso con los autócratas felizmente retirados o enterrados en mausoleos a la altura de su megalomanía. A su vez, a la distopía de 1984 y otras tantas que han sido también clarividentes no sólo hay que volver los ojos para contrastarlas con regímenes como el norcoreano -u otros igual de abyectos con los que Occidente hace buenas migas- sino para comprobar su actualidad cuando observamos la persistencia de múltiples formas de alienación, control y dominación, más o menos encubiertas y propias de nuestras sociedades avanzadas.

En este tiempo en el que el miedo es el motor de muchos de nuestros actos, en el que el estado de guerra permanente (contra el terror, contra la delincuencia, contra lo que nos resulta ajeno y amenazador, etc.) ha trastocado profundamente nuestra noción de la libertad, en el que las pautas de nuestra conducta vienen rígidamente predeterminadas ante la docilidad de las respuestas, en el que los poderes económicos sojuzgan con relativa facilidad a gobiernos democráticos, en el que el pensamiento único y el autoritarismo gana enteros en todos los ámbitos, claro que aún podemos contemplar la pantomima norcoreana con estupor y distanciamiento, pero sepamos que nuestro amor a la libertad -y nuestra coherencia con dicho principio- no es siempre mucho más grande que el de las plañideras de luto por el “amado líder”.

Publicado en La Voz de Asturias, 3 de enero de 2011.

GRANDES PALABRAS CUYO SENTIDO SE VACÍA

2012-01-22T23:01:00.004+01:00

Hace apenas unos años era inimaginable que los responsables de los gobiernos europeos se viesen movidos a celebrar cada poco tiempo reuniones urgentes e ininterrumpidas –casi sesiones permanentes- con la perentoria necesidad de llegar a acuerdos de calado durante el fin de semana, antes de que los mercados de deuda pública y de valores retomasen las transacciones al lunes siguiente. Ahora ya nos hemos acostumbrado a la penosa repetición de encuentros del Consejo Europeo que se anuncian como el partido del siglo, previo aquelarre mediático que sitúa en el filo a la Unión y a sus ciudadanos en la estupefacción que provocan tantas dosis de dramatismo.

Nadie duda de la gravedad de la situación económica y seguramente es inevitable combinar la parafernalia institucional comunitaria -con su enésima foto de familia incluida- con la respuesta a los problemas impostergables, aunque se pueblen de ojeras los rostros de los mandatarios. Pero me permito dudar si no hay un punto de teatralidad y desasosiego evitable, que contribuye a poner las cosas más difíciles y a convertir a los europeos en espectadores divididos a partes iguales entre la incredulidad y la fatiga. Tampoco vamos a pedir que sigan el ejemplo del flemático Churchill, capaz de dormir la siesta bajo los bombardeos mientras afrontaba los días más difíciles de la II Guerra Mundial –y de ganarla, claro-, pero parece evidente que una mayor dosis de serenidad y compostura les falta a la mayoría.

Vivimos tiempos propicios para la cultura política y mediática de lo instantáneo y de la exageración. Tanto que ya no nos impresiona que, por poner dos ejemplos provenientes de la muy calmada Alemania, el Comisario Europeo de la Energía, de nombre Günter Öttinger, hable de “Apocalipsis” para referirse a la crisis subsiguiente al accidente nuclear de Fukushima o que Angela Merkel anuncie que Europa soporta su momento más crítico en los últimos 60 años. En el caso del Comisario, si la palabra se utiliza seriamente para otros cometidos habrá que preguntarse cómo referirse entonces al “verdadero” Apocalipsis, por ejemplo al desprovisto de efectismo pero enormemente turbador que nos muestra Lars von Trier en Melancholia. ¿Cree Öttinger que no somos capaces de advertir la gravedad de lo ocurrido en la central nuclear japonesa y de los peligros de la energía nuclear si no emplea términos más ponderados? En el caso de la todopoderosa canciller, sus calificativos superlativos vienen acompañados de otras muchas sentencias de similar carácter procedente de otras fuentes. La pérdida del impacto que tal afirmación debería tener proviene, indudablemente, de la repetición: en estos meses recientes nos lo dicen casi a diario. Sin embargo nuestro sentido común –que quizá yerre-, no deja de recordarnos que circunstancias aparentemente más graves han ocurrido en ese periodo que Merkel toma de referencia ¿Es más crucial esta etapa que los días de la construcción del Muro de Berlín? ¿Qué los meses previos y posteriores a su caída? ¿Que los momentos en que Europa era tablero de la Guerra Fría o muchos de sus países se veían envueltos en absurdas guerras coloniales? ¿Más grave que la crisis de la IV República Francesa en 1958? ¿Que la etapa en el que el terrorismo político golpeaba en la República Federal Alemana o en Italia, con el cuerpo de Aldo Moro hallado en el maletero de un coche? ¿Que la época en la buena parte de la Europa Mediterránea, España incluida, soportaba dictaduras militares o regímenes autoritarios?

¿No será que la escalada de tensiones azuzada por el zarandeo mediático mueve a perder la mesura en las valoraciones que hacemos, conduciéndonos a la simplificación y al sensacionalismo? Si es así, esa actitud sólo contribuye irremediablemente a empeorar las cosas y, peor aún, a las profecías autocumplidas.

Publicado en Fusión Asturias, enero de 2012.

¿POR QUE NO IMPULSAN LA APERTURA DEL HUCA?

2012-01-22T13:18:00.003+01:00

Durante años una de las controversias políticas de referencia en el Principado de Asturias y en la ciudad de Oviedo fue el futuro del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Pese a ciertas resistencias y tras prolongados debates, finalmente cristalizó el convencimiento mayoritario de que era necesario sustituir la constelación de edificios que ocupan buena parte del barrio de El Cristo – Buenavista por un nuevo complejo diseñado con criterios de funcionalidad. El sumatorio de construcciones correspondientes a instituciones sanitarias de diferente procedencia, levantadas en un periodo similar (duplicando gastos y empeños, para que luego se hable de la supuesta eficacia superior del modelo territorial anterior al autonómico) y que acabaron convergiendo en el actual HUCA, dejaría paso a un moderno hospital, preparado para los avances tecnológicos, convertido en referencia de un sistema sanitario público de altas prestaciones y cuya concepción permitiría ahorros futuros en materia de gasto corriente. El impulso a la construcción del nuevo HUCA resultó una de las decisiones más significativas del nuevo periodo de gestión de las competencias de atención sanitaria tras su transferencia al Principado de Asturias. Nuestra capacidad de autogobierno se empleó para reforzar un servicio público esencial al acometer una inversión cuya envergadura requería un esfuerzo financiero y de gestión sobresaliente.

De aquel proceso, por lo que ahora se ve, algunos refractarios, obstinados en negar la posibilidad de erigir el nuevo HUCA, han conservado heridas que aún afloran en perjuicio de todos, a tenor de la actitud exhibida por quienes han asumido la dirección de la Administración del Principado de Asturias. Que por los actuales responsables se baraje como fecha de apertura del nuevo HUCA la segunda mitad de 2013, sin argumentos convincentes sobre el motivo de tal retraso más allá de su evidente desconfianza hacia la gestación del proyecto, es prueba inequívoca de un irreflexivo desprecio al trabajo de sus predecesores, que en nada ayuda a culminar iniciativas cuya importancia supera las rivalidades de corto vuelo y que no se detiene analizar qué efectos negativos comporta tal decisión. Representa además, una renuncia a cumplir la legítima expectativa de los ciudadanos, que son plenamente conscientes de la importancia de este equipamiento y que desean contar con servicios hospitalarios de calidad. E, incluso, introduce importante incertidumbres sobre el futuro del nuevo HUCA, pues, como se encarga de recordarles con acierto la Diputada socialista Pilar Alonso, mientras no se proceda a equiparlo y ponerlo en funcionamiento se asume un coste de oportunidad considerable, con instalaciones pendientes de estrenar que se encuentran vacías y con el actual Hospital padeciendo deficiencias crecientes.

A la estupefacción que generan las decisiones del Gobierno autonómico se suma la ceremonia de la confusión que pretenden organizar para justificar su falta de apuesta por el nuevo HUCA. Primero insinuando, prácticamente, que no nos podemos permitir un nuevo Hospital, revelando que no está entre sus prioridades y, sobre todo, que poco les importa que la obra civil sea ya una realidad incontestable. Después, jugando imprudentemente con los datos sobre su coste, para ofrecer cifras disparatadas que no resisten un análisis pormenorizado, como el contenido en el extenso reportaje publicado en La Voz de Asturias el 18 de diciembre.

El interés de los actuales responsables de la Administración sanitaria no es realizar un análisis sereno que complete el exhaustivo seguimiento que la Junta General ya desarrolló en la pasada Legislatura, en la que nuestro parlamento examinó con lupa todos los pasos, contrataciones e incidencias. Al contrario, lo que se quiere, con la marca de la casa del actual Gobierno, es aumentar el ruido y el desconcierto que impida ver con claridad su pretensión de postergar, cuando menos, la puesta en marcha de este equipamiento y el refuerzo de la sanidad pública que conllevaría.

Publicado en La Voz de Asturias, 21 de diciembre de 2012.

ALUMNOS AVENTAJADOS

2012-01-21T19:40:00.004+01:00

Es significativa la forma en que se ha instalado rápida y mayoritariamente la convicción sobre el carácter inevitable y necesario de los recortes sociales y los programas de reducción del gasto público. A día de hoy, agitar argumentos que hace una o dos décadas eran patrimonio exclusivo de los adalides de la llamada revolución conservadora, se ha convertido en práctica común entre responsables políticos de diferente procedencia, domina abrumadoramente entre los mensajes académicos de los economistas e impregna a buena parte de la opinión pública, incluso entre los sectores sociales que probablemente vayan a sufrir de forma más descarnada los efectos de esas medidas. Entre las claves del éxito en los países occidentales de este nuevo pensamiento único se encuentra la falta de alternativas consistentes, la debilidad de las resistencias provenientes de los movimientos sociales y la desautorización de las opciones socialdemócratas y de tercera vía, a las que el electorado ha considerado carentes de credibilidad o incluso deslegitimadas por su incapacidad para dar respuestas sustancialmente diferentes a las del neoliberalismo.

Sin embargo, los estragos de las políticas de ajuste estructural duro los tenemos ya sobre la mesa y en nuestra realidad cotidiana. En la Unión Europea, situada a la vanguardia de las políticas de disminución del papel económico del Estado y de estrangulamiento de la inversión y el gasto público, de la leve recuperación de inicios de 2011 se ha pasado velozmente a un escenario de recaída en la recesión, destrucción del tejido productivo, cifras de desempleo insoportables y creciente deterioro social, arrojando a países de primera fila al círculo vicioso en que la pérdida de riqueza conlleva la disminución de ingresos públicos y ésta a su vez acelera la retirada de las políticas públicas de intervención, reactivación y sostenimiento de rentas, retroalimentando la tendencia de empobrecimiento.

Apenas queda nada de la respuesta inicial a la crisis financiera en 2008, aquella que abogaba –un tanto cínicamente- por refundaciones o paréntesis en la economía de mercado. Está fuera de la agenda cualquier planteamiento que pretenda introducir controles verdaderamente efectivos a las transacciones financieras, que sugiera ciertas modulaciones a la globalización económica, que plantee recuperar un cierto papel del Estado en la generación de actividad económica, que permita recobrar la importancia redistributiva de los impuestos o que aspire a que la fuerza del trabajo tenga garantizados unos mínimos derechos laborales y sociales. Han servido de poco las reiteradas advertencias de algunas voces particularmente acreditadas, como las de los Premios Nobel Krugman y Stiglitz, cuya recomendación de combinar la estabilidad de las cuentas públicas con los programas de estímulo económico ha quedado postergada ante la artillería de think tanks y medios divulgativos del pensamiento hegemónico.

El tratamiento de choque del Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo viene acompañado del aprovechamiento de la excepcional oportunidad que se abre para determinados intereses económicos, dispuestos a demoler en un breve espacio de tiempo algunas conquistas sociales cuya edificación costó décadas. A la política de recorte de gastos se suma la demonización de la gestión pública, la profundización en la privatización de bienes y empresas públicas, la pérdida acelerada de peso de las rentas del trabajo en la riqueza del país, la disminución de la cobertura de los servicios públicos, la renuncia al efecto requilibrador de las políticas fiscales y el cuestionamiento integral del modelo de relaciones laborales. En España, a su vez, hemos tomado colectivamente como prioridad –y los resultados electorales van en ese sentido- convertirnos en poco más que alumnos aventajados de estas recetas, sin pararnos a pensar dos veces adónde nos pueden llevar.

Publicado en Oviedo Diario, 17 de diciembre de 2011.

SORPRESA REPUBLICANA

2012-01-10T17:13:00.003+01:00

Difícilmente uno se espera que, paseando por las ruinas del que fuera cementerio judío de Segovia, en el hermoso pinar al otro lado del arroyo Clamores, le llegue desde intramuros de la ciudad el sonido del Himno de Riego tocado por la dulzaina. No se trataba en este caso de ninguna ofrenda de una delegación australiana de visita cultural que recordase la divertida anécdota de 2003 en la final de aquella Copa Davis, con desmesurado enfado de nuestras susceptibles autoridades de entonces. El origen de la melodía provenía del homenaje del Foro por la Memoria de Segovia a Agapito Marazuela (1891-1983), folklorista de primer orden que representó para la música tradicional castellana lo que en nuestro caso significó Eduardo Martínez Torner y que, además, fue defensor de la causa republicana, activista del PCE y represaliado por tal motivo durante la postguerra. En Asturias, tierra en la que, por desinterés y por un excesivo recelo hacia las derivas regionalistas las fuerzas de izquierda prestaron durante tanto tiempo tan escasa atención a las muestras de cultura tradicional, llamaría la atención ver la escultura de un estudioso y promotor de la música autóctona rodeada de la bandera republicana y con la veintena de entusiastas militantes de la entidad organizadora haciéndose fotos junto al monumento para recordar el instante. En Segovia, que, por cierto, es una de las once capitales de provincia con gobierno local de izquierdas, no parece, en absoluto, una contradicción, a la vista de un acto festivo que salía al encuentro de los visitantes. Para redondear, el tributo a Marazuela tuvo su momento berlanguiano cuando parte de una comitiva militar (vehículos de color caqui incluidos), que se dirigía a un acto de la Academia de Artillería celebrado ese mismo día, pasaba junto a la Plaza del Socorro y algún soldado giraba la cara con gesto de sorpresa hacia las banderas tricolores al viento; que nadie se inquietase lo más mínimo por la coincidencia revela, por otra parte, que a pesar de los pesares seguimos siendo un país vivible y bastante decente. Por cierto, a la pincelada surrealista por Asturias tampoco renunciamos en materia de homenajes republicanos, no hay más que ver el logrado homenaje que anualmente se rinde al oso regicida en Llueves, organizado por el Ateneo y presidido por un enorme peluche tocado con gorro frigio, al que seguro que ni los más suspicaces monárquicos ni los que se reclamen herederos políticos de Favila pueden evitar contemplar con una sonrisa.

Ya que los tiempos son tan poco propicios para las ideas progresistas, al menos consuela que haya gente dispuesta a no abandonar aquello que en un tiempo vino en llamarse alegría revolucionaria, y que, aunque hoy no pase de una cierta ironía un punto ácida ante el rumbo que toman las cosas, acaba siendo una actitud necesaria para poder sobrellevar el desalentador panorama. Si además se recuerda mediante estos gestos a personas cuya trayectoria merece nuestro reconocimiento y a aquellos que sufrieron persecución por defender el sueño de una plena democracia en España, tanto mejor. Asimismo, la evocación de los valores republicanos nunca está de más porque, se quiera admitir o no, nuestro actual sistema constitucional entronca en buena medida con ellos -aunque no en la Jefatura de Estado, claro está- y precisamente en estos tiempos de tecnocracias, avasallamiento de los mercados y devaluación de las instituciones procede volver a principios como el compromiso cívico, la soberanía popular, el respeto a los derechos políticos de los ciudadanos o el deseo de perfeccionamiento democrático. A esto se suma el indudable sentido del debate latente sobre la oportunidad de contar con poderes moderadores dotados de plena legitimidad democrática para intervenir eficazmente y, porque no decirlo, el escandaloso descubrimiento de que aprovechados parece que también los ha habido al abrigo de los vínculos más cercanos con la realeza, como en los viejos tiempos, provocando la mera sospecha, en un tiempo récord, más erosión en la pretendida solidez de la monarquía que todos los argumentos razonados que se quieran exponer para cuestionarla.

Publicado en La Voz de Asturias, 6 de diciembre de 2011.

LA RESPUESTA DEBIDA

2012-01-08T18:36:00.002+01:00

Es una simplificación corriente afirmar que el electorado siempre acierta cuando emite su voto mayoritariamente en un determinado sentido, frase muy al uso del lenguaje postelectoral políticamente correcto. Cada resultado electoral es fruto del momento, de las circunstancias en las que vive la ciudadanía, del orden de prioridades que selecciona, de la fortaleza de las opciones concurrentes o de la capacidad de influencia que tengan los diferentes estímulos a los que estamos sometidos a la hora de decidir. Digamos que el sentido del voto mayoritario es perfectamente comprensible, tiene sus explicaciones políticas y sociológicas y, ante todo, tiene que ser inmediatamente acatado por las opciones derrotadas, a las que, en el sistema democrático, les resulta exigible un grado singular de responsabilidad cuando les corresponde retirarse del poder institucional porque así lo ha decidido la mayoría. Pero afirmar el acierto de la mayoría sencillamente porque lo es, significa paralelamente (lo que sin embargo no se dice) calificar de error el sentido del voto de las minorías y no es en términos de corrección o incorrección como se debe analizar la orientación de cada voto con los resultados definitivos en la mano.

Yo que estoy entre el 55% de votantes que no apoyé al PP, no creo que mi voto haya sido desacertado porque no confluya con el de los 10,8 millones que sí lo hicieron y que, traducido en escaños, le han otorgado la legítima mayoría absoluta en las Cortes Generales. Tampoco creo que haya que situarse en la resignación y agachar las orejas, como si, a resultas del varapalo, no hubiese cosas que reivindicar, alto y claro, de la gestión y de las aportaciones más positivas de los gobiernos del PSOE en España en este último periodo: la extensión de derechos civiles, las políticas de igualdad, la defensa de los servicios públicos, el incremento de las pensiones mínimas, la subida del Salario Mínimo Interprofesional, la radical regeneración de RTVE, la Ley de Atención a la Dependencia, la actitud dialogante y respetuosa con la discrepancia, el intento de tender puentes entre las diferentes posiciones sobre el modelo de Estado, el rechazo a tentaciones populistas tan en boga en materia de seguridad o inmigración, etc. Avances que sería imperdonable no reclamar como conquistas conjuntas que no conviene perder y que aquellos que dieron su apoyo a los socialistas en 2004 y 2008 pueden considerar como consecuencia de su respaldo.

Otra cosa bien diferente es que, se mire como se mire, cuando un resultado electoral es tan concluyente como el de las elecciones del pasado 20 de noviembre, entre las causas del vuelco en las preferencias de los ciudadanos sin duda se encuentra el distanciamiento con la opción que ha perdido el respaldo y la desconfianza con el Gobierno que sustentaba. Por supuesto que el contexto de crisis tiene mucho que ver en el desenlace y el Gobierno de España no ha sido el primero (ni será el último, vistas las perspectivas) al que los acontecimientos han superado. Pero lo que toca es no minimizar las dimensiones del correctivo aplicado por los 4,3 millones de votantes que han retirado su apoyo al PSOE y, en consecuencia, no instalarse en la retórica vacua que apela al cambio cuando aparentemente sólo muestra disposición a aplicar modificaciones superficiales y temerosas. Con menos del 30% del apoyo, sin responsabilidades institucionales significativas, con la credibilidad bajo mínimos y sin la seguridad de que haya tocado fondo, para demostrar que el PSOE es un partido con vocación de alternativa y capacidad de respuesta ante las circunstancias, en el proceso que ahora se abre no servirán los paños calientes. No se trata de romper amarras con el pasado ni de poner patas arriba todo porque sí. Pero o se capta el mensaje del electorado o se corre el riesgo de que la desconexión con la mayoría social a la que se pretende representar se agrave aún más.

Publicado en Oviedo Diario, 3 de diciembre de 2011.

BUENOS PROPÓSITOS FRENTE A LOS MALOS PRESAGIOS

2012-01-02T22:58:00.006+01:00

El inevitable convencionalismo propio de las próximas fechas nos invita a hacer balance del año que concluye y formular las aspiraciones para el que viene. En los últimos tiempos cualquier cómputo de lo acontecido viene oscurecido por el contexto que nos está tocando vivir, que ya no sólo parece un periodo transitorio de dificultades sino que amenaza con cambiar de raíz la perspectiva que tenemos de las cosas. Mi generación, a la que le nació la conciencia del mundo que le rodeaba en una época en la que losavances globales en materia de derechos y libertades parecían objetivos alcanzables con el esfuerzo conjunto, muda ahora sus deseos y preocupaciones porque ve en riesgo aquello que hasta ahora consideraba esencial y que parece afectarle de forma más directa. A la vez, como la sensación de crisis se ha asentado hasta formar parte del paisaje cotidiano, hemos aprendido –o nos han inculcado, según se mire- a volvernos profundamente escépticos, tanto que nuestro descreimiento ha lastrado nuestra capacidad de respuesta individual y colectiva ante la adversidad. Ese nuevo conformismo que predomina no es simplemente resignación, ni tampoco abatimiento; también es alienación porque ha germinado tras el constante aluvión de mensajes desde los centros de poder político, mediático y económico dirigidos a poner en el punto de mira a la propia mayoría social. La culpa de la crisis, según el discurso hegemónico que muchos perjudicados han asumido como propio, no es tanto de la desregulación financiera, el descontrol de la economía de mercado, la desatinada espiral de endeudamiento privado y la acumulación de poder económico en pocas manos; ahora los culpables son salarios que no se acompasan a la productividad (lo que quiera que ésta sea), los derechos laborales, la protección social, el excesivo peso del sector público e incluso –y está es la nueva frontera que buscan traspasar- los defectos intrínsecos de la democracia en el proceso de toma de decisiones. El resultado es la incubación de un clima político perfectamente propicio para desposeer a la mayoría social de derechos y libertades que, en términos de Azaña, no hacen a las personas más o menos felices, sino que las hacen simplemente personas.

Como estas líneas no pretenden ser un recuento de sombríos presentimientos, sin caer en el subjetivismo ni la ingenuidad conviene recordar los innumerables ejemplos que la vida diaria nos ofrece de combate frente a los obstáculos. El optimismo de la voluntad, que diría Gramsci, anida en nuestra propia condición y a veces nos encontramos con ejemplos memorables en personas que en algún momento reúnen fuerzas suficientes para dar un paso adelante. Sólo así podemos entender cómo Rosa Parks no cedió su asiento en el autobús encendiendo la llama de la desobediencia civil frente a las leyes discriminatorias en Alabama; o cómo el londinense Peter Benenson creó el movimiento por los derechos humanos más extendido del mundo al redactar unartículo sobre los presos de conciencia portugueses para The Observer; o cómo 12 trabajadores de La Camocha dieron el paso de fundar la primera comisión obrera en las huelgas mineras de 1962. En nuestro entorno y a pequeña escala encontraremos decenas de pequeños ejemplos, aparentemente con menor trascendencia pero determinantes en la vida de muchos.

Si a la rutina de los propósitos que se enuncian para el nuevo año le quitamos la banalidad de los proyectos que, a modo de señuelo, vienen inducidos por el sistema y por los valores un tanto huecos de nuestro tiempo; si a los que resten después de esa criba les añadimos los que supongan un esfuerzo real de superación colectiva y un deseo firme de quebrar las fatídicas ataduras que nos dejamos imponer, entonces estaremos en condiciones de cambiar sustancialmente el orden de prioridades y hacer posibles los cambios con los que, al menos, decimos soñar.

Publicado en Fusión Asturias, diciembre de 2011.

RENOVARSE O MORIR

2011-12-31T18:21:00.004+01:00

Después de la derrota electoral del 20 de noviembre en el PSOE es tiempo de análisis pero también de respuesta rápida, porque las circunstancias actuales, en una crisis económica aguda a la que se ha añadido un cuestionamiento directo de las atribuciones y facultades de los poderes públicos, hacen necesario que los partidos políticos que aspiren a ser representativos de la mayoría tengan capacidad de reacción inmediata. Anteuna realidad repleta de incertidumbres, con cambios sustanciales de perspectivas en cuestión de semanas, con previsiones sobre la prolongación e intensidad de la crisis que resultan prematuramente fallidas y, sobre todo, con un impacto social cada vez más fuerte que condiciona decisivamente la vida de la mayor parte de los ciudadanos, o se demuestra aptitud para tener un discurso sólido y coherencia en su defensa o se corre el riesgo de ser arrastrado por el torrente.

La crisis se está llevando por delante muchas cosas que dábamos por seguras y si las fuerzas políticas y sociales progresistas no demuestran disposición y competencia para recuperarse, los valores que defienden pueden ser arrinconados en el orden de prioridades que día a día los ciudadanos eligen con sus decisiones. Sin partidos políticos de izquierda con posibilidades de constituir alternativas, sin sindicatos representativos con opciones de incidir positivamente en la dinámica de las relaciones laborales y sin movimientos sociales con influencia sobre la agenda de las instituciones, no será posible ni la reivindicación de lo público, ni la garantía de unos estándares de igualdad real elemental, ni el respeto a las minorías, ni el control de las corrientes del mercado, ni la primacía de las decisiones democráticas sobre las urgencias financieras.

Por eso es imprescindible que el PSOE sea consciente del titánico reto que afronta para digerir la pérdida masiva de confianza que ha padecido. El riesgo de instalarse en el declive existe si a las razonables apelaciones a la calma y la necesaria responsabilidad no se acompaña una profunda revisión de planteamientos, actitudes y formas de hacer política. Aunque es verdad que el escenario de volatilidad no sólo se da en los mercados y que el otorgamiento y retirada de confianza también se produce con rapidez en la relación de los ciudadanos con sus representantes, no se puede aguardar a que el efecto de la prolongada crisis y la impopularidad de las medidas que vaya a adoptar el PP permitan un futuro cambio de tendencia. Por un lado, porque significaría renunciar a desentrañar las causas de la pérdida de credibilidad experimentada por el PSOE y no sería leal con los votantes actuales y potenciales que desean un partido vivo y despierto. Por otro lado, porque el PP acumula tal magnitud de resortes de poder –no sólo institucional- que puede asumir un coste mucho más elevado en su gestión. Y, finalmente, porque sería una posición cicatera confiar en la tendencia (por otra parte no siempre segura) a la alternancia bipartidista del sistema electoral, aguardando pacientemente el turno a tiempos electorales más propicios, si es que vienen.

Al contrario, habrá que preguntarse por qué el PSOE tiene importantes dificultades para conectar con los sectores a los que sus políticas pretenden beneficiar y que constituyen la mayoría social de este país: los jóvenes que desconfían del sistema de representación conducidos al escepticismo por la falta de oportunidades; los trabajadores que hacen frente a la precariedad, pero que no pierden su deseo de progresar profesionalmente y están dispuestos a la movilidad y al esfuerzo; los desempleados que prefieren una oportunidad laboral antes que una prestación (aunque defender la protección social sea imprescindible); las personas mayores que reclaman seguridad pero que sobre todo desean que sus descendientes no pasen penalidades; los funcionarios que pierden su confianza en el propio sistema de servicios públicos al que sirven; los autónomos y pequeños empresarios que quieren que la dinámica de la responsabilidad –la que asumen emprendiendo y arriesgando- no vaya a contracorriente de la extendida resignación. Y habrá que advertir, además, que la pérdida de influencia social y de afiliación tiene que ver, sin duda, con las insuficientes facultades de decisión y los limitados espacios de participación que se reservan para aquellos que conforman las bases del PSOE, un partido cuyos militantes desean legítimamente que su opinión cuente y que se recupere el dinamismo político.

Publicado en La Voz de Asturias, 22 de noviembre de 2011.

INEVITABLE SENTIR SIMPATÍA

2011-12-29T19:52:00.005+01:00

Desde la irrupción del movimiento 15-M o los comúnmente denominados “indignados”, aunque sigo con interés sus actividades pocas veces me he sentido identificado con su estrategia y a veces dudo si realmente tienen alguna. Una cosa es alzar la voz, recoger la legítima inquietud de la gente por las amenazas que se ciernen e incluso cuestionar de raíz algunos principios de nuestro sistema económico y político que a veces damos por asumidos acríticamente. Otra cosa bien diferente es tratar a todas las opciones políticas por igual, despreciar de plano la democracia representativa, abusar de la consigna simpática hasta caer en la demagogia o, lo peor, desconocer que en el contexto actual la pérdida de fuerza de los partidos políticos progresistas o los sindicatos de clase –a los que desdeñan- está viéndose agravada por el efecto disgregador de su movimiento, favoreciendo que el campo quede expedito para la involución que se avecina. Si los vaticinios se cumplen, los que ahora claman acusando a unos y otros de ser iguales comprobarán con toda su crudeza que no es así, incluso en términos de respeto a sus protestas o en cuanto al grado de presión policial que se aplique.

Lo que no se puede negar, no obstante, es la capacidad de la gente movilizada desde el 15-M para desarrollar iniciativas que capten la atención, quebrando esta terrible sensación de falta de respuestas ante algunas injusticias que nos irritan pero a las que la mayoría acabamos lamentablemente por acostumbrarnos. En nuestra ciudad tenemos ahora un ejemplo bien cercano, con la ocupación del edificio de la antigua Consejería de Salud en la calle General Elorza. Poniéndonos en plan institucional y un poco biempensante, puede esgrimirse que yerran los indignados porque la empresa propietaria del inmueble ocupado (SEDES) es una empresa pública que, precisamente, esta amenazada de privatización por el Gobierno del Principado de Asturias y que ha sido un instrumento útil para llevar a cabo algunos proyectos en materia de equipamientos públicos; excluyo su participación indirecta en la denominada “operación de los Palacios” con la permuta de las alas del Calatrava, aspecto donde me encuentro más cercano a los críticos de tal implicación que a los defensores. Puestos a escoger en Oviedo edificios o espacios a reivindicar mediante la ocupación, se me ocurren otros ejemplos de menoscabo del interés público que quizá resultasen más oportunos. Pero, yendo al corazón del asunto, la primera verdad que en este caso sale al encuentro es que un equipamiento que estaba destinado al servicio público hasta hace unos años, sobre el que la Asociación de Vecinos “Fuente Pando” de Pumarín venía justamente reivindicando que se le diese una utilidad social y sobre el que se planeaba su derribo para uso residencial (sin que se tratase de vivienda de protección), está siendo reivindicado por la fuerza de los hechos –a veces no queda otra- con un acto que tiene, sobre todo, mucho de simbólico y de demostración de que algunos actos individuales de inconformismo tienen sobrada justificación.

Por eso, cuando estos días paso delante del edificio me trago otros razonamientos y no puedo evitar pensar que, frente a la resignación, y con todos los errores que se quiera –algunos de bulto- al menos esta gente tiene valor para ponernos frente a las narices un gesto de rebeldía.

Publicado en Oviedo Diario, 19 de noviembre de 2011.

TECNÓCRATAS AL PODER

2011-12-26T20:21:00.006+01:00

En estos tiempos de confusión y sucesión acelerada de acontecimientos, los últimos días han sido particularmente azarosos para la Unión Europea, que no acaba de sobreponerse a un sobresalto cuando la siguiente luz de emergencia ya se ha activado. Con la mayoría de los gobiernos nacionales abrumados por la catarata de dificultades para contener la crisis de las cuentas públicas, incapaces de evitar la nueva recesión que asoma y prácticamente resignados a dejarse llevar por el torrente, a las instituciones europeas apenas les queda margen para reaccionar e incluso se avanza que tanto el Banco Central Europeo como el Fondo Monetario Internacional carecen de capacidad suficiente para intervenir ante la magnitud de la escalada de encarecimiento de la financiación de los países en dificultades. De hecho, el BCE insiste en que no puede comprar ilimitadamente títulos de deuda españoles o italianos que se negocian en el mercado y el FMI concentra estos días sus afanes en conseguir recursos adicionales de los países emergentes ante el esfuerzo que representa participar en programas de rescate.

Pocas fronteras les quedan por franquear a los mercados, doblegadas las iniciativas reguladoras y arrojadas contra las cuerdas las instituciones internacionales y comunitarias (no digamos ya las estatales). En este sentido, es significativo que el siguiente paso en la crisis griega y la italiana sea directamente la sustitución de los gobiernos actuales, una vez que se entienden amortizados para la adopción de nuevas medidas. Para esta perentoria operación no se ha reparado en someter a una fuerte presión al engranaje constitucional de ambos Estados, en ambos casos promoviendo gobiernos de concentración, encabezados por dirigentes (Papademos y Monti) de perfil tecnócrata cultivado en las instituciones comunitarias. A los nuevos gobiernos se les otorga apariencia de transitoriedad, al tiempo que les dota, en la práctica, de poderes adicionales para, en la retórica eufemística neoliberal “hacer lo que tienen que hacer”, siempre dentro de la lógica del ajuste estructural, aumentando la sensación de estado de excepción económico. Aunque no surja de una convocatoria electoral –que no deja de ser el método más ortodoxo y razonable en términos democráticos para articular el reemplazo de un gobierno por otro- poco parece que pueda oponerse desde la perspectiva de la legitimidad formal, cuando esos nuevos gobiernos contarán para su elección con el respaldo parlamentario necesario y en este proceso de transición han intervenido decisivamente (al menos en apariencia) las presidencias de ambas repúblicas en su función moderadora. Pero la sensación inquietante es que este relevo viene inevitablemente impuesto por el contexto económico, la presión de los mercados -y sus intérpretes- y la búsqueda de revulsivos a la desesperada por parte de las instituciones financieras.

