JARDINEROS DE GUERRILLA

Extraña –y admira- que en estos tiempos propicios a la reserva y el refugio, un grupo de activistas de Jóvenes por la Ecología haya decidido donar a la ciudadanía, por la cara, una intervención en un parterre municipal hasta entonces triste y deteriorado. Sin permisos de autoridad ninguna, con nocturnidad, alevosía y mucha premeditación (planos de la acción incluidos), en la madrugada del viernes 13 al sábado 14 de febrero, se obró el prodigio de la militancia, -poco común en nuestros días- puesto que en unos minutos una docena de jóvenes transformaron una olvidada zona verde de la calle Capitán Almeida en un jardincito mucho más cuidado, plantando 60 ejemplares, limpiando bordillos, arreglando un pequeño camino que lo cruza y adecentando en general ese espacio público. Los materiales, plantas y flores los pusieron ellos mismos, además de la mano de obra, y dejaron la firma “jardinería de guerrilla” en una teja reutilizada a modo de cartel. Por lo que se ha podido saber gracias a la página web de este colectivo (www.jpe-asturias.org) y por los medios de comunicación los días siguientes, hasta el momento en que escribo estas líneas casi todo han sido parabienes: a los vecinos les ha gustado la intervención, los agradecimientos son generalizados, y de momento el servicio de parques y jardines ha respetado la actuación. Los perpetradores de la intervención no son precisamente ingenuos; saben que la tarea no ha sido gran cosa, pero que es un paso hacia otros objetivos y, sobre todo, un elocuente símbolo, al cambiar con sus propias manos una realidad que no gustaba o que era francamente mejorable.
Efectivamente, la jardinería de guerrilla es un símbolo en un Oviedo acostumbrado durante años a una posición pasiva de la ciudadanía ante su entorno más cercano, esperando sin piar que otros hagan o dejen de hacer. Claro que es el Ayuntamiento, a través de sus diferentes servicios, quien tiene la obligación de conservar y mejorar los espacios públicos y todos los bienes comunes, incluyendo, como no, los parques y jardines. Y, por, supuesto, al Ayuntamiento compete tutelar los bienes de dominio público, protegiéndolos de actuaciones que los perjudican, deterioran y deslucen, tarea para la que tiene además importantes facultades administrativas, incluso sancionadoras. Pero eso no significa que los usuarios de esos bienes no tengamos derecho a participar activamente en la elección de las prioridades, en el diseño de los equipamientos y espacios públicos, en las iniciativas para su mejora y conservación, e incluso podamos tener una relación más estrecha con aquellos espacios que son de todos, para sentirlos realmente como propios.
En una sociedad democrática en la que los vecinos tienen un cierto sentido crítico, la participación ciudadana en el ámbito local tiene la innegable ventaja de la cercanía, porque son los residentes de una calle o un barrio quienes más apego tienen a su entorno directo, quienes mejor conocen los problemas cotidianos, y quienes pueden sugerir alternativas y propuestas de interés que no se deben menospreciar. En lo más pequeño y, en cierto modo, simple, encontramos muchos ejemplos: que los padres y madres que llevan al crío al parque hagan sus sugerencias sobre los juegos infantiles y zonas de esparcimiento; que las personas con discapacidad ayuden a realizar un inventario de puntos negros sobre accesibilidad; que los jóvenes diseñen la estructura y distribución de espacios de los centros juveniles; que al idear una reforma urbana se recojan opiniones de los vecinos antes que dejar fluir algunas ocurrencias personalísimas del responsable público de turno; o que los artistas callejeros puedan tener su espacio –al menos tolerado- en el paisaje urbano. En la escala más amplia, la proyección tiene un alcance mayor, pero perfectamente posible: presupuestos participativos, medios informativos abiertos a los ciudadanos, consejos de distrito, consejos sectoriales, derecho de audiencia garantizado, consultas y encuestas ciudadanas, turno de ruegos y preguntas populares en los órganos municipales, etc.
Todo depende, en definitiva, de la actitud de representantes públicos y ciudadanos. Los primeros deben saber apreciar las importantes posibilidades de progreso común que ofrece la aplicación de un modelo de democracia participativa, que enriquece el debate público y permite tomar mejor las decisiones. Los segundos, deben ser conscientes de que el compromiso con lo público no sólo significa interesarse cada cuatro años por el discurrir de las cosas antes de acudir a las urnas. Precisamente, cuando la ciudadanía toma conciencia y es capaz de dar cauce adecuado y continuado a sus inquietudes, es cuando deja muy claras algunas cosas a las estructuras de poder. En lo que aquí respecta, y en el caso de los jardineros de guerrilla, no sólo han tenido un gesto con sus convecinos; también han venido para decir, legítimamente: nosotros también queremos hacer ciudad, tenemos derecho a éllo, y no vamos a renunciar a él.