En el caso de Italia, por otra parte, la paradoja es doble, porque a Berlusconi no se lo llevan por delante sus escándalos económicos derivados de su inseparable condición de magnate y Presidente, sus amistades con mafiosos de todo pelaje, su desprecio a las instituciones y a la justicia, su intento de confeccionarse leyes a la medida de su deseada impunidad, su grosería, su desorden o la enorme degradación democrática que ha supuesto su gobierno. Nadie consiguió su dimisión ni le restó apoyos parlamentarios determinantes durante todo este descenso a los infiernos de la demagogia y el populismo que supuso su mandato. Sin embargo, en apenas una semana, otras fuerzas, tampoco particularmente democráticas, le enseñan la puerta de una nada airosa salida porque ya no les resulta eficaz para sus fines. Aunque justificadamente no habrá un solo lamento por ello, por lo menos da que pensar.

Publicado en Oviedo Diario, 12 de noviembre de 2011.

EDUCACIÓN PÚBLICA: RIESGOS INMINENTES Y OPORTUNIDADES PERDIDAS

2011-11-13T14:25:00.009+01:00

Cuando se utiliza con cierta frivolidad la afirmación de que toda crisis permite nuevas oportunidades, conviene mirar con cierto escepticismo el sentido y el origen de tales palabras. En no pocas circunstancias o bien proceden de la peligrosa ingenuidad del porfiado optimista –el pensamiento positivo no se contagia si sólo se sostiene en meras conjeturas personales- o bien provienen de quien afila el colmillo ante los réditos que puede obtener para su beneficio, mientras crece la terrible sensación de que muchas cosas que ayer parecían seguras hoy están en grave peligro.

En el campo de los servicios públicos básicos estamos asistiendo, precisamente, a la materialización de las intenciones –ya conocidas desde hace tiempo- de grupos de interés que, siguiendo la teoría de buscar en esta crisis grandes oportunidades, ven al alcance de la mano la ocasión para convertir tales servicios en objeto de mercado, ampliando de forma muy sustancial los límites de lo que puede ser objeto de compraventa. La extensión de la crisis financiera a la crisis de las Administraciones Públicas y la repercusión en el deterioro de los servicios y prestaciones que éstas ofrecen, abre una oportunidad histórica para hacer irreversible el actual proceso de desgaste y retirada de lo público.

En el caso del sistema educativo, además de conseguir introducir la lógica mercantil en todos los resquicios, lo que se está jugando es la posibilidad de incidir decisivamente en los valores sociales comunes. El avance de los centros privados y concertados frente al menoscabo forzado de la red educativa pública no sólo significa convertir la formación en un bien al que se le pone precio y de cuyo acceso dependerá en buena medida el futuro del alumno. También implica que el ideario de los centros privados y concertados (credo no siempre favorable a los intereses de la mayoría social y en ocasiones directamente retrógrado) tenga una audiencia potencial más amplia, especialmente entre las clases medias, cada vez más dispuestas a esforzarse económicamente –y a endeudarse más, si es necesario- para enviar a sus hijos a la red privada-concertada si perciben que los centros públicos disponibles se deslizan hacia una función subsidiaria en la oferta educativa. Por eso son cruciales las decisiones adoptadas en el inicio de este curso por los gobiernos autonómicos del PP, cuyo objetivo –casi declarado en algunos casos- es reducir significativamente el profesorado en la escuela pública, escamotearle recursos económicos, arrojarla a la dinámica de conflictividad y, a la par, favorecer que la red privada-concertada amplíe su alcance, con cesiones de suelo público, ampliación de conciertos, facilidades fiscales, relajación en la supervisión y todo el aliento institucional en su cometido. Veremos hasta dónde llega esta tendencia, a la que acaba de imprimirse un acelerón determinante, con –y esto es lo preocupante- una reacción adversa más bien tenue y centrada casi exclusivamente en los trabajadores de la enseñanza pública.

Por otra parte, se lamentará ahora no haber adoptado en el pasado reciente algunas decisiones en un contexto diferente, en el que la coyuntura política y económica lo permitía. Pese a que estaba ampliamente extendida la percepción de que el sistema de conciertos debía ser superado, no concurriendo las mismas necesidades acuciantes de escolarización que cuando se reguló este modelo; pese a que era perfectamente defendible desactivar el sistema de conciertos preservando la garantía constitucional del derecho de los padres a que la enseñanza religiosa y moral de sus hijos siga sus convicciones; pese a que -como reconocía recientemente el ex Ministro de Educación José María Maravall- se había fracasado en garantizar que los centros concertados se aviniesen a respetar consecuentemente las limitaciones legales en materia de gratuidad y selección del alumnado; pese a que eran conocidas las pretensiones de ciertos sectores de privar a la educación pública de su carácter de vertebración social; pese a todo ello, se dejaron pasar oportunidades históricas de plantear seriamente y con ambición la puesta en marcha de un modelo educativo en el que se otorgase al sistema público una posición claramente predominante; estatus al que, de consolidarse la involución actual, difícilmente podrá aspirar en el futuro.

Publicado en Fusión Asturias, noviembre de 2011.

¿ADÓNDE VA LA POLÍTICA PENAL DEL PP?

2011-11-13T14:12:00.006+01:00

De las pocas cosas que lleva planteando el PP con claridad desde las semanas previas a la campaña electoral en curso, una de ellas es su propuesta de endurecimiento del Código Penal, de introducción de la cadena perpetua entre los castigos aplicables en España y de supresión de las penas alternativas a la prisión, que quedaría reducida, junto a la multa, a las sanciones penales a imponer.

Nadie discute que el sistema penal necesita someterse a permanente análisis para acomodarse a la cambiante realidad de la criminalidad y de los conflictos que tienen reflejo en hechos delictivos. Es verdad que, inevitablemente, muchas de las decisiones que el legislador adopte y los jueces apliquen resultarán insatisfactorias para una parte de la sociedad. En particular, es evidente que, históricamente, existen importantes carencias en la reparación a la víctima y a la sociedad que resulta perjudicada por la comisión de un delito o una falta. Pero a la hora de poner en cuestión el sistema de penas que se contempla en nuestra legislación y, en general, la respuesta que se da a la criminalidad, conviene actuar con prudencia y moderación.

Una de las aportaciones que proviene de la Ilustración e impregna la justicia democrática es la necesidad de humanizar el tratamiento al reo, perseguir la reinserción como objetivo, tomar en cuenta las consideraciones sociales que inciden en las conductas delictivas y evitar que el Estado aplique castigos que renuncien a estos principios. En un sentido opuesto en lo sustancial van las propuestas que el PP pone encima de la mesa. La cadena perpetua, aunque sea revisable, significa admitir la posibilidad del encarcelamiento vitalicio a una persona, lleva en su esencia el deseo de anular en su totalidad la posibilidad de recuperarla para la vida social, genera dudas sobre la discriminación en su aplicación y, lo que es peor, contiene la semilla de un derecho penal cuya orientación poco tiene que ver con el modelo que nuestra Constitución invoca, partidaria de la reeducación y la reinserción. Al mismo tiempo, renunciar al desarrollo y aplicación de otras penas distintas a la prisión significaría acrecentar inexplicablemente la disparidad ya existente en España, que, con un índice de criminalidad menor que otros países de nuestro entorno, tiene una población penitenciaria más elevada en términos relativos, cuando, a pesar de los avances sustanciales conseguidos en los últimos años en medidas educativas en el sistema penitenciario (con ejemplos virtuosos como el de las Unidades Terapéuticas y Educativas), continúa existiendo un fundado escepticismo sobre el efecto de las medidas de prisión en el proceso de reinserción.

Subidos a la ola del populismo punitivo y tratando de aprovechar la conmoción generada por algunos casos concretos que todos tenemos en mente, el PP lleva en los últimos años atizando las pasiones que –como es comprensible- vienen asociadas a los episodios de la crónica negra. Ahora da un paso más, pasa del globo sonda al compromiso escrito e incluye en su programa electoral la inclusión de la pena de prisión permanente revisable, bajo el perceptible impulso de Federico Trillo, responsable del PP en materia de justicia y potencial ministrable. Se trata del mismo que lleva erigiéndose en defensor de castigos penales más severos frente a lo que el PP suele denominar “delitos que crean un particular clima de inseguridad” (caracterización sobre la que habría mucho hablar), al tiempo que se ha destacado por urdir estrategias destinadas a exonerar a los representantes del PP implicados en la trama Gürtel, con inaceptables presiones a la judicatura incluidas; el mismo que demostró su incapacidad para asumir responsabilidades en asuntos tan sensibles y dolorosos como el derivado del accidente del YAK 42, la cafetera volante en la que hallaron la muerte 62 militares españoles el 26 de mayo de 2003; y el mismo que descalificó a los familiares de las víctimas por exigir que se investigase el accidente y el posterior desastre de las apresuradas y erróneas identificaciones de los cuerpos de los fallecidos. Con esa autoridad moral y esa hoja de servicios, lidera la orientación de la política penal del PP, que lleva camino de adquirir el mismo tono sensacionalista y retrógrado que acompaña a su inspirador.

Publicado en La Voz de Asturias, 8 de noviembre de 2011.

100 DÍAS

2011-11-08T23:56:00.004+01:00

Degradar gratuitamente la reputación financiera de la Comunidad Autónoma, pese a contar con niveles de endeudamiento relativo inferiores a la media de las otras Comunidades. Confundir la existencia de pagos pendientes o aplazados con supuestas deudas deliberadamente ocultas. Hablar a la ligera de inhabilitaciones de anteriores responsables, demostrando desconocer siquiera las características de esta sanción penal. Plantear la privatización de SEDES como si no hubiese sido un instrumento útil para desarrollar iniciativas públicas de construcción de equipamientos (por ejemplo, ejecutó la obra del Centro Niemeyer y acomete la reforma del Museo de Bellas Artes). Ofrecer a los vecinos del Suroccidente la sensación de estar desprotegidos en medio de un incendio pavoroso (sobre todo en el Valledor) y reaccionar sin intensidad ni eficacia reparadora pareja a la magnitud del desastre. Practicar el adanismo en materia de políticas de fomento del empleo cuando la trayectoria anterior era consolidada. Desvirtuar y minusvalorar la concertación social con sindicatos y patronal cuando es uno de los activos más significativos con los que Asturias ha contado para favorecer un clima propicio en el mundo laboral. Conceder el mismo nivel de atención a la red privada-concertada y la red pública educativa, cuando hasta ahora ésta ha demostrado en Asturias buenos niveles de calidad y una verdadera capacidad de vertebración social. Seguir amagando con el capricho de promover una Universidad Politécnica en Gijón perjudicando a la Universidad pública asturiana y amenazando con duplicar titulaciones y centros (junto cuando la tendencia general es la contraria). Desconocer de principio a fin el papel de las Escuelas de Educación Infantil de 0-3 años y la alta demanda de plazas en el conjunto de Asturias. Pretender cargarse a la brava la RTPA –y pueden conseguirlo- porque no la controlan, sin considerar ni su trayectoria, ni la regulación legal aplicable, ni el positivo efecto que ha tenido en el sector audiovisual asturiano. Pontificar prejuiciosa e irresponsablemente sobre qué es y qué no es una expresión cultural de categoría sin considerar el veredicto de las afluencias de público o el efecto dinamizador de iniciativas y centros culturales en el territorio. Obstaculizar hasta amenazar con ocasionar el cierre –y también pueden conseguirlo- del Centro Niemeyer. Provocar que la actividad cultural en Asturias ya no cuente con personas de referencia como Rosina Gómez Baeza, ex Directora de Laboral Centro de Arte y Creación Industrial hasta el cambio de gobierno. Conseguir que se reduzca el número de beneficiarios de las prestaciones de atención a la dependencia aunque no disminuya el número de solicitantes. Paralizar inversiones ya planificadas en equipamientos sociales. Hacer desaparecer las políticas de juventud y deteriorar las políticas igualdad sin mostrar interés en aplicar la recién aprobada Ley asturiana en la materia. Montarse una película de enredo sobre la redacción del nuevo Plan de Carreteras a la par que se aplazan sine die inversiones ya planteadas. Postergar deliberadamente el proceso de apertura del HUCA. Afirmar sin empacho que no nos podemos permitir un sistema sanitario público de calidad. Provocar el rápido aumento de listas de espera. Favorecer sin disimulo la concertación con la sanidad privada. Centrar los mayores esfuerzos de gestión en permitir la caza del lobo y la pesca del salmón, sin dejar –además- contentos a casi ningún sector implicado. Rebajar la condición de Consejero a la de firmante de notas de prensa preparadas por terceros, cuando no al triste papel de teloneros de sus Viceconsejeros. Desconfiar de los funcionarios de la Administración autonómica, incluso de aquéllos a los que han nombrado para responsabilidades ejecutivas porque a alguien había que designar. Hacer listas negras de funcionarios y periodistas, incluso sin rubor a la hora de señalar públicamente a los proscritos o repudiados en ambos sectores. Montar bronca permanente en el Parlamento y querer gobernar con 16 Diputados como si tuviese mayoría absoluta. Flirtear con la ultraderecha tratando de caer simpático a la caverna para arrancar votos madrileños sostenidos en la ira, todo ello a despecho de la posición institucional que el Presidente debería guardar. Y lo peor de todo, considerar a Asturias algo así como el descanso del guerrero que secretamente anhela reverdecer sus viejos laureles en la Villa y Corte.

Todo eso sólo en los 100 primeros días de gestión del Gobierno asturiano y su Presidente. Todo eso en momentos decisivos para la Comunidad y el sistema autonómico. Todo eso en medio de una crisis de los poderes públicos de consecuencias aún imprevisibles.

Publicado en Oviedo Diario, 5 de noviembre de 2011.

COMPARACIONES ODIOSAS

2011-10-30T18:55:00.006+01:00

Como con tantas otras cosas, Juan Cueto da en el clavo con su análisis de la deriva que la política cultural ha adquirido en Asturias tras el cambio de Gobierno motivado por los resultados de las elecciones autonómicas del 22 de mayo. En la entrevista que el magazine AS-7 de La Voz de Asturias publicaba el pasado domingo, el escritor y periodista resumía a la perfección y con pocas palabras el error estratégico que representa comparar y contraponer, como si resultasen incompatibles, la política de protección del patrimonio cultural con la apuesta por las nuevas formas de expresión cultural, híbridas por naturaleza –en formatos y tradiciones- y con los polos de dinamización cultural que ofrecen posibilidades de desarrollo, también en el ámbito socioeconómico. El riesgo que se advierte respecto al futuro de proyectos tan significativos para la actividad cultural en Asturias como el Centro Niemeyer o la RTPA, unido a las sombras que se ciernen sobre otras iniciativas –Juan Cueto menciona LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, la Semana Negra y el Festival de Cine de Gijón- no son especulaciones sino temores fundados que a corto plazo se pueden hacer realidad si las respuestas ciudadanas que se articulen no lo remedian

La argumentación utilizada desde la Consejería de Cultura aludiendo a los problemas de conservación del patrimonio cultural y la prioridad que éste tiene en la esencia identitaria de Asturias, en contraste con los nuevos proyectos culturales resultado de los últimos años, no es, precisamente, novedosa. Al contrario, es, básicamente, el hilo argumental que antes empleó el PP para tratar de deslucir la consecución –uno tras otro- de importantes logros en materia de nuevos centros culturales o para cuestionar la política dirigida a hacer de las iniciativas culturales motores de crecimiento. Además, no deja de ser un razonamiento cuestionable, porque reservar ciertos recursos para la promoción cultural y generar un marco institucional favorable a los emprendedores culturales, no significa necesariamente condenar al olvido al patrimonio histórico con el que contamos. Al contrario, las dos facetas de la política cultural están llamadas a ser complementarias, ya que concentrar el esfuerzo público exclusivamente en la conservación de aquello que se califique de histórico o autóctono y minusvalorar lo que las generaciones actuales o futuras de creadores tengan que aportar, no deja de ser una visión parcial sobre el papel de las Administraciones en esta materia

Aunque se pueda desmontar -como hace Juan Cueto- la falacia que comporta esa infeliz comparación, sí procede preguntarse por qué ha alcanzado un nivel nada despreciable de extensión en la opinión pública. Es verdad que los proyectos emprendidos en la década pasada en materia de promoción cultural necesitan un margen mayor –que es posible que ya no se les otorgue- para consolidarse y florecer. También es cierto que una parte de las continuas reclamaciones sobre el estado de elementos muy destacados de nuestro patrimonio monumental, etnográfico, arqueológico, etc. tiene una indudable justificación y hay ejemplos especialmente dolorosos. Pero conviene combatir algunos lugares comunes aceptados acríticamente en Asturias sobre esta cuestión en la refriega política: ni en los últimos años se ha abandonado el patrimonio histórico –ni mucho menos el Prerrománico, por más que haya situaciones deficientes- ni los proyectos más novedosos en materia de creación cultural han sido derrochadores o dirigidos a una minoría selecta. Otra cosa será el debate, mucho más razonable y útil, sobre el grado de desarrollo y aplicación de la Ley de Patrimonio Cultural de Asturias; sobre la utilización de las posibilidades que esta norma permite para conseguir que los titulares de los bienes de interés cultural o que forman parte del inventario de patrimonio cultural (muchos de ellos en manos privadas o de la Iglesia) cumplan con sus obligaciones en materia de conservación; sobre las posibilidades que ofrece nuestro rico patrimonio en materia de divulgación cultural y fomento del turismo; o sobre la inevitable limitación de las aportaciones públicas a las diferentes iniciativas culturales en tiempos de restricciones presupuestarias.

El problema, en definitiva, es que el debate parte viciado desde su origen, porque comparar –y oponer- la protección del patrimonio con los nuevos proyectos de creación cultural no es una posición que se formula gratuitamente, sino a la defensiva y con segundas intenciones, como demuestran los hechos. Y esto hay que decirlo así aunque la teoría provenga del muy respetable Consejero de Cultura, al que nadie deja de reconocerle que su preocupación por el patrimonio asturiano sea sentida y sincera, pero al que, en su campo, le está tocando ejercer de brazo ejecutor de una involución política en toda regla.

Publicado en La Voz de Asturias, 25 de octubre de 2011.

OBLIGADOS A ENTENDERSE Y A TOMAR DECISIONES

2011-10-30T18:42:00.005+01:00

Estos días estamos asistiendo a una prueba de fuego para los grupos municipales en el Ayuntamiento de Oviedo, en el nuevo marco político surgido de las elecciones del pasado 22 de mayo, sin mayorías absolutas y con un gobierno local que no cuenta con apoyos suficientes en el Pleno para imponer su criterio. La disyuntiva para los concejales viene de la mano del proceso de aprobación de las Ordenanzas Fiscales para el próximo año, cuyo contenido es determinante para presupuestar los ingresos del ejercicio y, por lo tanto, para conocer los recursos con los que podrá contar la administración municipal para desarrollar sus políticas y costear los servicios públicos locales. La certeza de que el proyecto presentado por la Junta de Gobierno local puede ser sustancialmente modificado, introduce una dinámica desconocida en todos estos años de mandato del actual Alcalde, porque obliga al grupo mayoritario a negociar si quiere garantizarse la aprobación de las Ordenanzas y permite a los grupos de la oposición formular sus enmiendas con verdaderas opciones de que sean introducidas en el texto definitivo

Hasta ahora, el debate sobre las Ordenanzas Fiscales (y sobre tantas otras cosas) tenía únicamente el valor –que tampoco es desdeñable- de representar las diferentes posiciones en liza, desplegando un mayor o menor grado de destreza en la exposición de los argumentos y en la recolección de apoyo ciudadano, a sabiendas de cuál iba a ser el resultado final y el sentido del voto de cada uno. Ahora la cosa va mucho más en serio, porque de la decisión que cada grupo adopte dependerá la política fiscal local y, dentro del margen de decisión municipal, la exigencia de esfuerzo fiscal a los ciudadanos y el modo en el que se reparte esta carga. Todo éllo en un contexto endiabladamente difícil, en el que las administraciones públicas hacen frente a enormes dificultades para reducir su deuda –o al menos para no engordarla más-, en el que la precariedad de las políticas públicas está teniendo su efecto en las débiles expectativas de recuperación económica y en el que la gran mayoría de los ciudadanos encontrarían impedimentos significativos para aportar más recursos a través de los tributos.

Así las cosas, en este escenario lo que sobran son posiciones sostenidas en un contexto político y económico que no es el que vive ahora el Ayuntamiento de Oviedo. De nada servirá a los ciudadanos que los grupos municipales funcionen con el piloto automático y reproduzcan la dinámica de confrontación si el resultado es la imposibilidad de aprobar las Ordenanzas Fiscales para el próximo ejercicio, opción que incluso se ha dejado caer y que preludiaría una etapa de parálisis institucional municipal, con mayor sensación de desgobierno, si cabe. Al PP, como grupo mayoritario, no puede pasársele por cabeza la posibilidad de retirar el proyecto si éste sufre alteraciones de fondo en su trámite y, a la par, debería pensar seriamente en ofrecer posibilidades de acuerdo para introducir en lo posible las principales propuestas que le formulan los grupos de la oposición. En este frente, a su vez, debe primar la responsabilidad y no el oportunismo, porque por primera vez en mucho tiempo tienen la sartén por el mango y no es momento para la teatralidad o el vértigo, sino para demostrar responsabilidad y solvencia política. En este sentido, es alentadora la sólida posición que viene adoptando el Grupo Municipal Socialista, admitiendo –frente a las tentaciones demagógicas que otros manejan- que una política de congelación de tributos locales no resultaría seria y depararía importantes aprietos para la sostenibilidad de los servicios locales, planteando al mismo tiempo que cualquier incremento impositivo no debe superar por lo general el IPC y poniendo a su vez encima de la mesa objetivos prioritarios en el programa que el PSOE ha venido defendiendo en el Ayuntamiento desde mucho tiempo atrás: el control de los servicios privatizados y su coste, la utilización de la política fiscal local para incentivar la actividad económica y la distribución de la carga fiscal con criterios de justicia social.

El nuevo tiempo que se ha abierto en la vida política local es ciertamente interesante, pero también viene cargado de riesgos. De la capacidad de todos los representantes de los ovetenses para estar a la altura tendremos pruebas, en un sentido o en otro, en las semanas venideras.

Publicado en Oviedo Diario, 22 de octubre de 2011.

NO JUEGUEN CON LAS INSTITUCIONES

2011-10-30T18:24:00.004+01:00

Cuando en normas de la trascendencia política del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias se recogen una serie de órganos en los que materializa la fisonomía del autogobierno y a los que se les encomiendan funciones determinantes para el buen desarrollo institucional de la Comunidad Autónoma, todos los que intervienen en la vida pública deberían guardar un cierto respeto a esas reglas comunes mientras permanezcan vigentes, se proponga o no su cambio para el futuro. Este imperativo de decencia y lógica política, exigible en los sistemas democráticos, va acompañado de una adicional demanda de coherencia a las personas que representan o aspiran a representar a las fuerzas políticas que han resultado decisivas en la conformación de esas reglas de juego

En la reforma estatutaria aprobada en 1999 se introdujo en la arquitectura institucional del Principado de Asturias la figura de la Sindicatura de Cuentas, con la pretensión de mejorar la eficacia y la dación de cuentas en la gestión económico-financiera de la Administración autonómica, los ayuntamientos, la Universidad y del sector público dependiente de dichas administraciones. El desarrollo legislativo de esta previsión, la puesta en marcha de este órgano auxiliar y los avatares vividos en los años en que ha venido funcionando, es indudable que hacen necesaria una reflexión sobre cómo mejorar el procedimiento de toma de decisiones y el funcionamiento de la Sindicatura, para que cumpla mejor sus objetivos. Sin duda, en las dificultades que se han hallado para esta tarea la carga de responsabilidad de los protagonistas, fuerzas políticas autonómicas y administraciones y entes fiscalizados es dispar, porque hay quien ha entendido desde el principio que el papel de la Sindicatura exige rigor, compromiso, transparencia, serenidad y normalidad en la relación institucional, y, por el contrario, tenemos en fechas recientes sobrados ejemplos (siendo el más significativo el ocurrido en torno a las posibles responsabilidades derivadas de la expropiación de Villa Magdalena) de desprecio a las pautas más elementales de lealtad institucional e incluso verdaderas campañas de acoso y derribo.

Una de las personas que integró el Consejo de la Sindicatura desde su constitución ahora pretende, sin haber finalizado su cometido en dicho órgano, acceder a la condición de Diputada en el Congreso, encabezando la lista del PP por Asturias en las próximas elecciones generales. A resultas de la forma en que en su momento se le propuso para la responsabilidad de Síndica, pese a las dudas razonables sobre su competencia en la materia que ocupa el trabajo de este órgano; y a resultas de lo que se ha podido conocer de su proceder en el seno de la Sindicatura en estos años (con aspavientos en las comparecencias parlamentarias del Síndico Mayor incluidos), este colofón a su desempeño en el órgano auxiliar es perfectamente adecuado a su trayectoria, así que desprevenidos no nos pilla. El problema es que, como han corroborado los servicios de la Junta General del Principado de Asturias (de la que depende la Sindicatura), aunque haya presentado un escrito de dimisión la Síndica en cuestión lo sigue siendo en funciones hasta que el Pleno de la Junta elija a los nuevos miembros de la Sindicatura, lo que es cierto que debería hacer cuanto antes, pero que requiere sus procedimientos y el apoyo de una mayoría cualificada que, en el actual escenario, no parece que fragüe fácilmente. Así las cosas, de ser elegida Diputada incurriría en un supuesto de incompatibilidad flagrante si quisiese tomar posesión de su acta mientras no se haya producido su relevo en la Sindicatura.

Paradojas procedimentales aparte, el problema reside en actitud inconsecuente e irrespetuosa que la candidata y su partido tienen hacia sus compromisos institucionales. No pueden desembarazarse así como así de las responsabilidades que han asumido, ni colocar a un órgano auxiliar de la relevancia de la Sindicatura de Cuentas en la circunstancia de excepción en la que, en perjuicio del interés general, la situarán. Así parecen entender el funcionamiento de nuestras instituciones, convirtiéndolas en rehenes de sus intereses.

Publicado en Oviedo Diario, 15 de octubre de 2011.

DESTRUYEN TODO LO QUE NO CONTROLAN

2011-10-12T22:39:00.004+02:00

Si pese a las muestras dadas durante los primeros meses de mandato alguien albergaba aún alguna duda sobre cuál será el estilo de gobierno bajo la presidencia de Álvarez-Cascos, encontrará respuesta al interrogante analizando con un mínimo de detalle cuanto rodea a la decisión de cortar de raíz toda transferencia de recursos al Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias y provocar, por la vía de los hechos, el estrangulamiento de la RTPA. Con este Gobierno de nada sirve advertir que los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para este año, plenamente vigentes, contemplan la partida pendiente con la que el Ente habrá hecho sus previsiones de gasto para el ejercicio. Cae en saco roto toda invocación de los compromisos legítimamente asumidos con cargo a esas cantidades y de las responsabilidades que se pueden derivar de los incumplimientos contractuales a los que conducirá esta decisión. Tampoco parecen importar los planteamientos hechos por el resto de fuerzas políticas y por los propios órganos del Ente, que, tratando de evitar consecuencias indeseadas, han mostrado su disposición a ajustar de forma razonable las características de la RTPA a las circunstancias actuales de las cuentas públicas. La determinación de asfixiar a la RTPA hasta hacerla fenecer o hasta deteriorarla irreversiblemente parece estar tomada, sean las que sean las repercusiones para el empleo, para el tejido productivo audiovisual, para las propias empresas públicas dependientes de Ente (Radio, Televisión y Productora de Programas) y, en última instancia, para la propia Administración autonómica de la que depende. Que este proceder se lleve a cabo sin medir las consecuencias jurídicas, económicas y sociales y sin proponer las reformas necesarias en la Ley de Medios de Comunicación Social para poner encima de la mesa sus propósitos en la materia, son muestra de una irresponsabilidad desconocida en el actuar de un gobierno autonómico en Asturias.

La discusión de fondo sobre si Asturias necesita o no una radio y una televisión pública de titularidad autonómica ya tuvo lugar durante largos años y estaba completamente superada. La relativa demora de nuestra Comunidad en la incorporación al proceso de creación de medios de comunicación públicos permitió, como ventajosa contrapartida, que en el diseño del modelo institucional se remarcase la necesidad de acuerdos amplios en los que el parlamento asturiano tuviese un papel central (requiriéndose mayorías cualificadas para la elección del Consejo de Administración y del Director General del Ente), o que se aprendiese de los errores cometidos en otras Comunidades en cuanto a gestión, gasto y contenidos. En este sentido, la RTPA tiene poco que ver con los ejemplos más negativos de televisiones y radios de otras Comunidades Autónomas, tanto en el consumo de recursos públicos como en la programación y, en definitiva, en el cumplimiento de su función de servicio público. El hecho de que en los últimos años el funcionamiento de la RTPA estuviese fuera de la controversia política tiene mucho que ver con las sólidas bases sobre las que se puso en marcha este proyecto y con el buen hacer general de directivos y profesionales. Como resultado, la RTPA ha tenido una favorable acogida por la audiencia, ha contribuido a que los asturianos conozcan mejor su Comunidad, ha favorecido notablemente la divulgación y el tratamiento de nuestras inquietudes y problemas colectivos, ha permitido un mayor acercamiento de los ciudadanos a la vida política y social de su tierra y ha mejorado sustancialmente la consideración de la lengua asturiana y la cultura tradicional. Y lo ha hecho sin representar -ni mucho menos- una sangría económica, ganándose prestigio social y respeto institucional, incentivando el crecimiento de la industria audiovisual asturiana, compensando la devastadora crisis de las televisiones locales y generando centenares de puestos de trabajo –la mayor parte para jóvenes profesionales- que ahora están en severo riesgo.

Por otra parte, cuando del debate sobre medios de comunicación públicos se trata, conviene hacer un poco de memoria y recordar que Álvarez-Cascos tiene en su hoja de servicios como Vicepresidente de España entre 1996 y 2000 el dudoso honor de haber impulsado decisivamente el deterioro vivido por RTVE en ese periodo, lanzándola por la pendiente del descrédito y la utilización partidista desde los tiempos en que puso en la Dirección del Ente estatal al Diputado del PP (que lo sigue siendo) Fernando López-Amor. El final de aquel nefasto modelo de gestión lo tuvimos bien representado con Alfredo Urdaci y su gloriosa referencia a C-C-O-O y, en lo económico, con la multimillonaria deuda que el Gobierno del PSOE tuvo que enjugar a partir de 2004 a la par que rescataba a RTVE de la indignidad en que, tanto en contenidos como en uso sectario, se encontraba postergada. Esas son las credenciales de nuestro Presidente autonómico en la materia.

Para ahogar económicamente a la RTPA el Gobierno asturiano se escuda en el necesario establecimiento de un orden de prioridades, sobre el que habría mucho que decir a tenor de las falacias a las que recurren en su defensa, empezando por la sesgada contraposición con el gasto sanitario. No obstante, sí cabe reconocer que el Gobierno sigue su prelación de objetivos, porque en la parte superior de su agenda oculta se encuentra, desde el primer momento, destruir todo aquello que, por las circunstancias que sea o el marco legal aplicable, no puede manipular a su antojo y para sus propios intereses partidarios.

Publicado en La Voz de Asturias, 11 de octubre de 2011.

EL SUICIDIO DE LA CLASE MEDIA

2011-10-12T22:15:00.007+02:00

Es un lugar común la teoría de que la existencia de una clase media sólida y numerosa contribuye a la estabilidad social y a la moderación política. La frase, tan del gusto conservador y habitualmente repetida, no deja de ser una verdad a medias, empezando por la utilización de un término ambiguo como el de “clase media”, basado sólo en la capacidad de disponer de cierto nivel de renta o riqueza –sin escrutar su origen- y categoría en el que casi todos se encuadran a sí mismos, unos pocos por falsa modestia y otros muchos para no considerarse –por contraposición, dadas las connotaciones- clase baja. Además, conviene constatar que no siempre las posiciones del sector al que así se etiqueta tienden a la centralidad y que, por otra parte, la supuesta reticencia a los cambios intensos no es necesariamente positiva en toda circunstancia.
No obstante, si concedemos una parte de razón a la premisa que atribuye a la llamada clase media una particular prudencia y a su predominancia un efecto vertebrador, algunas de las tendencias sociales ascendentes en los últimos tiempos y que se reflejan en las posiciones políticas mayoritarias en su seno merecerían un análisis profundo sobre su origen y sobre el contraproducente efecto que tienen para muchas de las personas encuadradas en este sector. Ya antes de estos años de crisis económica muchos de los que cuentan o contaban con un trabajo y cuyas aspiraciones se alineaban con la aurea mediocritas del bienestar material medio, ni siquiera podían alcanzarlo o mantenerse en él sin acudir al letal sobreendeudamiento. Más aún, como resultado de la precariedad laboral y del incremento del coste de algunos bienes y servicios primordiales, algunas personas se encontraban con riesgos económicos y sociales serios incluso teniendo trabajo, además de hallarse con la frustración de sentir bien lejos El Dorado del deseado hiperconsumismo. Ni qué decir tiene que la crisis económica en curso ha agravado esta dinámica, primero porque son muchos menos los que tienen un empleo; segundo, porque muchos de los que lo tienen ven ahora como un objetivo razonable el mileurismo antes denostado; y tercero, porque, pese a alguna reflexión aislada sobre los artificios del materialismo, inevitablemente el patrón que sigue imperando es el que equipara la realización humana con el sueño de tener casa, coche y toda suerte de gadgets tecnológicos.

Así las cosas, es curioso que una parte muy significativa de las clases medias, arrastradas por las corrientes dominantes, se estén dejando convencer de que no va con ellas la defensa de los servicios públicos, la reclamación de una fiscalidad progresiva o la existencia de poderes estatales con alguna posibilidad de intervención sustancial en la realidad económica. Mientras muchas personas que se consideran en el estrato medio de la sociedad empiezan a tener dificultades graves para mantener su actual nivel, a la vez saludan los planteamientos en boga dirigidos a arrinconar lo público y a sacar de toda agenda política asuntos elementales como la redistribución de la riqueza. Como si contar con un sistema educativo, sanitario y de servicios sociales con un estándar de calidad solvente y que no queden arrinconados a un papel subsidiario (reservado para quien no pueda proveerse de estos bienes en el mercado) no resultase de interés capital para la clase media llamada a beneficiarse de ellos. Como si fuese inocuo para sus bolsillos y para sus proyectos vitales tender a un futuro en el que garantizar la formación, la salud o la protección exija multiplicar gastos que en muchos casos esos mismos ciudadanos con un nivel económico medio no podrán sufragar. Como si tragarse una doctrina contraria a una fiscalidad más justa (véanse algunas reacciones recientes a la recuperación práctica del Impuesto sobre el Patrimonio) no significase a la larga un perjuicio para su propia posición, si el sistema tributario sigue cargando las espaldas en las rentas del trabajo y en los impuestos indirectos.

Estos tiempos de crisis nos deparan numerosas paradojas que no son precisamente inocentes casualidades. Porque en toda crisis, con su correlato político, hay ganadores y perdedores. Y en ocasiones estos últimos ponen las cosas más fáciles para resultar damnificados.

Publicado en Fusión Asturias, octubre de 2011.

INDOLENCIA ANTE LA CRUELDAD REPETIDA

2011-10-12T20:32:00.004+02:00

Las personas que nos dedicamos a cualquier profesión jurídica sabemos que, detrás de la inevitable terminología y la abundante profusión de trámites y procedimientos se esconde una realidad, en ocasiones dramática, en la que están en juego derechos que pueden ser vulnerados si no se obtiene la debida protección otorgada por juzgados y tribunales. Efectivamente, una de las características determinantes que definen el grado de desarrollo de una sociedad es la capacidad de articular un sistema de justicia avanzado que permita restaurar a los ciudadanos en sus derechos, que posibilite la impartición de justica sobre bases racionales y que preserve en su acción unos estándares y garantías elementales. En materia penal, probablemente el ámbito llamado a suscitar debates públicos más intensos, si observamos en perspectiva parece sencillo contrastar las características elementales de nuestro sistema actual –por muchas deficiencias que legítimamente se detecten- con un pasado relativamente reciente en el que la impiedad del tratamiento, la indefensión del justiciable y la desproporción de las penas eran norma común. Sin necesidad de acudir a sesudos estudios, se puede comprobar esta afirmación con una visita a los espacios conservados de la antigua cárcel modelo de Oviedo, en el edificio felizmente recuperado como Archivo Histórico de Asturias.

Esta evolución, al igual que otros aspectos del progreso, cuenta, no obstante, con fuertes detractores, episodios de regresión y obstáculos que no son sólo producto de atavismos, sino también fruto indeseado de nuestra propia condición. Así sucede, entre otras situaciones, cuando el afán de justicia se transmuta en deseo de venganza, cuando el encargado de impartir justicia o dirigir el proceso se erige en imprudente justiciero, o cuando ante la conmoción y el repudio que causa la violencia se responde desde el populismo punitivo y el aprovechamiento partidario del dolor ajeno. También se produce cuando no se reacciona con suficiente contundencia ante el recurso por algunos Estados a medidas brutales y degradantes en esencia, la más extrema de las cuales es la aplicación de la pena de muerte.

El pasado 21 de septiembre se produjo en la cárcel de Jackson, en el Estado de Georgia, un terrible ejemplo que atestigua las dificultades que encuentran concepciones humanitarias de la justicia para abrirse paso en países tan destacados como EEUU. La ejecución de Troy Davis, de 42 años, al que se le aplicó la inyección letal tras una última suspensión de la ejecución de la condena de apenas unas horas, y en cuyo proceso de nada ha servido evidenciar la endeblez de las pruebas en su contra (ninguna prueba física, ni el arma empleada y sólo testimonios de dudosa obtención, con numerosas retractaciones), tuvo lugar entre numerosos llamamientos a la clemencia, la continúa defensa de su inocencia por su parte (incluyendo sus últimas palabras) y –no sobra recordarlo- la encolerizada satisfacción de los familiares del agente por cuyo asesinato fue condenado. Nuevamente ha caído en saco roto la demostración de la inhumanidad del castigo y su fatídica irreversibilidad; tampoco ha servido subrayar que ya van 1.269 ejecuciones en EEUU desde el restablecimiento de la pena capital en 1976 o destacar que la utilización de este castigo deslegitima cualquier pretensión de liderazgo de EEUU y lo sitúa en consonancia con países en los que el respeto a los Derechos Humanos brilla por su ausencia, como China, Irán o Arabia Saudí. Apenas parece impactar en la opinión pública norteamericana la constatación de la aplicación discriminatoria de la pena frente a minorías y personas sin recursos; o la reiterada detección de casos de condenados cuya culpabilidad se pone en duda, como recuerda la ONG Testigos para la Inocencia –fundada por la monja Helen Prejean- al recordar que desde la restauración de la pena capital se ha acreditado que al menos 8 de los ejecutados eran inocentes. Pese a todo, y aún con algún esperanzador retroceso en los últimos años, la pena de muerte sigue vigente en 35 de 50 Estados, con un apoyo popular del 65% y con algunos de sus adalides políticos entre los aspirantes republicanos con mayores posibilidades de obtener la candidatura a la Presidencia de EEUU, como es el caso del gobernador tejano Rick Perry. Es igualmente significativo, cuando de analizar la confianza en el sistema judicial se trata, que en torno a un 10% de las ejecuciones llevadas a cabo desde la restauración del castigo se produjeron tras desistir los condenados a las vías de recurso disponibles, aunque el resultado de tal decisión fuese, con mayor o menor dilación, la ejecución.

Casi tan revelador como la persistencia de este atroz anacronismo en EEUU es, sin embargo, la tenue reacción del resto del mundo, gobiernos incluidos, acostumbrados a lo que aparentemente consideran meros excesos, cuando no dejan de ser asesinatos con cobertura legal. Aunque resulte incómodo en esta clase de circunstancias, el carácter y la energía de nuestras respuestas también nos define.

Publicado en La Voz de Asturias, 27 de septiembre de 2011.

DESENLACE PREVISIBLE EN LA “OPERACIÓN DE LOS PALACIOS”

2011-10-12T20:13:00.004+02:00

No era necesario ser Nostradamus para anticipar que la llamada operación de los Palacios, que ejemplifica un modelo de gestión local fracasado y que marcó buena parte del debate político municipal en la pasada década, iba a acabar como el rosario de la aurora. Un repaso a la hemeroteca nos permite analizar el cúmulo de despropósitos, incapacidades, apaños, compadreos indecorosos y desprecios al interés público que han jalonado este largo proceso desde que se anunció la utilización de un contrato de concesión de obra pública para la construcción de un Palacio de Congresos y Exposiciones en Buenavista y un Palacio de las Artes en el Vasco, hasta el momento actual, en el que nos aproximamos al punto de destino de esta pequeña historia local plagada de miserias.

Aunque trate de mirarse con indulgencia, el balance de la operación es desolador. En la parcela del antiguo estadio Carlos Tartiere la ciudad cuenta con un edificio envejecido prematuramente y que no goza precisamente del favor popular. Para el común de los mortales y para los entendidos –salvo para algunos iluminados o interesados- todo lo imponente del complejo se diluye al chocar brutalmente con el entorno y al perder la originalidad, porque contar con un edificio firmado por Calatrava ya no es rasgo exclusivo de ciudades selectas. Por si fuera poco, contemplamos como el proceso de construcción ha deparado un mar de pleitos que, al menos, nos permiten conocer la temeridad generalizada en el proceder de muchos de los implicados en este proyecto. El resultado global no ha quedado marcado por el fulgor del blanco Calatrava sino por el velo de desatinos que lo rodea, por un una visera inmóvil, un sistema hidráulico para erguirla que hasta ahora es inútil, un diseño flagrantemente antifuncional, unos elementos decorativos exteriores que no pasaron del dibujo, unos edificios administrativos anexos que desagradan a funcionarios y usuarios, un centro comercial con un buen número de locales vacíos y, en suma, por una desdichada aventura que nos ha legado un recinto de congresos privatizado pero incapaz de funcionar sin la respiración asistida de las –cada vez más insostenibles- subvenciones públicas y unas oficinas laterales que sólo pudieron salir adelante con su adquisición por la Administración.

En la parcela del Vasco nos encontramos con una versión corregida y aumentada del asalto al interés público que ha predominado en la operación. Cualquier ciudadano informado y consciente no podrá evitar rechinar los dientes al pasar por la acera de la calle Víctor Chavarri (la única que no lleva años ocupada por la obra) y comprobar como en un suelo que era de titularidad pública y que estaba destinado a dar servicio a todos los ciudadanos con nuevos equipamientos acaba convertido en suelo residencial privado en el que se están construyendo, a buen ritmo, lo único que algunos son capaces de hacer con rapidez: pisos (que en este caso no serán viviendas protegidas, precisamente). Ahí está el valor añadido aportado a la mejor parcela disponible del centro de la ciudad, que se escurrió del patrimonio municipal sin contraprestación equivalente por su enajenación y sin que ya nadie se acuerde de hacer valer los compromisos de la relación contractual entre el Ayuntamiento y empresa beneficiaria.

Es cierto que los ciudadanos estábamos avisados y que no fuimos capaces de generar, colectivamente, la presión adecuada para revertir la peligrosa tendencia. Desde el primer momento algunas voces advirtieron de los riesgos que comportaba el modelo de gestión que concentraba en un mismo contrato las actuaciones del Vasco y Buenavista. Cuando todo eran parabienes al espíritu emprendedor de quien asumía este reto desde el sector privado, una minoría política y social de esta ciudad nos empeñamos en resaltar los peligros para el interés público que acechaban y que se fueron confirmando con las modificaciones del contrato –hasta hacerlo irreconocible-, la disminución de los bienes que quedarían bajo titularidad municipal, la engañosa enajenación de la parcela del Vasco y el fracaso de los sucesivos proyectos para ésta.

Que ahora, tanto el interés público local como el de la empresa que acometió este proyecto se resientan severamente por una operación que está resultando económica y socialmente ruinosa, no es ninguna sorpresa y no cabe sólo imputarlo al contexto de crisis. Que el tiempo nos esté dando la razón a los escépticos con esta operación tampoco es ningún consuelo.

Publicado en Oviedo Diario, 1 de octubre de 2011.

REDUCCIÓN DE ÓRGANOS PÚBLICOS Y SEGUNDAS INTENCIONES

2011-10-12T19:55:00.005+02:00

Las elecciones autonómicas del pasado 22 de mayo han dado paso, en las 13 comunidades en las se celebraron, a la constitución de nuevos gobiernos y la reestructuración en la organización de éstos y, por extensión, de la propia administración que dirigirán. Es frecuente que, ante el nuevo mandato, cada gobierno, se adscriba o no al mismo signo político que el anterior y tenga o no el mismo presidente, introduzca diferentes cambios de carácter organizativo. La particularidad en este caso es la significativa tendencia general, iniciada hace unos años al calor de las medidas de minoración del gasto público, orientada a la reducción de su estructura y del número de los diferentes departamentos, tanto en lo que se refiere a las propias consejerías como a otros órganos de segundo nivel ejecutivo. A esto se unen diferentes propuestas destinadas a adelgazar la administración institucional y el sector público dependiente de cada comunidad, suprimiendo o fusionando entes de diversa tipología. En este proceso, la posición más destacada en los últimos tiempos ha sido la de la nueva Presidenta de Castilla-La Mancha que, pese a haber defendido meses atrás un fallido proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía en el que se elevaba de categoría a determinados órganos complementarios, ahora quiere –según anunció en su discurso de investidura- fulminar por la vía rápida algunos que, además, tienen un cometido de control del poder ejecutivo o de protección de derechos de los ciudadanos.

El debate no ha sido ajeno al Principado de Asturias, si bien con la destacable singularidad de nuestra Comunidad, en la que las dimensiones de la Administración y su sector público no han alcanzado el volumen de otras comunidades, con lo que cualquier formulación que quiera hacerse al respecto, si aspira a ser mínimamente rigurosa, tendrá que partir de la consideración de esta realidad. Claro que puede haber margen para analizar, con el detalle necesario, si es posible simplificar o racionalizar las características de nuestra Administración autonómica y si cabe, en términos de funcionalidad y eficiencia, introducir modificaciones organizativas. Pero cifrar cualquier cambio exclusivamente en clave de reducción –por sistema- de órganos administrativos y entes públicos puede acabar convirtiéndose en un argumento falaz e interesado. Por un lado, porque las competencias que corresponden al Principado de Asturias, desde la reforma estatutaria de 1999 y el intenso desarrollo de ésta durante la década pasada, sitúan a los poderes autonómicos ante la obligación de facilitar, a través de los instrumentos adecuados, numerosos servicios de excepcional importancia para los ciudadanos, con importantes márgenes para la toma de decisiones. Por otro lado, porque es perfectamente razonable que, de forma pareja a la profundización en el autogobierno, se haya hecho más amplia y compleja la realidad institucional autonómica, en la que los órganos auxiliares (Consejo Consultivo, Sindicatura de Cuentas, y en otro nivel, la Procuradoría General) y los órganos asesores de diversa naturaleza (empezando por el Consejo Económico y Social) tienen importantes responsabilidades para mejorar el funcionamiento del conjunto de nuestras instituciones. Y, finalmente, porque detrás de la propensión a reivindicar permanentemente la reducción de los órganos públicos –como si esta posibilidad de rebaja fuese infinita- se encuentra muchas veces la intención de mermar la capacidad de incidencia de las propias políticas públicas, que ya cuentan en la actualidad con enormes dificultades para subsistir ante la oleada neoliberal en la que los espacios, valores y bienes colectivos también se ven disminuidos.

Quizá, antes de continuar esta llamativa competición de propuestas destinadas a llevar a la insignificancia a los poderes públicos o, peor aún, a reducir a lo anecdótico los instrumentos de participación ciudadana y control en la arquitectura de las comunidades autónomas, convenga comenzar el escrutinio sobre las características de las instituciones empezando por analizar sus cometidos, constatando la necesidad de perfeccionamiento de un sistema descentralizado pendiente de consolidación en muchos aspectos y, sobre todo, subrayando la importancia que, precisamente en este momento, tiene salvaguardar los bienes y servicios cuya provisión es responsabilidad de los poderes públicos autonómicos.

Publicado en Fusión Asturias, agosto de 2011.

EN DEFENSA DEL CENTRO NIEMEYER

2011-09-27T13:58:00.003+02:00

Dice nuestro refranero que cuando el diablo se aburre, mata moscas con el rabo. Algo así sucede con el Gobierno autonómico cuando, al tiempo que da muestras de no saber cómo empezar a rodar, en las últimas semanas se dedica, convertido en poco más que una monumental oficina de prensa, a generar polémica tras polémica para ganar titulares mientras la realidad circula por otra vía. Parece el estilo de la casa, si se tiene en cuenta que en pocos meses la ejecutoria de FAC y del ejecutivo autonómico ha destacado básicamente por el irresponsable intento de hacer naufragar el proceso de fusión de activos y negocio de Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura; por enredar hasta hacer encallar el debate sobre las medidas de transparencia y buen gobierno; por blandir parcial y estruendosamente el déficit público sin constatar la mejor situación de nuestra Comunidad respecto a la mayoría de las restantes; por evidenciar su falta de respaldo al nuevo HUCA y promover la dilación de su apertura; o por extender la incertidumbre respecto al futuro de nuestra Universidad pública al apostar por el caprichoso proyecto personal de la Politécnica, precisamente en tiempo de reconversión de titulaciones y centros en todo el mapa académico.
La última de las enojosas impertinencias a las que se dedica el Gobierno autonómico es torpedear y poner en serio riesgo el futuro del Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer. En los primeros pasos de este Centro es evidente -e inevitable y normal, por la génesis de la iniciativa- que se considerase fruto del impulso del Principado de Asturias, ya que al fin y al cabo la propuesta, el liderazgo determinante para su puesta en marcha y la propia construcción del complejo de edificios junto a la Ría de Avilés (por cierto, única obra con la firma del centenario Niemeyer en España) correspondió al anterior Gobierno. De todas formas, desde el principio se destacó el deseo de integrar a otras Administraciones y al sector privado en la iniciativa, lo que en la actualidad es un hecho, como se refleja en la composición del Patronato de la Fundación que gestiona el Centro y en la circunstancia de que el Principado de Asturias no tiene dominio efectivo sobe la entidad. Así las cosas, con el proyecto alzando el vuelo, proyectando positivamente a Avilés y a Asturias y erigiéndose como referencia de los beneficiosos efectos sociales y económicos de iniciativas culturales como ésta, es precisamente ahora cuando el nuevo Gobierno sólo parece tener como pretensión controlar a machamartillo la Fundación, sin tener escrúpulos a la hora de desprestigiar al Centro y la gestión realizada, con divulgación de agresivos comunicados y filtración de facturas incluida.
Es difícil encontrar en nuestro entorno iniciativas culturales que en un periodo de tiempo tan corto hayan sido capaces de conseguir lo que ha alcanzado el Centro Niemeyer, con logros brillantes como la colaboración con el Old Vic londinense o con el New York Times (el mejor periódico del mundo), la organización del encuentro de centros culturales con el Pompidou (París), el Lincoln Center (Nueva York) y la Biblioteca de Alejandría, la colaboración con artistas, cineastas y escritores de enorme prestigio (desde el Premio Príncipe Woody Allen al Nobel Wole Soyinka), etc. Nadie está diciendo que las aportaciones públicas no se justifiquen correctamente, que no se arbitren los controles administrativos necesarios o que no se mejore la transparencia y rigor en la gestión de las cantidades procedentes de las cuentas públicas, en lo que sea menester. Pero si un proyecto reciente, de éxito, con hechuras y proyección global, de indudable valor para nuestra tierra y que cuenta con enormes expectativas depositadas en él, acaba padeciendo severas dificultades o malográndose al ser objeto de conflicto y blanco de mezquinas estrategias de acoso y derribo, entonces es para hacérnoslo mirar.

Publicado en Oviedo Diario, 17 de septiembre de 2011.

MALDITO INFOTAINMENT

2011-09-12T20:55:00.003+02:00

Durante las últimas semanas, a raíz del escándalo del tabloide británico News of the World, hemos podido comprobar con asombro y horror hasta dónde estaban dispuestos a llegar algunos medios de comunicación que habían hecho de su falta de escrúpulos signo inconfundible de identidad. Ha sido determinante para el final del periódico cruzar la línea roja de las escuchas ilegales, la interceptación de comunicaciones y el soborno a funcionarios policiales, que de eso nada más y nada menos están acusados los implicados en el asunto. Pero conviene recordar que estos comportamientos inaceptables se superponían a una consolidada y exitosa práctica del efectismo, la distorsión, la tendenciosidad y la simplificación interesada, notas distintivas del sensacionalismo, largamente gratificado con el favor de la audiencia (con una tirada semanal cercana a los 3 millones de ejemplares) y fuertemente sostenido por la mezcla de inquietud y oportunismo con la que los responsables políticos establecían su relación con el medio, en función de su interés coyuntural. La transgresión de limitaciones sustentada en el afán de negocio y el deseo de pastorear a la opinión pública bajo su influencia a golpe de titulares rompedores y ruidosas exclusivas acabaron convirtiéndose en brújula y destino del periódico, transportando a la prensa escrita -y llevándolo al extremo- el llamado infotainment del que el grupo News Corporation es adalid y exponente.

A nadie se le escapa que el amarillismo periodístico no es precisamente una novedad, desde la época dorada de Hearst y Pulizter hasta el momento presente. Lo significativo, sin embargo, es su pervivencia y renovado auge en nuestros días, fenómeno aparentemente contradictorio con el avance en conocimiento y la cierta capacidad crítica que se presume a la ciudadanía en las sociedades desarrolladas. A ese reverdecer del sensacionalismo (por cierto, paralelo al del populismo político) se suma la renovación de formatos, la combinación de métodos –incluida la aludida hibridación entre información y entretenimiento-, la colonización de otros medios por este estilo y la franca retirada que, en contraposición, experimentan aquéllos que se resisten al embate del oportunismo, empezando por la llamada prensa seria, estatus que, por otra parte, no parece siempre atribuible a quien lo invoca para sí.

Hoy en día, salvo honrosas excepciones, es difícil ver un noticiario en el que no se convierta la información en descarnada materia de espectáculo (con agitadas sintonías ad hoc para las cortinillas que dan paso a las crónicas bélicas o de sucesos); en el que no se otorguen estatus similares a los acontecimientos sustancialmente relevantes y a la banalidad deportiva o rosa; en el que los acontecimientos de medio mundo apenas merezcan referencias ocasionales (¿cuánta información proveniente de Asia, África o Sudamérica llega al espectador?); o en el que las características físicas de quien presenta la noticia no sean las que predominen sobre su competencia profesional. Ni que decir tiene la fiabilidad que pueden merecer periodistas con pretensión de solvencia que no parecen tener reparos en ofrecer su imagen para avalar comercialmente infinidad de productos, táctica publicitaria que ha adquirido una irritante frecuencia. A esto se suma, tanto en televisión como en radio o prensa, la creciente confusión entre la legitima existencia de línea editorial de un medio y la concesión de licencia para transgredir los estándares primarios de rigor y seriedad que son exigibles por un mínimo de respeto a la profesión periodística y al inmenso valor que su función tiene en una sociedad democrática.

En esta era de paradojas que nos ha tocado vivir, pese a la amplia variedad de la oferta, es perfectamente posible que un ciudadano medio con un interés básico en la actualidad (el que le permite el acelerado ritmo diario), que vea informativos con regularidad, hojee la nueva prensa de éxito (desde la gratuita hasta la propensa al sensacionalismo) o se deje llevar por la selección de informaciones de los portales más relevantes de internet, acabe por no tener una perspectiva mínimamente sólida sobre las circunstancias de nuestro tiempo. Eso sí, encontrará entretenimiento (¡e incluso mera distracción!) en la llamativa presentación de la noticia, la frenética sucesión de imágenes o el rimbombante titular destinado a etiquetar el producto.

Publicado en Fusión Asturias, septiembre de 2011.

REFORMA CONSTITUCIONAL Y CRISIS PERMANENTE

2011-09-12T20:54:00.002+02:00

No debe extrañarnos que de la reforma constitucional que aceleradamente se tramita en las Cortes Generales se discuta más sobre el modo en que se plantea y el espíritu que la impregna que sobre la concreta redacción que se pretende introducir en el artículo 135 de la Carta Magna. Una vez cerrado el texto que PSOE y PP han recogido en su Proposición y acordada la tramitación urgente para culminar la modificación en apenas dos semanas, poco o nada se puede incidir en sus términos, pese a las invocaciones aparentemente generosas al consenso. Por otra parte, el contenido estricto de la Proposición ha quedado sustancialmente aligerado sobre las previsiones iniciales y desprovisto por lo tanto de la mayor carga conflictiva, con la remisión a una posterior ley orgánica para la fijación de los límites de déficit estructural, la definición detallada de este criterio y la distribución del déficit entre Estado y Comunidades Autónomas, junto con la previsión de supuestos excepcionales -entre ellos las recesiones- en los que se pueda rebasar esa frontera impuesta. En resumen, el plato de la reforma está cocinado y sólo queda analizarlo, pronunciarse y situarse en el momento posterior a su aprobación para determinar sus efectos.

Establecer pautas constitucionales de estabilidad presupuestaria, restricciones sobre el déficit y controles sobre la magnitud y las autorizaciones de deuda pública no es ningún disparate y entronca con una preocupación legítima: la solidez de las cuentas de las Administraciones Públicas, aspecto del que no es posible desentenderse si se quiere actuar responsablemente. Aunque la modificación constitucional no es ideológicamente neutra y efectivamente revela un planteamiento restrictivo sobre el gasto público, no hay base justificativa suficiente para llevarse las manos a la cabeza aludiendo a la ruptura del principio del Estado Social o a supuestos riesgos insoportables para los servicios públicos y para las medidas de ayuda a las personas en situación más desfavorecida. La política fiscal progresiva -campo de batalla en buena parte abandonado en los últimos años-, las medidas de redistribución de la riqueza o la capacidad de iniciativa económica por el Estado son alternativas a disposición de los poderes públicos que no quedan amputadas porque se establezca que el recurso al déficit y a la emisión de deuda deban evitar poner en riesgo las cuentas de las Administraciones. Del contenido estricto de la reforma lo peor que puede decirse es que la posible deficiencia de controles o la ausencia de consecuencias ante eventuales incumplimientos la deje en un ejercicio de voluntarismo y artificiosidad, rebajando la eficacia jurídica real de la medida.

Por el contrario, lo inquietante en este caso es la sensación de apremio y teatralidad que arrastra consigo esta reforma y las urgencias que revelan el esfuerzo político de los partidos mayoritarios para sacarla adelante. Llevamos años de debates e informes de la más diversa procedencia sobre la necesaria adaptación de nuestra Constitución tras 33 años de vigencia, sobre la importancia de introducir reglas que mejoren el funcionamiento del Estado de las Autonomías preservando el espíritu descentralizador, sobre la imprescindible reforma del Senado para que cumpla su papel de Cámara de representación territorial, sobre el desfase del modelo provincial, sobre los retoques en el sistema electoral, sobre la prevalencia masculina en la sucesión en la Jefatura del Estado, sobre la cesión efectiva de poder que significa el proceso de integración europea, etc. Años de tentativas de reforma que terminaban en vía muerta, encargando indirectamente, como solución inevitable, remiendos interpretativos -cada vez de más difícil factura- a un Tribunal Constitucional sobrepasado. En éstas estábamos cuando las tensiones especulativas en los mercados financieros de deuda pública, las advertencias del Banco Central Europeo sobre los condicionantes para la compra de nuestros títulos y las exigencias del directorio franco-alemán nos sitúan abruptamente ante una reforma inesperada y quizá no suficientemente meditada. A modo de significativo ejemplo, las únicas menciones que a partir de ahora figurarán en nuestra Constitución a la Unión Europea serán las introducidas al mencionar los límites de déficit y deuda pública. Las importantes carencias subsistentes en nuestra Constitución seguirán, entre tanto, sin ser abordadas. La sensación de crisis permanente y la inevitable percepción de que se llevará muchas cosas por delante han cambiado también, de golpe y porrazo, las prioridades de la agenda constitucional.

Publicado en Oviedo Diario, 3 de septiembre de 2011.

HERENCIAS Y RELEVOS

2011-09-12T20:51:00.003+02:00

En esta época de reemplazo en gobiernos locales y autonómicos es frecuente que los medios de comunicación realicen extensos balances públicos sobre la gestión de los ejecutivos salientes. También es común que los que cogen el testigo en la dirección de las Administraciones comiencen su gestión chequeando la situación que se encuentran, a lo que, en este tiempo en el que el desmedido desaire y el adanismo político están a la orden del día, se suele acompañar, si el nuevo equipo es de un signo político distinto, un reproche abierto a la herencia recibida. Naturalmente que es legítimo analizar con profundidad el escenario que cada nuevo gobierno se encuentra y es igualmente razonable remarcar aquellas cosas que pretenden diferenciar la gestión precedente de la futura. Pero conviene saber que la recriminación al que se va no siempre es proporcionada ni justa, no mejora automáticamente las cosas ni atenúa por sí los problemas y puede acabar convirtiéndose en un recurso propagandístico vulgar ante la indefensión del cesante, que cuenta con menos posibilidades de replicar y limitados espacios para hacerse oír desde el momento en que sale por última vez de su anterior despacho.
En el aterrizaje del gobierno de algunas Comunidades Autónomas estamos asistiendo a una excesiva profusión de censuras tardías a los anteriores gestores, dinámica especialmente abonada en este contexto de crisis económica y dificultades financieras de los poderes públicos. Hay casos paradigmáticos en los que, con la intención de preparar el terreno para adoptar medidas leoninas de recorte de servicios públicos y derechos sociales –todas con indudables intenciones ideológicas, más allá del debate sobre su estricta necesidad- se lanza una desmesurada ofensiva dialéctica contra los anteriores dirigentes, lo que es también habitual cuando las victorias electorales han sido ajustadas y el anterior responsable sigue en liza aunque desde la bancada de la oposición. Entre esos supuestos especialmente llamativos destaca el estilo impuesto por algunos gobernantes del PP que llevan varias semanas desgranando sus recriminaciones contra los antecesores, lejos de miramientos o cautelas institucionales. Aunque le han salido notables imitadores (los Presidentes de Extremadura y Cantabria entre los más aventajados), la número 2 de este Partido y nueva Presidenta de Castilla La Mancha, experta en compatibilizar cargos y sueldos (y en subir los de sus asesores y altos cargos, además), se lleva la palma en la intensidad de su ataque preventivo contra los anteriores encargados de la Administración autonómica, combinando, eso sí, esta táctica con la aplicación de la ley del embudo, ya que desde el minuto cero se ha propuesto limitar los sistemas de control de su gestión (empezando por querer cargarse el Defensor del Pueblo y el Consejo Económico Social). Todo un anticipo de la impronta autoritaria y belicosa que un Gobierno del PP traerá a la Administración del Estado si los vaticinios de las encuestas para las Elecciones Generales se cumplen.
En Asturias, es de justicia decir que, en términos generales (al menos de momento y esperemos que esa actitud perdure) no se ha caído en esa perniciosa dinámica de pisotear gratuitamente el nombre de los responsables salientes. Es posible que no valoremos suficientemente la relativa normalidad institucional y el tono general -más mesurado que en otras Comunidades, pese a algunos excesos- en el que se mueve la actividad política asturiana. También es cierto que, si de herencias se trata, sin minusvalorar las muchas dificultades del momento, la que deja el Gobierno presidido por Vicente Álvarez Areces tiene aspectos indudablemente positivos, en términos de solidez financiera de la Administración autonómica (sobre todo si se contrasta con otras Comunidades), de calidad de los servicios públicos, de garantía de los derechos de los ciudadanos, de extensión de las prestaciones sociales y de modificación del modelo productivo de una Comunidad que viene de fuertes reconversiones recientes. Por cierto, más temprano que tarde (quizá cuando se pongan en riesgo) acabaremos valorando en una medida más justa y con un reconocimiento más amplio los significativos progresos de estos últimos años, superando la tradicional tendencia a renegar de nuestros propios logros colectivos.

Publicado en Oviedo Diario, 6 de agosto de 2011.

ESPIRAL DE SOMBRÍO DESTINO

2011-08-02T22:42:00.003+02:00

Entre las múltiples cuestiones a revisar a resultas de la actual crisis económica, algunos procedimientos, lugares comunes y verdades categóricas que damos por sentadas merecerían un repaso. La impresión de que los fallos de método son sustanciales se acrecienta a cada frecuente llamamiento de alerta por parte de las instituciones de la Unión Europea, con sus consabidas reuniones de urgencia, encuentros bilaterales en el filo y carreras nerviosas –antes inusitadas- por los pasillos de la Comisión o del Banco Central.
Por ejemplo, no parece tener mucho sentido que la decisión de un país, ante las dificultades en su estabilidad financiera, de recurrir al préstamo por parte de sus socios comunitarios, se le otorgue, en afirmaciones, gestos y representaciones apocalípticas, una categoría similar a la de declaración de zona catastrófica, aparejada a una suerte de rendición incondicional de la dirigencia y acompañada de variopintos actos de contrición que tienen un significativo impacto, incluso emocional, sobre la población afectada. Como estamos viendo en el caso de Grecia y se vislumbra en el de Irlanda y Portugal, la forma en que se gestan, aprueban y formulan esta clase de decisiones, acompañadas de ajustes draconianos que perpetúan las dificultades de recuperación, expande la sensación de ineptitud y sometimiento colectivo, provocando una oleada de zozobra que impacta en las decisiones particulares de consumo e inversión, no sólo en el país afectado. La onda expansiva es de efectos desconocidos, porque acrecienta en el resto la sensación de encontrarse bajo el riesgo de infección, inmersos en la incierta escalada de los sucesivos rescates o las amenazas de que éstos se ciernan sobre países a los que se les conmina a pasar por las horcas caudinas de los planes de ajuste y de descapitalización del Estado.
A la vez que la dinámica de los rescates requiere un replanteamiento (empezando por cambiarles el nombre que les otorgamos), tampoco estaría mal analizar, recuperando el sentido de la actuación de los poderes públicos, la adopción de medidas que hasta la fecha parecen ajenas a cualquier agenda política comunitaria. Cabe preguntarse si calibrar la fiabilidad de los títulos de deuda pública de los Estados de la Eurozona por comparación con los de Alemania, con la consabida invocación de la prima de riesgo (el diferencial en el interés que se paga respecto al del bono germano a 10 años), no podría ser sustituida por otro criterio más equilibrado, porque, precisamente, la alentada huida del gestor de inversiones a los títulos considerados seguros retroalimenta inmediatamente esta tendencia a agrandar las diferencias en la percepción de su seguridad (el título alemán podrá ofrecer un interés menor y el de otros países tendrá que elevar la rentabilidad que proponen al comprador). Por no hablar de la común asunción -hasta ahora incuestionable y que va siendo hora de trastocar- sobre la posibilidad de negociar y revender ilimitadamente títulos de deuda en el mercado secundario, o de admitir que sobre estos se superpongan productos financieros sustentados en los seguros por riesgo de impago de la deuda (los famosos Credit Default Swaps, ya viejos conocidos por su incidencia en la crisis financiera derivada de la inmobiliaria) cuyo volumen y fluctuaciones están fuera de control, impactando sobre las cantidades a comprometer por el Estado en las emisiones de títulos de deuda.
Los defectos del entorno institucional, la desregularización financiera y la incapacidad para tomar decisiones que atajen los fallos del sistema económico nos están dejando desnudos y a tiro de la impiadosa especulación. Y, de momento, la mayor parte de las decisiones van encaminadas a alimentar la espiral, al aceptar sin reservas las reglas de un juego perverso en el que los Estados y sus ciudadanos tienen las de perder.