Publicado en Oviedo Diario, 21 de febrero de 2009.

JURISDICCIÓN UNIVERSAL Y DERECHOS HUMANOS

Algunas estampas han reflejado singularmente en los últimos años los importantes avances en la persecución de los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad que la comunidad internacional, después del horror de la II Guerra Mundial, dijo querer proscribir para siempre. Será difícil de borrar de la memora colectiva la alegría de los familiares de las víctimas de Pinochet, parcialmente saciados en su sed de justicia tras años de desesperanza, al confirmarse el procesamiento del ex dictador por la justicia española –primero- y por el juez Guzmán en su propio país (sólo su longevidad y estado de demencia impidieron la continuación del proceso). Cómo no compartir la satisfacción de las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo al poder honrar a sus desaparecidos con la anulación de los indultos, puntos finales y obediencias debidas, y la reactivación de la exigencia de responsabilidades penales en Argentina a la Junta Militar que acabó con miles de opositores entre 1976 y 1983; proceso que tuvo también su aldabonazo en el previo sumario seguido en la Audiencia Nacional. Queda también para la historia la honorable sonrisa de Rigoberta Menchú al obtener la enorme victoria jurídica que representó que nuestro Tribunal Constitucional ratificase, en la memorable Sentencia 237/2005, la competencia de los tribunales españoles para investigar y enjuiciar delitos de lesa humanidad, como el genocidio perpetrado en Guatemala entre 1978 y 1986, fuesen o no de nacionalidad española las víctimas. Y, por pura responsabilidad histórica española en el conflicto, uno no puede evitar saludar la reparación que decenas de saharauis ya han sentido con sólo prestar su testimonio para que el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional pueda conocer, en el sumario en el que están imputados diferentes oficiales y responsables de las fuerzas armadas y de seguridad marroquíes, las torturas y desapariciones perpetradas en el Sahara Occidental ocupado.
Nuestro sistema judicial, principalmente a través de la Audiencia Nacional -por las competencias que la ley le ha otorgado- ha sido clave en el impulso de procesos penales dirigidos a reducir los espacios globales de impunidad cuando de crímenes horrendos como el genocidio, las desapariciones o las torturas sistemáticas se trata. Los jueces que han asumido su responsabilidad y han impulsado y dirigido la instrucción de estos procedimientos; los órganos judiciales que han fallado a favor de la competencia para el enjuiciamiento bajo los principios de justicia universal en estos supuestos atroces; y los colectivos de víctimas que han acudido a buscar la restitución moral que la justicia ofrece, no han hecho sino aplicar o invocar las normas internas y, sobre todo, los diferentes tratados relativos al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que España ha ratificado.
Conviene recordar ésto para analizar el reciente Auto del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional que ha admitido a trámite la querella interpuesta frente al ex ministro israelí de Defensa y otros seis cargos militares, por una acción militar en la que resultaron muertos 14 civiles palestinos y que podría constituir un crimen de guerra. La resolución ha resultado polémica, y sobre todo incómoda, pero se enmarca en la legítima y reglada actuación del poder judicial para dar respuesta a una aspiración justificada de la sociedad civil internacional que, hasta el momento, España ha hecho propia, como es la búsqueda de la justicia frente a las violaciones graves de los derechos humanos, independientemente de dónde se cometan. Un anhelo que debe prevalecer y encontrar amparo y cauce también en este procedimiento judicial, sin permitir que se antepongan pretendidos intereses geoestratégicos de terceros, y sin admitir, en ningún caso, cambios legales ad hoc que signifiquen un retroceso en los importantes pasos dados en el compromiso a favor de la jurisdicción universal para la protección de los derechos humanos más básicos.

Publicado en Oviedo Diario, 7 de febrero de 2009.