Publicado en Oviedo Diario, 23 de julio de 2011.

INDIGNARSE CON RAZÓN Y SENTIDO

2011-07-15T00:07:00.004+02:00

Como una buena parte de los ciudadanos, he seguido con gran interés las movilizaciones surgidas a partir de la manifestación celebrada el 15 de mayo, las acampadas en las principales ciudades y las actividades reivindicativas posteriores. Es cierto que asistimos a una de las corrientes de inquietud social más significativa de los últimos años y que tiene en este momento una importante incidencia informativa, por la fuerza acumulada, por la relativa novedad de sus mensajes y por la singularidad de su forma de exteriorización. Aunque también es cierto que aún es pronto para valorar su efecto sustancial y el impacto futuro que pueda tener en la realidad política y social de nuestro país, más allá de la manifestación de malestar en un momento concreto. Esto dependerá de muchos factores, entre ellos de su propia capacidad de autoorganización, superando los obstáculos de un asamblearismo paralizante o la aparente falta de concreción de muchas de sus propuestas, si se pretende trascender de la genérica invocación de una mejora del sistema democrático y de las circunstancias económicas. Por otra parte, resultará determinante que la dinámica de confrontación que este movimiento ha planteado respecto al poder institucional tenga una canalización razonable, porque una cosa es no renunciar a despertar cierto grado de malestar (ciertamente no hay transformación esencial posible que no genere tensiones) y otra cosa es confundir la acción directa con la agresividad física y verbal, como hemos visto, entre otros tristes ejemplos, con los Diputados catalanes perseguidos a la carrera o con una “x” pintada en su gabardina.
La bandera de la indignación que se ha enarbolado, aunque puede aglutinar preocupaciones diversas, debería ser, para traducirse en cambios reales, una motivación para desarrollar propuestas políticas más elaboradas. El cabreo meramente constatado no es fuente de proyecto sólido alguno y corre el riesgo de quedarse en fruto de situaciones puntuales. Sin embargo, como vemos en el caso de España, la raíz de las crisis económicas, políticas y sociales que ahora tenemos sobre la mesa, vienen de tiempo atrás y hubieran requerido indignaciones y respuestas de fondo también en los tiempos de aparente abundancia. Las endebles bases de nuestro sistema productivo, las desigualdades lacerantes, la pérdida de peso de las rentas del trabajo en la riqueza o la insuficiencia de los mecanismos de participación ciudadana requieren contestaciones que no sólo surjan esporádicamente sino que pretendan trabajar a largo plazo y que tengan, para ello, una apreciable coherencia y constancia.
Por otra parte, cuando una movilización de estas características hace su aparición en un contexto de zozobra como el actual, en el que la agenda y los resortes de poder real se encuentran en manos de intereses económicos no precisamente apegados a los de la mayoría social y que no necesitan sentarse al frente de las instituciones, hay que tener presente las consecuencias de la desestabilización que se pretende generar y los potenciales beneficiaros de ella. Si se minusvaloran las conquistas obtenidas en nuestro sistema político constitucional (precisamente las que quieren alcanzar muchos de los movimientos revolucionarios en la otra ribera del Mediterráneo), se sitúa en el centro de la crítica a las instituciones democráticas representativas –por muy susceptibles de mejora que sean-, se desprecia a los partidos políticos sin atenuantes ni excepciones o se denuesta ferozmente a los sindicatos justo cuando se está decidiendo su papel en las relaciones laborales, el resultado de esta tendencia no mejorará en absoluto las posibilidades que tiene la ciudadanía de hacer valer su opinión o de defender sus derechos políticos y económicos con los instrumentos que tiene a su alcance. Al contrario, aquéllos que no se han formulado ningún interrogante a raíz de las protestas, que no tienen la más mínima sensibilidad al respecto, que incluso apuestan por la criminalización y por la represión más pura y dura –pidiendo desde el minuto cero el desalojo por la fuerza de las plazas- tendrán un terreno más despejado (y no sólo desde el punto de vista electoral) ante las contradicciones, la debilidad y el desánimo que proliferan en el campo político, social y sindical progresista, al que afecta más que a nadie la dinámica de deslegitimación a la que asistimos.
Quizá a la vuelta de la esquina, cuando no pueda sostenerse con tanta intensidad el movimiento de protesta, cuando lo que quede para mantener propuestas diferentes a las del neoliberalismo rampante sean las criticadas estructuras asociativas, sindicales y políticas y los representantes de izquierda en ayuntamientos y parlamentos (en menor número y en la oposición, en la mayor parte de los casos), es posible que, en ese momento, alguien se acuerde de que contar con una estrategia digna de tal nombre y con cierta visión de su futuro es condición necesaria para tener verdadera capacidad transformadora.

Publicado en Fusión Asturias, julio 2011.

PUNTO Y SEGUIDO EN EL CULEBRÓN DE VILLA MAGDALENA

2011-07-14T23:54:00.003+02:00

Con la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 que anula el Convenio con el que el Ayuntamiento de Oviedo pretendía enjugar la deuda derivada de la expropiación de Villa Magdalena, no se cierra, ni mucho menos, este larga historia, plagada de desafueros. En el mejor de los casos la decisión judicial aleja los riesgos para la integridad del Campo San Francisco –lo que no es poco-; constituye un rapapolvo a la forma de proceder que ha marcado la actuación del Alcalde, carente de la más elemental prudencia; y deja en palabrería las declaraciones altisonantes realizadas por el Gobierno local en todos estos meses en defensa del Convenio, que contrastan con la rapidez que ahora le ha llevado a no recurrir la Sentencia y a proponer allanarse en el resto de contenciosos pendientes (tarea para la que, por cierto, se hubiera bastado y sobrado la Abogacía Consistorial, haciendo innecesario recurrir a profesionales externos).
En el minuto cero de esta segunda parte nos encontramos con una cruda realidad que no es posible obviar, si se quiere actuar con diligencia, ya que la deuda (aún indeterminada) que se derive de la retasación de Villa Magdalena instada en marzo de 2007 sigue pendiendo amenazante sobre los intereses municipales. No sobra recordarlo, porque la empresa expropiada, aunque haya perdido las oportunidades de negocio y enriquecimiento que comportaba el Convenio, sigue teniendo, en buena medida, la sartén por el mango: persiste su derecho a la retasación, hasta ahora avalado judicialmente; las circunstancias a considerar en la nueva valoración son las del momento en que ésta se instó; y, aunque se entendiese (lo que es discutible) que la empresa ya no puede invocar su valoración de 63 millones de euros y ha quedado vinculada por la valoración acordada en el Convenio anulado, ésta asciende a la considerable cifra de 29,5 millones de euros, es decir, una cantidad 12 millones de euros superior a la ya pagada por el justiprecio inicial y los intereses abonados. Para echarse a temblar.
Así las cosas, no tiene mucho sentido aferrarse únicamente a una genérica invocación –la que hacen FAC e IU- de las responsabilidades de los causantes del desaguisado, sin plantear nada más. Claro que el Ayuntamiento tendrá que ejercer acciones para desentrañar quién es el causante de que no se consignase en 1998 (y en lo sucesivo hasta el momento en que se instó la retasación) el justiprecio expropiatorio que se recurrió judicialmente; y claro que todo apunta a los sucesivos responsables de Economía y al propio Alcalde que desoyeron los informes de diferentes funcionarios y los llamamientos de PSOE e IU. Además los tres grupos municipales de la oposición podrán instar esta vía en el propio Pleno de la Corporación. Pero, entre tanto, la empresa expropiada puede ejercer sus pretensiones frente al Ayuntamiento de Oviedo, y esto nos afecta a todos porque está en juego, y de qué manera, el interés público. Por eso, no sólo toca reclamar responsabilidades sino, como ha planteado la concejala socialista Margarita Vega, ponerse manos a la obra para intentar evitar que se cause un nuevo quebranto a las arcas y al patrimonio municipal y para impedir que se legue a las generaciones venideras este grave problema, que venimos arrastrando penosamente desde hace varios lustros.

Publicado en Oviedo Diario, 9 de julio de 2011.

CON DONOSTIA

2011-07-14T23:31:00.005+02:00

Me han sorprendido y desagradado amargamente las reacciones a la reciente decisión del Comité de Selección de la Capitalidad Europea de la Cultura 2016 de proponer el nombramiento de San Sebastián para este reconocimiento. Hemos visto, procedentes de diversas fuentes, incluyendo algunos responsables municipales de las ciudades competidoras, declaraciones destempladas, valoraciones cargadas de recelo e interpretaciones de lo más disparatado sobre la resolución del jurado. Por supuesto, no han faltado a su cita con la cizaña –encuentro que es práctica habitual en algunos- los artífices de la fallida candidatura de Oviedo a esta distinción, que, lejos de analizar con el detenimiento debido las carencias de su proyecto y los errores de enfoque que la hicieron inviable, continúan dedicándose a echar la culpa al empedrado, blandiendo supuestas conspiraciones y que, en algún lamentable caso, sacan ahora a relucir las cansinas controversias nacionales y territoriales. Nada nuevo bajo el sol, porque buscar falsos enemigos externos para justificar o encubrir los defectos propios viene siendo marca de la casa en el gobierno local y todo lo que lo rodea. Es una táctica socorrida a la que, por lo que se ve, otros también recurren, algunos con tremenda saña.
Es alucinante que a estas alturas alguien trate de cuestionar la trayectoria cultural y ciudadana de San Sebastián. Sólo desde la mezquindad o la ignorancia pueden minusvalorarse sus activos, su apuesta por programaciones que guardan perfecta coherencia entre lo popular y lo avanzado, sus equipamientos culturales de referencia, la enorme proyección que ha alcanzado gracias a eventos, festivales o celebraciones tradicionales y, sobre todo, la vitalidad social que la recorre y que explica la fuerza de esta ciudad. Sobre esta excelente base, bajo el impulso del socialista Odón Elorza, que ha sido un magnífico Alcalde –también en tiempos mucho más difíciles- de labor sobradamente reconocida, la candidatura presentada bajo el título “Olas de energía ciudadana” responde fielmente, según la valoración del jurado, al objetivo de la iniciativa comunitaria, tratando de ir más allá de un recopilatorio de actividades más o menos hilvanadas, aunando actividad cultural con desarrollo socioeconómico, promoción de valores cívicos, impulso a la conciencia medioambiental y solidaria, etc. Nada hay que objetar al Comité de Selección, que, no sobra recordarlo, está compuesto mayoritariamente (7 de sus 13 integrantes) por personas nombradas por las instituciones europeas y que merece un respeto antes de situarlo gratuitamente en el descrédito o en la arbitrariedad, como se ha pretendido.
Algunas cosas preocupantes quedan de manifiesto a resultas de la polémica que se vive estos días. El grado de radicalidad y cerrazón que revela la furibunda respuesta significa que no pocos pretendían, directamente, excluir a una ciudad únicamente por el resultado electoral, sin importar que Bildu sea una coalición política legal o que el nuevo Alcalde de San Sebastián esté haciendo esfuerzos por mostrarse moderado y cuidadoso, a pesar de las diatribas en su contra. Esperemos que esta dinámica de envilecimiento ni sea alimentada ni quede sin reproche, porque otorgar réditos a la discordia y la discriminación conduce siempre a pendientes peligrosas. Llama también la atención que se acuse de antemano al Alcalde donostiarra de la potencial utilización partidaria del éxito obtenido y de las oportunidades que vienen aparejadas, cuando quien esgrime este argumento hace, precisamente, uso de la derrota con singular parcialidad; en nuestra realidad local, no hay más que rememorar las maniobras del gobierno municipal para acusar a diestro y siniestro de un complot contra su candidatura, precisamente evidenciando un sectarismo mayúsculo –y poco sentido del ridículo- con sus afirmaciones.
Lo que toca, por un mínimo de elegancia y justicia, es reconocer nuestra sana envidia, descubrirse y aprender de Donostia en las cosas positivas que tiene de ejemplo, que son muchas.

Publicado en Oviedo Diario, 2 de julio.

EN LA MUERTE DE UN HOMBRE LIBRE

2011-07-14T23:19:00.004+02:00

La enorme figura moral y política de Jorge Semprún contiene para mí no sólo la evocación del hombre de acción, el joven antifascista enrolado en el maquis francés, el deportado superviviente de Buchenwald, el hábil clandestino Federico Sánchez, el agitador de las primeras movilizaciones universitarias antifranquistas, el librepensador desafiante, el inconformista Ministro de Cultura, el exitoso guionista de cine o, sobre todo, el sobresaliente escritor. Todo eso, nada más y nada menos, se encuentra en su riquísima trayectoria biográfica y por ello permanecerá largamente su memoria, engrandecida ahora que comienzan las lamentaciones en España por no haber reconocido suficientemente su aportación. Pero, para mí, Jorge Semprún, además de un hombre admirable, brillante y comprometido, fue -permítanme la confidencia- una de las personas cuyo testimonio personal, expresado con belleza, agudeza y claridad en sus obras, mayor impacto me ha causado y, si se quiere decir así, más preguntas y motivaciones me ha suscitado. Compréndase que, al caer en mis manos (en una Semana Negra, por cierto) la casi postrera Veinte años y un día (2003), para el joven lector que yo era, tremendamente emocionado por La Esperanza de Malraux, aquel primer acercamiento a la obra de Jorge Semprún (a quien Bernard-Henri Lévy equipara, precisamente, con Malraux) se producía con los brazos abiertos, ya al conocer que durante parte de su etapa de partisano en la Borgoña, en 1943, Semprún llevaba consigo, como libro de referencia, el variopinto retrato de los defensores de nuestra II República que Malraux escribió. Las horas provechosas, aunque no precisamente de sosiego, que he pasado leyendo a Semprún (y las que me quedan) y todo lo que me ha reportado tratar de extraer todo el jugo a su literatura, son impagables. Como acertadamente suele decirse en estos, el mejor homenaje que puede tributársele es animar a descubrirle como el perspicaz intelectual -en el mejor sentido del término- y el gigante literario que fue, capaz de edificar su obra con un pie en sus valiosas vivencias y el otro en el contexto que le tocó soportar y desentrañar.
Se ha dicho, y es indiscutible, que en la experiencia vital de Semprún confluyeron muchos de los acontecimientos históricos del terrible e intenso siglo XX. Pero no hablamos sólo de un testigo excepcional que relató lo que contempló y padeció en primera persona, como en las inolvidables y angustiosas El largo viaje (1963) o Viviré con su nombre, morirá con el mío (2001). Hablamos también del hombre lúcido capaz de interpretar los hechos y extraer consecuencias para su acción política y sus decisiones personales. Porque Semprún no fue sujeto pasivo de la historia, aunque sí sufridor de élla, empezando por su condición de víctima de la pesadilla nazi. Desde el momento en que, con apenas 20 años, el joven estudiante de Filosofía tomó partido por la resistencia contra la ocupación alemana, con riesgo para su vida, vinculó reflexión y activismo de forma inseparable para el resto de sus días. A esta actitud de coherencia sumó la capacidad de analizar permanentemente el sentido de su militancia, con una actitud profundamente consciente, autoexigente y crítica, alejada de la tendencia falsamente autosuficiente en la que en ocasiones se cae desde las estructuras de organización política. Fue, por ello, vehemente e incómodo, dispuesto a desenvolverse en el conflicto a veces necesario y preparado para asumir las consecuencias de sus posiciones. Obtendríamos una visión edulcorada y parcial de Semprún si no se destacase este aspecto controvertido, que le llevó a confrontaciones, a veces ásperas: con el PCE del que fue expulsado en 1964, pese a haber anticipado la necesidad de cambios como los que luego, asumidos por este partido, dieron paso al necesario distanciamiento del bloque soviético; con sectores significativos del PSOE, al alinearse en las tensiones internas en su etapa gubernamental (1988-1991), pese a su condición de independiente; o con personalidades destacadas de la actividad cultural en España, mientras estuvo al frente del Ministerio. Episodios magníficamente recogidos en Autobiografía de Federico Sánchez (1977) o Federico Sánchez se despide de ustedes (1993); obras que, por otra parte, van mucho más allá de un repaso literario a las inevitables contradicciones de la izquierda.
Aunque siempre quedará lo que ha dejado escrito, con Semprún se pierde –y la echaremos en falta- una voz autorizada, elocuente y veraz. La de un hombre radicalmente libre, ferozmente celoso de su independencia y grabado con las cicatrices más vivas de la historia.

Publicado en Oviedo Diario, 11 de junio de 2011.

ALGUNAS DUDAS RAZONABLES

2011-06-27T17:14:00.001+02:00

Pilar Manjón, Presidenta de la Asociación 11-M Afectados del Terrorismo ha vuelto a dar una lección de temple y responsabilidad al tachar la muerte de Osama Bin Laden de ejecución extrajudicial, rechazar que con ésta se haga justicia y alegar que lo oportuno hubiera sido su enjuiciamiento por sus crímenes. Sus palabras surgen con la legitimidad que le otorga su cometido de representación de las víctimas del principal atentado perpetrado por el terrorismo islamista en Europa, dando muestras de la sobrada autoridad moral cuyo reconocimiento se ha ganado.
No obstante, su opinión parece minoritaria si se contrasta con una buena parte de las expresadas en las últimas semanas, incluidas las de los gobernantes de muchos países, que han justificado o no han mostrado objeciones de alcance a la operación desarrollada el 2 de mayo por un cuerpo de élite del ejército de EEUU, finalizada con la muerte de cinco personas, una de ellas el líder de Al Qaeda. Efectivamente, de forma inmediata a la difusión de la intervención se desató un torrente de celebraciones y parabienes, saludando el final de Bin Laden como buscado y considerando admisible que las fuerzas armadas de EEUU hubiesen llevado a cabo tal acción. Detrás ha venido la construcción teórica para dotar de justificación a la operación, sosteniéndola en la defensa propia de un país atacado el 11-S, en la existencia de acuerdos más o menos secretos con Pakistán que permitían la incursión militar sobre su territorio, en la condición de Bin Laden de dirigente terrorista en activo o, directamente, calificando su muerte, aún en las confusas circunstancias en que se produjo (incluyendo el lanzamiento de su cadáver al mar), como merecida retribución a su historial.
Pese a las deficientes explicaciones facilitadas, que permiten preguntarse abiertamente si no hubo otra alternativa a matar a Bin Laden, al inicial respaldo a la operación le ha seguido una segunda avalancha, verdaderamente inquietante, de argumentos dirigidos prácticamente a hacer reventar los límites de la actuación en la respuesta contraterrorista. Por un lado, se ha atribuido a la muerte de Bin Laden, aún en el modo en que se produjo, la capacidad reparadora para las víctimas de los atentados terroristas, lo que, además de ser muy discutible –a la afirmación de Pilar Manjón me remito- significa elevar su final al rango de acto catártico, minusvalorando a la par el papel de la justicia democrática, ajustada a las leyes y a los procedimientos. Por otro lado, se ha puesto directamente en cuestión la necesidad de que los Estados y sus fuerzas armadas y de seguridad estén sujetos a las prescripciones del derecho internacional y a los patrones de protección de los derechos humanos; no olvidemos que a estos conflictos de nuestra era, en los que confrontan Estados y grupos terroristas internacionales, también deben aplicarse principios básicos, entre los que difícilmente puede caber la ejecución extrajudicial ante la que parece que nos encontramos (y que tampoco es admisible en el derecho internacional humanitario aplicable a las situaciones de conflicto armado, siendo algo sustancialmente diferente al abatimiento de un combatiente en acción de guerra). Finalmente, el interesado argumento de que para detectar el paradero de Bin Laden resultaron útiles las informaciones obtenidas bajo las -eufemísticamente llamadas- prácticas de interrogatorio intensificadas, llevadas a cabo en centros de detención como el de Guantánamo, persigue justificar estas técnicas (incluido el llamado waterboarding o asfixia simulada), relativizar la consideración sobre la tortura y dar amparo a todo un sistema de detención indefinida sin pruebas ni juicio, ajeno a todo control fiable y al margen de toda legalidad internacional. Tras la primera sacudida que supuso la operación, la oleada que trae consigo tiene el inequívoco aroma de la ideología belicista y agresiva asociada a la “guerra contra el terrorismo” que ha deparado enormes estragos en nombre de la lucha contra este mal.

Claro que un hecho de la naturaleza de los macroatentados terroristas abre una dimensión vertiginosa sobre la que cualquier persona mínimamente reflexiva albergará disyuntivas éticas sobre las reacciones a adoptar. Lo que sorprende y preocupa en este caso es, sin embargo, que los que expresamos severas reticencias a dar patente de corso a los Estados para articular esta clase de respuestas estamos claramente en una posición marginal (y no sólo en EEUU). Parece que pocos recuerdan que la Resolución 1368 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aprobada inmediatamente después del 11-S, recogía el mandato “a todos los Estados a que colaboren con urgencia para someter a la acción de la justicia a los autores, organizadores y patrocinadores de estos ataques”. Nada que ver el llamamiento a la acción de la justicia con el consentimiento para tomarse la justicia por su mano.

Publicado en Fusión Asturias, junio de 2011.

CONTRA EL POPULISMO

2011-06-09T11:22:00.003+02:00

En los últimos años una inquietante corriente ha irrumpido en la vida pública de buena parte de los países europeos, poniendo en cuestión algunos presupuestos que hasta ahora creíamos comunes en el sistema democrático y minando paulatinamente la relativa estabilidad política de las décadas recientes. Contrariamente a las transformaciones políticas que en el pasado ha sufrido el continente, la tendencia de cambio no sucede ahora a consecuencia de la entrada en escena de una fuerza estructurada y sostenida en unos postulados abiertamente expuestos a la ciudadanía. En el contexto actual, la deriva procede de un movimiento de fondo, que conecta con sentimientos primarios, explota la frustración en las expectativas materiales de muchos ciudadanos y se nutre del desconcierto surgido de la sensación de incertidumbre con la que se afronta el futuro. A este proceso se suma la progresiva degradación del discurso político –plagado de simplificaciones-, el auge del oportunismo como actitud y la predominancia del ruido sobre el razonamiento en el debate. Esta espiral, en la que es difícil contraponer un planteamiento sosegado, sólido y responsable frente a los eficaces aspavientos dialécticos del adversario, favorece a quien pretende resolver las controversias con el efectismo y el requiebro táctico. En este escenario, cuya generación es responsabilidad colectiva –medios de comunicación incluidos-, incrementa sus posibilidades de victoria quien es capaz de sintetizar en su propuesta el flujo de irritación y la sensación de empobrecimiento y confusión que desprende la disputa política. Quien ha obtenido ventaja subido a ese torrente opta en muchas ocasiones, incluso cuando tiene responsabilidades de gobierno, por seguir alimentando la caldera de la inquietud más que por dar una salida constructiva a ésta.
El pasado 22 de mayo en Asturias se ha producido un fenómeno político que se sustenta en buena medida en esa tendencia involutiva, que no es en absoluto desconocida, aunque sí relativamente nueva en nuestra Comunidad en términos electorales, y que cuenta con multitud de ejemplos europeos de preocupante ascenso, reflejados en una diversidad de líderes que van desde Umberto Bossi a Timo Soini, pasando por Marine Le Pen, Nick Griffin o Geert Wilders. Una proliferación que no es casual ni pasajera, que no perjudica precisamente a los poderes económicos dominantes y que tiene singularidades en cada país, pero que comparte algunos elementos comunes en estilo y técnica. Entre otros la ausencia de programa solvente que trascienda a un ramillete de ideas elementales; la invocación del resquemor como motor e incentivo; el carácter unificador que el liderazgo personal tiene sobre un movimiento heterogéneo; la abusiva invocación de conceptos abstractos, empezando por algunos de añejas resonancias como el de patria o nación, de los que se hace un uso interesado y sectario; o la enésima proclamación de la muerte de las ideologías. Anuncio, por cierto, muy querido en España por el conservadurismo de viejo cuño, desde la Alianza Popular de los “siete magníficos” a quien fue uno de sus herederos políticos, aspirante a continuador de la saga (con bríos renovados, como hemos visto) y probable nuevo Presidente del Principado de Asturias.
Habrá tiempo y multitud de analistas cualificados para diseccionar las razones que han llevado al triunfo en las urnas del FAC y las notas definitorias del cambio sustancial que han conseguido provocar en las preferencias de los votantes. A primera vista, entre sus múltiples causas, destaca la combinación de rasgos habituales de la derecha española más clásica, significativa electoralmente y aunque no mayoritaria sí muy movilizada, con la adecuada sintonización con los nuevos –y fuertes- aires del sensacionalismo político rampante, que le han permitido ensanchar el espectro de potenciales apoyos. Todo ello revestido de un supuesto regeneracionismo mal entendido, del que sólo parecen extraer –siguiendo la vieja y deformada interpretación- la entrada en liza del “cirujano de hierro”, personificado en este caso en un antiguo conocido de la política asturiana.

Publicado en Oviedo Diario, 28 de mayo de 2011.

EL DR. BELLOWS ATACA DE NUEVO

2011-05-23T11:42:00.002+02:00

Uno de los debates recurrentes en los últimos meses entre economistas, responsables públicos y agentes sociales es el relativo a la posibilidad de vincular las fluctuaciones de los salarios de los trabajadores a la evolución de la productividad y no al comportamiento de la inflación reflejada en el Índice de Precios al Consumo. La controversia no puede quedar sólo reservada a dirigentes o académicos, porque afecta a un aspecto fundamental de las relaciones laborales –y por tanto de los fundamentos de la justicia social- como es la contraprestación principal que recibe el trabajador por su aportación en el proceso productivo. Se trata de un punto de discusión en el que toda decisión que se adopte tendrá repercusiones determinantes para la mayoría social que dispone de su capacidad de trabajo como fuente de su sustento, que aspira legítimamente a remuneraciones equitativas y a que su empleo le reporte satisfacciones e incentivos más allá de lo estrictamente económico (sentimiento de realización, inquietud intelectual, posibilidad de contribuir a logros colectivos, etc.), para lo que requiere, como condición necesaria, encontrarse suficientemente reconocido y retribuido por su trabajo.
Cuando esta disputa se produce en el ámbito europeo y la llevamos a la realidad de nuestro país, con posiciones encontradas entre quienes han opinado al respecto, en el escenario de partida algunos datos son, efectivamente, llamativos. Uno de los puntos débiles de la economía española es, a decir de todos, la baja productividad, lo que, aplicado a la actividad laboral, tiene su reflejo en que el rendimiento que se extrae a las horas trabajadas es menor del deseable. Lo que no significa que no se trabaje mucho, a juzgar por los datos de 2010 de la OCDE, que aluden a una media de 1775 horas por trabajador en España, frente a las 1413 horas de Holanda (-25,6%), las 1432 de Alemania (-23,9%), las 1559 de Francia (-13,8%) o las 1607 en Reino Unido (-10,4%). A la par, existe cierto consenso al diagnosticar los problemas más relevantes en esta cuestión: desde la dependencia de sectores en los que a la productividad se le otorga menos importancia, al retraso en la incorporación de la tecnología en la actividad, pasando por dificultades en la formación o por la persistencia de sistemas jerarquizados en la organización empresarial con aversión a la innovación. De este modo, a la hora de repartir responsabilidades, si de eso se trata, inciden más en las deficiencias de productividad las características de las estructuras productivas y los defectos de la cultura empresarial arraigada en España que las carencias con las que el trabajador desempeña su función. Máxime en estos tiempos en los que, en un contexto de alto desempleo, lo que vemos a nuestro alrededor son trabajadores predispuestos al mayor esfuerzo, conscientes de la necesidad de mejorar sus conocimientos y habilidades, e incluso resignados a sacrificar parte de sus derechos laborales, renunciando a veces a lo que en justicia les pertenece.
Por eso, cuando se agita el mantra de la productividad, hay que poner algunas cosas en su sitio y recelar de las posiciones interesadas de algunos que, detrás del eslogan, pretenden poner el énfasis no en la mejora global del proceso productivo, sino meramente en la reducción de costes salariales y en disminuir –más aún- el peso de las rentas del trabajo en la riqueza nacional. No hay que olvidar que este planteamiento se hace precisamente en un momento en el que apretar la misma tuerca –la del trabajador- se ha convertido en la socorrida respuesta, de eficacia cuando menos discutible: ya estamos en una dinámica de contención o incluso disminución salarial; aún así se padecen tensiones inflacionistas, con lo que comporta para la pérdida de poder adquisitivo si los salarios no aumentan; se ha puesto encima de la mesa la reforma de la negociación colectiva, precisamente para tratar de flexibilizar las cláusulas de revisión salarial; y ahora se plantea ligar la evolución de la remuneración de los trabajadores a un parámetro, el de la productividad, de difícil determinación cuando bajamos al ámbito más concreto, y en el que, además, influyen más otros factores por lo general fuera del alcance del propio trabajador.
Si recuerdan la sugestiva y conmovedora película “Tiempos Modernos” de Chaplin, tendrán en mente la máquina de comer –con sus divertidas y desastrosas consecuencias- con la que se pretendía ahorrar el descanso del almuerzo mientras el operario podía seguir con su mecánica rutina. Todo ello en aras de la sacrosanta competitividad. Se diría que algunos, antes de escudriñar los factores que de verdad lastran los índices de productividad de nuestra economía, parece que, entre otras perversiones, sueñan con el artilugio del estrafalario Bellows como solución a todos los males.

Publicado en Fusión Asturias, mayo de 2011.

20 MOTIVOS POR LOS QUE APUESTO POR EL CAMBIO EN OVIEDO

2011-05-16T11:14:00.002+02:00

Porque deseo que el Ayuntamiento recupere su función representativa y la prepotencia y el autoritarismo de los gobernantes locales dejen paso a otro estilo de hacer las cosas. Porque creo imprescindible que los ovetenses, las asociaciones y los colectivos en que se integran puedan participar día a día en la vida pública local, sin que se les sitúe a uno u otro lado de la barrera en función de sus opiniones favorables o contrarias a las decisiones de los responsables municipales. Porque merecemos ser considerados ciudadanos y no meramente administrados o súbditos. Porque defiendo la política, la seriedad y la responsabilidad y me repugna el politiqueo, el oportunismo y la superficialidad en la que está instalada la política local.
Porque prefiero una capital abierta, generosa en su liderazgo y comprometida con Asturias, y no un Ayuntamiento enfrascado en polémicas continuas y artificiales con el resto de Administraciones. Porque cada uno vive y siente la ciudad a su manera y estoy hastiado de que el gobierno local establezca cánones de ovetentismo. Porque la ciudad no tiene más adversarios que las propias limitaciones que se autoimpone y de nada sirve la absurda dialéctica entre amigos y enemigos de Oviedo.
Porque es fundamental que la defensa del interés general inspire todas las decisiones municipales y éstas no sean objeto de mercadeo o de presiones espurias. Porque aspiro a que los servicios públicos y los equipamientos locales se gestionen atendiendo a las necesidades de la mayoría social, sin ser pasto de intereses económicos particulares más preocupados por su cuenta de resultados. Porque me gustaría que los responsables municipales se arremangasen para defender a la clase trabajadora y el papel de lo público y no que se encuentren cómodos junto a los que pretenden que rija la ley de la selva porque en ella se sienten más fuertes.
Porque creo que debemos trabajar para que la Administración sea eficaz, rigurosa y solvente, y para que no se repitan disparates de gestión como el de Villa Magdalena. Porque hay que asegurarse de que las decisiones que tenemos por delante en las transformaciones urbanas pendientes no se adopten con criterios tan lesivos para el interés público como el de la llamada “operación de los palacios”. Porque necesitamos políticas urbanísticas sensatas y apegadas a las necesidades de espacios y de viviendas para la gente, y no falsas catedrales de dudoso gusto, iluminados que dejan cicatrices en la ciudad o supuestos hitos de una impostada modernidad. Porque tendremos que ser capaces de decidir por nosotros mismos sin que nos vengan a cambiar nuestro patrimonio público por collares de cuentas de vidrio.
Porque anhelo una ciudad donde se admita la pluralidad y se conviva civilizadamente con la diferencia, y no una con listas negras, pintadas en la puerta de un policía local que difiere de su jefatura o concejales dedicados a insultar a quienes disienten. Porque quiero que la forma de tomar las decisiones cuente con más opiniones que la de un Alcalde que indica personalmente a qué equipo de futbol debemos apoyar, qué escultura se pone aquí y allá y quién presenta el programa de la zarzuela. Porque desearía que se tratase con el debido respeto a todas las personas, medios o colectivos que no comulgan con las ruedas de molino del gobierno local.
Porque hay que renovar discursos, dirigentes, modos, políticas y prioridades, tras 20 años de personalismo. Porque más de lo mismo no va a ningún lado cuando este modelo no da más de sí. Porque el deseo de cambio está latente en la ciudadanía de Oviedo y es ahora el momento de darle forma y hacerlo posible.

Publicado en Oviedo Diario, 14 de mayo de 2011.

UNA VERDAD INCÓMODA SOBRE LA LIBERTAD RELIGIOSA

2011-05-06T18:40:00.003+02:00

Hace unos días se reavivó la controversia sobre los límites que jurídicamente pueden establecerse a la profesión pública de convicciones ateas, un asunto que, como todo lo que tiene que ver con la proyección pública del hecho religioso, viene siendo objeto de una creciente y enconada disputa. La prohibición por la Delegación de Gobierno en Madrid –ratificada judicialmente- de lo que vino a calificarse como “procesión atea”, convocada por varias asociaciones coincidiendo con la Semana Santa, motivó diferentes reacciones, por lo general favorables a la proscripción del acto y acompañadas de muestras de repulsa, con desigual intensidad, a lo que consideraban una falta de respeto contra católicos, Iglesia y costumbres.
Independientemente de este hecho concreto, de la valoración que merezca la oportunidad del evento y del legítimo escrutinio sobre la proporcionalidad del veto gubernativo, cabe constatar que no es la primera vez que, deseando despojarse de la presión que en ocasiones diferentes corrientes religiosas –de distintas confesiones- aportan a la vida pública, se responde desde la sátira o la irreverencia, con la expresión creativa como soporte y con indudable pretensión polémica. Hay ejemplos muy sonados, desde el espectáculo Revelación de Leo Bassi a (salvando las enormes distancias) las caricaturas de Mahoma en el diario danés Jyllands-Posten, pasando por, en nuestra escala regional, las acciones del recientemente fallecido Nel Amaro o la celebrada parodia La Santa Visita de Ronco Barrila al Derrame Rock de la compañía teatral El Perro Flaco. En el terreno puramente ovetense y en la vertiente más de denuncia estética que de crítica moral, aún se recuerda el “Cristo merece respeto” de Paco Cao un Domingo de Ramos no tan lejano, performance que, por cierto, y sin entrar en otras disquisiciones sobre nuestras celebraciones locales, bien seguiría de actualidad ante la predominancia del kitsch en la nueva imaginería religiosa. En todos los casos, con todas las variantes, registros, deslices panfletarios o grados de ingenio, pervive con mayor o menor libertad una repuesta mordaz ante la voluntad expansiva de las confesiones religiosas, especialmente las tradicionalmente predominantes, porque las raíces de este recelo son tan antiguas como los excesos del poder religioso convertido en blanco de críticas, durante siglos clandestinas.
Más allá del acontecimiento puntual, la relativa novedad reside en que grupos declaradamente favorables al ateísmo sientan la necesidad de exponer abiertamente su posición, deseando ir más allá de una reacción puntual al empuje de lo confesional, abriendo una dimensión nueva en el debate sobre la incidencia de la religiosidad en el espacio común. Hasta ahora parecía innecesario –por obvio- reclamar que la libertad religiosa y de culto no sólo comprende el derecho a profesar creencias religiosas sino la posibilidad de vivir sin ellas, sin resultar perjudicado por esto e incluso manifestando libremente la ausencia de creencias, si así se quiere. En este momento, sin embargo, procede recordar que este aspecto de la libertad religiosa, aunque importune a algunos, goza –como no puede ser menos- de reconocimiento y protección legal en nuestro ordenamiento, exactamente al mismo nivel que el derecho de los creyentes y con los mismos límites al ponderarlo con otros derechos fundamentales y con el orden público.
Con la proliferación de discursos de religiosidad agresiva, que ponen en la picota la más ligera inclinación laicista, de un tiempo a esta parte se hace necesario pedir espacio para los que conscientemente optan por no seguir doctrinas religiosas y explicar que los que prefieren caminar sin despejar las incógnitas sobre la trascendencia aferrados a una concreta confesión, no son ajenos a la reflexión o a la asunción de valores morales conforme a los que conducirse. Ya sea por la fuerte competencia entre confesiones en el reparto del –si se me permite la expresión- mercado mundial de fieles, ya sea por la exaltación de los ánimos de estos tiempos convulsos o ya sea, bajando a la realidad española, por las tensiones que provoca el descarado alineamiento partidario de la jerarquía católica, lo cierto es que comienzan a saltar algunas costuras de un viejo debate que parecía superado, que nuestra historiografía vino en llamar la “cuestión religiosa”, y que reaparece con el aliciente de la complejidad que acarrea la confluencia de los elementos propios de esta época de globalización.

Publicado en Oviedo Diario, 30 de abril de 2011.

FALACIAS DEL NUEVO CONSERVADURISMO

2011-04-25T18:26:00.001+02:00

Un buen número de los eslóganes que veremos repetidos en los próximos meses, entre las ofertas que se expondrán en el ciclo que se abre con las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo, irá dirigido a establecer –indirectamente- una contraposición, profundamente interesada, entre el dinamismo y actividad de la sociedad frente al sistema público, incluyendo en éste, y como objeto de crítica, no sólo el aparato administrativo y la estructura encaminada a la prestación de los servicios, sino también las propias regulaciones que pretenden servir a los objetivos de las políticas públicas. Expresada de forma más tosca, pero eficaz en estos tiempos de simplificación, hemos visto esta idea recogida en el lema “Más sociedad, menos gobierno” de la precampaña del PP, y en su empeño por desacreditar en su conjunto la acción estatal. No es precisamente innovador este discurso, ya que procede de la ola conservadora impulsada por Thatcher y Reagan en la década de los 80, resumida en la filosofía “el Gobierno no es la solución a nuestro problema, el Gobierno es el problema”, enunciada por este último; enlaza con la práctica de Bush Jr. y los neocons; y conecta con el más cercano éxito de David Cameron en las elecciones legislativas británicas de 2010, bajo la bandera de la Big Society.
La táctica y la consigna son conocidas; también los efectos inmediatos de las fórmulas que aplica: reducción de la protección social y de los derechos de los trabajadores, vía libre a las prácticas especulativas y a la plena desregulación del mercado, retirada del sector público de la provisión de servicios y reducción de los instrumentos de intervención de la Administración. Contrariamente a lo que sería esperable en un recetario sinceramente liberal –etiqueta distorsionada por el enorme abuso que del término se hace-, suele acompañarse esta práctica política con una tendencia hacia estilos autoritarios, populismos nacionalistas y maneras agresivas, en particular cuando las cosas se tuercen, y para muestra los postulados que se gastan los defensores de esta nueva ola conservadora en, por ejemplo, política exterior, familia, medio ambiente, igualdad entre hombres y mujeres, inmigración o derechos de las minorías, materias en las que se plantea, abierta o subrepticiamente, la revisión de los avances conseguidos en las últimas décadas.
Lo que es diferente en esta ocasión, sin embargo, es el contexto en el que se pretende la aplicación de este modelo. A resultas de la crisis económica, del desequilibrio de las fuerzas el mercado y del repliegue del Estado, el entorno es mucho más favorable para la ejecución de la agenda conservadora, que además encuentra, en los países occidentales, resistencias debilitadas: insuficiente continuidad en los movimientos sociales, sindicatos desgastados, desorientación en la socialdemocracia para ofrecer políticas sustancialmente diferentes, etc. La filtración del pensamiento dominante, hasta arraigar en sectores sociales que resultan perjudicados por éste, es propia de un escenario de ausencia de alternativas, en el que, a fuerza de repetición y servidos de la fuerte implantación en los medios de comunicación, se ha instalado una actitud favorable para aplicar su programa.
No obstante, nada de esto esconde el sofisma sobre el que se sostiene la construcción teórica del nuevo conservadurismo. Argumentar que la limitación del poder público implica automáticamente un mayor margen de actuación y nuevos incentivos para la iniciativa de la sociedad parte de una diferenciación entre estos dos ámbitos que es totalmente falsa, máxime en sistemas democráticos; supone asumir, sin ninguna prueba que lo acredite, que los recursos que el primero utiliza, si deja de requerirlos, inmediatamente se transfieren a la sociedad en su beneficio; significa denostar la aportación que representan los bienes y servicios públicos, hoy por hoy fundamentales; y supone menospreciar la posibilidad de que los conflictos e iniquidades que laten en toda sociedad provoquen que el que ya es fuerte y poderoso mejore, en detrimento del resto, su posición en ausencia de limitaciones y redistribución.
De lo que sí hay pruebas –y el efecto de las políticas llamadas neoliberales lo acredita- es, precisamente, de lo contrario. Lo que hace a una sociedad más pequeña, desestructurada y débil no es necesariamente el tamaño de su gobierno o el radio de acción de los poderes públicos, sino, entre otras causas, la injusticia social desaforada, la inexistencia de redes de apoyo a las personas con menos posibilidades, la desorbitada exaltación de la cultura del éxito económico en detrimento de otros valores o la desconsideración del efecto, no siempre positivo, que las acciones individuales puede tener sobre el resto.

Publicado en Fusión Asturias, abril de 2011.

LA JAURÍA

2011-04-15T17:44:00.004+02:00

Por muy curado de espantos que pueda uno estar, es difícil no sorprenderse al contemplar el tenebroso espectáculo que ha constituido la brutal catarata de descalificaciones que le han caído al Presidente del Gobierno tras el anuncio de que no concurrirá en las elecciones generales de 2012. En tromba y con una enorme virulencia han salido a la palestra representantes del PP de lo más variopinto, desde Mariano Rajoy hasta el último concejal de turno, a exigir el adelanto electoral y a denostar, en un campeonato de gruesos adjetivos, a José Luis Rodríguez Zapatero. En especial, algunos medios de comunicación que han encabezado la prolongada estrategia de acoso y derribo han sido más pródigos que nunca en agresividad verbal, titulares denigrantes y barra libre para comentaristas difamadores. Aunque no es una dinámica nueva –comenzó desde el minuto cero de las responsabilidades de gobierno de Zapatero- la escalada en la diatriba ha superado los registros anteriores, situándose fuera de toda escala razonable.

A tenor del protagonismo que en la avalancha de invectivas juega la derecha más zafia, que tiene acogotado a todo lo que se parezca a un mínimo de moderación, a lo que asistimos no es sólo a una expresión de desahogo, frustraciones y cabreos que vienen de lejos. Es mucho más porque su objetivo –confeso en muchos casos- es, en un primer momento, negar legitimidad al Gobierno para ejercer el mandato conferido por las Cortes Generales durante el año que resta de esta Legislatura. Envalentonados, en su particular pensamiento de vencedores y vencidos, por creerse decisivos para haber cobrado la pieza, de nada servirá recordarles que en el sistema parlamentario de gobierno no rige la falible demoscopia ni la ley de quien más grita, sino que la responsabilidad recae en quien, se presente o no a la siguiente convocatoria, tiene el apoyo mayoritario de los representantes elegidos democráticamente por el electorado. En un segundo momento, la pretensión de esta espiral que zarandea al Presidente es conseguir extender la descalificación al conjunto de su periodo de gobierno, sin excepción, con la evidente intención de preparar el terreno para revertir muchas de las medidas sociales adoptadas, por venir de la misma fuente. Y, finalmente, para sembrar de sal las bases políticas progresistas, la meta es conseguir que el amplio apoyo ciudadano que en las dos últimas elecciones generales permitió la victoria del PSOE prácticamente se acoquine por el sentido de su voto reciente. Es decir, no sólo se quiere allanar el camino a la involución conservadora que asoma las orejas, sino, a ser posible, fulminar del panorama político cualquier opción que se autodefina de izquierdas, socialista o socialdemócrata, abrumando con aspavientos a aquellos sectores que puedan ser más proclives a respaldar estas alternativas, para que molesten poco el día de mañana en el que pueda desplegarse en todo su alcance la agenda neocon con la que viene el PP. La convicción que late en el fondo es, directamente, la patrimonialización del poder por la derecha, que considera toda etapa de gobierno que no sea el suyo como un accidente o anomalía a olvidar o extinguir.

Independientemente de la opinión que cada uno pueda tener de la gestión del Presidente del Gobierno, de las críticas razonadas que se puedan esgrimir y del necesario debate sobre las respuestas a dar ante un escenario en el que el pensamiento único económico amenaza seriamente con consolidar su hegemonía, lo que la mayoría social de este país no debería aceptar, por su propio interés, es que la portavocía del descontento ante las dificultades de la crisis se la arrogue la mezcla de oportunistas y reaccionarios de verbo afilado que estos días se ufanan de haber motivado el relevo en el cartel del PSOE de las próximas elecciones generales.

Publicado en Oviedo Diario, 9 de abril de 2011.

¿NUCLEAR? NO, GRACIAS

2011-04-01T18:32:00.004+02:00

En los últimos años hemos asistido a una intensa campaña dirigida a respaldar el recurso a la energía nuclear y, en el caso de nuestro país, a cuestionar la moratoria aprobada en 1984 sobre la construcción de nuevas centrales de esta naturaleza. La oleada pronuclear venía creciendo en fechas recientes, instigada por intereses empresariales y jaleada por destacados medios de comunicación, hasta calar en ámbitos académicos que destacaban los perjuicios que, a su entender, representaba la renuncia a incrementar el papel de esta forma de generación de energía. Incluso en países en los que la conciencia sobre los riesgos medioambientales de la energía nuclear es especialmente destacada, como Alemania, los compromisos de cierre progresivo de las centrales estaban, más o menos abiertamente, en revisión. En España, desde diversos sectores políticos –principalmente a la derecha, pero no sólo- se comenzaba a proponer abiertamente otorgar un mayor protagonismo a la energía nuclear permitiendo la construcción de nuevas plantas. La decisión de clausurar centrales obsoletas como Zorita y poner fecha de cierre a Garoña, despertó, especialmente en el segundo caso, una fuerte reacción política que vino seguida de una corriente dirigida a apostar por la energía nuclear, desechando todas las objeciones medioambientales e incluso desacreditando a quienes las exponían.

Aparentemente, y si los contumaces no se salen con la suya, las cosas podrían haber cambiado a raíz del accidente nuclear de Fukushima, aún no resuelto y cuyas consecuencias todavía no se pueden precisar, más allá de la constatación de la existencia de grave contaminación radiactiva. Al igual que después de los accidentes de Three Mile Island (EEUU) y, sobre todo, Chernóbil (Ucrania), se adquirió globalmente una conciencia más viva de las amenazas que en materia de seguridad y protección del medioambiente representaba la energía nuclear, los acontecimientos que estamos viviendo tendrían que servir para contener las veleidades pronucleares tan en boga hasta hace bien poco. No sólo porque la eventualidad de que un fallo técnico, un error humano o una catástrofe natural pueda generar consecuencias impredecibles –lo que es, por sí mismo, argumento suficiente- sino también porque, contrariamente a lo que se pretende defender, la energía nuclear ni es limpia ni es inagotable. No es limpia porque los subproductos resultantes de la fisión nuclear mantienen su peligrosidad durante generaciones, y no es suficiente con mantenerlos durante décadas en almacenes temporales centralizados, que, además, como vimos en el reciente debate de España, poca gente quiere en su entorno (y parece difícil no comprender sus motivos). Y no es inagotable porque precisa del uranio, mineral que no es un recurso renovable, aunque se descubran nuevos yacimientos o se mejoren los procedimientos para su extracción.

Alcanzar algunas conclusiones sobre las importantes desventajas de la energía nuclear como hoy la conocemos no es precisamente complicado, y no es necesario ser un erudito en la materia para manifestar las reservas que uno tenga. Por otra parte, estos días hemos podido comprobar, no sin cierto asombro, como las opiniones de expertos divulgadas a través de los medios de comunicación, al calor de los sucesos que se viven en Japón, no son coincidentes, ni mucho menos. En el debate nuclear, la ciudadanía tiene pleno derecho a participar, conocer los riegos que comporta y a repeler legítimamente la pretensión –nada inocente- de reservar la facultad de decisión a “los técnicos”, cuando lo que está en juego es la protección de la salud a gran escala y el equilibrio medioambiental. Otra disyuntiva, ligada indisociablemente a ésta controversia, es la que reside en analizar si podemos admitir que el consumo de energía aumente inevitablemente, en toda circunstancia, y si realmente estamos dispuestos a disminuir la huella ecológica que dejamos en el planeta.

Publicado en Oviedo Diario, 26 de marzo de 2011.

METROBUSES Y BONOBUSES

2011-03-25T19:10:00.002+01:00

Ha estado glorioso el Consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid afirmando a voz en grito que el metrobús no existe, como principal forma de replicar al Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, que le recriminaba el incremento del precio del título de transporte (21,6% en un año) y le pedía medidas dirigidas a evitar el abuso del vehículo privado. Cegado por la soberbia que predomina en los gobiernos del PP –y el de la Comunidad de Madrid es la quintaesencia de su estilo-, lejos de debatir con argumentos por qué conviene o no reducir el precio del metrobús, al responsable del ramo le traicionó su arrogancia al exhibir su desconocimiento del abono más elemental que utilizan los cientos de miles de personas que en la capital se desplazan en los medios públicos.
En Oviedo es cierto que los responsables municipales encargados del transporte, y el Alcalde a su cabeza, no deben de tener problemas para nombrar al bonobús, porque, contando sólo con el autobús urbano como medio de transporte colectivo, no hay margen para el error. Alguna ventaja reserva –pensarán- incumplir las propias promesas, no en vano el reclamo estrella de Gabino de Lorenzo en la campaña de las elecciones que le auparon a la Alcaldía –allá por el lejano 1991- fue poner en marcha un metro. 20 años después, desechada la idea pese a los sucesivos mandatos para desarrollarla y denostada por su parte cualquier otra alternativa (por ejemplo la propuesta del tranvía que otras ciudades recuperaron), el transporte colectivo en nuestra ciudad consiste exclusivamente en el autobús.
Aunque no creo que al Alcalde y los suyos se les ocurra decir que el bonobús no existe, algunas veces, enlatado en hora punta de día laborable en el segundo autobús que pasa por la parada –el primero no pudo aceptar ni a un solo pasajero más- me pregunto legítimamente si aquéllos que se encargan de tomar las decisiones en nuestro municipio se han tomado la molestia de catar la perfección de su obra. Ya se sabe que entre la calle Toreno y Benia de Onís -el recorrido habitual de Gabino- no hay servicio de TUA, y ya se sabe que la nueva derecha, a la que fervorosamente se apunta el gobierno local, repudia casi abiertamente los servicios públicos porque los consideran intrínsecamente ineficientes, restrictivos de la sacrosanta libertad de empresa y susceptibles, como poco, de privatizaciones en las que la salvaguarda de los intereses públicos queda a la intemperie. Pero, aunque sólo fuese por aplicar un poco de esa compasión cristiana que dicen profesar, no estaría de más que, por ejemplo, padeciesen el prolongado rato de espera en las líneas que sirven a la zona rural o se dejasen ver por las líneas 1 o 2 del autobús –en las que se descarga el mayor peso del sistema de transporte urbano- en esos momentos en los que los viajeros envidiamos las normas de bienestar animal en el desplazamiento de ganado. Igual después de la purificadora experiencia se deciden a negociar mejoras sustanciales con la compañía concesionaria de la que parecen cautivos; o establecen abonos para la población juvenil independientemente de si son o no universitarios; o, al fin, acceden a que el billete permita el transbordo –algo que han comprometido reiteradas veces-; o reducen el precio del bonobús ordinario, que es más caro que en las ciudades de nuestro entorno; o integran al municipio en el Consorcio de Transportes de Asturias y dejan de castigar con sus caprichos a los ciudadanos que desarrollan una parte de su actividad diaria en otros municipios de la zona central; o garantizan el respeto a los derechos laborales de los trabajadores de TUA; o igual, en definitiva, se dan cuenta de que conseguir un servicio público de transporte de calidad facilitaría mucho una movilidad sostenible y accesible para todos.

Publicado en Oviedo Diario, 12 de marzo de 2011.

AIRES DE CAMBIO EN EL MEDITERRÁNEO SUR

2011-03-16T19:00:00.001+01:00

Durante años, las organizaciones no gubernamentales internacionales que trabajan a favor de la protección de los derechos humanos han venido advirtiendo sobre las continuas violaciones de derechos básicos cometidas por las autoridades de los países de la ribera Sur del Mediterráneo. No era desconocida, ni mucho menos, la acusada tendencia autoritaria de dirigentes alérgicos al control democrático, sostenidos por oligarquías privilegiadas y habituados a utilizar el poder público para reforzar su posición y apartar o silenciar a toda alternativa, cruelmente si resultaba necesario. Eran sabidas las denuncias de movimientos sociales y oposición interna sobre el efecto de la escalada dictatorial que se vivía en estos países, con la consiguiente degradación de sistemas políticos de –en su retórica- aparente vocación modernizadora. Estaba a la orden del día la utilización de mecanismos, más o menos evidentes, encaminados a la perpetuación en el poder, el abuso de leyes de excepción, la asfixiante restricción a las libertades civiles y políticas elementales, la represión de las corrientes críticas y, en la vertiente más grave, la brutalidad policial, los malos tratos y el encarcelamiento y enjuiciamiento sin garantías de disidentes. Los regímenes de estos países, lejos de promover el tránsito hacia estándares más abiertos y democráticos, se deslizaban hacia una dinámica de mayor degradación política, con la población como inevitable víctima de un sistema que ha impedido desarrollar el enorme potencial económico y cultural de aquélla.
Todo esto sucedía con el beneplácito de los gobiernos de los países del mundo occidental y de las potencias que marcan el paso en la Unión Europea. Durante años, situando en la agenda internacional prioritaria de las relaciones con el Mediterráneo Sur los asuntos de seguridad, el control de flujos migratorios o la contención del islamismo, y haciendo partícipes a estos regímenes autoritarios de las decisiones estratégicas en calidad de aliados útiles, ninguna objeción seria se puso frente a la falta de avances -o incluso la involución- que se constataba en la situación de los derechos humanos y las libertades civiles en estos países. Para los círculos del poder global, hasta hace bien poco, ni Hosni Mubarak era un autócrata responsable de la desesperanza de la juventud egipcia, ni Ben Alí un impedimento para el progreso de los tunecinos. Al contrario, el discurso oficial de medio mundo difundía la idea de que tales mandatarios eran colaboradores fiables y socios de referencia en las relaciones exteriores. La privilegiada conexión de los gobiernos de Túnez y Egipto con los sucesivos gobiernos de Francia y EEUU, respectivamente, no es un elemento casual en la pervivencia en el poder durante décadas de sus presidentes, ahora dimisionarios tras ver frustrada, por la movilización popular, sus ansias de perdurar. Con las particularidades propias de cada realidad, no es tan diferente la situación en otros países regidos por monarquías, como Jordania o Marruecos, en los que las limitaciones constitucionales al poder real no son verdaderamente operativas, o en los que, como en los reinos, sultanatos o emiratos petroleros de la Península Arábiga, su inconfundible sesgo feudal y absolutista permite situarlos a la altura de tiempos premodernos.
Por eso llama la atención la rapidez con la que los gobernantes de las potencias europeas –más temerosos a este cambio que el Presidente Obama- han pasado de tratar con deferencia y complicidad a los líderes depuestos a sufrir, al ser irremediables las transformaciones, la súbita amnesia de la trayectoria común, claramente sobrepasados por el esperanzador giro que han dado los acontecimientos. Las conquistas alcanzadas en estas semanas de multitud en marcha en el mundo árabe, si las resistencias populares consiguen consolidarlas y ampliarlas, pueden acabar finalizando con la implantación de sistemas plenamente democráticos en países muy destacados del otro lado del Mediterráneo. Se deberá, como hemos podido ver, a la propia convicción de la parte más dinámica de sus sociedades, confiada en la posibilidad de alcanzar mayores cuotas de libertad y progreso colectivo. No será, desde luego, resultado de la política exterior de las potencias occidentales que, además de presidida por visiones interesadas, se ha demostrado –por fortuna- superada por los fuertes deseos de cambio de nuestros vecinos del Sur, que muchas cancillerías apenas tuvieron en cuenta en sus cicateras previsiones y sus erróneos cálculos.

Publicado en Fusión Asturias, marzo de 2011.

ASTURIAS EN SERIO

2011-03-04T18:38:00.001+01:00

A medida que se acerca la fecha de la convocatoria electoral y la dinámica de precampaña se acentúa, más valor cobra uno de los lemas que utiliza el candidato del PSOE a la Presidencia del Principado de Asturias, y que es el que da título a estas líneas. El acierto de la fórmula viene dado, principalmente, por dos motivos. Por un lado, porque destaca una cualidad legítimamente atribuida a Javier Fernández, reconocida sin excepciones, que en estas circunstancias resulta especialmente pertinente; cuando los poderes públicos deben desenvolverse en un contexto de dificultades, lo primero que se reclama en su actuación es firmeza, solvencia y rigor, sobre todo cuando el objetivo al que, siendo realistas, puede aspirarse en este momento, es a evitar que los vendavales de la crisis y las acometidas de las corrientes económicas dominantes se lleven por delante un sistema de servicios públicos y protección social que en nuestra Comunidad Autónoma es más que digno. Por otro lado, la inevitable comparación entre las alternativas electorales más destacadas, al analizar nombres, actitudes y programas, resalta las diferencias entre las opciones en liza, y, frente al descalabro interno de la derecha, incapaz de pensar en algo más que su guerra de guerrillas interna y en sus disputas personalistas, sobresale la sensatez del candidato socialista.
Precisamente, estos días hemos podido comprobar como el PP se desliza por la pendiente de la banalidad que pretenden imprimir a su campaña. Y lo sorprendente es que, a golpe de bailecito y karaoke, pretenden teorizar sobre las nuevas formas de conectar con la población, como si detrás de la frivolidad latiese alguna clase de consistencia y, peor aún, como si la ciudadanía se fuese a dar por satisfecha con esa torpe confusión entre modernidad y superficialidad. En una época de escepticismo hacia la acción política, a algunos les interesa convertir el debate de ideas y la contraposición de intereses en una competición de vulgaridad, efectismo y simplificaciones. La estrategia no es inocua, porque, dirigida a un auditorio cansado del protagonismo de representantes públicos enfrascados en su propia dinámica, intenta aumentar la reticencia hacia las formas de participación política de la que, a la postre, disponen los ciudadanos, pretendiendo cambiárselas por un ticket para un espectáculo, muchas veces más bochornoso que otra cosa (basta recordar las singulares campañas electorales de Gabino de Lorenzo, al que ya pocos ríen las gracias). Precisamente eso –el triunfo de la antipolítica- es lo que desean los que reducen la condición de ciudadanía a la de consumidor de productos, en este caso etiquetados con la sonrojante y falaz marca de “política pop”.
Los estilos políticos, en definitiva, también deben contar a la hora de decidir entre las opciones que se postulan para representar a los asturianos. No para dejarnos llevar por los embelecos de la falsa proximidad y la artificiosa jovialidad ante la cámara, ni por los llamamientos apocalípticos y redentores de algunos outsiders, sino para analizar, con un mínimo de profundidad, con qué disposición y bagaje ejercería cada uno el mandato al que aspira. Por supuesto, la mesura no es incompatible, ni mucho menos, con la cercanía, la capacidad para situarse a pie de calle, la superación de innecesarias solemnidades, o, por utilizar un término clásico, con la “alegría revolucionaria”. Pero, como seguramente constatan la gran mayoría de los asturianos, lo que sí es imposible de conciliar es la elemental actitud moral e intelectual que se espera de un Presidente con las veleidades, entre mesiánicas y ocurrentes, que pueblan las candidaturas de las derechas.

Publicado en Oviedo Diario, 26 de febrero de 2011.

PUNTO FINAL A LA DEGRADACIÓN

2011-02-28T19:04:00.001+01:00

Es alucinante y terrible que un policía local, posiblemente por haber ejercido sus derechos como empleado, haya sido objeto de presiones y amenazas, culminadas con la aparición de pintadas insultantes en el rellano de la escalera y en la puerta de su casa. El agente, afiliado de CCOO, mantiene un pulso jurídico con el Ayuntamiento de Oviedo por diversas circunstancias relacionadas con sus condiciones de trabajo, obteniendo el amparo judicial repetidamente frente a las decisiones emanadas o inspiradas por el Jefe de la Policía Local, cuyos modos arbitrarios y autoritarios son bien conocidos en esta ciudad. Parece ser que la escalada en la intimidación que ha sufrido este agente ha sido paralela a la intensidad de la controversia que sostenía con los responsables de la Policía Local. A su vez, desde CCOO establecen una probable relación causal entre la constancia de sus reclamaciones y los éxitos judiciales alcanzados y la aparición de las pintadas que, con estupor, hemos podido ver en las fotografías divulgadas por los medios de comunicación.
El hecho es gravísimo, porque, si resultase cierta la conexión entre su activa defensa de sus derechos laborales y el hostigamiento recibido, estaríamos ante una poderosa muestra del enorme nivel de brutalidad y de degradación instalado en determinados ámbitos de la vida local. Es especialmente grave que esto suceda en relación con la Policía Local y en potencial correspondencia con el cargado ambiente que, a tenor de sus permanentes conflictos, se vive en ese cuerpo. Pone los pelos de punta la mera suposición de que algún agente o incluso algún mando de la Policía Local haya conocido, alentado o consentido acciones como las que han acabado con la pared del agraviado repleta de insultos y con una diana dibujada en su puerta. Urge, por lo tanto, que se investigue la sospecha esgrimida por CCOO sobre los motivos de este acoso y que, de existir indicios de esta vinculación, se depuren todas las responsabilidades, con todas las consecuencias.
Desgraciadamente, no son pocos en Oviedo los que tienen la sensación de que este tipo de acontecimientos no resultan imposibles cuando se instala una cultura de abuso de poder, soberbia y agresividad verbal en ciertos ámbitos municipales. Precisamente, cuando algunos responsables en el Ayuntamiento han hecho de su estilo bronco y despreciativo la marca inconfundible de la casa y cuando el extremismo ha introducido su discurso en algunas fuentes mediáticas de la derecha y encendido a la parte más montaraz de sus bases, reaparece en escena el aroma ultra que destilan las pintadas de este caso; efluvio que, por otra parte, no es desconocido en este país ni en nuestra ciudad, aunque ingenuamente lo creíamos desterrado a las catacumbas.
Seamos plenamente conscientes: esto ha sucedido en Oviedo. Es necesario que nadie reste ni un ápice de gravedad a este asunto. Si queremos que no haya riesgos para la convivencia y que no se resquebraje la más elemental confianza de la ciudadanía en su Ayuntamiento y en la propia Policía Local, es imprescindible el máximo respaldo político, institucional y legal para el agente amenazado y, simultáneamente, la determinación de responsabilidades y la completa erradicación de cualquier conducta que ampare, incite o sostenga esta clase de aberraciones.

Publicado en Oviedo Diario, 12 de febrero de 2011.

OVIEDO MEJOR

2011-02-16T19:07:00.002+01:00

Habitualmente, la mayor parte de los ovetenses, enfrascados en nuestra actividad cotidiana, no solemos pararnos con detenimiento a analizar, desde una perspectiva general, la situación del lugar en que vivimos y la huella que nos deja. Sin mayores introspecciones sí se detecta, por lo común, que en la práctica totalidad de los ovetenses late, como sintonía de fondo, un fuerte sentimiento de aprecio por nuestra ciudad, a la que estamos intensamente vinculados, hayamos echado raíces aquí o nos encontremos en otro destino. Este lazo, por lo general confortable, no debe atar sino fortalecer y es además un importantísimo activo con el que cuenta la ciudad, siempre que no nos dejemos llevar por la complacencia y por esa necia tentación -que el usual discurso de los poderes locales promueve- que conduce a algunos a posturas ensimismadas o directamente cerriles cuando se compara Oviedo con otras realidades o se debate sobre nuestra relación con el entorno. Se puede entender, en definitiva, el ovetentismo –llamando así al afecto y orgullo por nuestra ciudad- de forma comprometida con la Asturias de la que es capital, con una mirada abierta y humilde, deseando tener un pie aquí y el otro en el resto del mundo que deseamos conocer y con el que queremos interrelacionarnos.
También hace falta, para ser consecuentes con esa querencia por lo nuestro, identificar y desentrañar muchos de los problemas que, bajo una primera apariencia de estabilidad, afectan a un buen número de conciudadanos o desgarran el interés colectivo. Cuando deseamos estar en paz con el sitio en el que nos ha correspondido vivir no podemos crearnos una falsa idea de placidez si, a nuestro alrededor, la desigualdad social se acrecienta, los servicios públicos se resienten o el espacio público se deteriora. Tampoco cuando la calidad democrática de nuestro Ayuntamiento sufre la tremenda erosión causada por el estilo de gobierno imperante y la falta de alternancia en la Alcaldía. O cuando las voces diferentes de las de la partitura oficial local carecen de cauces de expresión y corren el riesgo de ser arrinconadas. Precisamente, en esta cuestión, la de la pluralidad informativa y la diversidad de opinión, es de justicia agradecer a Oviedo Diario, en su 8º aniversario, su servicio a la sociedad en su batalla contra la uniformidad.
Formar parte de esta ciudad, en un momento de dificultades como éste y en el que hay severos impedimentos para los cambios necesarios, constituye una invitación a adquirir conciencia sobre el necesario compromiso de todos los que queremos ejercer plenamente nuestra condición ciudadana, para contribuir a un Oviedo mejor.

Publicado en Oviedo Diario, 5 de febrero de 2011.