ASTURIAS ANTE LA CRISIS ECONÓMICA

Recientemente el Ministro de Economía y Hacienda hizo públicas sus previsiones macroeconómicas hasta el 2011, en el marco de la revisión anual del Programa de Estabilización 2008-2011, que se presenta por cada Estado miembro ante la Unión Europea. Aunque se trata de previsiones, y como tales pueden ser imprecisas, esta vez difícilmente se podrá acusar al Gobierno de España de edulcorar las cifras o eludir el reconocimiento de las dificultades, ya que los datos ofrecidos por Pedro Solbes son ciertamente contundentes, y perfilan un panorama repleto de malas noticias en este ámbito para este año: el PIB retrocederá un 1,6%, la demanda interna se contraerá un 3,2%,la inversión se reducirá un 9%, se destruirá un 3,6% del empleo (unos 600.000 puestos de trabajo) y la tasa de paro alcanzará el 15,9% de la población activa. La crisis económica, por lo tanto, arreciará, a la par que sucede a escala internacional, puesto que no parece que ninguna de las principales economías vaya a quedar indemne ante la recesión -en la mayor parte de los casos-, o cuando menos la ralentización, en algunos países de fuertes crecimientos recientes que vendrán a menos.
Dentro de la respuesta a dar a esta situación, se vuelven ahora las miradas a la actuación de los poderes públicos. Ni mucho menos debe fiarse exclusivamente a la iniciativa de las Administraciones la salida a la crisis, pero efectivamente es un buen momento para desmontar desde la base los prejuicios alentados durante estos años frente a la necesaria intervención pública en la economía. La receta común, básicamente neokeynesiana, vuelve a apostar por incentivar la demanda desde lo público para invertir el ciclo recesivo, y a esta tarea se han encomendado todos los gobiernos con cierto margen de actuación –también los autonómicos y entre ellos el asturiano-, cada uno en su ámbito, incluso recurriendo (se supone que transitoriamente) al déficit y a la deuda pública. A esta estrategia debe sumarse un profundo replanteamiento, aún pendiente, de las reglas de juego de la economía global, para que, precisamente, vuelvan los Estados y las organizaciones internacionales a modular, encauzar y controlar las fuerzas del mercado, en particular en lo que se refiere al ámbito financiero, desencadenante principal –aunque no único- de la actual crisis.
En Asturias, obviamente, no nos será posible escapar a esta preocupante tendencia recesiva, aunque cabe destacar, como paliativo, que hasta septiembre de 2008 todavía se creaba empleo, contrariamente a lo sucedido en otras Comunidades Autónomas supuestamente más aventajadas en actividad económica; que el profundo cambio de nuestro tejido económico en los últimos años nos permite afrontar en mejores condiciones las notables dificultades; y que, además, aquí no se ha producido la enorme desvalorización de lo público de la que ahora se arrepienten en otros lares. Ahora bien, nadie esconde que en este temporal incluso los sectores más sólidos de la economía regional pueden quedar en aprietos. Se avecinan, por lo tanto, tiempos especialmente arduos que en Asturias pueden avivar la percepción de crisis permanente que hasta hace escaso tiempo –finales de los 90- era una constante en la visión de muchos asturianos y, un lugar común en muchos de los interlocutores políticos, sociales, ciudadanos, universitarios, etc. Procede, por lo tanto, formular en este punto una advertencia, o incluso una invocación colectiva: después del ingente esfuerzo desplegado en la superación de las reconversiones económicas de las décadas pasadas, de haber conseguido la plena normalización de la economía asturiana, y de los progresos alcanzados en las condiciones de vida de los asturianos, no es conveniente ante la actual marejada retomar a las primeras de cambio la desolación periódica y la lastimosa sensación de postergación, porque en nada ayudará a superar las dificultades instalarnos nuevamente en la cultura de la crisis como eje exclusivo de la vida pública y social asturiana. Esto no significa no reconocer los problemas y tampoco suavizarlos imprudentemente; simplemente significa no regodearse en el discurso de la Asturias doliente incapaz de superar las dificultades reaparecidas; significa, en consecuencia, asumir con singular determinación y responsabilidad, desde todos los ámbitos –también el más cercano a cada uno-, el reto de afrontar este delicado contexto global que a todos legítimamente preocupa.

Publicado en Fusión Asturias, febrero de 2009.