TABACO, AZAR Y LIBERTAD

2011-02-09T18:46:00.002+01:00

Las circunstancias de la vida a veces provocan que decisiones aparentemente intrascendentes acaben influyendo mucho en el derrotero de los acontecimientos posteriores, desplegando consecuencias que en un principio eran difícilmente previsibles. Para muchas personas que hoy se encuentran en el difícil proceso de abandonar la adicción al tabaco o que, continuando con el hábito, desean intensamente abandonarlo, el momento en el que encendieron sus primeros cigarrillos y, casi sin darse cuenta, con el paso de unos pocos años, adquirieron los usos del fumador empedernido, no es precisamente una imagen evocadora sino el inicio de una dependencia de la que ahora quieren desembarazarse. Claro que uno no se condena eternamente por los pitillos que se fuma a los quince años, cuando pretende adquirir una pose diferente a la del guaje que en aquel momento es, pero no son pocos los adictos al tabaco de hoy que inevitablemente deben esa carga a la tontería de aquellos días. Por mi parte, confieso que tuve suerte, ya que mis primeros cigarrillos de infeliz adolescente –en la mítica Aruba de la capital- no vinieron seguidos de una costumbre posterior y cada vez que ocasionalmente me da por pegar una calada me acuerdo a la perfección de por qué no me gusta fumar.
Con esto quiero decir que el fumador, efectivamente, no es una persona que desprecie con temeridad su salud y al que no le preocupen las repercusiones de sus actos para sí mismo y para terceras personas. Aunque algún recalcitrante sí que hay (y le importará un bledo ésta como muchas otras cosas), lo más frecuente es que la persona que fuma haya comenzado con el hábito por inercia social o imitación, y sea ya sobradamente consciente de que es una practica dañina y que puede ser bastante molesta para los demás. De hecho, la gran mayoría de los fumadores quieren dejarlo, muchos lo han intentado en alguna ocasión y seguramente conocen a alguna persona cercana a ustedes que en estos mismos momentos se bate de forma denodada –casi diría heroica- contra la feroz necesidad de encender un cigarrillo. Precisamente, el próximo reto en las políticas públicas dirigidas a combatir el tabaquismo debería ser dar más facilidades de todo tipo –desde luego médicas, pero no sólo- a quienes han decidido poner fin a su dependencia de la nicotina.
El hecho de que, aunque vaya a menos, el tabaquismo esté extendido (un 28% de los asturianos fuma diariamente, según la Encuesta de Salud) y su indudable relación con muchas rutinas sociales, no quiere decir que sea menos inocuo y, sobre todo, no puede llevar a nadie a tomarse a la ligera sus consecuencias. Conviene, por lo tanto, no frivolizar más de lo justo con estas cuestiones, como frecuentemente hacen, a la defensiva, muchos de los que critican las iniciativas legales de restricción de los espacios en los que se puede fumar. Porque una cosa es que el fumador haga de su capa un sayo si desea seguir con ello aunque sepa de sus negativos efectos; pero otra cosa bien diferente es que pueda perjudicar a terceros al convertirlos en fumadores pasivos, o que, y en esto no se repara habitualmente, pueda motivar que el que quiere emanciparse del tabaco se pegue de bruces con un entorno en el que se acompaña con unos cuantos cigarrillos cada descanso del trabajo, café, conversación prolongada o jornada de asueto.
Pocas veces, en consecuencia, está tan fundamentada en la conocida y razonable -para bastantes cosas- máxima de “la libertad de uno finaliza cuando empieza la de otro” una reforma legal como la reciente Ley 42/2010, por la que se modifica la Ley 28/2005, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. Es tan sencillo como evitar, con un poco de sentido común y respeto mutuo, que al no fumador le hagan tragarse el humo ajeno; y, de paso, echar un cable a quien quiera librarse de la subordinación cara, insalubre y desagradable del tabaco.

Publicado en Fusión Asturias, febrero de 2011.

RAFAEL FERNÁNDEZ O EL SENTIDO DEL DEBER

2011-02-07T18:56:00.001+01:00

Bajo los auspicios de la Fundación José Barreiro se ha celebrado recientemente en Oviedo un homenaje a Rafael Fernández Álvarez, fallecido el 18 de de diciembre 2010 y persona que, con su trayectoria vital, encarnaba como pocos las circunstancias difíciles del pasado siglo, la lucha por los ideales de progreso social y el ansia de libertad y concordia. El que fuera líder de las Juventudes Socialistas de Asturias, una vez iniciada la Guerra Civil tuvo que asumir funciones ejecutivas con apenas 23 años en el Comité Provincial del Frente Popular en Asturias, pasando a ser, posteriormente, responsable de Hacienda del Consejo Interprovincial de Asturias y León, órgano creado para dar continuidad a la actividad de gobierno y a la legalidad republicana en la difícil situación de guerra y que dio paso en sus semanas finales a la fugaz experiencia del Consejo Soberano de Asturias y León, en el que ocupó la Consejería de Justicia y Orden Público. Vivió en primera persona dos de los momentos más trágicos de la derrota republicana –acontecimientos de gran intensidad dramática- uno con la angustiosa salida del puerto del Musel en la caída del Frente Norte y otro con el éxodo en tropel hacia la frontera francesa ante la ocupación de Cataluña por las fuerzas militares sublevadas. Tras el largo exilio en México y pese a haber alcanzado una situación personal estable y acomodada, a petición del PSOE regresó a Asturias para contribuir a la reorganización de la FSA y para, demostrando un elevado sentido institucional y gran capacidad de diálogo, pilotar la construcción política y administrativa de la Comunidad Autónoma, primero encabezando el Consejo Regional de Asturias y después como primer Presidente del Principado de Asturias, tras la aprobación del Estatuto de Autonomía, hasta las primeras elecciones a Junta General celebradas en 1983. Culminó su vida política, antes de su retiro, ejerciendo las responsabilidades de Senador y Presidente del Consejo de Comunidades Asturianas, no en vano su experiencia de expatriado le hacía conocedor directo de las circunstancias de los asturianos en el exterior y sensible a un fenómeno, el emigratorio, que forma parte consustancial de la historia reciente de Asturias.
El reconocimiento unánime a la memoria de Rafael Fernández por parte de la sociedad asturiana, los medios de comunicación y los representantes políticos es, sin duda, una muestra de la altura política de su figura. La participación en el citado acto de homenaje, con sus palabras o su presencia, de los sucesivos Presidentes del Principado de Asturias y del propio Secretario General de la FSA-PSOE, organización de la que Rafael Fernández era Presidente honorífico, constituye una muestra de la trascendencia que se le otorga. Tampoco se debe olvidar su condición de activo ovetense, que contribuye a enriquecer la pluralidad política del conjunto de personalidades que han ocupado un lugar destacado en la conformación de la historia de nuestro municipio; es especialmente necesario subrayar este aspecto cuando el discurso histórico oficial que pretende establecerse sobre nuestra ciudad tiene un sesgo excluyente en el que se subestima el papel de las fuerzas de izquierda y los movimientos sociales.
Sobre todo, el recuerdo de Rafael Fernández debe servir para reivindicar, en estos tiempos difíciles en los que todo está en cuestión, dos aspiraciones y orientaciones que guiaron su proceder. Por un lado, la voluntad de consolidar las instituciones y el autogobierno de los asturianos, a través de un modelo autonómico en el que pueda tener reflejo la capacidad de decidir sobre muchos de los aspectos que nos afectan, en un marco Estatal y constitucional en el que actuar leal y equilibradamente. Por otro lado, y de forma principal, el valor del compromiso personal, el sentido del deber y la participación política como activos para, en la medida de nuestra posibilidades, contribuir al desarrollo democrático de Asturias y a que la sociedad sea protagonista de su propio destino.

Publicado en Oviedo Diario, 29 de enero de 2011.

LA EXCEPCIÓN DE OVIEDO

2011-01-24T18:59:00.001+01:00

Suele ponerse en duda el interés que puede despertar el debate sobre la calidad democrática de las instituciones y el respeto a los procedimientos reglados, como si tal asunto fuese materia de disquisiciones meramente teóricas, ajenas a las necesidades cotidianas. Es frecuente encontrar cierta incomprensión, en particular en el ámbito local, cuando, en las circunstancias en que se produce una situación anómala, se pretende denunciar el abuso de poder, la falta de controles y el deterioro de los estándares básicos de respeto a las normas que disciplinan el funcionamiento del poder público. En algunos momentos, y en los casos más preocupantes, incluso amenaza instalarse una actitud de indiferencia o tácita aceptación ante una dinámica constatada de transgresión de los límites elementales que constituyen parte fundamental del sistema democrático, que no se reduce a la elección periódica de representantes públicos entre las diferentes candidaturas, sino que requiere que las personas investidas de la confianza de los votantes respeten unos cauces esenciales en el ejercicio del poder.
Parece ser éste el estado de las cosas en Oviedo al advertir que, durante un periodo temporal prolongado, se viene produciendo una degradación continuada en el funcionamiento de los órganos municipales sin que, aparentemente, haya una reacción ciudadana suficientemente intensa que ponga freno a esta perniciosa involución. Estos días, precisamente, los grupos municipales de PSOE y ASCIZ hacían legítimo recuento de los agravios, que no son pocos, protagonizados por el gobierno local frente a las normas básicas de actuación, cuya observancia está fuera de toda duda en la mayoría de ayuntamientos. El dato más significativo, revelador por sí mismo, es que el Alcalde lleva meses sin acudir al Pleno (ha faltado a más de la mitad de los celebrados este mandato) y que incluso, con toda desfachatez, argumenta abiertamente –y sin razón jurídica que le apoye- que no está obligado a rendir cuentas de su gestión en el máximo órgano del Ayuntamiento, confundiendo interesadamente su obligación de asistir a las sesiones con la posibilidad que tiene de delegar la presidencia de dicho órgano. A ésto se suma su ausencia de muchas de las sesiones de la Junta de Gobierno, el constante desprecio a las funciones y derechos que asisten a los concejales de la oposición para el ejercicio de sus funciones de control o el flagrante incumplimiento de las previsiones sobre participación ciudadana requeridas para los municipios de gran población, como la inexistencia del Consejo Social de la ciudad y los Consejos de Distrito o la inaplicación de las medidas de fomento de la implicación de vecinos y asociaciones en la vida pública local. Todo éllo sin entrar de forma pormenorizada a describir el estilo político inconfundiblemente autoritario del Alcalde que ha acabado impregnando y distorsionando el discurrir de la vida política local, con efectos negativos más allá de sus responsabilidades, por ejemplo, con el persistente enfrentamiento institucional que protagoniza con otras administraciones, con las entidades representativas del municipalismo o incluso con entidades sociales de lo más diverso.
Es posible que muchos ovetenses consideren que no tienen medios, ni información, ni tiempo (ni, quizá, ganas) para conocer con detenimiento las interioridades y la aguda crisis que afecta al funcionamiento de su Ayuntamiento. Sin embargo, no sólo está en juego el grado de calidad democrática en la ciudad, sino también el rigor y la eficacia de su actuación –que inmediatamente se resiente cuando reina la arbitrariedad del poder ilimitado- y, a la postre, los derechos de todos en nuestra condición de vecinos, circunstancia esencial para la construcción de una sociedad avanzada desde la base de la realidad local. Sólo se conseguirá el pleno respeto a esta cualidad si entendemos la ciudadanía desde una perspectiva activa, comprometida con lo colectivo y dispuesta a defender enérgicamente que el ejercicio del poder, en todos los ámbitos, debe estar sometido al interés general y a las reglas de juego democrático.

Publicado en Oviedo Diario, 15 de enero de 2011.

LIU XIAOBO Y LA CARTA 08

2011-01-14T18:53:00.002+01:00

El otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a Liu Xiaobo ha permitido que su nombre nos resulte conocido y podamos acceder a los detalles de su trayectoria en la lucha por los derechos humanos en China. Desde su compromiso intelectual como escritor y profesor universitario, su participación en el movimiento democrático durante las protestas de Tiananmen y su intervención en la Carta 08 -manifiesto dirigido a reivindicar la apertura democrática y el respeto a las libertades civiles y políticas-, Liu Xiaobo ha demostrado una enorme valentía, la hondura de sus convicciones y su fuerte disposición para la resistencia, ya que todas y cada una de sus iniciativas le han supuesto padecer la feroz, continuada y aparentemente irremediable persecución de las autoridades de su país. Xiaobo cumple desde 2009 una condena de 11 años de prisión a raíz de la represión desatada en su contra, precisamente por su protagonismo en la Carta 08, bajo el cargo de difundir mensajes dirigidos a la subversión frente a las autoridades, imputación usualmente esgrimida frente a los activistas políticos, sindicales o intelectuales en aquel país. Pero no es la primera vez que se enfrenta a esta circunstancia, ya que desde 1989 ha padecido diferentes periodos de encarcelamiento o internamiento en “campos de reeducación por el trabajo” en los que se confina a la disidencia por “alterar el orden social”, en la terminología oficial.
Por otra parte, la virulenta reacción de las autoridades chinas ante la decisión del Comité Nobel Noruego ha puesto de manifiesto ante la comunidad internacional la verdadera naturaleza del régimen dictatorial que gobierna el que está llamado a ser el país más poderoso en las próximas décadas. La utilización de medidas dirigidas a acallar toda solidaridad interna con el galardonado, la presión dirigida a otros Estados para que boicoteasen la ceremonia de entrega (consiguió que 18 de ellos no enviasen deliberadamente representación alguna) o la patética pretensión de contraprogramar creando un premio a medida de los intereses del régimen –cuestionado laurel que el designado ni siquiera recogió-, son reflejo de la total ausencia de voluntad de evolución política e institucional y de la arrogancia de un sistema poderoso dispuesto a acallar cualquier pretensión dirigida a su apertura.
En efecto, hasta el momento la pervivencia de la opresión parecía, para muchos, un asunto que concernía casi en exclusiva a la propia población china, mientras el resto del mundo, saludando el crecimiento económico y el positivo incremento de las relaciones comerciales, culturales y sociales con este país, daba por lamentablemente olvidada la sacudida moral de Tiananmen y prestaba escasa atención a las denuncias de graves violaciones de derechos humanos. Sin embargo, llegados a este punto en el que la influencia de China es ya determinante en múltiples aspectos –no sólo como gigante económico sino como potencia política y militar- es imprescindible cuestionar si el importantísimo papel que, por sus propias características, le corresponde, se jugará en beneficio del progreso colectivo, el respeto a la protección global de los derechos humanos y la promoción de unas relaciones internacionales beneficiosas para el conjunto. Para valorar qué consideración o inquietud nos merezca el protagonismo internacional que China, sin duda, desplegará, conviene tener en cuenta ejemplos de la política que sigue su gobierno, como la represión a la población uigur de Xinjiang o la situación del Tíbet, su continuada –y, lamentablemente, exitosa- represión frente a toda disidencia, la implacable persecución de las libertades elementales, o la responsabilidad de su política exterior en el sostenimiento de tiranías deplorables como las de Corea del Norte o Myanmar.
El sacrificio de su libertad y el hostigamiento a su entorno (su esposa se encuentra bajo arresto domiciliario) es el elevadísimo precio que Liu Xiaobo está pagando por alzar su voz. En homenaje a su figura, no sólo debemos sumar esfuerzos e incrementar la presión para su liberación sino que debemos contribuir a que la sociedad china, con la que de una forma o de otra crecen nuestros lazos, se formule abiertamente el interrogante que recogía la Carta 08: “¿Hacia donde va China en el siglo XXI? ¿Continuará con su “modernización” autoritaria, o se adaptará a los valores universales, se vinculará al derrotero común de las naciones civilizadas y edificará un sistema democrático?”

Publicado en Fusión Asturias, enero de 2011.

CRISIS Y SOCIALDEMOCRACIA

2011-01-03T17:03:00.005+01:00

Como en cualquier otro proceso social, el impacto de la crisis actual sobre las estructuras políticas y económicas ha tenido que ver, entre otros factores, con la situación precedente, el grado de organización y la capacidad de influencia de los intereses en juego. En el momento en que el descontrol del sistema financiero desató una cascada de consecuencias indeseadas sobre el conjunto de la economía real, muchos de los problemas ahora agudizados se encontraban latentes (la burbuja inmobiliaria o el excesivo endeudamiento privado, por ejemplo) y eso indudablemente intensificó sus efectos. Pero en el alcance profundo de la crisis ha tenido tanta relevancia como la existencia de esas circunstancias el hecho de que los diferentes actores políticos y sociales que podrían haber cuestionado la propia dinámica del sistema encontraron su capacidad de respuesta y su propio convencimiento francamente debilitados de antemano, al haber adoptado una posición en los años de crecimiento anteriores que ha condicionado su disposición para afrontar la crisis económica con verdaderas posibilidades de propiciar un cambio de modelo. Las fuerzas políticas de izquierda moderada se encuentran, ahora, con la paradoja que supone advertir y conocer que la relativa confianza depositada en el mercado en las décadas precedentes tenía que haber sido compensada con un control público más intenso del practicado, pero que, en el contexto actual, la acelerada lógica del mercado ha roto ataduras y sobrepasado limitaciones, relegando la actuación de los Estados a una posición secundaria, dirigida prácticamente a su propia supervivencia ante la presión de fuerzas que se han demostrado superiores. De esta contradicción, del deterioro de la calidad de la vida política que viene de la mano de la crisis -favoreciendo un contexto incómodo para posturas de síntesis como las socialdemócratas- y de la tremenda sensación de debilidad de los poderes públicos, se deriva la falta de confianza y el descrédito en el que han caído muchas opciones políticas de centro-izquierda en Europa, sobrepasadas por el auge de un populismo de derechas dispuesto a buscar entre las minorías o en los sistemas de protección social a los falsos culpables de la crisis (curiosamente nunca entre los intereses que mayor responsabilidad han tenido) antes que soluciones integradoras que no dejen a una buena parte de la población en la estacada. De este modo, cuando en las posiciones progresistas más conciencia se albergaba sobre las repercusiones difícilmente asumibles de las imperfecciones del sistema de libre mercado, cuando más legitimidad se tenía para embridar a los mercados financieros y se contaba con más argumentos para recuperar un papel adecuado del sector público en la actividad económica, la agenda que se ha impuesto y a la que difícilmente se pueden sustraer gobiernos acuciados por las urgencias es precisamente la contraria, sin que las resistencias a esta involución tengan suficiente fuerza institucional y política para constituir un contrapeso o para debatir el orden del prioridades y el sentido de las reformas emprendidas.
Esta tendencia, por otra parte, no tiene necesariamente fin en una relativa estabilización económica que pueda producirse en un futuro más o menos cercano. Por un lado, porque las marejadas de la era global no son episodios pasajeros sino que están aquí para quedarse, generando un estado de apremio permanente y las tensiones que las provocan no tienen siempre, ni mucho menos, justificación objetiva, al estar sometidas a las inclinaciones de los mercados financieros, ocasionadas muchas veces por rumores interesados, información parcial, posiciones especulativas o valoraciones de credibilidad dudosa (el ejemplo de las agencias de calificación y su incidencia en esta crisis es significativo). Y, por otro lado, porque la dinámica económica actual se retroalimenta al ganar la lógica de mercado nuevas parcelas en las que desplegar su funcionamiento, frente a una insuficiente actividad de control del Estado que deja expedito el campo para convertirlas en nuevos objetos de mercado. En esta línea se inscribe la propensión a considerar servicios hasta ahora reservados a lo público como nuevos objetos susceptibles de transacción mercantil (incluso la educación, la asistencia sanitaria o las pensiones) o el profundo cuestionamiento que desde el pensamiento económico hegemónico se realiza a instituciones que ordenan y humanizan el mercado laboral (desde la negociación colectiva al salario mínimo o los seguros de desempleo), todo éllo en una apresurada espiral que conduce a un redivivo capitalismo salvaje.
En este contexto, o la socialdemocracia es capaz de encontrar sus propias respuestas ajenas a los intereses económicos dominantes y reúne tenacidad y convicción suficiente para sustraer las decisiones políticas de las presiones de las fuerzas del mercado, o lamentablemente, se diluirá arrastrada por el torrente de la crisis. Lo que está en cuestión no es sólo el futuro de un planteamiento político y moral sino los objetivos y logros de su acción: la noción de Estado Social, la consideración de la equidad como principio básico a preservar o la consideración del ciudadano desde una perspectiva integral, mucho más allá de su mera condición de productor y consumidor.

Publicado en Oviedo Diario, 18 de diciembre de 2010.

MUCHO ESTÁ EN JUEGO

2010-12-17T18:50:00.001+01:00

De las múltiples consecuencias que se derivan de la crisis económica en curso, la más inquietante es la terrible sensación de que pocas cosas se pueden hacer desde los gobiernos para tratar de frenar el deterioro de la situación. Se ha instalado –con pocas resistencias, todo hay que decirlo- la conciencia general de que autoridades públicas e instituciones se encuentran inevitablemente desbordadas por acontecimientos fuera de su alcance y que condicionan sus decisiones de forma determinante. Esta percepción conduce directamente al cuestionamiento del sentido, legitimidad e instrumentos del poder público, cuando el despliegue de su acción queda forzosamente constreñido a límites estrechos que no se imponen por decisión de la ciudadanía a la que se deben, sino por las fuerzas de los mercados financieros, cuyas formas de presión y expresión superan cualquier dinámica conocida hasta la fecha. Cuando Estados considerados sólidos y organizaciones internacionales cuya rigurosa trayectoria era respetada exhiben sus debilidades y su estupefacción ante las exigencias del mercado, las posibles soluciones colectivas ceden, a todos los niveles, frente a las reacciones individuales y se instala la impresión de que nada ni nadie (sistemas políticos, garantías legales o instituciones establecidas) tiene verdadera capacidad de respuesta. Esta tendencia no es resultado de un episodio pasajero, sino que ha calado de tal forma en una sociedad desgastada por las tensiones y por el impacto económico y emocional de la crisis que cualquier propuesta que apele al esfuerzo conjunto o al sentido de comunidad choca contra el escepticismo de quien siente la acuciante urgencia de lo propio. Curiosamente, pese a esa difuminación de los propósitos y las conquistas comunes, nunca estuvo tan vigente como ahora la necesidad de identificar intereses colectivos, en este caso los que conciernen a la mayoría social frente a las reglas de un mercado financiero que ha provocado un cortocircuito en la economía real hasta hace poco impensable, para beneficio de unos pocos (no obtiene ventaja el pequeño inversor o el poseedor de un plan de pensiones, precisamente).
En este contexto, cuando se analizan las opciones de las que se dispone para actuar, rápidamente surge, desde el pensamiento dominante, quien ordena la agenda de reformas que se presentan como obligadas por mucho desgarro que provoquen: estrangulamiento de todo gasto público, minoración de todos los estándares de protección social, desregulación del mercado laboral, retirada del Estado de todos los sectores productivos, privatización y liberalización en toda circunstancia, reducción de la progresividad fiscal, etc. Al mismo tiempo, se marcan las líneas rojas que, según se nos dice, no pueden ser traspasadas y, con la complicidad o la impotencia de gobiernos, otra clase de reformas, tan estructurales y de calado como las otras, pero de un sentido bien diferente, se nos describen, interesadamente, como supuestamente inalcanzables: establecimiento de tasas y controles a las transacciones financieras (también a nivel internacional), restricción de los márgenes de actuación de los mercados secundarios de deuda pública, limitación a los productos financieros derivados y los sostenidos sobre los riesgos de impago de créditos y deuda, medidas coercitivas frente a los paraísos fiscales (cuyo impacto en la estabilidad global es tan o más grave que el de cualquier Estado canalla, en terminología neocon) o recuperación para lo público de ciertas parcelas de poder económico cuyo abandono no ha resultado acertado.
Sea como sea, o domamos a los mercados financieros y establecemos unas reglas comunes, tan exhaustivas y severas como sea necesario, y unos organismos reguladores de la actividad económica suficientemente incisivos, o el sistema en el que hemos depositado cierta confianza corre el riesgo de desmoronarse como un castillo de naipes, imposibilitado para tener una mínima eficacia o para preservar los valores sociales en los que dice sostenerse.

Publicado en Oviedo Diario, 4 de diciembre de 2010.

MUNICIPIOS EN LA ENCRUCIJADA

2010-12-17T18:49:00.001+01:00

Desde que la crisis económica se manifestó con toda su virulencia y, sobre todo, desde que su incidencia sobre la situación financiera de las Administraciones públicas se ha hecho evidente, se vienen poniendo encima de la mesa alternativas de lo más diverso para afrontar la difícil situación que comporta la insuficiencia de recursos para sostener inversiones o servicios públicos al nivel que se desearía. La mayor parte de los planteamientos pretende incidir en el aspecto del gasto público, más que en el del ingreso, cuestión que, sin embargo, tiene especial interés, porque su análisis en profundidad abriría la puerta a la revisión de la fiscalidad en su conjunto, lo que significa tanto como determinar qué parte de la riqueza se detrae del ámbito privado para destinarla a fines colectivos y con qué criterios se fija la carga que corresponde a ciudadanos y empresas. Este debate, siempre abierto y que ahora resultaría especialmente pertinente, se encuentra desplazado, en buena medida, por la fuerza que han cobrado las posiciones que, antes de otras consideraciones, más allá de un coyuntural descenso del gasto público promueven, directamente, una retirada de los poderes públicos de muchos de los ámbitos en los que actualmente despliegan su actuación.
En este escenario en el que tantas cosas se han puesto en cuestión y tantas pretensiones en juego pretenden hacerse valer, muchas veces al margen del interés general, se ha desencadenado una verdadera ofensiva frente al papel de las Administraciones, con especial impacto sobre los ayuntamientos. En el contexto previo a la crisis existía un reconocimiento mayoritario a las funciones de los poderes locales y se situaba en el catálogo de reformas necesarias la relativa al gobierno y la administración local, para definir mejor las competencias atribuidas a los municipios, mejorar la estructura de los órganos de los ayuntamientos, favorecer la transparencia y promover la participación ciudadana. Junto a esta reivindicación, muy extendida ente el municipalismo y justificada por la evolución de la realidad de las entidades locales en los 25 años de desarrollo de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), se situaba la reclamación de la garantía de recursos para que los ayuntamientos pudiesen sufragar la ejecución de las competencias asignadas, con la correspondiente reforma de las haciendas locales y la adecuada participación en los ingresos del Estado y de las Comunidades Autónomas. Curiosamente, el consenso que, al menos en apariencia, existía sobre la necesidad de otorgar una posición más destacada a los ayuntamientos, ha sido sustituido por una corriente de fuerte crítica a su cometido y su gestión, al propio principio de autonomía local, a la organización territorial del Estado en este aspecto y al actual mapa municipal. Censura que alcanza también a Asturias, pese a que nuestra realidad local es, en un examen comparativo, más manejable y más sólida: un número de municipios menor que otras CCAA uniprovinciales (o que muchas provincias de otras CCAA), con un territorio de los municipios en muchos casos mayor que el de la media; una trayectoria en materia de prestación de servicios de forma consorciada con ejemplos claramente positivos, como, por ejemplo, en gestión de residuos, abastecimiento de agua, transportes y servicios tecnológicos; algunas experiencias de colaboración intermunicipal que, aún con altibajos, arrojan un saldo positivo; una federación de concejos asentada como interlocutor institucional; y una relación de colaboración intensa y directa entre municipios y Comunidad Autónoma.
Es cierto que, en un momento de estrechez en las arcas públicas es plenamente legítimo analizar si la forma de organización territorial –en este caso la municipal-, es susceptible de mejoras que la hagan más eficiente. Sin duda hay margen para éllo, acometiendo las modificaciones legislativas pendientes en materia de gobierno, administración y haciendas locales, y alentando la colaboración intermunicipal, que en un futuro puede dar lugar, si las circunstancias lo favorecen, a fusiones de municipios, objetivo que la LBRL recoge indicando al Estado que la promueva.
Ahora bien, nada de esto tiene que ver con la campaña, emprendida desde determinadas posturas interesadas y contrarias por sistema hacia lo público, cuya finalidad es generar una infundada desconfianza, de principio, hacia los ayuntamientos. Este enfoque conduce a desacreditar injusta y erróneamente la labor dinamizadora de los poderes locales que, en la trayectoria de los municipios democráticos, vista en perspectiva, ha mejorado sensiblemente el espacio urbano de muchas localidades haciéndolas más habitables, ha permitido la prestación de numerosos servicios públicos y ha posibilitado una implicación activa de los ciudadanos en la vida política, social y cultural.

Publicado en Fusión Asturias, diciembre de 2010.

LO QUE SÍ SE SABE SOBRE EL SAHARA

2010-11-23T17:50:00.001+01:00

Es verdad que hay algunos aspectos que se desconocen acerca de los sucesos vividos en las últimas semanas en El Aaiún, con el desalojo violento del campamento civil de resistencia de Agdaym Izik y la ola de represión desencadenada en el territorio del Sahara Occidental ocupado por Marruecos. A la falta de todos los datos y a ciertas informaciones contradictorias se ha apelado desde determinadas instancias para invocar una mayor prudencia en algunas valoraciones.
Sin embargo, hay cosas que sí se saben sobre el Sahara Occidental, sobre la escalada represiva, las medidas destinadas a sojuzgar a la población y sobre las circunstancias que desembocaron en los acontecimientos recientes, a poco que uno se interese por el asunto, con informaciones provenientes de organizaciones internacionales, de algunas ONGs de trayectoria acreditada en la defensa de los derechos humanos o de los propios testimonios de muchos saharauis que conviven en España y tienen algún familiar en la que fue colonia española. Mucho de lo que sucede en el Sahara y de la reciente historia de este desdichado país no puede –salvo con desprecio a la verdad- ser ignorado.
Sí se sabe que la población saharaui en los territorios ocupados lleva sufriendo la discriminación y el hostigamiento de las autoridades marroquíes. Que la escalada de intimidación sobre los movimientos sociales saharauis que reclaman un mínimo respeto y la garantía de sus derechos básicos se ha hecho insoportable en los últimos años.
Sí se sabe que la acusación de cometer delitos de traición, sedición y ofensas a la monarquía marroquí es la respuesta habitual que se reserva a los activistas sociales saharauis, hacia los que se reacciona con represión policial, arbitrariedad e incluso con el procesamiento en tribunales militares sin garantías.
Sí se sabe que la Cárcel Negra del Aaiún está en la nómina de los centros de tortura más ominosos del mundo. Que los tratos crueles, inhumanos y degradantes, la brutalidad de las fuerzas de seguridad o incluso la desaparición forzosa forman parte del tratamiento que se dispensa a los saharauis detenidos a lo largo de todo el periodo de ocupación.
Sí se sabe que el campamento de Agdaym Izik era una forma de protesta pacífica y centrada principalmente en las reivindicaciones de justicia social e igualdad de trato para los saharauis, pese a lo cuál esta movilización fue criminalizada y sus líderes perseguidos y tildados de terroristas.
Sí se sabe que los saharauis de los territorios ocupados nunca han recurrido a la expresión violenta de sus reivindicaciones y que los saharauis agrupados en torno al Frente Polisario en la parte del territorio bajo su control –al otro lado del largo muro, otro de los que aún subsisten- o en los campamentos de refugiados de Tindouf (Argelia) han confiado, desde el alto el fuego de 1991, en que las vías diplomáticas y la restauración de la legalidad internacional abrirían paso a su causa.
Sí se sabe que la desesperación de la población saharaui surge de su falta de expectativas, del prolongado sometimiento a una autoridad ajena, de las promesas incumplidas sobre la culminación del último proceso pendiente de descolonización en el continente africano y del temor a que se desate una respuesta aún más violenta por parte del ocupante.
Sí se sabe que la obstrucción de Marruecos al Plan de Paz (1991), a la aplicación de los Acuerdos de Houston (1997) y al Plan Baker (2003), ante la incapacidad de Naciones Unidas y el desinterés –cuando no la complicidad- de las potencias supuestamente involucradas en la solución del contencioso, ha dado buena muestra de la ausencia de voluntad del ocupante para facilitar una salida pacífica que respete el derecho de libre determinación del pueblo saharaui.
Sí se sabe que, incluso en situaciones de enorme tensión como las vividas, equiparar –como se ha intentado hacer- la posición de ocupado y ocupante, oprimido y opresor, es tanto como no reconocer el inalienable derecho del que está siendo aplastado a rebelarse contra quien le pretende avasallar.
Sí se sabe, con multitud de ejemplos, que la tibieza o la pasividad de la comunidad internacional ante las violaciones de derechos humanos de una potencia ocupante contra la población civil es el presupuesto necesario para la comisión de crímenes contra la humanidad y el desarrollo de operaciones de limpieza étnica.
Y, finalmente, pero como causa primera, sí se sabe que, como metrópoli que no fue capaz de llevar a término el proceso descolonizador, que permitió la ilegítima ocupación del territorio por otras potencias y que condenó a miles de personas al exilio o a la dominación, la responsabilidad histórica de España en la situación del Sahara Occidental es de una gravedad tal que nos concierne y alcanza colectivamente a todos y necesariamente nos debe comprometer en la defensa de los derechos del pueblo saharaui.

Publicado en Oviedo Diario, 20 de noviembre de 2010.

PADRES FUNDADORES

2010-11-15T19:01:00.003+01:00

De la política norteamericana sorprenden, con frecuencia, muchas cosas con inmediato impacto en la forma de entender la vida pública. Algunas demuestran el dinamismo del país que, junto al Reino Unido, a pesar de altibajos y contradicciones, tiene una tradición democrática más prolongada. Es precisamente en EEUU donde, pese a la caricaturización que a veces se hace de sus ciudadanos, éstos son capaces de engrandecer su propio sistema y exhibir altura de miras eligiendo en 2008 como Presidente a Barack Obama, contra todos los análisis y pronósticos hechos unos meses antes de las primarias del Partido Demócrata, y sin que su pertenencia a una minoría o su ascendencia paterna extranjera resultase un condicionante. También es en EEUU donde, contra la imagen esteriotipada de pasividad y alienación, resulta que la intervención ciudadana en la toma de decisiones es, en determinadas circunstancias, capaz de generar procesos políticos innovadores en los que la participación de la gente de a pie tiene verdadera incidencia, como sucede con las elecciones de candidatos de los partidos, la implicación de voluntarios y pequeños donantes en las campañas o el activismo de pequeños grupos de ciudadanos que proyectan su iniciativa desde el ámbito local a otros de mayor alcance; otra cosa es que nos guste o no el sentido de esa influencia, como sucede con el famoso Tea Party, al que hay que reconocer el impacto de su estrategia y organización, a la par que quepa –y sea necesario- combatir sus posicionamientos políticos, empezando por esa interesada falacia (con cada vez más seguidores a este lado del Atlántico), de que menos Estado y menos control al mercado significa automáticamente –como por ensalmo- más iniciativa y protagonismo de la sociedad.
Otra de las características de la actividad política norteamericana, como hemos podido ver en las recientes elecciones legislativas y antes en las presidenciales, es la continua apelación al espíritu de los llamados padres fundadores. La reverencia a los autores de la Declaración de Independencia aprobada en Filadelfia en 1776 (la misma que consagra el derecho a la rebelión, por cierto) y de la Constitución de 1787 es tal que, posiciones encontradas, para ganar prestigio ante la audiencia, dicen sostener sus planteamientos en la voluntad y discernimiento que guió a sus redactores. Se trata de un ejemplo de esa ambivalencia de la política norteamericana: digna de encomio cuando se pretende enlazar con la raíz histórica y el impulso libertador y civilizador originario (como recoge el propio Obama en La audacia de la esperanza); y al mismo tiempo muestra de los efectos simplificadores y tergiversadores de la mercadotecnia, cuando se elude la propia naturaleza conflictiva del proceso constitucional (como si no se hubiesen producido entre sus protagonistas visiones encontradas), se reduce a mero eslogan la invocación de los fundadores (de los que la inefable Sarah Palin parece que no fue capaz de citar más que a George Washington) sin importar demasiado el sentido que se quiera dar a dicha inspiración, o se pretende desconocer que el contexto actual es tan sustancialmente diferente del de finales del siglo XVIII que es imposible aferrarse sistemáticamente a las teorías de los fundadores para encontrar respuestas a las nuevas realidades, salvo si aquéllas se elevan a dogmas de fe, lo que los propios aludidos seguramente hubieran rechazado de plano, habida cuenta de la base racional de su pensamiento.
Ni Adams, Jefferson, Madison, Flanklin o Hamilton hubieran imaginado que la especulación financiera sería capaz de atenazar la capacidad de los Gobiernos para tomar decisiones; ni que las propias fuerzas del mercado pondrían bajo cuestión el principio sagrado de soberanía popular y la efectividad de las instituciones; ni que el desarrollo económico vendría acompañado de desigualdades tan feroces que amenazarían la estabilidad social; ni que los intereses económicos se entrelazarían de tal modo con la dinámica de la vida pública hasta el punto de condicionarla. Todo eso, sin embargo, sucede ahora, porque es fruto de un momento diferente al que toca, a la humanidad de hoy, dar respuesta.
Así que, cuando, como viene sucediendo últimamente, a los enormes problemas de esta era global se responda con meras apelaciones a principios decimonónicos (que el Estado se constriña a garantizar la propiedad privada y la seguridad en el sentido más limitado del término), pongámonos en guardia. O quien lanza la consigna es un peligroso incauto o defiende un interés muy concreto y alejado del de la mayoría social: véanse como ejemplos los discursos a los que acostumbran los lobbies empresariales y los partidos de la nueva derecha.

Publicado en Oviedo Diario, 6 de noviembre de 2010.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, MODELO DE ESTADO Y REFORMAS ESTATUTARIAS

2010-11-08T19:05:00.002+01:00

La Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, relativa al principal recurso de inconstitucionalidad frente al Estatuto de Autonomía de Cataluña, ha adquirido una extraordinaria importancia, no sólo por las valoraciones políticas que se han sucedido en torno a élla -por lo general, más aparatosas que meditadas-, sino, sobre todo, por su indudable incidencia en la definición jurídica de nuestro modelo de Estado. En las actuales circunstancias, el TC ha acabado asumiendo, en cumplimiento de su función de máximo intérprete de la Carta Magna, un papel muy activo en la delimitación de la capacidad de autogobierno de las Comunidades Autónomas y en la configuración de la compleja arquitectura territorial del Estado autonómico. La STC 31/2010 tiene, al resolver una disputa de bastante alcance, una singular relevancia, ya que nunca hasta ahora la constitucionalidad de un Estatuto de Autonomía había sido cuestionada de forma tan abierta en tantos de sus preceptos. Efectivamente, el carácter controvertido del proceso de reformas estatutarias emprendido por algunas CCAA a partir de la VIII Legislatura de las Cortes Generales (2004-2008) ha dado como resultado la necesaria intervención del TC al ser invocado para dar salida a los litigios existentes, mediante los cauces jurídicos previstos en nuestro ordenamiento. El recurso a la jurisdicción constitucional para dirimir las disputas e interpretar las reglas del juego está dentro de la normalidad del sistema y sus garantías, pero, al mismo, tiempo, la excesiva utilización de esta forma de resolver las discrepancias es la expresión de la incapacidad de la propia representación política de la ciudadanía para, a modo de síntesis, hallar una solución política integradora que tenga la plasmación jurídica necesaria.
Sorprende que, en una democracia avanzada en muchos aspectos, en la que se ha conseguido someter al escrutinio público y a la decisión del poder legislativo multitud de cuestiones -algunas intensamente polémicas- de relevancia para la construcción del marco jurídico-político de convivencia, no haya madurado lo suficiente la idea de adaptar la Constitución a una realidad territorial que ha experimentado una enorme evolución y ha modificado profundamente la fisionomía del poder público en España desde 1978. Como se advierte al constatar la conflictividad jurídica de la materia, la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico no tiene una definición suficientemente amplia y útil de la organización territorial del Estado. Mientras el TC, para suplir estas carencias, se ve en la necesidad de realizar agudas interpretaciones del Título VIII de la Constitución con elevada frecuencia y bajo la presión de una responsabilidad cada vez mayor, haciendo palpable la necesidad ya imperiosa de la reforma constitucional, ésta, paradójicamente, parece cada vez más difícil. Cabe recordar que el citado Título de la Carta Magna, en lo que toca al Estado autonómico, contempla más el proceso de su creación que las reglas que modulen su funcionamiento una vez consolidado. Como demuestra la STC 31/2010, y como algunos Estatutos de Autonomía de reciente reforma evidencian con su pretensión -en buena medida fallida- de entrar a regular estos aspectos, faltan normas de rango constitucional sobre definición y alcance de las competencias, cláusulas residuales de atribución de éstas más acordes a la realidad autonómica actual, previsiones sobre la cooperación vertical entre Estado y CCAA y horizontal entre las propias CCAA, normas sobre la participación de las CCAA en la toma de decisiones en el ámbito estatal y europeo en aquéllos aspectos que conciernen a su ámbito competencial, etc.
Predominan las actitudes reacias o temerosas al afrontar las insuficiencias de la Constitución para adecuarla al modelo de Estado autonómico. La dificultad para serenar el debate y buscar soluciones útiles parece haberse asentado, en este aspecto, en España, y contrastan fuertemente con las características de otras tradiciones constitucionales, en las que, ante las disfunciones que las previsiones de la Constitución provocan cuando colisionan con la evolución política e institucional del Estado, se responde con la reforma que se considera apropiada, dentro de la normalidad política, sin graves desgarros ni más zozobra de la que causa el racional debate de diferentes posturas en un contexto democrático. Así, mientras la Constitución Española de 1978 sólo ha experimentado una leve reforma en 1992 (la introducción del derecho de sufragio activo, de base legal o convencional y bajo criterios de reciprocidad, para los extranjeros en las elecciones municipales), la Ley Fundamental para la República Federal Alemana (de 1949) ha experimentado más de 60 cambios; la Constitución de Francia (de 1958), 20 modificaciones; y las normas de contenido constitucional del Reino Unido también han sido objeto de sucesivas reformas, algunas de tanto calado como la llamada “devolución de poderes” a Escocia, Gales e Irlanda del Norte.
Mientras no se produzca la necesaria adaptación del marco constitucional (lo que no parece que vaya a producirse a corto plazo), continuará otorgado el papel de excepcional árbitro al TC. Al menos, el campo de juego se encuentra ahora mejor delimitado –aún con algunas líneas borrosas- tras la STC 31/2010 y el reciente proceso de reformas estatutarias. En este contexto, Comunidades Autónomas como el Principado de Asturias, dotadas de la suficiente madurez política e institucional para evitar incurrir en excesos innecesarios, pueden impulsar con decisión y cierta seguridad su propio proceso de reforma estatutaria, que, en un contexto de cambios en el concierto autonómico que hacen necesario contar con los adecuados instrumentos de autogobierno, debe convertirse en una prioridad para el futuro próximo.

Publicado en Fusión Asturias, noviembre de 2010.

LECCIONES CHILENAS

2010-10-27T18:38:00.001+02:00

El rescate de los 33 trabajadores atrapados en la Mina San José, cuyo feliz conclusión hemos podido seguir al instante, ofrece muchas oportunidades para el análisis de acontecimientos que, por su emotividad y simbolismo, concentran la atención de la opinión pública y tienen capacidad de dejar huella en quien los observa. Pocas cosas son producto de azares; ninguna de milagros, incluido un rescate de esta naturaleza, resultado, entre otros elementos, del conocimiento científico y su aplicación técnica. A su vez, los procesos sociales en los que incide este suceso, lejos de generarse espontáneamente, tienen en su gestación numerosas causas de origen más profundo. Pero es indudable que algunos hechos, por su fuerza, tienen significado y trascendencia prácticamente por sí mismos, y pasan a integrar la relación de momentos históricos que, acompañados en nuestro tiempo de la imagen y su difusión global, a todos nos alcanzan. Es este el caso porque ni los más serenos pueden abstraerse del júbilo de rescatados y rescatadores, del fraternal sentimiento de ciudadanos de todo el mundo sinceramente conmovidos o de la tenacidad de los comprometidos en salvar la vida de los atrapados. Por fortuna, pasado el instante decisivo, queda el sedimento que dejan algunas reflexiones que se han conseguido colar entre programas especiales, noticias ya recurrentes y un torbellino mediático a veces desbocado.
La dignificación de la imagen del minero chileno sirve para reivindicar, con toda justicia, el reconocimiento debido al trabajador manual que desempeña su labor en circunstancias de riesgo y esfuerzo físico. En este sistema económico y organización productiva en la que millones viven –vivimos- ajenos al origen material de muchas cosas que nos rodean, a veces parece despreciarse el valor de las actividades más elementales y, en muchas ocasiones, más dificultosas, entre éllas extraer de la tierra sus riquezas o transformar las cosas con las propias manos. En Asturias, por nuestra arraigada tradición agrícola, ganadera y minera e industrial, nuestra memoria colectiva guarda intensa relación –aunque algo se haya atenuado- con esta realidad; pero, en las sociedades urbanizadas y de consumo de las que ya formamos parte, todos corremos el riesgo de perder esta referencia, que sigue siendo esencial y debe ser perfectamente compatible con la modernización del tejido económico.
La capacidad de resistencia, las habilidades organizativas, la fuerza de la voluntad colectiva y el valor de la solidaridad humana adquieren mayor aprecio, también, en acontecimientos como éstos. Hemos conocido menos detalles, hasta este momento, de los 17 días que transcurrieron entre el derrumbe y la primera prueba de vida. Seguramente es imposible imaginar esas jornadas, pero sólo intentarlo infunde auténtico terror. No es aventurado afirmar que sólo la voluntad de vivir, el apoyo mutuo, la disposición personal generosa y la organización social permitieron el resultado conocido.
En particular es importante que, superada la prueba más difícil, mineros, equipos de emergencias y también responsables públicos hayan sido capaces de destacar –para no perder la perspectiva- la importancia que ha tenido este suceso al poner de relieve las condiciones de trabajo, las deficiencias de seguridad y la necesidad de determinar responsabilidades. Ahora, cuando, tras la celebración, queda la ardua tarea de poner en práctica estas intenciones (ante las presiones y los intereses en juego, en una potencia minera como Chile), es donde se demostrará si el Presidente Sebastián Piñera, que se ha hecho acreedor de un merecido respeto –pese a ciertos excesos propagandísticos- al impulsar los esfuerzos para la búsqueda y el rescate, tiene convicción y determinación suficiente para llevarla a cabo y cumplir el compromiso que ha adquirido ante los ciudadanos a los que representa.
Claro que el paso del tiempo, los acontecimientos que vendrán o el salto a cualquier otro evento cuya espectacularidad atraiga el interés de los medios -la nueva tragedia o heroicidad que en cualquier parte del mundo capte nuestras miradas- desdibujará las emociones de estos días. También conviene advertir que el foco de atención, puesto en el desierto de Atacama con tanta profusión, es a veces caprichoso cuando miles de historias que comparten muchas características dramáticas permanecen totalmente olvidadas. Pero que podamos sentirnos dichosos con el desenlace y, en la distancia, seamos capaces de vibrar con el sufrimiento y la esperanza de nuestros congéneres, nos humaniza y nos hace mejores. El resultado es doblemente positivo si somos, además, capaces de apartar la hojarasca del espectáculo, que inevitablemente todo lo rodea, y podemos compartir las lecciones aprendidas que son válidas, aquí y allí, en muchos órdenes de la vida.

Publicado en Oviedo Diario, 16 de octubre de 2010.

LAS CONSECUENCIAS DE LA INDOLENCIA

2010-10-27T18:35:00.002+02:00

De la respuesta de las sociedades ante determinadas situaciones graves pueden obtenerse datos relevantes, a veces concluyentes, sobre su prelación de valores y estima por la civilidad. Algunos acontecimientos, principalmente los que desatan efectos negativos, ponen a prueba la voluntad de los integrantes de una colectividad, y de ésta en su conjunto, para hacer prevalecer aquéllos principios que se dicen inspiradores del orden moral, de las pautas de conducta y de las instituciones que rigen la vida pública.
El examen es particularmente provocador cuando la sucesión de hechos que motivan el cuestionamiento moral ocurre sobre un sector concreto de la sociedad, minoritario, que comparte algún rasgo diferenciador (a veces ya atenuado) y en situación de relativa desventaja por las circunstancias que sea. A lo largo de la historia, las agresiones, más o menos intensas y más o menos institucionalizadas, frente a grupos sociales, étnicos, religiosos, etc. minoritarios son una constante, con algunos episodios que han alcanzado extrema virulencia, siendo más significativo en el último siglo (por su sistematicidad, organización industrial y crueldad) el exterminio de los judíos europeos por el nazismo, pero que, aún con notables diferencias, comparte un mismo sustrato con todo proceso de discriminación de gran intensidad: caracterización uniforme a todos los individuos de un grupo, exaltación sesgada de aspectos negativos para su descalificación de principio, culpabilización a la minoría de problemas de alcance pese a que sus causas sean claramente más profundas, creación de una dinámica de supuesta confrontación con los intereses generales, etc. El grado más preocupante de esta tendencia se alcanza cuando, agravando la desconfianza a veces latente, desde los poderes públicos, instrumentalizados al servicio de intereses concretos, se transforman prejuicios y recelos subyacentes en un política estructurada de arbitrariedad y castigo colectivo frente a la minoría, pasando por encima de consideraciones y garantías que supuestamente forman parte del núcleo del sistema político. Transgredido ese límite, el riesgo de sumergirse en una rápida involución es manifiesto, de consecuencias inciertas y difícilmente soportables para las víctimas de esa política discriminatoria
En esa frontera cuyo traspaso conduce al irremisible deterioro de la convivencia se encuentra ahora Europa con la política seguida por el Gobierno de Francia en su programa de expulsiones colectivas de ciudadanos rumanos y búlgaros pertenecientes a la comunidad gitana. Bajo la justificación de la supuesta situación de irregularidad administrativa, el proceso tiene los rasgos definitorios de las discriminaciones aplicadas a gran escala: tratamiento diferenciado a un colectivo por su propia condición, procedimientos gubernativos sin suficientes garantías, profunda estigmatización, utilización de argumentos que persiguen el enfrentamiento de esta minoría con el resto, apelación constante a una supuesta seguridad colectiva, etc. Añadido en este caso es especialmente relevante el desprecio a la identidad europea de los expulsados, lo que, independientemente de las limitaciones legales transitorias impuestas a la libre circulación de ciudadanos rumanos y búlgaros, significa contradecir la vocación integradora del proyecto europeo y la voluntad de otorgar especiales garantías a los ciudadanos de los Estados que integran la Unión. Se mire como se mire, el proceso que se vive en Francia tiene las características de una inusitada deportación masiva, planificada, contraria al espíritu europeo, alentadora de procesos de segregación más amplios (no olvidemos las dificultades que viven muchos gitanos europeos en el países del Este y de Europa Central) y llevada a cabo por un Estado que se dice heredero de la tradición humanística y en el que la libertad y dignidad del ser humano forman parte de sus emblemas nacionales.
Este nuevo desafío para los fundamentos del modelo de convivencia europeo es especialmente grave, por la excepcional importancia del país del que procede y, sobre todo, por la falta de una reacción suficiente desde las instituciones europeas (con la honrosa excepción del Parlamento y el intento de la Comisaria Reding), las autoridades del resto de los Estados y, singularmente, de la propia sociedad civil. Precisamente la pasividad cómplice, la incapacidad de empatizar con el sufrimiento del otro y, sobre todo, la posibilidad de considerar admisible esta clase de atropellos, constituyen la base sobre la que, tradicionalmente, se sustentan las tropelías cometidas por los poderes autoritarios.

Publicado en Fusión Asturias, octubre de 2010.

DE HUELGAS, PIQUETES Y CONTEXTOS

2010-10-08T17:59:00.001+02:00

En la estrategia seguida por determinados intereses para estrangular al sindicalismo de clase, el espantajo que se ha agitado con más insistencia –y éxito- a raíz de la huelga general es el de los piquetes informativos. Tanto se ha dicho de sus acciones y tantos calificativos han merecido entre tertulianos biempensantes que parece que en la jornada del miércoles hubiésemos estado bajo la insoportable presión de una horda de incontrolados dispuestos a quebrar irremediablemente todo orden social, lo que, como se pudo comprobar, no fue así. Independientemente de la naturaleza de los excesos que se hayan cometido y del juicio que nos merezcan, la deformada imagen que se pretende ofrecer de su actividad ha sido tremendamente exagerada y, en algunos casos, claramente malintencionada.
Detrás de la crítica a los piquetes sindicales hay mucho más que la pretendida invocación del orden a preservar en una jornada de huelga o del derecho de cada trabajador a decidir libremente si se suma o no a la movilización. Por un lado, se pretende desconocer la realidad, amarga e inevitable, de que ningún trabajador es ajeno a las circunstancias de su entorno a la hora de resolver la íntima disyuntiva (ir o no a la huelga) que una convocatoria de este tipo le plantea. Circunstancias que son laborales, pero también personales, familiares y sociales, que lamentablemente desaconsejan sumarse a la protesta –a ésta y prácticamente a todas- en estos tiempos de descreimiento y escepticismo. Circunstancias que reducen, en la práctica, el margen de autonomía para decidir y que, a su vez, incrementan el peso de todos los condicionantes que dificultan un ejercicio de esa facultad que pudiésemos calificar de verdaderamente libre. Por otro lado, se ofrece la falsa apariencia de una supuesta armonía preexistente, únicamente quebrada por la furia del piquetero, como si sólo ésta fuese la nota discordante, como si en la relación entre los factores productivos no hubiese otras muchas formas de presión ejercidas frente al trabajador o como si no cupiese espacio para la controversia cuando quien formula las reivindicaciones es el actor aparentemente menos fuerte, cuyos métodos de respuesta son mucho más limitados. En definitiva, se plantea ese debate como si se desenvolviese en un escenario vacío, desprovisto de todo elemento predispuesto, generando una ficción en la que nada justifica que los huelguistas pretendan hacer notar vehementemente su reivindicación. Se trata de esconder la existencia de la disputa –que no se exprese con ímpetu ni sea tangible ante los centros de trabajo- para diluir la propia existencia de intereses en juego, que a veces se encuentran contrapuestos, como sucede cuando se debate la regulación del trabajo por cuenta ajena y se determinan las contrapartidas que recibe quien lo pone en el proceso productivo, que de eso se habla, a la postre, cuando se discute sobre legislación laboral.
A cualquier intento serio de demostrar capacidad de organización y fuerza reivindicativa enraizada en la noción de pertenencia a la clase trabajadora, no pocos resortes profundos se disparan en los centros de poder económico, con la consiguiente campaña en algunos medios de comunicación y la reacción inmediata de los representantes políticos de la nueva derecha. La víctima de esta estrategia se encuentra, en este caso, encarnada en los sindicatos UGT y CCOO, en una posición más vulnerable que antes frente a estos ataques y en un contexto escasamente propicio para causas colectivas, pero favorable para recibir heridas profundas en la base sobre la que se sostienen. Como resultado, el foco de discusión en buena medida se ha desplazado, en los últimos días, de las motivaciones concretas de la huelga general y del debate más amplio sobre las condiciones en las que se desenvuelve la actividad laboral, pasando a situarse en un radical cuestionamiento del papel de los sindicatos mayoritarios y de los métodos bajo los cuáles una movilización de este alcance se desarrolla.
De este modo, se haya estado o no a favor de la huelga general, se admita o no la necesidad de la reforma laboral recientemente aprobada por las Cortes Generales, lo que queda es reconocer la propia naturaleza conflictiva del asunto, sin adoptar, cuando ésta aflora, una impostada pose escandalizada. No se trata de dar carta blanca a nadie en una jornada concreta, pero sí de interpretar los acontecimientos en su contexto. No hay sociedad, por avanzada y pacífica que sea, en la que no aniden multitud de conflictos, evidenciados de diferentes maneras, y de cuya resolución, no desprovista de tensiones –en lo cotidiano y a mayor escala- depende su propio futuro y su capacidad para evolucionar.

Publicado en Oviedo Diario, 2 de octubre de 2010.

REACCIONARIOS

2010-09-24T18:38:00.001+02:00

Durante un tiempo la dirigencia de la derecha política en España tenía entre sus prioridades estratégicas recomponer su mensaje y modificar su situación en el espectro ideológico para reposicionarse en condiciones más favorables ante una opinión pública en transformación. La evolución del país en los inicios del proceso democrático requería configurar una alternativa partidaria que aspirase a resultar homologable al centro-derecha europeo de entonces y que no fuese identificada por la ciudadanía como opción autoritaria heredera del régimen dictatorial. En este contexto se enmarcó la transformación de la Alianza Popular del franquismo sociológico en el Partido Popular, la obtención por éste de parte del espacio político que en su momento ocupó la UCD y el CDS, sus victorias electorales en la década de los 90 y su configuración como el único partido que, en la práctica (en la representación institucional), abarca toda la extensión de la derecha, aunque con pretendida vocación moderada según su publicidad oficial. Al mismo tiempo, con la modernización de la España democrática evolucionaron muchos valores sociales a la par que se consolidaba un rechazo abierto a aquellos elementos que se identificaban con el modelo previo a la transición, y los principales partidos políticos no resultaron ajenos a esta propensión; el PP, que no puede presumir precisamente de haber animado este curso de acontecimientos, al menos en el pasado reciente parecía hacer esfuerzos para adaptarse razonablemente a él.
En ese entorno, en España, como en otros países democráticos, determinadas posturas netamente reacias a esa tendencia de progreso permanecieron en segundo plazo y tuvieron escaso predicamento en el juego político. La búsqueda de oportunidades y protección para los desfavorecidos, el progreso en los derechos sociales, la práctica de la tolerancia ante la diversidad, el proceso autonómico y la descentralización del poder, la promoción de los derechos de la mujer para superar las históricas desigualdades, el reconocimiento de las minorías, la adaptación del marco legal a las nuevas formas de familia, etc. son conquistas que, con diferentes intensidades y no sin dificultades, han caracterizado un amplio periodo de tiempo en nuestra historia reciente. Aunque una parte de la sociedad pudo ser escéptica o directamente contraria al ritmo y contenido de estos cambios, nunca tuvo fuerza suficiente para invertir la corriente. El PP incluso, en algunos de estos aspectos, acabó asumiendo estos avances como tales, al menos aparentemente.
Las circunstancias, sin embargo, se han alterado en diferentes vertientes, generando un escenario donde muchos logros se están poniendo en riesgo. A los problemas de una sociedad inquieta ante la inseguridad económica y en la que la capacidad de reflexión política y movilización social parece haber venido a menos, se suma el surgimiento de una nueva derecha que proclama a los cuatro vientos su ausencia de complejos y su disposición a revertir muchos de los cambios realizados. Representada en un número creciente de influyentes dirigentes del PP, favorecida por el sensacionalismo que comienza a inundar el estilo político, amparada por medios de comunicación dispuestos a liderar la agenda, decididos a instrumentalizar etiquetas que no se corresponden con su práctica (por ejemplo cuando se invoca el liberalismo) o a apropiarse de símbolos que son comunes (por ejemplo, los asociados con la identidad nacional), la fuerza de este movimiento es ya notable.
En contraposición con el proceso vivido en el pasado reciente, antes que acompasar su discurso a la evolución social, la nueva derecha desea abiertamente protagonizar la inflexión involutiva, incorporando objetivos que hace pocos años resultaba imposible encontrar en los planteamientos declarados del centro-derecha institucional: una relectura dulcificadora del franquismo, el cuestionamiento frontal a las aportaciones del feminismo, el recelo frente al diferente, la reafirmación del autoritarismo y el hiperliderazgo en detrimento del debate y la ponderación, o, como estamos viendo en estos tiempos de crisis, la crítica exacerbada a las políticas de redistribución de la riqueza –por tímidas que sean- y al papel del la representación de los trabajadores. Esta nueva derecha, por otra parte, emerge al tiempo que en otros países se viven, con sus propias particularidades, dinámicas similares que convierten a partidos del sistema en fuerzas políticas con un potencial desestabilizador de importantes proporciones, dispuestos a aplicar políticas de derecha salvaje, sostenidas en el más puro y duro darwinismo social. Así convergen en su discurso desde el movimiento del Tea Party auspiciado por la Fox News, hasta el tándem Berlusconi-Bossi dispuesto a desvirtuar las instituciones democráticas, pasando por Sarkozy y sus deportaciones, los partidos de origen democristiano de media Europa cada vez con menos reticencias para pactar con fuerzas extremistas (con el precedente de Austria, como ejemplo), y, en lo que nos toca más de cerca, buena parte del PP marchando al son que toca una reforzada derecha mediática.
El escenario es, por lo tanto, preocupante, porque el viejo –casi diría respetable- conservadurismo amante del orden se está viendo drásticamente desplazado por un movimiento descarnado de arrogantes reaccionarios carentes de escrúpulos.

Publicado en Oviedo Diario, 18 de septiembre de 2010.

CRISIS Y ESTADO AUTONÓMICO

2010-09-17T16:50:00.001+02:00

En los últimos meses, en el contexto de la crisis económica y la fuerte crítica a la actuación de los poderes públicos ante aquélla, ha adquirido cierta fortuna una tendencia de recelo hacia las comunidades autónomas que, incluso, ha comportado propuestas de retorno a un patrón territorial centralista y al cuestionamiento del proceso autonómico en su conjunto. Merece la pena detenerse a analizar esta situación, que resulta novedosa en el panorama político, por la relativa intensidad de este movimiento de opinión, y porque ha tenido algún impacto en las encuestas sobre valoración del proceso autonómico, también en Asturias, detectándose un incremento de las posturas suspicaces ante éste, dentro de una aceptación del modelo que continúa siendo claramente mayoritaria.
Forma parte de cierta lógica que, en un escenario de acusada desconfianza (un tanto hueca y en parte inducida desde determinados intereses) hacia gobernantes y administraciones, las comunidades autónomas, cuyo ámbito competencial es ahora mucho más relevante que en cualquier situación de crisis anterior, sean objeto de mayor escrutinio que en el pasado reciente, y, por lo tanto, blanco también de más reproches. También es cierto que, hasta hace bien poco, la fase de más intenso desarrollo autonómico, desde las reformas estatutarias de finales de la década de los 90 hasta la actualidad, tuvo lugar en unas circunstancias económicas diferentes, ya que, aunque las causas de la crisis se estaban gestando, el entorno era el de ingresos públicos crecientes y presupuestos de las administraciones expansivos; precisamente es en el actual marco desfavorable en el que la madurez institucional y la capacidad de gestión de las comunidades autónomas debe también demostrarse, cuando priorizar y mejorar la eficiencia del gasto se hace inexorable. A esto se une un intenso dinamismo del modelo autonómico que debe acompasarse con la necesaria estabilidad institucional y la oportunidad de fijar, con relativa vocación de permanencia (quizá con reforma constitucional incluida), las reglas de distribución territorial del poder.
Ahora bien, se detecta en algunos sectores políticos y mediáticos una manifiesta intención de cargar las tintas desproporcionadamente frente a las comunidades autónomas que no se sostiene precisamente en la razonable pretensión de ajustar el modelo territorial, sino que revela un verdadero deseo de desquite frente al proceso de descentralización. Conviene estar en guardia frente a esta corriente, porque hay múltiples argumentos favorables al modelo autonómico, en el balance general y en perspectiva. Las posiciones recentralizadoras, además, forman parte de una estrategia más amplia dirigida no sólo a minar la construcción de un Estado inclusivo de la diversidad territorial española, sino también encaminada a reducir drásticamente la capacidad de intervención de los poderes públicos (especialmente en la realidad socioeconómica), sean éstos estatales, autonómicos y locales.
Conviene recordar que la generalización del modelo autonómico, sin diferencias competenciales o institucionales excesivas, ha otorgado un papel relevante a comunidades (no precisamente aquéllas en las que el sesgo nacionalista es predominante) que se encontraban en un segundo plano y que de otra manera se verían perjudicadas por los desequilibrios territoriales. La mejora general de servicios como los sociales, sanitarios o educativos (en Asturias los mejor valorados en las citadas encuestas, de forma correlativa a un avance más notable) tiene como protagonistas a las comunidades autónomas que los gestionan, aunque no quepa desconocer los importantes riesgos de sostenibilidad del sistema a los que hay que dar respuesta inaplazable. Además, cabe subrayar que cuando se habla de modelo autonómico no sólo se trata de analizar las posibilidades de mejor gestión y de atender adecuadamente las demandas más cercanas, lo que de por sí es importante, sino también de profundización democrática y de reconocimiento de la capacidad de autogobierno –dentro del marco constitucional-, aspecto de trascendencia política más elevada y que ya es consustancial al sistema político de España, sin que quepa prescindir de él a menos que se quiera poner en entredicho el modelo de convivencia.

Publicado en Fusión Asturias, septiembre de 2010.

DIVINO TESORO

2010-08-06T20:53:00.001+02:00

Dice José Mujica, presidente de Uruguay y antaño militante tupamaro, que “queríamos cambiar el mundo y ahora nos basta con cambiar la vereda”, como expresión de la dificultad de introducir modificaciones profundas en la realidad que la acerquen a nuestros mejores sueños de justicia y libertad. Pocos discuten ya que las transformaciones sustanciales, a todos los niveles, difícilmente se consiguen de la noche a la mañana. Así, sin perder de vista los objetivos, y sin descartar la posibilidad de aprovechar los momentos adecuados para ritmos más rápidos, lo que toca es un paciente trabajo de fondo, muchas veces poco vistoso, para propiciar mejoras paulatinas y condiciones más favorables para superar los problemas que afectan a la mayoría social.
De igual modo el movimiento juvenil está lejos, hoy por hoy, de la intención que quizá en algún momento tuvo de cuestionar normas, formas de relación y modelos de dominación que se dan por sentados y que a veces sostienen injusticias seculares o simplemente ya no se adaptan a las circunstancias actuales. Pocos esperan en nuestros días actitudes contestatarias y, no digamos, netamente transformadoras de los esquemas sociales. Quizá sea el resultado inevitable de unos estándares materiales más elevados que en cualquier momento anterior, aunque sobre los jóvenes pese la incertidumbre cotidiana con la que todos estamos aprendiendo a lidiar. En definitiva, no sólo los que por el mero paso de los años hemos tenido que poner los pies en la tierra somos algo más reacios a los grandes discursos (sin perder, algunos, las grandes esperanzas); también los que ahora son jóvenes parecen más escépticos, con el signo de los tiempos.
No obstante, en los términos del viejo Mujica, aún queda por cambiar la vereda y, aunque la tarea no es precisamente sencilla (especialmente en algunos sitios), es en las cuestiones más cercanas donde las actitudes y los compromisos personales pueden tener un efecto palpable. Y es en este ámbito en el que la capacidad de organización y de acción colectiva produce frutos con mayor rapidez y donde pueden encontrarse motivaciones concretas para la participación. Por eso se espera de nuestras ciudades que sean espacios para el ejercicio de la ciudadanía activa, la promoción del asociacionismo y, en lo que se refiere a la población juvenil, escuelas de democracia participativa. Son alentadoras las experiencias de algunos municipios en los que se ha conseguido una implicación activa de sus vecinos en la mejora de los espacios públicos, la calidad de vida y el fortalecimiento de la solidaridad entre ciudadanos. En esta tarea el papel de los jóvenes es fundamental y verdadero motor de cambio, porque de la práctica de la participación surge la definición de nuevos objetivos, más ambiciosos, que nos permitan mirar más allá de la vereda.
Está claro que Oviedo no se encuentra entre los municipios en los que se aliente ese proceso de compromiso con lo público. En este contexto, pedir heroicidades militantes y plena conciencia política a las asociaciones juveniles locales es injusto e irreal. Pero, ojo, tampoco vivimos en un erial porque, de forma poco estridente pero constante, sigue habiendo iniciativas juveniles apreciables, claramente fuera del gastado discurso oficial de la ciudad, aunque quizá con menos intenciones de incidir en la dinámica institucional. Otra cosa es que sea legítimo demandar a cada generación que asuma sus responsabilidades y que, más temprano que tarde, dé los pasos adelante que muchos esperan.

Publicado en El Comercio, 25 de julio de 2010.

UNA CRISIS EN BUSCA DE CULPABLES

2010-08-06T20:49:00.001+02:00

Si algo nos enseña esta crisis económica es que la desbordante sucesión de acontecimientos, cuyas consecuencias se multiplican en nuestro entorno más directo aunque procedan de orígenes aparentemente lejanos, requiere mecanismos de reacción rápidos, pero que, ante todo, tengan fundamentos robustos y verdadera capacidad de respuesta. El notable descrédito de los poderes públicos en los países que están padeciendo de forma más severa los efectos de la crisis tiene uno de sus motivos en la extendida inquietud que genera un sistema institucional que afronta serias dificultades para encontrar instrumentos, potestades y procedimientos de decisión que permitan proyectar a la ciudadanía la sensación de que, ante las contrariedades, hay formas efectivas de contestación en defensa del interés general. La ya corriente estampa de gobernantes sobrepasados por las circunstancias y la constatación de que los centros de poder democrático están desprovistos de sustanciales facultades de actuación, alimentan la incertidumbre que de por sí ha creado la propia marejada económica.
La paradoja es que las causas de la situación actual, sin embargo, no están tanto en el ámbito institucional y en el de la Administración, como en el de las conductas de los actores económicos y el devenir connatural del mercado, cuando no ha encontrado limitaciones proporcionales ni resistencias sólidas a su deriva. En la gestación de la crisis puede achacarse a los poderes públicos, por lo general, responsabilidades por omisión, esto es, por haber desistido de ciertas opciones razonables de regulación e intervención que, quizá, hubieran permitido detectar y atajar con anterioridad las causas más profundas de la actual coyuntura. Pero, más allá de formar parte de una misma realidad que se retroalimenta, difícilmente podrán imputárseles, de forma automática, las actitudes que han generado el magma socioeconómico sobre el que se edifica esta crisis: la propagación de una cultura de endeudamiento privado en la búsqueda de bienes materiales, la escasa ambición innovadora en algunos sectores empresariales acostumbrados al beneficio fácil, el menosprecio de la constancia y la prudencia en favor de la inmediatez y el efectismo, la pleitesía al enriquecimiento por encima de los necesarios controles y, como corolario, el desprestigio de lo colectivo y la erosión de los sistemas de redistribución y justicia social. Ahora, en la articulación de políticas dirigidas a superar la crisis, los poderes públicos se encuentran con que sus posibilidades efectivas de invertir ciclos económicos y actuar sobre la realidad resultan mucho menores de lo que la opinión pública se imaginaba o –casi inocentemente- esperaba. El consiguiente reproche que proviene de perspectivas interesadas es doble y, en parte, doblemente parcial, resumido toscamente en una simplona pero divulgada idea, no precisamente inocua: la culpa de la crisis las tienen los gobiernos y la actuación del sector público y, a la par, la culpa de que la crisis se prolongue es también de lo público y, en consecuencia, de sus gestores.
Claro que es perfectamente legítima –y necesaria- la exigencia de cuentas a todos los gobernantes y la revisión, en lo que haga falta, de la actuación de los poderes públicos en su conjunto; no deja de encontrarse está lógica en la razón de ser del sistema democrático y en la mejor expresión de sus virtudes. Además, en muchos casos no parece precisamente infundado recriminar falta de anticipación o de liderazgo –en el buen sentido del término-; véase el desconcierto de los líderes europeos como ejemplo paradigmático. Pero, por otro lado, cuando la totalidad de la carga se centra casi en exclusiva en este aspecto, como viene sucediendo en los últimos meses, quien alienta este proceso de forma más o menos intencionada consigue que, prácticamente, se obvie otro aspecto que, hoy por hoy, es tan o más determinante, como es el control, regulación y encauzamiento de los intereses económicos privados y sus dinámicas. Cuando a la vida de los ciudadanos afectan profundamente –a veces más que las decisiones de los Estados avanzados- las decisiones de deslocalización de una multinacional, las operaciones especulativas sobre productos financieros derivados que ponen en riesgo la economía real, o las artimañas de las rentas altas para evadir impuestos a través de paraísos fiscales que hacen peligrar presupuestos estatales, ¿tiene sentido dirigir la mirada solamente hacia gobiernos y parlamentos exigiendo responsabilidades, dejando totalmente fuera del foco a nuevos poderes privados que poseen enorme capacidad de influencia? El control democrático, articulado a través de procedimientos e instituciones, estructurado mediante la formación de una sociedad civil activa y de una opinión pública libre, o es capaz de extender su pretensión orientadora y fiscalizadora también a los grandes actores privados cuya actuación incide en el conjunto, o quedará reducido a la parcial incidencia sobre un espacio de poder –el público- cuyas opciones reales de actuación son cada vez más reducidas ante intereses privados de dominio ascendente.

Publicado en Fusión Asturias, agosto de 2010.

JUSTICIA PARA JOSÉ COUSO

2010-08-06T20:41:00.003+02:00

El paso del tiempo a veces provoca que acontecimientos que en su momento despertaron nuestra indignación y motivaron que nos cuestionásemos muchas cosas, aunque dejen cierta huella en nosotros, acaben por ser digeridos por la propia rutina y por cierta costumbre en la contemplación de la iniquidad, pasando a formar parte de un tiempo pasado cuya incidencia en la vida presente parece diluida.
Para muchos, quizá, esto sucedió con el caso de José Couso Permuy, cámara abatido el 8 de abril de 2003 por el disparo de un carro de combate norteamericano contra el Hotel Palestina de Bagdad, alojamiento de la prensa internacional en los días inmediatamente posteriores a la ocupación de la ciudad por el ejército estadounidense. En aquel momento, al enorme rechazo que en la sociedad española provocó la guerra de Iraq y el apoyo del Gobierno a la agresión, se unió la irritación por el asesinato de Couso, visto a todas luces como el intento de evitar que los profesionales de los medios de comunicación pudieran desarrollar su trabajo, en un momento histórico decisivo, de forma libre, sin intimidaciones ni amenazas. Cabe recordar que junto a Couso, perdió la vida en ese mismo ataque el cámara ucraniano Taras Prostyuk, de la Agencia Reuters, y otros tres periodistas resultaron heridos.
Inmediatamente después de estos sucesos, la familia y amigos de José Couso demostraron que, contrariamente a lo que hubiera deseado el aparato del poder, ellos no estaban dispuestos a conformarse con meras declaraciones retóricas de solidaridad y a dejar que el tiempo amainase los deseos de desagravio. Contra la plaga del olvido colectivo, ante la falta de compromiso de las autoridades y frente al inevitable desánimo que este tipo de tareas suele generar, se empeñaron en transformar el duelo y la repulsa en serena y decidida búsqueda de justicia, como única forma efectiva de reparación. Entre otras medidas iniciaron una campaña permanente, mantenida durante todos estos años, para la denunciar este crimen y reclamar responsabilidades. Junto a las iniciativas dirigidas a concienciar sobre la naturaleza de estos acontecimientos y a presionar para el esclarecimiento del caso, optaron por hacer valer directamente su posición con la correspondiente querella que, en un largo y tortuoso recorrido, ha acabado derivando en la efectiva imputación de los responsables militares y en una orden de búsqueda y captura para su posterior extradición a España.
El hecho de que el disparo frente al Hotel Palestina fuese un ataque directo contra un objetivo civil, deliberado, desproporcionado e innecesario militarmente, con el fatal resultado final, lo convierte conforme las normas de derecho internacional humanitario, que regulan unas reglas mínimas de respeto vigentes en cualquier conflicto armado, en un crimen de guerra, cometido sobre un ciudadano español, sobre el que los tribunales españoles tienen competencia, y que todo Estado puede y debe perseguir conforme a los estándares básicos del Derecho Internacional. La identificación de los participantes en el ataque (el teniente coronel que dio la orden, el capitán que la transmitió y sargento que la ejecutó), permite imputar individualmente la comisión del delito y exigir la correspondiente responsabilidad penal. En caso de no encontrar colaboración activa en la puesta a disposición de los implicados, las autoridades españolas podrían reclamar a EEUU las responsabilidades derivadas del incumplimiento de los compromisos adquiridos en virtud del derecho internacional humanitario, y así se debería hacer.

En casos como éste, la perseverancia de los perjudicados es la que consigue activar los recursos que el sistema jurídico de garantías ofrece para proteger derechos básicos. Independientemente de las evidentes limitaciones para el efectivo procesamiento de los responsables, el ejemplo de tenacidad y el deseo de justicia de los familiares y amigos de José Couso resplandece entre la bruma de la impunidad y nos saca, además, de la temible inclinación –socialmente extendida- a conformarnos con el atropello cotidiano del poderoso.

Publicado en Oviedo Diario, 31 de julio de 2010.

¿EL FÚTBOL COMO MEDIDA?

2010-08-06T20:38:00.001+02:00

Estos días hemos tenido a la selección española de fútbol hasta en la sopa. Imposible no verles aburrirse en el vuelo de regreso, pasear interminablemente la copa por Madrid, protagonizar tonterías variadas ante las cámaras en las celebraciones o recibir homenajes de lo más variopinto, desde el pueblecito de origen hasta el Palacio de la Zarzuela. Bastaba encender la televisión, abrir un periódico o visitar la web del proveedor de correo electrónico para, inevitablemente, conocer el penúltimo festejo de conmemoración de la victoria mundialista y los avatares de todos y cada uno de los jugadores. Todo ello acompañado del espectáculo publicitario que les rodea, propio de este tiempo en que todo –sea noble o prosaico- se convierte en objeto de consumo y, por lo tanto, en fuente de rentabilidad.
Aunque me ha saturado el interminable agasajo y el terriblemente exhaustivo seguimiento previo a la final –ya quería uno que pasase cuanto antes- y durante los días posteriores, habría que ser de piedra para no compartir la alegría colectiva y para no emocionarse con algunos momentos: el éxtasis de la masa tras el gol de Iniesta, la dicha más sincera de los familiares de los jugadores, la satisfacción contenida del entrenador sólo desbordada cuando su hijo alzaba la copa entre los campeones, etc. También ha habido algunos momentos ciertamente graciosos a lo largo del torneo, de los que se lleva la palma la sorpresa de Puyol cuando, en el momento más inapropiado, apareció la Reina en el vestuario para felicitarles tras la semifinal.
La parte menos divertida, sin duda, corresponde a las interpretaciones políticas, pretendidamente profundas, asociadas a la victoria y, por lo general, interesadas. Acudiendo al sol que más calienta, algunos han extraído conclusiones cuando menos precipitadas sobre la renovación y naturaleza del sentimiento de españolidad, sin detenerse en la superficialidad inherente a la celebración deportiva, característica en la que, afortunadamente, reside su inocuidad y su, por así llamarla, función social. Por otra parte, los que quieren contraponer la exhibición de banderas nacionales frente a los distintivos autonómicos animan una pugna de símbolos que no lleva a ninguna parte, cuando, precisamente, de lo que se trata es de aprender a compartir pertenencias identitarias -relativizándolas en cierto modo- y no de arrojarse emblemas zafiamente a la mínima de cambio. A esto no ayuda, dicho sea de paso, que entre la marea de imágenes se hayan colado un puñado de consignas recalcitrantes, esporádicas banderas con el aguilucho incluidas, aunque efectivamente hay que apuntarlo en el anecdotario y no darle mayor importancia, a sabiendas del habitual oportunismo de los ultras –que no dejan de ser unos pocos- entre estos fenómenos de masas.
Tampoco me parecen especialmente brillantes las comparaciones, algunas sostenidas fervorosamente, sobre las potencialidades de un país en la comparación con sus éxitos deportivos. Creo que es incluso peligroso, primero porque fiamos casi al azar nuestro autoestima si lo hacemos depender de que el jugador enchufe el remate o de que nos vayamos en la primera fase; y, segundo, porque conviene adoptar ciertas precauciones de inicio, ya que desde que el deporte es un espectáculo de gran alcance no han sido pocos los intentos de exhibir éxitos y modelos deportivos como paradigma de valores que resultaron ser pura apariencia o, en el peor de los casos, escaparate propagandístico de planteamientos o sistemas aberrantes (a los regímenes totalitarios, por ejemplo, siempre les ha encantado exponer conquistas deportivas como prueba “científica” de su superioridad). Por fortuna, como país estamos bastante lejos de esta perniciosa dinámica, y, en cuanto a la tentación de tomar el éxito deportivo como patrón principal de progreso colectivo, cuando pase la resaca se analizarán las cosas con mejor sentido, espero. Quizá entonces, lejos de apreciar los triunfos de nuestra selección como canon de medida de lo que somos o queremos ser, prestemos más atención a otros criterios realmente definitorios.

Publicado en Oviedo Diario, 17 de julio de 2010.

ALGUNAS ESPERANZAS NO TAN LEJANAS

2010-07-22T12:18:00.002+02:00

No hace falta rebuscar mucho entre los recuerdos personales ni en los titulares de prensa para traer a la memoria algunas reivindicaciones relativamente recientes que, ahora, en medio de la vorágine de los acontecimientos propios de esta crisis, casi parecen espejismos, por muy fundadas que fuesen tales reclamaciones. Hace pocos años, sumándonos al planteamiento impulsado a nivel europeo por el Gobierno socialista francés encabezado por Lionel Jospin, quienes entonces participábamos en diferentes movimientos asociativos y políticos juveniles en Asturias nos unimos a las iniciativas dirigidas a promover la implantación de la jornada laboral de 35 horas; en todo el país se constituyeron plataformas del más diverso carácter, se realizaron recogidas de firmas y actos reivindicativos e incluso la Unión General de Trabajadores promovió una Iniciativa Legislativa Popular de ámbito estatal que llevó el debate formalmente a las Cortes Generales. No era ésta la única demanda esgrimida, ya que en aquel momento, y durante todo el periodo previo al estallido de la actual crisis, el crecimiento económico continuado, el desarrollo de la sociedad del conocimiento y la modernización del sistema productivo generaban la legítima aspiración de conseguir que los trabajadores obtuviesen un mayor provecho de su cualificada aportación, no sólo con salarios justos, sino también con condiciones de trabajo adecuadas, estabilidad, seguridad, derechos sociales, y, también, una reducción de la jornada que permitiese un mejor reparto del empleo y una mayor dedicación personal a otras actividades que no fuesen las estrictamente laborales.
Apenas una década después, el contexto ha cambiado profundamente, tanto en lo que se refiere a las circunstancias económicas generales como en lo concerniente a los objetivos y reivindicaciones sociales y sindicales. Parecería fuera de toda realidad desempolvar peticiones como aquéllas, aunque su sentido y construcción teórica tengan un valor objetivo irrenunciable. Al mismo tiempo, el caballo de batalla ya no es alcanzar esa mejora sustancial, sino evitar que la reducción de los sistemas de protección pública, la pérdida de empleos y la transformación de las relaciones laborales socaven principios que hasta hace poco entendíamos intocables.
Seguramente es oportuno –y posiblemente inevitable- adaptar aspiraciones a los tiempos y, en un momento de dificultades, adquirir conciencia sobre la necesidad de esfuerzos colectivos. Tampoco se puede desconocer, en el diagnóstico de los problemas del sistema productivo, la existencia de disfunciones que hacían necesario replantear algunas reglas de juego en la contratación y en las relaciones laborales. Ahora bien, cuando se realiza el análisis sobre las causas de la crisis y los cambios que introducir para salir de ella, resulta frustrante, y es sin duda interesada, la pretensión de ciertos sectores de cargar las tintas en las supuestas dificultades que determinados derechos laborales y sociales representan para la agilidad de la actividad. Esta advertencia conviene destacarla cuando, con escaso disimulo aunque inquietante éxito, se nos pretende inculcar, desde un pensamiento económico dominante y bien pertrechado de instrumentos de divulgación, un nuevo dogma de fe en virtud del cuál las conquistas de los trabajadores, la representación sindical y la consideración colectiva de la fuerza del trabajo son, prácticamente, impedimentos para el crecimiento económico. Igualmente, cuando se impone el discurso de que sólo el empresario “crea riqueza” se incurre en una falacia tremendamente interesada, porque se minusvalora de inicio la indispensable contribución del trabajador. Y, cuando se vinculan casi exclusivamente los problemas de productividad y de competitividad de la economía a los derechos laborales y sus costes, se desvía la atención de las enormes deficiencias de liderazgo, visión estratégica, habilidad para la innovación y capacidad de anticipación que han demostrado muchísimos responsables en quienes han residido las principales decisiones empresariales en los últimos años.
En definitiva, son precisamente momentos como éstos en los que debe adquirir especial consideración la fuerza del trabajo y los derechos de aquéllos que la incorporan en el proceso productivo. De este modo, en la invocación al compromiso y sacrificio común propia de esta coyuntura, cuando es a la mayoría social a la que se le requiere ese especial empeño, es imprescindible no perder de vista que hace falta equilibrio y proporcionalidad en el reparto de cargas y que el objetivo debe ser, cuanto antes lo permitan las circunstancias, retomar una agenda de recuperación y mejora de derechos sociales y laborales.

Publicado en Fusión Asturias - julio de 2010.

DRAMATIZACIÓN E IRRESPONSABILIDAD

2010-07-09T17:12:00.002+02:00

Aunque aún no se conozca su contenido íntegro, sino sólo su fallo, en pocos días se han multiplicado las valoraciones en torno a la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el recurso promovido por el PP frente a múltiples preceptos de la reforma del Estatuto de Cataluña, aprobada por Ley Orgánica 6/2006. Las conclusiones extraídas por muchos de los responsables políticos que han intervenido en este debate, salvo honrosas excepciones, parecen dominadas por una actitud estridente, parcial y empobrecedora. Prevalece la desmesura y el eslogan, desde aquél cuya respuesta se limita a poco más que sonrojantes –e innecesarios- vivas a España, a los que apelan a dignidades heridas y exploran la obtención de réditos en la deriva de la confrontación; desde los que oportunistamente, incitando un anticatalanismo rampante, recurrieron preceptos del Estatuto catalán al tiempo que aprobaban otros similares en otros estatutos, a los que viven envueltos en una espiral identitaria y convierten su discurso en una irracional carrera por demostrar fidelidades pretendidamente patrióticas.
Aunque la decisión del TC es, sin duda, muy relevante, no es ninguna quiebra de modelo que justifique “emergencias nacionales” como la que algunos pretenden, prácticamente, declarar en Cataluña. Efectivamente, ésta era la primera vez que se cuestionaba de manera frontal y con un alcance tan considerable un estatuto de autonomía, y es cierto que la Sentencia introduce una sustancial novedad en la práctica y desarrollo del sistema autonómico, porque la inconstitucionalidad de algunos preceptos o parte de éstos, y las prolijas pautas de interpretación establecidas para otros muchos, condicionarán necesariamente el ejercicio del autogobierno en los aspectos afectados. No obstante, aunque ahora tenga un alcance más amplio (como consecuencia de la necesidad de dirimir controversias de especial calado), no es novedosa la incidencia de la jurisprudencia constitucional en la evolución del modelo autonómico; antes al contrario, el TC, en una tarea hercúlea que viene desplegando desde su creación, ganándose el crédito que ahora pretende denegársele radicalmente, ha resuelto multitud de disputas que giraban en torno a la organización territorial de nuestro dinámico Estado autonómico, y, generalmente, lo ha hecho de forma francamente favorable al proceso descentralizador, respaldando las consecuencias efectivas que las decisiones adoptadas por el legislador al aprobar los estatutos conllevan a la hora de distribuir competencias o erigir la arquitectura institucional de las Comunidades Autónomas.
De este modo, la Sentencia de marras no es, objetivamente, ninguna agresión a las esencias y orgullos de nadie. Aunque esté extendida en ciertos sectores, es ridícula la caricatura del TC que algunos pintan como órgano maliciosamente orientado a cercenar la vocación de autogobierno de Cataluña. Lo que se ha limitado a hacer el TC, con enormes dificultades y sin ninguna ayuda del contexto político en el que le ha tocado trabajar, es cumplir su legítimo papel de máximo intérprete de la Constitución, y, si bien nada impide que sus decisiones se sometan a escrutinio público en una sociedad en la que legítimamente todo se puede debatir, lo que sobran son aspavientos y posiciones que, en el fondo, pretenden socavar el propio concepto de la justicia constitucional y su cometido principal, vital en un Estado de Derecho democrático: asegurar la plena eficacia jurídica de la Constitución vigente como norma suprema del ordenamiento jurídico. Y, mientras no se modifique el propio texto de la Constitución, que es la que ampara pero también establece los márgenes del autogobierno de las Comunidades, ningún estatuto, incluso los que estén ratificados en referéndum, puede superar esos límites que no dejan de ser producto de un acuerdo fundacional del Estado democrático. En consecuencia, plantear ahora movilizaciones ciudadanas en Cataluña dirigidas únicamente a expresar públicamente malestar, sin posibilidades reales –jurídicas- de modificar la Sentencia, sólo conducirá a incentivar frustraciones un tanto artificiales, a excitar los debates sostenidos en la simbología y las abstracciones nacionales y a alimentar dialécticas de agravios, confrontaciones y melancolías.
La práctica del autogobierno y el desarrollo de un modelo territorial muy rico y por lo general positivo, pero al mismo tiempo altamente complejo, exige, por el contrario, normalidad institucional, afán de perfeccionamiento y depuración de las dificultades propias del sistema y, en suma, una actitud de responsabilidad que, en más ocasiones de las deseadas, se echa en falta.

Publicado en Oviedo Diario, 3 de julio de 2010.

MAALOUF Y LAS IDENTIDADES

2010-07-07T18:35:00.004+02:00

Supe por primera vez de la obra de Amin Maalouf, recientemente premiado con el “Príncipe de Asturias” de las Letras, a través del poeta y activista ovetense Fernando Menéndez, que me recomendó, hace ya unos cuantos años, la lectura del ensayo “Identidades asesinas”, del escritor franco-libanés, como guía moral e intelectual para la aproximación a la complejidad del fenómeno de la interculturalidad, y a los conflictos relacionados con los códigos culturales de individuos y comunidades.
El consejo dio sus frutos, porque, en efecto, Maalouf es capaz de resumir, de forma aguda y sugerente, los principales dilemas que presenta la aparente paradoja de un mundo donde grupos humanos y territorios cada vez se encuentran más interconectados, estrechando lazos de interdependencia, pero en el que, a la par, el refugio en identidades primarias se convierte, para muchos, en opción prioritaria personal, religiosa e incluso política. Una reflexión pertinente en el momento de su publicación (1998), en el que el fenómeno globalizador comenzaba a ser apreciado en su dimensión, pero en el que, al tiempo, persistían y resurgían conflictos de raíz nacional, religiosa y cultural en su sentido más amplio, así como el comportamiento tribal de identificación de grupos por oposición al resto. Y una meditación que es también procedente en nuestros días, en los que se han intensificado las controversias de matiz cultural, con la complejidad añadida por el incremento de los flujos migratorios y los debates que implica en las sociedades de acogida, de por sí enzarzadas, en algunos casos, en inextricables debates sobre su propio ser.
Como buen conocedor del epicentro de conflictos marcados por la huella de la identidad que es su Líbano natal, desde su propia experiencia de emigrado en Francia y con la altura intelectual de un pensador abierto y comprometido, Maalouf nos advierte de los peligros que comporta la simplificación de las características culturales supuestamente determinantes de las colectividades, y rechaza, por artificioso y falaz, el establecimiento de rígidos cánones definitorios de las identidades, que, por un lado, otorgan al gestor (político, religioso, etc.) de dicho canon una influencia que generalmente se utiliza con fines delimitadores y excluyentes; por otro, distorsionan, el desenvolvimiento natural de las culturas; y, además, favorecen su instrumentalización como arma arrojadiza en situaciones de disputa. Para Maalouf, toda identidad cultural es por definición híbrida, resultado de procesos históricos de relación entre los pueblos y, por lo tanto, imposible de retratar en una imagen fija o de encerrar en un reducido ramillete de conceptos y patrones. Eso no significa, ni mucho menos, que pueda desdeñarse, en ningún ámbito, la existencia de rasgos e identidades efectivamente presentes, y estará condenada al fracaso toda interpretación y práctica política que pretenda ser ajena a esta circunstancia. Más aún, tanto la pretensión uniformadora, como la tentación de arrinconar expresiones culturales o el desconocimiento de la indudable identificación que individuos y grupos realizan de sí mismos por conexión a determinadas señas culturales, activan el riesgo de que la identidad se convierta en origen de conflicto, y de que, en el símil utilizado por Maalouf, la pantera de la identidad no se deje domesticar. Además, para Maalouf nada hay más empobrecedor que el rechazo, por sistema, a toda diferencia cultural, cuya diversidad es nota característica de la humanidad que conviene saber apreciar y aprovechar.
El método para conciliar, o al menos atenuar las contradicciones reside, para Maalouf, en una visión integradora de los orígenes culturales, tanto individuales como colectivos. Frente a las visiones reduccionistas, Maalouf nos invita a reconocer en cada identidad la suma de las pertenencias culturales, múltiples y variadas, que nos legan antecesores, historia y contexto, que conforman lo que, en definitiva, junto a nuestra propia aportación individual –diferenciada y reconocible- cada uno somos. La asunción de esta procedencia diversa viene acompañada de la práctica de la tolerancia y la relativización de ciertas posiciones irreductibles, a las que muchas veces conduce el debate identitario, profundamente lastrado por la simbología y la emotividad.
El premio otorgado a Maalouf, en definitiva, nos permitirá, desde Asturias, participar activamente en este debate, esencial de este siglo, y en el que perspectivas tan cualificadas como la del galardonado son una referencia ineludible.

Publicado en Oviedo Diario, 21 de junio de 2010.

LO QUE RESGUARDAR DE LA TORMENTA

2010-06-11T19:08:00.002+02:00

En una sociedad organizada, en buena medida, sobre la base de la actividad productiva y las circunstancias materiales de los individuos y colectivos que la integran, parece natural que la coyuntura de crisis económica invada la totalidad de espacios de debate público, centre la actividad institucional, y se filtre, hasta rebosar, en la esfera particular. A prácticamente nadie le resultan ajenas las dificultades y, en no pocos casos, éstas alcanzan un grado de intensidad tal que ponen en riesgo o malogran proyectos personales y familiares de futuro. Por eso el reconocimiento de la situación de crisis se convierte en persistente inquietud que trastoca las percepciones de la sociedad que la padece y provoca modificaciones que alcanzan tanto a lo individual como a lo colectivo, más allá de lo puramente material, afectando a la escala de valores compartidos.
Precisamente en esta tesitura, en la que ahora se maldice el exceso de riesgo y recobran apego bienes (aparentemente menos apremiantes en época de bonanza) como la previsión, la seguridad y la protección frente a las adversidades, resulta paradójico que, pese al contexto de apuro, en lugar de alentar el reforzamiento de los sistemas sociales dirigidos a proveer tales bienes para una mayoría, los focos de influencia más decisivos promueven una corriente de repliegue y desconfianza hacia lo público, sometido –antes que nada- a un inmediato, repetido y sistemático cuestionamiento, como si cada uno pudiese alcanzar esos objetivos por sí mismo, saliendo del trance sin que el derrotero colectivo le fuese a afectar.
A este escenario se suma la resaca de un periodo previo, en el que un cierta falta de conciencia sobre el importante esfuerzo que significa edificar y mantener el edificio del Estado Social situó al ciudadano, más que en esta posición, principalmente en el lugar de usuario de servicios y prestaciones, como cliente dotado de permanente capacidad de exigencia, sin tener que reparar demasiado en el fundamento, limitaciones y costes del sistema. Es cierto que una extendida tendencia de la dinámica política vigente hasta la irrupción de la crisis abonaba esta espiral: la excesiva afición a la carrera de promesas o la menor resistencia a peticiones concretas no siempre suficientemente justificadas pero que requieren importantes desembolsos, generaron la sensación de que una negativa de hoy ante una reclamación sectorial o territorial se convertiría a corto plazo en una concesión, al menos parcial, en un camino hacia lo que, por resumirlo burdamente, se concretaría en la consigna “todo, gratis y ahora”. Si durante un tiempo prolongado se explicó deficientemente el coste de cada decisión y sus repercusiones, que ahora no se valoren en su justo término las políticas públicas, empezando por todas las que permiten la satisfacción de los derechos sociales más básicos, quizá tenga que ver con la artificial sensación –profundamente equivocada- de que son sencillas de ejecutar y están aseguradas de antemano.
En Asturias no somos, ni mucho menos, ajenos a este devenir, porque de la principal conquista de la política autonómica, que es la consecución de unos servicios públicos de calidad y bien valorados, no puede derivarse la sensación equivocada de que su ampliación es lineal, cuestión de mera inercia que admite toda clase de continuas reclamaciones puntuales, ajenas al contexto global en el que se producen, incluso cuando arrecia el temporal. Al contrario, y máxime en tiempo de crisis, su mera preservación es el objetivo prioritario –de por sí ambicioso-, con los ajustes y la mejora de eficiencia que sea menester, pero, sobre todo, recogiendo el respaldo y compromiso social necesario para sostener, sufragar y mantener los servicios públicos alejados de los vaivenes del mercado, reconociendo en ellos el valioso resultado de un esfuerzo común que nos identifica y dignifica como sociedad.

Publicado en Fusión Asturias, junio de 2010.

PONER UN LÍMITE

2010-06-11T19:06:00.002+02:00

Cuando se adoptan decisiones drásticas, como las recogidas en el Decreto-Ley de medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, se abre inmediatamente un debate de envergadura, perfectamente legítimo, sobre su idoneidad, sus repercusiones y, especialmente, sobre las alternativas para hacer frente a la situación que se pretende abordar. A nadie debe extrañar que se sometan a un intenso escrutinio esas medidas porque, reconocido el problema –la magnitud del déficit público y los riesgos que comporta para todo el sistema- y planteadas opciones de recorte de duras consecuencias para tantas personas, surgen dudas razonables sobre el margen de decisión con el que se cuenta y la forma de reparto de las cargas. En esta disputa destaca por su zafiedad la posición de aquellos que venían reclamando –también en tiempos de superávit presupuestario- medidas de reducción del gasto público, que han sido, por lo general, reticentes a toda iniciativa de protección pública y que, ahora, se ciñen a alimentar la inquietud esperando recoger frutos electorales por mero descarte del adversario en una liza que es, principalmente, bipartidista. Pero, al margen de estas posturas mezquinas, no puede desdeñarse el interrogante sobre la inevitabilidad de estas medidas y, en particular, sobre si serán suficientes o habrá nuevas acciones en la misma dirección.
Hay que tener en cuenta que durante los últimos años se había alimentado la expectativa de que el crecimiento económico permitía ofrecer, en progresión continuada, nuevas oportunidades para los ciudadanos, incrementos en las políticas sociales y mejoras en la calidad de vida general de la sociedad. La construcción de las políticas de protección propias de un Estado Social, como el que propugna nuestra Constitución, había recuperado impulso a partir de 2004, con mejoras sustanciales como, entre otras, el sostenido incremento de las pensiones, la elevación del salario mínimo interprofesional o la puesta en marcha del sistema de promoción de la autonomía y atención a la dependencia; y, en el ámbito autonómico, sobre todo en las Comunidades con gobiernos progresistas, el fortalecimiento de los sistemas públicos educativos y sanitarios. Ahora, la tajante reducción del gasto público indudablemente tendrá efecto –habrá que ver hasta qué punto- sobre algunas de estas conquistas. En todo caso, la sostenibilidad financiera de muchas actuaciones de la Administración está en juego y parece sensato hacer ajustes para evitar que una imprudente gestión de la crisis acabe haciendo inviable todo el edificio de las políticas públicas. Habrá tiempo, tiene que haberlo en un futuro que esperemos sea próximo, para, en un escenario más propicio y sobre unos cimientos más firmes, recuperar una agenda de avances sociales impulsada desde los poderes públicos.
En este momento se trata, ante todo, de cortar la hemorragia, aunque a la par, y esta es una asignatura pendiente, debería situarse el replanteamiento de bastantes reglas de juego del funcionamiento del sistema económico que ha propiciado la crisis. Sin embargo, el contexto de urgente revisión de las políticas de gasto público ha desplazado del centro de la discusión esa segunda cuestión. Más aún, aprovechando este caldo de cultivo, desde determinados intereses se alienta una desconfianza general hacia lo público y se aprovecha la renovada fortaleza de viejos postulados para colocar algunos discursos que llevan una carga de profundidad nada desdeñable. Cuando se plantea reducir radicalmente la capacidad de intervención de la Administración, se pone en tela de juicio el papel de los sindicatos pero nada se objeta a la influencia de los intérpretes de los deseos del Dios mercado, se pretende desnaturalizar la negociación colectiva (otra cosa es que se necesite subsanar algunos defectos) como si empleador y trabajador tuviesen igual capacidad de presión en la relación individual, se responsabiliza siempre a los Estados pese a su evidente situación de indefensión ante las acometidas especulativas, y, en definitiva, se retoma la cantinela de la santísima trinidad neoliberal (privatizar, liberalizar y desregular, en todo caso y sin reparo), pongámonos en guardia porque lo que se pretende es la imposición de unas prioridades que poco tienen que ver con los intereses de la mayoría social.
Por eso es fundamental, en estas circunstancias, afrontar seria y responsablemente las dificultades, cerrar cuanto antes las vías de agua que se han abierto, y evitar que los males sean mayores, que pueden serlo. Y, al mismo tiempo, no perder el sentido de la orientación, haciendo frente a los importantes riesgos que se presentan para preservar un modelo de políticas públicas dirigidas a la justicia y el reequilibrio social.

Publicado en Oviedo Diario, 5 de junio de 2010.